Democratización de la ejecución
Ayer nuevamente sucedió en Oporapa, departamento de Huila, anoche por la televisión un campesino relato como se salvo de ser ejecutado extrajudicialmente en Antioquia por un oficial que recibió a su vez la orden de un Coronel… y así una y mil historias contadas, otras ocultas que se han testimoniado en Cauca, en el Valle, en Chocó, en Antioquia, en Putumayo, en el Meta, en Nariño, en Cundinamarca y Tolima.
No es nada nuevo, se repiten a lo largo y ancho del país. Las ejecuciones extrajudiciales han sido una técnica y mecanismo de actuación de las Fuerzas Militares, son parte de la costumbre. La aplicación permanente de este mecanismo de represión bajo el cual se elimina sin más a los civiles o a combatientes en estado de indefensión es el rostro de una doctrina criminal que justifica la destrucción de la vida a nombre de la defensa de la institución, de la ley, de sectores de la sociedad que ven afectados sus intereses y de encubrimiento de estructuras criminales.
La política de seguridad del actual gobierno ha mostrado el incremento del uso de este mecanismo, ha ocurrido una democratización de ese modo de represión y de control. Esto significa que la seguridad “democrática” es la recomposición, reestructuración de los marcos de la Doctrina de la Seguridad Nacional ambientado en la cruzada de la lucha antiterrorista. El uso de la fuerza con actuaciones ilegales constata la ausencia de los principios constitutivos del Estado de Derecho. La deslegitimación de la Fuerza Pública a pesar de los espejismos de la publicidad y de las noticias mediáticas escandaliza, los intentos de ocultamiento, de legitimación del crimen de Estado como bien de la humanidad por parte de las Fuerzas Militares ha sido desastroso.
Las ejecuciones extrajudiciales son parte de los positivos de las Fuerzas Armadas, el desbordamiento de los límites legales, expresan las irracionalidades de la lucha contra el terrorismo. Antes bajo el pretexto de la defensa contra el comunismo y contra las guerrillas se justificaba la ejecución extrajudicial, que cuando era probada judicialmente, merecía una serie de excusas a las familias de las víctimas, luego de una serie de argumentaciones militares traídas de los cabellos, carentes de verosimilitud.
Ahora bajo el pretexto de la lucha contra el “narco terrorismo”, las operaciones militares institucionales encuentran bajo esa cortapisa, la legitimación del crimen como hecho justo. El espectro de las víctimas es más amplio, según, se puede deducir de las informaciones de prensa y del seguimiento de casos que vienen conociéndose por organizaciones de derechos humanos.
Los crímenes de Estado bajo la modalidad de ejecución extrajudicial ya no solo están focalizados contra indígenas, afrocolombianos o mestizos – territorios rurales- sino también sus víctimas son habitantes de las ciudades en donde existe una militarización territorial y de la cotidianidad, o quiénes van de paso en zonas de conflicto o quiénes se han desmovilizado o reinsertado. Es la democratización de la ejecución
Las víctimas de la ejecución extrajudicial ahora no son solamente los pobladores civiles, a quien conciben como la base social de las guerrillas, auxiliadores de la guerrilla, sobre todo, cuando esa población disiente, propone, construye iniciativas que son descalificadas como comunistas. Las víctimas son también habitantes que circunstancialmente se encuentran en espacios de conflicto armado que por su paso en un momento dado se convierten en blancos militares institucionales. Otro tipo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales son los reinsertados de los grupos guerrilleros y en algunos casos, desarmados de la estrategia paramilitar, quienes son usados como parte de guerra positivo en la seguridad ciudadana. Otros son los casos, como el de Jamundí en que la interacción tráfico de drogas fuerzas militares hace que se use de este mecanismo para proteger a los capos de la droga frente a actuaciones represivas policiales.
A pesar de intentar hacer creer el engaño, las argumentaciones justificativas de los crímenes son fantasiosas. Se crean falsos escenarios de combates, se simulan escenarios de desacato a la autoridad, se justifica el crimen en problemas de visibilidad, o simplemente de argumenta la defensa afirmando que es complot de los amigos de los narcoterroristas.
Posterior a la ejecución extrajudicial, para que el crimen quede justificado y pretenda ser perfecto, las escenas del crimen se modifican, los cuerpos son trasladados por las mismas estructuras criminales, en algunos casos las víctimas son vestidas con camuflados y presentadas con armas largas o material de guerra, en otros casos, son presentados de civil integrantes de bandas, y siempre en partes de guerra en guarniciones militares a donde llegan los medios de información, y si existe alguna denuncia o existe un testigo este es judicializado acusado de rebelión, mientras la investigación sigue su curso en la Justicia Penal Militar. El circuito de impunidad del crimen se legitima mediática y judicialmente.
Detrás de la ejecución extrajudicial en muchos de los casos se devela una pretensión de aleccionar, aterrorizar e intimidar a una población o grupo humano eliminando sujetos colectivos representativos, existe una finalidad precisa. En otros casos, la ejecución extrajudicial no tiene más razón que la sin razón, lo que significa los efectos de la militarización de la sensibilidad y de la mente. En otros casos, la motivación son las envidias que suscitan los beneficiados de la institucionalidad en materia económica y social al ser reinsertados. Y finalmente, crimen de reinsertados cometidos por las Fuerzas Militares como trashumancia o paseos territoriales de quiénes son ejecutados extrajudicialmente como bandas delincuentes para satisfacer las necesidades psicológicas de seguridad ciudadana. En otros casos, se pretende proteger y de encubrir las operaciones de tipo criminal asociadas al paramilitarismo y el tráfico de drogas
Las ejecuciones extrajudiciales en desarrollo de las políticas de seguridad pretenden ALECCIONAR SILENCIAR CONVENCER, también JUSTIFICAR – SATISFACER y PROTEGER – ASEGURAR la necesidad de seguridad, en cualquier caso son crímenes de Estado. Son una muestra de la continuidad de una práctica de antaño, que hoy se amplia en nuevos blancos militares y en nuevos marcos de justificación del crimen, por eso podríamos decir, que es una democratización del crimen institucional en desarrollo de la reingeniería militar.
La política de seguridad en sus fases de criminalización, copamiento territorial, judicialización, legitimación y “desarrollo” social –estabilidad- acude a la ejecución extrajudicial como parte de victoria, triunfo y supremacía simbólica, en concatenación con el desarme funcional paramilitar, la reestructuración de estrategias de tipo paramilitar y profesionalización de la fuerza regular en comandos conjuntos.
Democratización de la ejecución extrajudicial tal como se constata en Antioquia, en Costa Atlántica, en el Chocó, en el Meta, en el Cauca, en Caquetá, en Putumayo, el Valle. No es el problema de una Brigada, si no de muchas Brigadas, No es un caso son decenas de casos. Es grave y sistemático con el perdón de la seguridad “democrática”
ADJUNTO Informaciones de prensa sobre Ejecuciones Extrajudiciales
Tomado de El Espectador, junio 5 de 2006
Oficina de la ONU para los D.H. en Colombia pide explicaciones
¿Ejecuciones extrajudiciales?
Redacción Judicial
A través de una carta en la que resalta su preocupación y recuerda que existe un acuerdo vigente con el Gobierno, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le pidió al procurador general de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, asumir el poder preferente e investigar 37 casos de aparentes ejecuciones extrajudiciales de personas que, en la mayoría de casos, han sido presentadas como guerrilleros muertos en combate.
La directora encargada de la oficina en Colombia, Carmen Rosa Villa, expresó en su misiva que en algunos casos se vislumbra el propósito de “dar muerte arbitraria a personas socialmente estigmatizadas”, y que causa preocupación el hecho de que las investigaciones de varios de los episodios reportados hayan sido asumidas por la jurisdicción penal militar, con desconocimiento de los principios internacionales y de la propia Constitución colombiana.
La relación de casos documentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, apoyada en “informaciones dignas de crédito, contrastadas con otras fuentes y observación directa”, tiene que ver con supuestas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros del Ejército durante el año 2005 y los primeros meses de 2006. Los hechos ocurrieron en ocho departamentos del país y uno de los episodios reportados sucedió en el Distrito Capital de Bogotá.
Según la carta enviada al Procurador, la oficina de la ONU en Colombia le pide al Jefe del Ministerio Público ejercer el poder preferente consagrado en el artículo 277 de la Constitución, y que intervenga procesalmente en las actuaciones, “a fin de defender el orden jurídico y los derechos fundamentales de las víctimas”. La oficina reiteró que en ningún caso una ejecución extrajudicial puede considerarse como “un delito en relación con el servicio”.
El caso en Bogotá tiene que ver con la muerte en el área de San Juan del Sumapaz de los jóvenes campesinos Javier Cubillos Torres, Wílder Cubillos Torres y Heriberto Delgado Morales. La versión del Ejército es que eran guerrilleros y fueron muertos en combate en marzo de 2005. La información recibida por la ONU es que desaparecieron de la zona donde habitaban y sus cadáveres fueron encontrados en la morgue de Fusagasugá, una semana después de su deceso.
Los cuerpos de las víctimas estaban en bolsas plásticas, desnudos e indocumentados, y personal del Ejército los reseñó como muertos en combate. No obstante, no hay hechos que respalden esa afirmación. Hasta junio de 2005, el caso se encontraba en el Juzgado 69 de Instrucción Penal Militar, pero la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía le solicitó a este juzgado que le remitiera las diligencias, planteando una colisión de competencia judicial.
Otros dos casos reportados a la Procuraduría ocurrieron en el departamento de Bolívar. El primero en inmediaciones del municipio de Tiquisio en febrero de 2005, cuando fue muerto Éver Darío Benavides Roget, presentado como guerrillero del Eln muerto en combate. Según informaciones recogidas por la ONU, soldados vestidos de civil lo detuvieron en la carretera y luego le dispararon al borde de la vía. El expediente lo conoce un juzgado penal militar.
El otro episodio ocurrió en mayo de 2005 en la vereda Canónico, del municipio de Río Viejo, donde murió Gregorio Sajonero Estrada, quien fue sepultado como N.N. Por reiterada solicitud de sus familiares, se exhumó el cadáver y presentaba tres impactos de bala. Un testigo acusó a miembros del Batallón Nº 4 de la Segunda Brigada. El expediente está en un juzgado penal militar, pero hay quejas ante la Procuraduría y denuncia formal ante la Fiscalía.
El caso más reciente tiene que ver con la muerte de Hermes Sibo Velandia, ocurrida en marzo de 2006, en el municipio de Támara, Casanare. Según la madre de la víctima, los responsables de su muerte fueron soldados de la Brigada XVI, y según la oficina de la ONU, existen testigos del hecho. Las autoridades militares han manifestado desconocer completamente el caso. En la actualidad no se sabe si exista una investigación judicial sobre el episodio.
En términos generales, los 37 casos documentados guardan similitudes en cuanto a los hechos. Cuatro ocurrieron en Arauca, en los municipios de Saravena y Fortul, donde perdieron la vida Antonio Cheneque, Orlando Santos, Mario Buitrago, Cristian Buitrago, José Osía Rincón y Alirio Sepúlveda. De igual modo, en el Caquetá hay documentados tres casos, ocurridos en San Vicente del Caguán. Las víctimas fueron Luis Darío Franco, José Vidal y Eicenover Montoya.
En Norte de Santander la relación alude a tres episodios y ocho víctimas. Los dos primeros casos tienen que ver con la muerte de Luis Francisco Ricardo, Edison Martínez y Edith Salcedo, y el caso más grave ocurrió en el corregimiento de Oripaya del municipio de Cúcuta, donde murieron Agustín Celi, Henry Serrano, Édgar Barreto, Carlos Ortiz y Eduardo Solano, quienes según el Ejército eran paramilitares y murieron en un cruce de disparos con la tropa.
Las situaciones más críticas se presentan en el departamento de Antioquia, con quince casos reportados, y seis en el departamento del Chocó (ver recuadros). Los casos restantes fueron referenciados en Gigante, Huila, donde murió Arbey Pascuas Mora, y en el Casanare, donde perdió la vida Siervo Fernández. Para la ONU, la relación de casos es grave, pues en su último informe ya había advertido sobre el aumento significativo de ejecuciones extrajudiciales.
El caso del Chocó
Seis episodios reportó la oficina de la ONU ocurridos en el Chocó. El primer caso, por la muerte de David Mosquera, cerca de Quibdó, en crimen atribuido a miembros de la IV Brigada. El segundo, por la muerte de Pedro Murillo en Jiguamiandó, presuntamente por acción de miembros de la Brigada XVII. El tercero en Quibdó, donde murieron Octavio Espinosa y Erlin Ortiz. Todos los casos fueron reportados como guerrilleros muertos en combate.
Los tres casos restantes tienen que ver con la muerte de Julián Guevara, en la cabecera municipal de Lloró; de John Javier Salazar, ocurrida en el municipio de San José del Palmar, y de William Arriga, Yeferson Moreno, Frannery Arboleda y Hamilton Moreno, ocurridos en el municipio de Condoto. La mayoría de casos los conoce la Fiscalía General de la Nación pero aún hay expedientes que siguen en la justicia penal militar.
Situación en Antioquia
Entre enero y marzo de 2006 ocurrieron 15 episodios de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que dejaron como saldo 24 personas muertas. El primer hecho ocurrió en enero en el municipio de Montebello, donde perdieron la vida los vendedores ambulantes Edimer Hernández, Ricardo Jaramillo y John Jairo Guzmán. El caso es investigado por una jueza de instrucción penal militar y están sindicados miembros del Batallón Pedro Nel Ospina, de la IV Brigada.
Otros episodios relacionados en el informe de la oficina de la ONU tienen que ver con la muerte de Edilberto Vásquez en San José de Apartadó, presuntamente atribuida a miembros de la XVII Brigada; de Ómar Torres y Nelson Zamara muertos en Ituango; de Hernán Darío Galeano, muerto en Cañasgordas; de Ramiro Agudelo en Marinilla, de Víctor Manuel Molina y Eusebio Duque en Nechí, de Susana Galeano en Argelia, de Justino Quintero en Cocorná y de Nelly Durango en San José de Apartadó.
Asimismo, se reporta la muerte de Duvián López en Ituango, de Juan Guillermo Vallena en Abejorral, de John Jairo Gómez en Bello, de Óscar Muñoz y Raúl González en Medellín, y de Isaías Moreno y Mauricio Parra también en Medellín. En todos los casos, la versión del Ejército es que fueron sujetos dados de baja en combate. Y la mayoría de esta relación de casos está investigada por la justicia penal militar.
El episodio más grave tuvo lugar en Angostura, en marzo de 2006, donde perdieron la vida Daniel Piedrahíta, Edison Galeano, Alberto Londoño y Juan Darío Arroyave. Según la información, estas personas fueron sacadas por los militares de sus casas en distintas veredas y aparecieron muertas cerca del basurero de Yarumal. Según el Ejército, eran guerrilleros del frente 36 de las Farc y murieron en combate. La Fiscalía y la Procuraduría investigan el caso.
Tomado de New Herald
Colombia aclarará ejecuciones por ayuda militar de EEUU
Associated Press
BOGOTA – El jefe de las fuerzas armadas colombianas, general Carlos Ospina, afirmó el miércoles que se aclararán las presuntas ejecuciones extrajudiciales que atribuyen a una brigada militar del norte del país para que Estados Unidos libere millonarios fondos en ayuda militar.
“Si hay estos casos en Antioquia tienen que ser investigados y saberse la verdad, si hay responsables tienen que ser castigados”, afirmó el jerarca militar en una entrevista con radio W de Colombia.
Ospina dijo que están en la obligación de aclarar esos hechos para que Estados Unidos libere una parte de ayuda militar, de hasta 30 millones de dólares, que bloqueó por estos señalamientos formulados contra el ejército colombiano.
“Si el Congreso de Estados Unidos tiene algún reparo pues está en su derecho y nosotros estamos en la obligación de aclarar estos casos de Antioquia”, expresó.
El senador demócrata Patrick Leahy, miembro del subcomité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos, ordenó la semana pasada retener el desembolso de 12,5 millones de dólares de ayuda militar del presupuesto del 2005 que días atrás habían sido liberados por el departamento de Estado al certificar el respeto a los derechos humanos en Colombia.
La IV Brigada del Ejército que opera en el departamento de Antioquia ha sido acusada por la Gobernación y grupos humanitarios de supuestamente ejecutar extrajudicialmente a civiles que luego figuran en reportes castrenses como guerrilleros muertos en combate. En las denuncias se especifican al menos dos docenas de casos.
El jefe castrense dijo que pidió que sea la Fiscalía y no la justicia militar la que investigue las acusaciones porque “si alguien actuó mal tiene que ser sancionado y tiene que responder”.
Aparte esas supuestas ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, el Senado sacó a relucir la aniquilación de un escuadrón antinarcóticos de la policía por parte de una patrulla militar, por la que actualmente son acusados ocho militares.
Otras denuncias similares de ejecuciones de civiles fueron formuladas la semana pasada en Tolima, en el sur del país, en donde un hombre, que las autoridades ediles consideraban un dirigente comunitario desaparecido a fines de mayo, apareció cuando la brigada militar local lo incluyó junto a otros cuatro supuestos guerrilleros en un informe de muertos en combate.
“La razón para retener los fondos no son solo los recientes asesinatos de policías. También refleja grandes preocupaciones sobre la participación del ejército en ejecuciones sumarias, encubrimientos e impunidad”, informó el asistente del senador en el comité de Apropiaciones, Tim Rieser.
Colombia libra un prolongado conflicto interno contra las guerrillas izquierdistas que por más de cuatro décadas pelean por hacerse del poder.
Estados Unidos es el principal aliado del gobierno en la guerra contra las guerrillas, pues en los últimos cuatro años ha desembolsado más de 4.000 millones de dólares en un plan con ese objetivo y que también busca erradicar los cultivos ilícitos de coca y amapola.
Ecos del caso Jamundí
Los saldos del ‘fuego amigo’
Redacción Judicial
A raíz de los hechos ocurridos en el municipio de Jamundí (Valle), en los que murieron 10 integrantes de una unidad élite de la Dijín y un civil, y por la cual se encuentran detenidos dos oficiales del Ejército y seis soldados, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, solicitó investigar los más recientes episodios de “fuego amigo”, en los que han perdido la vida uniformados del Ejército y la Policía.
El Espectador tuvo acceso a ese documento, de 24 páginas, elaborado por el alto mando militar, en el que se reconstruyen en los últimos dos años seis casos de “fuego amigo” y sus desarrollos en los estrados judiciales. El informe, que ya está en poder del ministro Ospina, detalla el estado de los casos adelantados directamente por la Justicia Penal Militar.
No hay duda de que la cúpula militar está muy preocupada por las declaraciones del fiscal Mario Iguarán en el sentido de que los militares implicados en el caso Jamundí estaban haciéndole un ‘mandado’ a la mafia. Sin embargo, guarda silencio. El documento, no obstante, sí fija recomendaciones específicas para evitar que vuelvan a ocurrir estos errores.
Estas directrices van desde emitir una directiva ministerial para planear mecanismos de coordinación entre unidades militares y policiales; garantizar que toda actuación operacional esté legalmente soportada con una orden de operaciones; disponer que cualquier operativo siempre se realice con el porte adecuado y visible de uniformes o distintivos del Ejército y la Policía; y estandarizar protocolos y códigos eficaces de comunicación entre ambas instituciones.
Aunque en los casos analizados predominan la falta de coordinación y errores humanos con saldos fatales, el caso Jamundí es ciertamente atípico.
Guaitarilla
El 19 de marzo de 2004, en el sitio Plan Grande del municipio de Guaitarilla (Nariño), se presentó un enfrentamiento entre tropas del Batallón de Infantería Nº 9 y agentes del Gaula de la Policía. Doce personas perdieron la vida, entre ellas, siete policías y cinco civiles, y se desató un gran debate político por este episodio de fuego cruzado que se prolongó por 20 minutos.
El caso fue conocido por Instrucción Penal Militar, que para mayo de 2004 se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra los militares investigados. La decisión fue confirmada por el Juzgado 49 y por el Tribunal Superior Militar. En dos instancias se ordenó la cesación de procedimiento en favor de los sindicados, que argumentaron haber obrado en desarrollo de la operación militar Nº 54 Torca.
Floridablanca
El 31 de agosto de 2004, en la vereda Helechales del municipio de Floridablanca, un grupo de la Sijín de Bucaramanga se desplazó con el propósito de verificar la existencia de un cultivo de marihuana. Los policías no tenían misión de servicios ni portaban distintivos de la institución. Esta última situación motivó que pobladores de la zona avisaran al Ejército sobre la presencia de sospechosos armados.
Miembros del Gaula de la Quinta División del Ejército hicieron presencia en la zona y, en medio de la confusión, los uniformados abrieron fuego y murieron una subintendente y un patrullero. Del hecho fueron sindicados un oficial del Ejército y siete soldados. Instrucción Penal Militar se abstuvo de decretar medidas de aseguramiento. El caso está en consulta en una Fiscalía ante el Tribunal Superior Militar.
Coyaima
El 8 de junio de 2005, una unidad del Ejército recibió información sobre un retén ilegal de las Farc en la carretera entre Coyaima y Ataco, en el Tolima. Al hacer presencia en el área a altas horas de la noche, abrieron fuego contra un vehículo que resultó estar ocupado por policías de la Sijín de Ibagué. En el episodio murió un agente de la Policía. Otro más resultó herido.
Instrucción Penal Militar dictó medida de aseguramiento contra cinco soldados profesionales por el presunto delito de homicidio culposo. El proceso pasó a la Fiscalía 19 Penal Militar de la Brigada en Neiva, donde aún se encuentra pendiente de calificación. El carro de los policías estaba inmovilizado en el momento del ataque de los militares.
Naranjal
El 22 de noviembre de 2005, personal de la Fuerza de Tarea Conjunta Darién del Batallón Vencedores ingresó al corregimiento de Naranjal, del municipio de Bolívar (Valle), sin advertir que a la entrada del pueblo había un grupo de patrulleros de la Policía Nacional. En medio de la confusión se presentó un intercambio de disparos y murió un soldado y resultó herido un patrullero de la Policía Nacional.
Instrucción Penal Militar escuchó en indagatoria a cuatro patrulleros de la Policía sindicados y el caso fue remitido a un juzgado. Hoy, el caso está pendiente de reconstrucción de los hechos, pero no se ha podido adelantar la diligencia porque los policías presuntamente comprometidos adelantan otras tareas correspondientes a su actividad militar.
La Cumbre
Los hechos sucedieron el 9 de septiembre de 2005 entre las veredas Jiguales y La Guaira, en La Cumbre (Valle). Hacia la medianoche, una unidad de la Policía verificaba información sobre una banda que estaba hurtando combustible de Ecopetrol, y cuando regresaba a la estación se presentó un enfrentamiento con una patrulla del Ejército del Batallón de Alta Montaña Nº 3.
En el episodio murieron un patrullero y un agente de la Policía. Otros tres policías quedaron heridos. Un suboficial y ocho soldados del Ejército fueron sindicados. Ya se hizo la reconstrucción de los hechos y se ordenó la apertura de formal investigación penal, pero aún está pendiente de que Instrucción Penal Militar indague a los sindicados de este caso de fuego amigo.
Santa Helena
El 8 de enero de 2006 un pelotón del Batallón Plan Especial Energético prestaba vigilancia en la vía Santana-Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. A la misma hora integrantes del pelotón Eclipse 3 que estaban en la parte alta de la montaña vieron pasar tres vehículos y abrieron fuego. En el hecho murieron dos soldados, un oficial del Ejército y un patrullero de la Policía.
Un juez penal militar escuchó en indagatoria a 15 policías y se adelantó la reconstrucción de los hechos. En marzo de 2006 se dispuso investigación formal contra dos soldados regulares, y está pendiente evaluar diligencias preliminares que fueron practicadas por personal de la Policía Militar. En el episodio se analiza si hubo falta de coordinación en las operaciones militares.