Del Terror, del miedo, de los señalamientos

QUINTA COLUMNA

Miedo y autoridad

POR ÓSCAR COLLAZOS

No hay nada que atemorice más a un ciudadano desarmado que enfrentarse a un “agente del orden” que abusa de su autoridad.
Cuando el arma que porta, entregada por el Estado como un instrumento disuasivo, se convierte en un objeto amenazante, se rompe la regla que vincula en relaciones de confianza al ciudadano con la autoridad legítimamente constituida.

Cuando se pasa del respeto al miedo, algo grave ha empezado a suceder en una sociedad. Lo que queda en la conciencia de la víctima, obligada a callar la injusticia, es un rencoroso sentimiento de humillación.
¿Quién en Colombia no ha sido testigo de escenas en las que la autoridad, de uniforme o de paisano, ha respondido al reclamo de un ciudadano con órdenes cuartelarias o con el gesto de la mano en el arma? La víctima del desafuero prefiere callar y huir como perro apaleado. Lo hace por instinto de supervivencia. En adelante, el resentimiento hará de las suyas.

Temiendo represalias, el testigo no se atreve a denunciar al abusivo. Aunque descubra su identidad, renuncia al derecho de quejarse y de esperar una reparación de la injusticia. El derecho de quejarse sólo se puede ejercer cuando no se teme por la propia integridad física, cuando el Estado de Derecho prevalece sobre las arbitrariedades del Estado.
Situaciones como estas crean un enrarecido clima de intimidación y silencios, fomentan una grave desconfianza hacia la autoridad y las leyes existentes. Por mucho que se quiera guardar respeto hacia las instituciones, siempre se recordará la situación humillante de quien ha tenido que callar y tragarse la letra muerta de sus derechos.

Existen, por supuesto, agentes del orden dispuestos a escuchar las razones de los ciudadanos y a quienes repugna el uso atrabiliario de la autoridad. Pero, por un mecanismo psicológico nacido tal vez de la prepotencia personal, abundan aquellos para quienes el hecho de portar un arma se convierte en argumento coercitivo.

Las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones armadas del Estado están basadas en las razones del Derecho y no en las razones coercitivas de la superioridad. El agente que atemoriza con el arma de dotación a un individuo, volviéndose sordo al reclamo justificado, no solo crea un estado de desconfianza de este hacia la autoridad. Hace un daño grande a la institución que representa.

A veces he creído que Colombia no es un país de gentes respetuosas de la autoridad, sino de individuos llenos de miedo hacia quienes la representan. Cuando se violan libertades y derechos en nombre de un orden que rompe el ordenamiento jurídico, no se camina hacia el restablecimiento de la armonía deseada entre autoridad y ciudadano. Se va en línea descendente hacia un despeñadero en el que la autoridad se impone con su poder represivo.

No hablo de la guerra que enfrenta a las fuerzas armadas del Estado con la subversión, ni del terrorismo, que anula todo proyecto político de los alzados en armas. Hablo del cotidiano ejercicio de la autoridad como fuerza de intimidación, situación que crecerá a medida que las facultades excepcionales concedidas a la autoridad conviertan la sospecha de “rebelión” en culpabilidad, y el rencor de la “sapería” en acervo probatorio. Las “pescas milagrosas” no serán entonces un método de la subversión envilecida, sino una técnica “investigativa” que el Estado delegará en sus funcionarios armados.

ERROR POLÍTICO

La piedra contra Amnistía

POR RODRIGO PARDO

La posición de Uribe contra las ONG es la clásica jugada en la que se pierde mucho a cambio de nada.

Realmente desconcertante la salida del presidente Uribe contra Amnistía Internacional. Ya otros columnistas de distintas tendencias políticas -Héctor Abad, en Semana, el editorialista de El Nuevo Siglo del domingo, y Daniel Samper, ayer en EL TIEMPO- demostraron la fragilidad de la insólita posición. Habría que agregar que estos discursos recurrentes contra las ONG son una pésima estrategia política.

Sobre todo para un gobierno y un Presidente que concentran su gestión en la seguridad democrática. La cual, cómo negarlo, es difícil de vender en ciertos sectores de la comunidad internacional. Basta recordar el controvertido viaje de Uribe a Europa, con su discurso en el semivacío parlamento de Estrasburgo, y las folclóricas manifestaciones que le hicieron en Madrid en su último viaje. Ayer mismo, el Psoe y la Izquierda Unida le solicitaron al gobierno de Rodríguez Zapatero revisar la venta de armas a Colombia y poner en marcha una política más proactiva de derechos humanos. Indicios, todos, de las prevenciones que persisten contra Uribe.

Muchas de ellas son producto de la distorsión que genera la mirada hacia Colombia a través de prismas del pasado. De los años 70, cuando la guerrilla gozaba de alguna simpatía porque no estaba metida en el narcotráfico y se enfrentaba a regímenes autoritarios. Pero las recurrentes arremetidas de Uribe contra las ONG fortalecen la imagen de un mandatario matriculado en los conceptos de esas épocas, porque los dictadores de entonces -y otros más recientes, como Fujimori, que llegó a retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- pregonaban la misma arenga. ¿Para qué fortalecer los estereotipos de un mandatario de derecha, intolerante y autoritario?

Lo peor es que Uribe, en sus primeros dos años, había ganado terreno. La idea de la ‘seguridad democrática’ -por oposición a la ‘seguridad nacional’ de la guerra fría- comenzó a ser aceptada como expresión del legítimo derecho a la defensa de la nación colombiana. Una inteligente y perseverante presentación convenció a varias audiencias sobre su compatibilidad con los derechos humanos. La declaración de Londres, una hoja de ruta para fortalecer la cooperación europea, firmada hace un año, así lo establecía. El propio informe de Amnistía Internacional de este año dice textualmente: “Algunos indicadores clave de la violencia por motivos políticos, tales como los secuestros y el número de desplazados internos, disminuyeron notablemente en el 2003”.

Me temo que el exaltado discurso del Presidente, la semana pasada, erosiona la confianza que venía construyendo con tanta persistencia entre las escépticas audiencias externas. Es muy elocuente que dos aliados tan cercanos, como los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, hayan hecho críticas públicas a la inexplicable andanada contra Amnistía. “Las ONG son parte de la solución y no del problema”, dijo el ministro de Estado británico, Rory Murphy, en plena visita a Bogotá, frente a un Francisco Santos visiblemente compungido.

Me resisto a creer que el presidente Uribe no conoce lo que piensa la comunidad internacional sobre las ONG. La visión parroquial que las estigmatiza como izquierdistas (o, peor, como terroristas) se limita a unos pocos Fernandos Londoños, casi invisibles desde hace dos décadas, cuando se superó esa polémica. Pero en los organismos multilaterales, en los parlamentos de las grandes democracias, en los medios de comunicación del mundo desarrollado, los derechos humanos son considerados la columna vertebral de la civilidad. Por eso escuchan -y financian- a las ONG (Amnistía Internacional es una de las más respetadas), que ante la pérdida de vitalidad de los partidos políticos han llegado a ocupar, incluso, importantes espacios de representación de la sociedad civil. Las decisiones que se toman en las grandes capitales sobre asuntos que tienen que ver con Colombia tienen en cuenta sus diagnósticos y propuestas.

Parecería que ningún consejero del Presidente le ha mostrado que el valioso respaldo que la ‘seguridad democrática’ ha recibido en diversos foros tiene como requisito y condición el cumplimiento de expresas recomendaciones en materia de derechos humanos. Así lo consagran, nada menos, la Declaración de Londres y la propia ayuda de Estados Unidos al Ejército.

Por eso, el extravagante regaño a Amnistía Internacional es tan costoso como innecesario. La clásica jugada donde se pierde mucho a cambio de nada.

CAMBALACHE

El Presidente pierde el norte

Daniel Samper Pizano

Incluso Washington cree que el ataque de Uribe a Amnistía es injusto y peligroso.

El presidente Uribe perdió el norte. Literalmente. Sus dicterios contra Amnistía Internacional (AI) fueron rechazados aún por Estados Unidos y desataron la protesta de 250 ONG que velan por los derechos humanos. AI tardó dos días en condenar la infame masacre de 34 campesinos perpetrada por las Farc en La Gabarra. Su demora se debió, según el director de la entidad en Londres, a las dudas iniciales sobre los autores de la atroz matanza. Yo le creo a AI. No se me ocurre que una entidad aprestigiada en la lucha por el derecho humanitario pudiera negarse a criticar en los más duros términos esta acción despiadada. De hecho, así lo hizo tan pronto como se confirmó el protagonismo de las Farc en esta nueva carnicería de inocentes.

En vez de concentrar toda su energía en condenar y perseguir a los asesinos, Uribe despilfarró parte de ella en atacar injustamente a AI. Digo injustamente porque no sólo sindicó a las ONG de “inventar justificaciones para no condenar a los terroristas” (osada acusación que desmienten los informes periódicos de estas entidades), sino que afirmó algo que, aunque lo diga él, o el señor arzobispo, o el negus de Etiopía, es una calumnia: “Ellos quisieran, con sus palabras y sus acciones, que el terrorismo triunfara en Colombia”.

Uribe acusa a AI y otras ONG de ser aliadas de los grupos terroristas, conducta que constituye un delito. Si puede probarlo, tiene que denunciarlo ante un juzgado. Si no, debe rectificar lo que ha dicho y frenar la lengua, órgano travieso que suele desbocarse cuando lo pica el tábano del patriotismo. Considero una irresponsabilidad que el Presidente, comandante de las Fuerzas Armadas, se suba a una tarima militar y diga a un grupo de jóvenes recién ascendidos a subtenientes que no se preocupen por las quejas de las organizaciones de derechos humanos, que estas son enemigas de la patria. ¿Qué excesos no se sentirán autorizados para cometer estos valientes pichones de guerreros?

(Quizás sus asesores no le hablen en términos tan claros como yo, señor Presidente y más bien lo feliciten por “templao” y “echao pa’lante”. Pero déjeme aconsejarle, a partir de su filosofía de que es preciso exponer lo malo, que no se emborrache de encuestas.

La popularidad sólo significa simpatía colectiva, pero no quiere decir que tenga la razón, ni que sea depositario de la verdad. Seguramente ha oído hablar de lo bien que le iba a Hitler en las votaciones y del cuento de las moscas coprogolosas.)

Al igualar ONG a terroristas, Uribe desconoce, además, la labor de estas organizaciones en sitios donde se violan los derechos humanos. Fue la Cruz Roja la primera en denunciar las torturas de soldados estadounidenses en las cárceles de Irak, y fueron AI y Human Rights Watch las que señalaron a Guantánamo como un islote al margen de la ley, donde se trata a los prisioneros peor que al perro de la prisión.

Es peligroso el juego de cronometrar e interpretar
caprichosamente los silencios del adversario. Se trata de la vieja Ley de los Suevos, que expuse alguna vez: quien no se apresure a condenar simétricamente todos los abusos, será reo de simpatizar con ellos. Si esta ley se aplicara a Uribe en el caso iraquí, por ejemplo, saldría muy mal parado. Veamos. Colombia es el único país suramericano que apoyó a Washington en la guerra ilegal contra Irak; aparecemos en la lista oficial de la alianza invasora.
Ahora bien: desde hace meses se ha comprobado la existencia de torturas, violaciones, diversos abusos e incluso muertes perpetrados por miembros de ese ejército de ocupación al que Colombia pertenece moralmente, aunque no haya aportado soldados. Varios países (España, el primero) mostraron su repudio retirando sus tropas. Otros (Estados Unidos) han adelantado investigaciones que demuestran cómo la guerra se basó en dos mentiras: que había armas de destrucción masiva y que el régimen de Hussein tenía vínculos con Al Qaeda.

No conozco, sin embargo, una sola palabra de Uribe contra tan graves hechos. “A esta hora no se ha pronunciado”, como dijo él de Amnistía. En caso de que lo hubiera hecho y yo no lo sepa, ofrezco mis rendidas excusas y retiro lo dicho. De lo contrario, el Primer Mandatario se expone a que alguien que tenga la misma capacidad suya de descifrar silencios lo tache de tolerante con las mentiras que desataron la guerra y cómplice de las torturas que en ella se han presentado.