Del norte una historia que se proyecta en Nariño y en Valle
Desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador los pueblos afrodescendientes, indígenas y mestizos habitan una región de altísima biodiversidad, de importancia estratégica para el mercado mundial excluyente y destructivo de la vida humana y la vida ambiental. Esta región es el bio pacífico que comprende la totalidad del Chocó, un sector de Antioquia, parte de Valle y Nariño
Lo que hoy se denomina como crisis humanitaria en Nariño, hay que ubicarlo como parte de las fases de militarización institucional desde hace once años. La situación creada como práctica sistemática de violaciones de derechos humanos de Crímenes de lesa humanidad se iniciaron por el mar pacífico en Juradó, Ungía, Acandí en 1.995 y 1.996 hoy se trasladan hasta la zona rural del departamento de Nariño en febrero y Marzo de 2007. Período de una tercera ofensiva militar que ha pasado por Llorente, Tumaco y ahora llega al Charco.
Durante este decenio el Estado ha operado como criminalidad a través de operaciones regulares de las fuerzas militares o de la estrategia paramilitar. Esta actuación ha derivado en crisis humanitaria por el desconocimiento que el Estado colombiano ha hecho de la normatividad que le corresponde cumplir en definición de su naturaleza como Estado de Derecho, en independencia de la existencia de un conflicto armado.
En la situación de Nariño que se viene presentando en el último año se han presentado ejecuciones selectivas, torturas, amenazas de muerte, sitiamiento de la población, desplazamiento forzado por acciones directas del Estado, en muchas ocasiones, sin que ocurrieran acciones bélicas con las estructuras combatientes que le son enemigas.
Las operaciones armadas que se han dirigido contra la población y no contra blancos militares legítimos plantea nuevamente la tesis de la interacción entre las violaciones de derechos humanos y el modelo de de “desarrollo” telón de las motivaciones armadas. Con la represión militar se pretende imponer un modo de relaciones sociales, un modelo de vida política que niega la diversidad cultural y las formas de habitación y de vinculación existencial entre las colectividades y el territorio.
Históricamente, la crisis humanitaria de hoy es el punto de una serie de violaciones de derechos humanos que se inician con la marginalidad y la exclusión en las condiciones básicas de satisfacción de las necesidades básicas como EL DERECHO A ALIMENTARSE, A OCUPAR UNA VIVIENDA DIGNA, Y A UNA ATENCION A LA SALUD ESPECIALIZADA Y A LA EDUCACION INTEGRAL y LA NEGACION DEL DERECHO A LA EXISTENCIA Y A LA SUPERVIVENCIA desde hace más de 120 años.
El reciente desplazamiento en el Charco de más de 7 mil campesinos ha logrado romper el cerco de control informativo institucional y de autocensura de los medios electrónicos. Las amenazas de paramilitares a la iglesia católica local (Diócesis de Tumaco), organismos internacionales y nacionales de derechos humanos y los pronunciamientos de organismos de derechos humanos han logrado volcar la mirada sobre este Departamento. En la lógica mediática ahora se exalta la situación de Nariño obviando sus vinculaciones con la situación de Buenaventura y del bio pacífico en general y los avances entre poderes institucionales internacionales a través del Plan Puebla Panamá y la oferta de bio combustibles o mejor agrocumbustibles planteada por el Gobierno de Uribe, en días pasados en México.
En la situación de Buenaventura y de Tumaco pretende imponerse unas referencias solamente oficiales y reproducciones mediáticas una visión de la realidad, sin que estas correspondan con lo que en el fondo se está jugando. La posibilidad de la existencia de pueblo afrodescendientes, indígenas, campesinos en lo rural y lo urbano con modos de vida distintos, diversos y diferenciados a modelos de desarrollo uniformizantes, y que definen roles sociales e interacción con la naturaleza en modos de extractivos excluyentes y destructivos. Sobre el bio pacífico se proyectan la salida de poliductos por Coredó y-o Nuquí hacia el pacífico y Cacarica para el norte por Panamá. La extensión de la siembra de palma iniciada en el Bajo Atrato para surtir mercado interno e internacional, y obras de infraestructura en Buenaventura, Medio Atrato y Antioquia.
La situación de Nariño y de Buenaventura hacen parte de un mismo libreto estratégico con sus diferencias. Violaciones sistemáticas de derechos humanos, Crímenes de Lesa Humanidad, ocupación territorial, confrontaciones armadas entre las estrategias institucionales y parainstitucionales con los de la guerra de guerrillas, urbana y rural.
En el hoy ha sido recurrente evocar las palabras crisis humanitaria para calificar unas consecuencias del conflicto armado, que es verdad que existe, dejando en el imaginario ambigüedades sobre la realidad. Evidentemente que la guerra sí ha producido, sí ha generado crisis humanitaria. Pero bajo ese uso desmedido del término, se niegan las razones sociales, políticas de lo que sucede hoy en Nariño y parte del Valle al Pacífico, en medio de la objeción de indígenas, afrocolombianos y campesinos que resisten.
La secuela es la crisis humanitaria, que no es algo accidental, es algo que sucede como consecuencia de una estrategia por el control, la posesión y administración del Territorio. Para ser asegurados se usa de los pretextos de la persecución al tráfico de drogas o a las guerrillas. Pero las prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos sobre la población ubican que la motivación no manifiesta es la ocupación, la que pretende imponer un modelo de pensamiento, aleccionar y destruir otras formas de existir y de ser. Con la dinámica ocupación-desalojo definir un modelo de productividad y de relación con el Territorio a los pobladores. Ese modelo de represión con variantes específicas regionales ya se desarrolló en el Norte del Chocó y el Bajo Atrato
Norte del Chocó y Bajo Atrato
En el Norte del Chocó desde 1.995 los indígenas padecen la persecución de colonos amparada en nuevas estrategias paramilitares, que animan y protegen la extracción mineral, la deforestación y la ganadería extensiva. Un poco más abajo, en la región conocida como Bajo Atrato, los indígenas son falsamente acusados por habitar en el Parque Nacional de los Katíos, de destructores ambientales, expresiones provenientes de funcionarios del Medio Ambiente. Estos igualmente manifestaron su inconformidad por la realización de una reciente peregrinación entre el Cacarica y Panamá animada por pueblos afros e indígenas en las que se denuncian el gran desastre que se avecina con la construcción de la panamericana, parcialidad total, pues guardan absoluto silencia ante la destrucción de especies forestales por parte de aserradores al servicio paramilitar.
Unos 10 km más abajo en el territorio Colectivo del Cacarica, titulado por el Gobierno Nacional en 1.999, se desarrolla el agronegocio del plátano, primera fase antes de la palma y el caucho, a través de la empresa MULTIFRUITS CIA. en convenio con la empresa Del Monte de los Estados Unidos. Es una de las llamadas “Alianzas Estratégicas” en la que participa un dirigente del Partido Conservador, JUAN MANUEL CAMPO ELJACH, en territorios donde el “Pro hombre” JHON FREDY RENDON, conocido con el alias del “aleman” se apropió de tierras y asegura el desarrollo de este proyecto a sangre y fuego entre 1.997 y 2002, y con la impunidad certificada a través de la ley 975 y su contrarreforma agraria con el proyecto de ley 30 de 2007.
Unos kilómetros más abajo en el Salaquí, la deforestación calculada como estrategia de financiación coyuntural y paso previo a obras de infraestructura e inversión es parte de la estrategia empresarial concertada entre los nuevos y viejos empresarios, los de Maderas del Darién filial de Pizano S.A y los madereros de la estrategia paramilitar. Igual sucede en el Truandó.
A la margen izquierda aguas arriba del Atrato en los Territorios del Curvaradó y Jiguamiandó se desata la cualificada operación de lavado de la criminalidad a través de la siembra de palma y los intereses internacionales en el cerro de Cara de Perro. Pueblos afros del Curvaradó luego de la persecución sistemática a través de operaciones militares regulares de la Brigada 17 y de las irregulares a través de la estrategia paramilitar entre 1.996 y 2001, han visto con el desalojo destruir sus tierras, su apropiación y legal y su destrucción total para ser convertidas en el desierto verde, por la siembra de palma en más de 7000 hectáreas de tierra y proyectadas hasta 25 mil hectáreas. Proyección del negocio que desató una ofensiva armada sobre el Jiguamiandó desde el 2001 hasta el 2006. Hoy en medio de la reingeniería paramilitar, el Estado dilata la devolución de las tierras, y desata una estrategia judicial de persecución a los afrocolombianos, tildados de “guerrilleros” o de “ocupantes ilegales” de predios, que les fueron titulados legalmente en el año 2000.
Sobre el Jiguamiandó se proyecta una nueva fase de operaciones militares para asegurar el “cerro cara de perro” buscando afectar los derechos territoriales de afrodescendientes e indígenas que allí habitan. Los mecanismos institucionales de desconocimiento de los derechos son los mismos compra y cooptación de población, persecución militar y judicial, a quiénes se oponen “al progreso”. Situación similar que ha ocurrido sobre Urra, Murri, Arquía donde se realizan bombardeos indiscriminados, control de alimentos, restricción a la circulación de bienes y de personas, persecución judicial en coincidencia con los planes de obras de infraestructura.
El gobierno Nacional, experto, en distorsionar la realidad logró convertir una realidad la marginalidad de pueblos afros e indígenas en el bajo Atrato en una ganancia política. La denuncia de la iglesia católica local, por la muerte de niños indígenas por desnutrición fue capitalizada por Uribe. Este posicionó la idea de la ineficacia atribuida a la corrupción local, lo que siendo cierto, se atribuye implícitamente a identidades socio culturales y no a las lógicas de operación del poder político nacional y regional. Igualmente, los media atribuyeron la situación a costumbres alimenticias. Ignorancia, ocultamiento, tergiversación, cualquiera o todas las anteriores, evitan afirmar que la responsabilidad de la marginalidad es por los tipos de intereses que existen sobre el Territorio.
Para los inversionistas, llámense traficantes de drogas, empresarios nacionales vallunos, antioqueños o costeños, o corporaciones multinacionales, la presencia militar – paramilitar es la que asegura los negocios. La apropiación de tierras por paramilitares, que ofician como testaferros y propietarios, es en este sentido validada y legitimada ante mentalidad “subdesarrolladas” o que se niegan al progreso afrocolombianos, campesinos o mestizos.
Valle y Nariño
La situación del Norte del Chocó y del Bajo Atrato está articulada con lo que sucede y se proyecta en Chocó, Valle y Nariño sobre el pacífico. Desde el sur del Pacífico, frontera con Ecuador y hasta Juradó frontera con Panamá se pasa por Coredó, Aguacate, Cupica, Bahía Solano, Nuqui, Juanchacho, Ladrilleros, Buenaventura, López de Micay, Tumaco, Satinga cascos urbanos sometidos a operaciones militares de tipo paramilitar desde 1.996, que han logrado el desalojo y la constitución de Territorios desalojados o bajo su control total. Todo es parte del GRAN TERRITORIO del pacífico para el mercado mundial.
Este control en el pacifico coincide con la ampliación de la siembra de coca y la instalación de laboratorios de cocaína en los límites Chocó Antioquia en el Norte con estructuras de paramilitares, y una fuerte militarización institucional y parainstitucional del Valle y de Nariño con una fuerte extensión de la siembra de coca y de su exportación en cocaína. No se trata de combatir el tráfico de drogas se trata de asegurar el territorio ante otros intereses o miradas, como la de los campesinos, indígenas, afrocolombianos.
El Plan Colombia produce como efecto social la movilidad de colonos de Putumayo a Cauca, Valle y Nariño y la desmovilización una posibilidad de mano de obra para la participación dentro del circuito de transformación de la hoja de coca en esta región del bio pacífico. Y es en medio de la militarización institucional que el transporte de la cocaína hacia los países del norte continúa, a pesar de los rigurosos controles aéreos y fluviales de la fuerza Pública desde Tumaco, pasando por Buenaventura, Bahía Solano y Bahía Cupica y Juradó. Las operaciones militares y la ceguera institucional es algo más profundo que lo que a simple vista se percibe, y es parte de las fases de los negocios que se instalan en los territorios.
Lo que se anima detrás de la estrategia militar y de la institucionalidad son proyecciones económicas, obras de infraestructura en Buenaventura, agronegocios de palma y de caucho, en el Naya, en López de Micay, Tumaco. Sus intereses son contrarios a los proyectados, a los construidos por los pueblos indígenas y afro colombianos. Pero, también son diferentes de los de la guerrilla, que buscan fortalecer fuentes de financiación y controles militares en desarrollo de la guerra de guerrillas.
En Buenaventura, en el casco urbano, el problema territorial queda subsumido en disputas militares por el tráfico de drogas, pretexto que oculta la pretensión de apropiación de barrios que limitan con el mar pacífico, asentamientos humanos no legalizados en los que se ha habitado por más de 50 años, y sobre lo que se pretende instalar obras de infraestructura. Obras que antes no eran viables pero que en conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y en coherencia con el libre mercado son necesarias para el consumo de bienes en el Norte y el ingreso de productos del Norte. El mapa de la ejecución de crímenes en Buenaventura muestra que no se trata simplemente de una disputa armada entre militares-policía-paramilitares y la guerrilla. Se trata de algo más hondo, el control territorial para unos u otros intereses. Comprensión que no es posible a simple vista, en medio de la muerte violenta, del dolor y del desgarramiento humano y del uso mediático institucional, que muestra como suyos resultados militares que no lo son. Tal como la supuesta entrega de más de una veintena de milicianos de las FARC, en realidad, de acuerdo con versiones recogidas en el municipio, de la decisión de la propia fuerza disidente en desarrollo de su estrategia militar o con el espejismo de la desmovilización del Bloque Libertadores y Pacífico en realidad hoy insertados en dinámicas de ampliación del control social y de unas nuevas tácticas militares al lado de las fuerzas institucionales. Entre tanto, en el Bajo Naya, el incremento de la deforestación foránea, el ingreso de cocaleros sin consentimiento de lo pobladores, es parte de esas dinámicas de coincidencias nefastas que minan los mecanismos de protección real del Territorio afrodescendiente con la guerra, en las que ya se anuncia la siembra de palma.
En Nariño, las operaciones militares de tierra arrasada, combinada con fumigaciones, sitiamiento de la población indígena y afrocolombiana, impedimento al desplazamiento, y las operaciones paramilitares, bajo el nombre de “nueva Generación” en realidad, las mismas estructuras del Bloque Pacífico y Bloque Libertadores, con nuevas modalidades de represión y de relación estratégica con la Fuerza Pública, no tienen como objetivo la hoja de coca o el desmantelamiento de laboratorios de producción de cocaína o la persecución a la guerrilla de las FARC. Aunque no por esto dejen de mostrar golpes como táctica publicitaria para la opinión nacional e internacional.
Las operaciones tienen como centro el Territorio este es el propósito de diversas operaciones militares simultáneas, tal como ocurrió en el Norte del Chocó entre 1.996 y 1.999 y el Bajo Atrato desde 1.996 hasta el 2006.
Bajo la represión se pretende propiciar su desalojo, generar el terror, evitar que vuelva bajo el efecto disuasivo de la violencia estatal. Se trata de disminuir la presencia de personal en la región. O bajo la misma técnica se trata de propiciar su habitación del lugar, evitar inicialmente su desalojo, para convertirse en blanco de operaciones psicológicas de consentimiento – cooptación, identificación del civil con el militar.
En el transfondo la estrategia paramilitar busca desarrollar actuaciones como fuerza de choque e intimidante contra las comunidades antes o después de las operaciones militares, para reforzar el terror o la necesidad de presencia militar institucional. O bajo la táctica de consentimiento destruir lazos colectivos, y construir bajo la fórmula de la división de la población – indígenas, afros, campesinos- mecanismos de apropiación de la propiedad para el desarrollo de proyectos estratégicos conforme a los intereses gubernamentales y los de inversión privada. Y en relación con sujetos externos operan como fuerza amenazante contra actores humanitarios o actores que generen procesos de fortalecimiento organizativo o de construcción de sujetos de derechos. Se trata de evitar el desarrollo de estrategias de protección de la Vida y del Territorio desligadas de su modelo. Inicialmente pretenden el silenciamiento de agentes externos, el aislamiento, para ir construyendo formas de “negociación” o de “disuasión” conforme a sus intereses estratégicos.
En el interregno las fuerzas militares aseguran perimetralmente el Territorio ante las eventuales operaciones de la guerra de guerrilla, que se ven menguadas por operaciones rastrillo y la ruptura de vasos comunicantes con el exterior. Y por su parte, el resto de la institucionalidad, en particular el poder ejecutivo, pretenderá minimizar las denuncias instauradas sobre la responsabilidad estatal, simulará respuestas eficaces y propiciará un escenario legal para la legalización de la impunidad y de la apropiación del Territorio. Mientras tardíamente llegarán los organismos de control y de investigación cuando todo este consumado, cuando el terror o el consentimiento hayan logrando consolidar la exclusión y una comprensión de “progreso” y de justicia que niega los derechos a los afrocolombianos e indígenas.
Todo va del norte al sur, con nuevos aprendizajes, con nuevas modalidades, por supuesto son los tiempos de la inseguridad democrática, que se heredan de las Convivir en Antioquia y que se hacen memoria en los nuevos Rito Alejo del Río, quién a propósito mantiene su escuela de seguridad para nuevas generaciones.
Hoy el Chocó se encuentra en la mirada despectiva y estratégica de las lógicas de la productividad y eficiencia del mercado, ha sido el uso que el gobierno de Uribe ha hecho de la crisis de salud, para minimizar los costos que ha significado la siembra ilegal de palma y de plátano en Territorios Colectivos del Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica y la Deforestación paraempresarial en Salaquí y Cacarica. Se quiere volver a la idea de que el departamento sea parte de Antioquia o Valle, su identidad multicultural homogenizada por la comprensión industrial, económica de la vida y del territorio.
Hoy Nariño es la experimentación cualificada de la estrategia paraestatal de 1.996 en el Chocó allá bajo el lema: “Fuerzas Armadas MAS población Civil = Paz”, Cooperativas de Seguridad, CONVIVIR, hoy bajo el propósito de “Seguridad Democrática y Estado Comunitario”. Con la simultaneidad de unas disposiciones legales que aseguran la impunidad de los Crímenes pasados y la legalización de la usurpación a través de la ley, que será aprobada, bajo el nombre de “Desarrollo Rural”.
Ver adjuntos
Más que complicado, por Alfredo Molano Bravo Saturday, Apr. 07, 2007 Tomado de El Espectador.
Comunicado Diócesis de Tumaco
Comunicado Comité Permanente Derechos Humanos – Nariño
Comunicado de Proceso de Comunidades Negras
Más que complicado-
Alfredo Molano Bravo
Saturday, Apr. 07, At 230 a.m 2007
El Espectador.
Mirando hacia adelante, como miran los grandes empresarios, el Andén Pacífico y la Altillanura Oriental son las regiones más promisorias en términos de valorización y rentabilidad, habida cuenta del TLC y de la reinserción de paramilitares.
O sea, dirían los jóvenes de Planeación: a futuro, la soya, la palma, el maíz, la caña deben desplazar la obsoleta ganadería extensiva, el plátano y el pancoger. Y el proyecto ha comenzado hace ya varios años. Los planificadores e inversionistas han tenido que sortear tres obstáculos para hacer realidad sus sueños: la gente pobre que ocupa y vive esas regiones, los cultivos de uso ilegal que les dan lo que el Estado les niega y las guerrillas, que pescan en río revuelto.
Detrás del proyecto económico hay otro, ideado por quién sabe quién, que consiste en: 1) Implantar grupos paramilitares, cuidadosamente protegidos por la Fuerza Pública y legitimados por los gamonales. La cosa se verá desde ese momento como una pelea entre forajidos. 2) Fumigar con venenos para desplazar tanto los cultivos de coca como a la población. El desplazamiento de cultivos amplía el teatro de guerra hacia las regiones que se propone incluir en el paquete de desarrollo, y a los desplazados se les trata como delincuentes porque legalmente no tienen derecho a ser inscritos en los programas del gobierno. 3) Cuando el avispero está alborotado, entra la Fuerza Pública a rematar el plan, y el ministro de turno declara solemne que la cuestión “está muy complicada”. El guión se repite con severa regularidad en las zonas a las que se les tiene echado el ojo: los Llanos, desde el río Arauca hasta el Guaviare; y el Pacífico, desde la serranía del Darién, hasta el río Mataje. En los Llanos se tiene decidido llenar de palma africana el Vichada y terminar de sembrar el Meta, mientras se preparan para sorgo y maíz transgénicos la tierras del Casanare y el Arauca. En el Pacífico, además del banano de Chiquita Brands que se extiende desde Urabá hacia el sur, Urapalma, con El Alemán por delante, ha hecho cabezas de playa en los ríos Jiguamiandó y Curvaradó para cultivar palma africana y producir a corto plazo biodiesel. En pocos años toda la región pacífica se verá como se ven hoy las tierras de Tumaco, Puerto Wilches, San Alberto, San Carlos de Guaroa.
El libreto ha sido puesto en marcha ahora en El Charco, Nariño, un puerto perdido que en 1906 fue borrado del mapa por un maremoto. Todo ha sido preparado con pasmoso cuidado. El año pasado, los paramilitares de un grupo llamado Organización Nueva Generación —cuya sigla es ONG y cuyo comandante se hace llamar Armando Paz— se tomaron El Charco. El pueblo reaccionó y sacó corriendo a los paras. Pero en junio hubo una masacre de 11 personas en Sanquianga. Eso provocó una gran manifestación de indígenas, negros y mestizos para protestar contra los atropellos. Las diócesis de Tumaco, Guapi y Buenaventura advirtieron el peligro que se corría e hicieron un llamamiento a respetar a la población civil. No obstante, el plan siguió su marcha: el 16 de enero de 2007 entraron a Playa Bazán, de El Charco, los comandos de la Organización Nueva Generación, respaldada ahora por las Águilas Negras; a comienzos de febrero se inicia el bombardeo con glifosato en el río Tapaje; a finales del mes entra la infantería de Marina por las veredas Taija y El Hojal y rápidamente ocupan La Tola y Sequihonda en enfrentamientos con las Farc.
El desplazamiento de la gente aumenta con cada encuentro armado, bombardeo y operativo. Monseñor Girón, de la diócesis de Tumaco, denuncia las amenazas hechas por los paras de ONG “contra miembros de organizaciones sociales, indígenas, eclesiales, humanitarias, defensoras de derechos humanos de Nariño, entre ellas a la Pastoral Social de nuestra diócesis”. Días después, Santos, el ministro de Defensa, acepta que hoy hay 400 familias desplazadas en El Charco; los obispos Héctor Fabio Henao y Gustavo Girón rectifican: son más de 1.000. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tiene por qué saberlo, grita: lo que está pasando en El Charco sucede también en los municipios de Barbacoas, Cumbitara, Policarpa, Magüí, Linares, La Llanada, Sotomayor, Iscuandé, Samaniego, Ipiales y Cumbal, y pide declarar la crisis humanitaria de la región. Más que “complicado”, señor Ministro, lo que sucede en Nariño, siendo como es el departamento límite con Ecuador.
COMUNICADO PÚBLICO
DE LA DIOCESIS DE TUMACO
Sobre los acontecimientos de orden público ocurridos en el mes de Marzo de 2007 en los
municipios de El Charco y La Tola.
Tumaco, 02 de abril 2007
Como Diócesis de Tumaco, institución de la Iglesia Católica, nos dirigimos hoy, a inicios de la Semana Santa, nuevamente a la opinión pública nacional e internacional, para expresar nuestra gran preocupación y nuestro dolor por el Vía Crucis que viven en su propia carne cientos de familias de la Costa Norte del Pacífico Nariñense, especialmente en los Municipios de El Charco y La Tola, que por los continuos combates que desde el 22 de marzo del presente año se realizan en las inmediaciones de sus veredas entre la Infantería de Marina, Base Móvil de El Charco (N) y una columna de las FARCEP, frente 29, han sido obligadas a abandonar sus casas y parcelas y desplazarse para escapar del miedo y salvaguardar sus vidas de en medio del fuego cruzado.
Actualmente conocemos de 728 familias afectadas, o sea, alrededor de 4300 personas en El Charco y 109 familias, o sea, 523 personas en La Tola, que se encuentran hacinadas en sitios de asamblea permanente ubicados en las veredas Montealto y El Arenal y la otra parte en las cabeceras municipales.
En el caso de La Tola la administración municipal los está alojando en diferentes casas de la población, ya que no se cuenta con un lugar de albergue adecuado.
Antecedentes:
“El día jueves, 22 de marzo a las 7:00 de la noche en la cuenca del Río Tapaje, en el sector que comprende las veredas de El Hojal, Boca del Río Taija, El Guavillo, San Francisco, San Rafael, Alfonso López, La Quebradita, El Rosario, Vuelta Larga, Brazo Seco, Magdalena, Castigo y Triviño, jurisdicción del municipio de El Charco(N), aparecen varios elementos de combate (lanchas pirañas)de la Infantería de Marina, perteneciente a la Base Móvil acantonada en El Charco(N) en marco de las operaciones antes mencionadas en donde se presentan enfrentamientos con miembros de la columna de las FARC-EP, frente 29, afectando de esta manera la tranquilidad de la población civil.
En el municipio de La Tola las veredas afectadas son San Pablo, Tola, Ani, Pampón, Anchote, Cedro y Paulina, quienes también se ven en la obligación de desplazarse.”1 Nos preocupa que de la vereda La Vega Pulvuza (El Charco), se han desplazado 48 familias, de las cuales no se tiene razón, igual que de otras veredas de la parte alta del río y que al parecer no han podido salir, debido a los enfrentamientos. Por lo tanto no tienen acceso a la ayuda humanitaria.
A pesar de que algunas instituciones como las Alcaldías Municipales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Acción Social, el Programa Mundial de Alimentos y la Diócesis de Tumaco han hecho presencia y brindado la ayuda posible, la magnitud del desplazamiento excede los esfuerzos locales 1 Según informe de la Personería Municipal de El Charco, fecha marzo 30 de 2007 y de La Tola, fecha del 27 de marzo de 2007 realizados. Nos unimos al llamado de las Administraciones Municipales y Personerías de El Charco y de La Tola, así como al de las Parroquias, para que las entidades regionales y nacionales tomen cartas en el asunto y brinden la ayuda rápida y eficiente, a la cual estas familias tienen derecho como población en situación de desplazamiento.
Como iglesia debemos sentar nuestra voz de apoyo para con los más vulnerables dentro de este contexto de guerra que se está viviendo en el país. Nos parece de vital importancia encontrar soluciones inmediatas, ya que estos hechos llevan 12 días y por parte del gobierno nacional aún no existe una respuesta contundente que dé solución a los acontecimientos.
Recordamos que el derecho a la vida hace parte y es el más importante de los derechos fundamentales, reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, siendo obligación del Estado velar porque se cumplan; igualmente proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación y salvaguardar los derechos y garantías de una vida digna para todos.
Ante la situación de desplazamiento masivo en la Zona Norte de la Costa Pacífica Nariñense hacemos el siguiente llamado:
A los actores armados involucrados, Infantería de Marina y FARC-EP, para que respeten los caseríos y veredas, escuelas y puestos de salud, como sitios de población civil, a no escudarse en la misma ni convertir su espacio vital en campo de batalla, cumpliendo con el Derecho Internacional Humanitario, para evitar nuevos desplazamientos y permitir el pronto retorno seguro de la población a su territorio.
A las instituciones estatales encargadas de la atención a la población en situación de desplazamiento y durante su retorno, especialmente Acción Social, que emprendan pasos concretos y contundentes para aumentar su capacidad y calidad de atención, garantizando así el cumplimiento de los derechos de los desplazados, plasmados en la ley 387.
A los entes regionales y nacionales a cumplir su papel de apoyo y vigilancia para que los recursos destinados por ley les llegue oportunamente a los destinatarios.
A nosotros mismos como Diócesis, con sus comunidades parroquiales, a fortalecer nuestra capacidad de acogida y solidaridad con los más necesitados y a fomentar los grupos parroquiales de atención social, (COPPAS y otros), para poder complementar la acción de las instituciones y acompañar humanamente a las personas desplazadas y vulnerables, a colaborarles y apoyarlas en la exigibilidad de sus derechos hasta que otra vez logren recuperar una vida digna.
No queremos más desplazamientos ni el deterioro de la convivencia de las comunidades asentadas en estas zonas.
Esperamos que todas estas acciones en conjunto permitan que el Vía Crucis de tantas familias desplazadas termine pronto y puedan experimentar al final igualmente signos concretos de esperanza y Resurrección.
Mons. Gustavo Girón Higuita
Obispo Diócesis de Tumaco
Comite Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH – Nariño
San Juan de Pasto, 26 de marzo de 2007.
CRISIS HUMANITARIA EN EL CHARCO
DEMANDA ATENCION POR PARTE DEL ESTADO
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH – Nariño hace un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para verificar la situación de desplazamiento que se presenta en el municipio de El Charco a raíz de enfrentamientos entre la Infantería de Marina Bafin Nº 10 y las Farc – EP.
Desde la semana anterior se adelanta en la zona un operativo militar a cargo de la Infantería de Marina de El Charco que cuenta con el desplazamiento de 4 unidades móviles, quienes arribaron el jueves 22 de marzo en horas de la noche generando zozobra entre los habitantes.
El viernes 23 a las 12:00 del día se presentaron combates entre el Frente 29 de las FARC – EP y la Infantería de Marina Bafin Nº 10, producto de lo cual se calcula que existen mas de 300 familias desplazadas, provenientes de veredas como Taija, El Hojal, y San Francisco, quienes requieren atención médica, sanitaria, alimentación, y en general la básica atención humanitaria que demanda este tipo de situación que se agrava frente a la existencia de menores entre la población desplazada.
Según información de la comunidad de la zona y de las organizaciones comunitarias que realizaron una visita de verificación en las mencionadas veredas, hasta el momento no han hecho presencia las instituciones estatales encargadas de brindar atención en este tipo de crisis; razón por la cual el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH – Nariño llama a las autoridades para que asuman sus funciones, verifiquen la situación de la zona, se realice un censo de población desplazada y se actúe efectivamente para garantizar la vida y la salud de los pobladores del municipio de El Charco.
Solicitamos a la CICR, ACNUR, OIM, organizaciones de Derechos Humanos y agencias internacionales contribuir para la solución de esta crisis y alertamos a las instituciones sobre la grave situación de la zona costera.
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS – NARIÑO
EL CHARCO: DESPLAZAMIENTO Y COMUNIDADES EN RIESGO EN MEDIO
DE LA CONFRONTACION MILITAR.
Afrokolombia, abril 9 del 2007.
La situación de desplazamiento de miles de personas en el municipio del Charco en la costa del Pacifico del departamento de Nariño continua. Según la personería municipal, hasta el sábado último se habían registrado como desplazadas 1324 familias (8900 personas), 400 de ellas han empezado a retornar a sus veredas, pero otras se desplazan en la medida en que las tropas avanzan. En la parte de Pulbuza, ubicada en la zona media del río Tapaje, están las comunidades de Pueblo Nuevo, Tribuna, Perolindo, Guazarija, Bellavista, Maíz Blanco y California. En esta zona se han producido los más fuertes enfrentamientos y hay comunidades represadas. Se calcula que cerca de 720 personas de las veredas Perolindo y Guazarija y pobladores de alrededor de 130 casas de las veredas Pueblo Nuevo Tribuna, California y Bellavista, no han podido salir, lo potencialmente dramático es que es muy poco lo que a la fecha se sabe de la suerte que han corrido.
Según la información que circula en las comunidades un grupo de 150 paramilitares que avanzaba por la parte alta del río Patía ya esta en el sitio conocido como el Salto, en las cercanías de Catalina. El pasado viernes 6, la guerrilla envío una canoa “bomba” que explotó junto a una lancha piraña de la Infantería de Marina, sin que hubiera victimas fatales.
Previo a los combates que se presentan en la zona entre las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia FARC y tropas de la Infantería de Marina, la zona fue fumigada en 6 oportunidades entre los meses de febrero y marzo, lo que destruyó los cultivos e hizo más vulnerable a la población a la crisis humanitaria que ahora se vive. En toda la zona siguen faltando alimento, medicina, combustible y recipientes para almacenar agua lluvia, los que tenían fueron contaminados con las fumigaciones. Se valora que las ayudas sumistradas a la fecha han sido insuficientes para atender a no más del 70% de los desplazados que están en la cabecera municipal. Mientras que el resto de pobladores que permanecen en sus comunidades con alto riesgo de desplazamiento, están sufriendo de enfermedades respiratorias y de la piel, diarreas y vómitos de una visiblemente mayor a los niveles promedio. Los medicamentos que hay sólo alcanzan para atender a quienes están en la cabecera municipal del Charco y los casos de urgencia.
La Alcaldía Municipal de El Charco ha promovido la conformación de un Comité para la atención de la población desplazada, del que hacen parte el Secretario de Gobierno, la Personería Municipal, la Parroquia y de manera provisional 2 personas en representación de los desplazados.
Por otro lado, en la parte alta del río hay una muy tensa calma. El desabasto es de un 80%, lo que significa que la existencia de alimentos en estas comunidades se estaría agotando en 7 días, aunque se había informado era mayor. El reto es abastecer durante estos días para evitar la crisis. Los estanques de peces de un proyecto en el que participaban los jóvenes de la comunidad de San José, como todos los cultivos de pancoger, fueron envenenados por las “fumigas”. Tradicionalmente todas estas comunidades han complementado su dieta alimentaria con carne de monte y otros producto de la fincas como el plátano, pero en medio de un clima de confrontación como el que se viven tienen miedo de salir y encontrarse con gente armada. La Asociación de Mujeres Afrodescendientes por la Vida –AMAV- con mayor membresía en las comunidades de San Jose, Santa Catalina, Isupi, El Cuil y las Mercedes, parte alta del río, en conjunto con CWS decidieron enviar 66% de la ayuda humanitaria de CWS a las comunidades represadas de Pulbuza, parte media del río.
Las veredas que se han desplazado son: Morrito, Pulbuza La Vega, Pulbuza Pueblo Nuevo, Brazo Seco, Tribuna, Perolindo, Guazarija, Treviño, Vuelta Larga, Castigo, Bola, Bolita, Salto Magdalena, Magdalena, Boca de Taija, Chachajo, Guabillo, San Rafael, San Francisco, Chapilero, Taijita, Ojal. Monte Alto Arriba, Monte Alto Abajo, Brazo Seco, Magdalena, Alfonso López. Los desplazados están ubicados en varios albergues tanto de la zona rural como de la cabecera municipal y en casas de varios barrios de esta.
En las veredas Castigo, Treviño, Magdalena, Pulbuza – La Vega, Pulbuza – Pueblo Nuevo se informa que hay paredes y techos de viviendas y negocios afectados. La escuela de Pulbuza – La Vega fue destruida en medio de los enfrentamientos entre Guerrilla e Infantería de Marina. Igualmente se habla que fueron hurtados objetos personales como alhajas, plata, radio y plantas eléctricas de propiedad de las comunidades. En toda el área rural del Charco casi no hay sitios de refugio, las escuelas lugares en los que la población podría refugiarse en medio de los combates, son en su gran mayoría inseguras. En medio de la confrontación las comunidades están expuestas, como lo muestra lo ocurrido en la vereda Pueblo Nuevo, donde el ejército llegó al caserío a las 4 de la tarde “venimos a rescatarlos” dijeron. La guerrilla estaba al frente del caserío y a las 5:30 de la tarde empezaron los enfrentamientos quedando la comunidad en medio del fuego cruzado.
Además de ayuda humanitaria, organizaciones como el Consejo Comunitario Mayor del Río Tapaje, Organichar y Simana – Charco, piden la conformación del Consejo Municipal para la Atención a la Población Desplazada y la presencia de una Comisión de Verificación de la que hagan parte los organismos de control e instituciones internacionales con presencia en Colombia, y participación de por lo menos un vocero en un consejo de seguridad a realizarse al final de la próxima semana.
La situación de las miles de personas, la mayoría de ellas afrocolombianas, no es fácil: muchos de ellos en medio de la presión militar que se vive no han podido desplazarse, y la mayoría de los que se desplazaron, seguramente, no retornarán hasta que los enfrentamientos terminen. Hay que garantizar la atención adecuada de todas las personas y comunidades en situación de alto riesgo y desplazamiento, así como el respeto por parte de los actores armados de los derechos de las comunidades, para que no termine pasando, como nos dijo una integrante de la Comisión Consultiva del Choco, que entro a la zona a acompañar a las comunidades y personas desplazadas, una tragedia tan terrible como la ocurrida en Bojayá.
Equipo de Derechos Humanos
Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN