Defensores: en riesgo de extinción

Si no se actúa enérgicamente, más de 500 defensores de derechos humanos habrán sido asesinados al terminar los dos períodos del actual Gobierno, en agosto de 2018. Ya van 320 desde su inicio, en agosto de 2010, según el informe del Programa Somos Defensores, difundido antier.

19 Ago 2015 – 10:29 pm

Defensores: en riesgo de extinción

Por: Gustavo Gallón

SI NO SE ACTÚA ENÉRGICAMENTE, más de 500 defensores de derechos humanos habrán sido asesinados al terminar los dos períodos del actual Gobierno, en agosto de 2018. Ya van 320 desde su inicio, en agosto de 2010, según el informe del Programa Somos Defensores, difundido antier. El semestre que acaba de cumplirse en junio fueron 34 las víctimas: 30 hombres y 4 mujeres. Es decir, un defensor asesinado cada cinco días. La constante ha sido superior a 60 defensores acribillados cada año, sin contar los atentados (otros 60, en promedio anual). En síntesis, una atrocidad.

Pero no se está actuando enérgicamente. En 29 de los 34 casos registrados en el último semestre (85 %), las autoridades dicen no saber quiénes fueron los asesinos. Sin embargo, el perfil de ciertas víctimas permitiría definir hipótesis de autoría no tan inciertas. Nueve de los defensores asesinados este semestre eran indígenas: cinco de ellos pertenecían al pueblo Nasa, dos de los cuales eran miembros de la guardia indígena del resguardo de Tóez, en Caloto (Cauca), que había recibido amenazas de las Águilas Negras. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados con señas de tortura el 8 de febrero. Otro indígena nasa fue asesinado a balazos en Florida (Valle) el 30 de marzo. Había sido fundador del resguardo indígena Triunfo Cristal Páez. Su hermano, también líder indígena, había sido asesinado en 2003.

Otros cuatro indígenas pertenecían al pueblo Emberá-Chamí, en el eje cafetero. Uno de ellos fue asesinado en su casa, en Supía, el 7 de abril. Era líder del Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta, que ha padecido violentos hostigamientos durante años. Hostigamientos semejantes ha sufrido el Resguardo de San Lorenzo, en Anserma, donde el 9 de mayo fueron asesinados un médico tradicional y su hijo, padre y hermano a su vez del gobernador del resguardo.

Dos líderes de la comunidad LGBTI, activistas del Fondo Mundial de Prevención de VIH/SIDA, fueron asesinados en San Marcos (Sucre): uno el 9 de enero y otro el 17 de junio. Dos conocidos periodistas radiales fueron asesinados en condiciones similares: uno, en El Doncello (Caquetá), el 14 de febrero y otro, en Palmira (Valle), el 2 de marzo.

Tampoco se actúa enérgicamente ni siquiera conociendo la autoría. De los 34 asesinatos perpetrados en el semestre de enero a junio pasado, se conocen los autores en cinco casos. Tres son atribuidos a la fuerza pública: un líder indígena muerto en Silvia (Cauca); un líder campesino de El Castillo (Meta), por disparos sobre su vivienda; un integrante de la guardia indígena del Resguardo de Tóez por disparos de la Policía contra manifestantes reclamantes de un predio rural en Corinto (Cauca). Otro asesinato es atribuido a paramilitares del clan Úsuga: una líder de reclamantes de tierras y su hermano en Achí (Bolívar). Y hay otro, atribuido al Eln: un líder comunal de Tame (Arauca).

Pasado el primer semestre, el 3 de agosto, fue asesinado en Tumaco el líder afro y reclamante de tierras, Genaro García, en hechos atribuidos a las Farc.

Quizás el asesinato de defensores se reduzca por el proceso de paz, pero este no será suficiente por sí solo para detener una hemorragia tan grave, que requiere medidas eficaces de protección, investigación y sanción.

*Director de la Comisión Colombiana de Juristas
www.coljuristas.org