Defensa de la biodiversidad

Nuevamente dejamos en su conocimiento nuestra profunda preocupación por las graves consecuencias que para el ejercicio de los derechos civiles y políticos que en defensa de la biodiversidad realizan las comunidades negras de la Cuenca del Cacarica, municipio de Riosucio, departamento del Chocó, puedan producirse a raíz de sus denuncias sobre la explotación ilegal que realizan en su zona de retorno grandes empresarios madereros.

Santafé de Bogotá, septiembre 13 de 1.999

Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República

Doctor
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
Ministro del Interior

Doctor
JUAN MAIER
Ministro del Medio Ambiente

Doctor
ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Fiscal General de la Nación

Doctor
JAIME BERNAL CUELLAR
Procurador General de la Nación

Doctor
JOSE FERNANDO CASTRO CAYCEDO
Defensor del Pueblo Nacional

Doctor
JUAN B HINESTROZA
Gobernador del Chocó

Gerente
FERNANDO MEDELLIN
Gerente de la Red de Solidaridad Social

Un cordial saludo.

Nuevamente dejamos en su conocimiento nuestra profunda preocupación por las graves consecuencias que para el ejercicio de los derechos civiles y políticos que en defensa de la biodiversidad realizan las comunidades negras de la Cuenca del Cacarica, municipio de Riosucio, departamento del Chocó, puedan producirse a raíz de sus denuncias sobre la explotación ilegal que realizan en su zona de retorno grandes empresarios madereros.

A pesar de la decisión tomada por las Comunidades Desplazadas de la Cuenca del Cacarica de no participar en la reunión convocada por el Director de CODECHOCO, LACIDES MOSQUERA ANDRADE, el pasado 4 de septiembre, decisión argumentada en razones de procedimiento y de inviabilidad por los acuerdos consignados por esta y otras instituciones en el acta de la Comisión de Verificación, la reunión se realizó en dos jornadas, durante los días 3 y 4 de septiembre. Curiosamente, las comunidades fueron convocadas solamente para el día 4.

En las reuniones participaron funcionarios de Codechocó, autoridades del municipio de Riosucio e integrantes de la “Empresa Asociativa de Trabajo E.A.T. DIOS PROVEERA”, conocida como “Yireh”, la que se encuentra implicada en la destrucción ilegal de los bosques, y que cuenta con el apoyo de infraestructura de la empresa Maderas de El Darién.

Aunque nada a simple vista parece extraño, varios hechos nos indican que la denuncia realizada por las comunidades desplazadas y su solicitud de esclarecimiento y sanción, realizada desde junio pasado y que reposa en sus manos, está enfrentada a los mismos mecanismos con los cuales se cometieron abusos, atropellos y atentados contra las comunidades desplazadas; mecanismos que empiezan a ser ambientados por funcionarios civiles que tienen responsabilidades en la administración municipal y departamental.

El viernes 3 de septiembre en horas de la mañana partieron del municipio de Riosucio, dos pangas, una de ellas de propiedad de CODECHOCO y la otra con miembros de la Empresa de Maderas “Yireh”. En la primera, se transportaron funcionarios oficiales, en la otra, integrantes de “Yireh” que fueron acompañados por JULIO CESAR ARCE hasta el municipio de Turbo, lugar donde se realizaría la reunión. El señor ARCE es un reconocido paramilitar, quien participó y participa en varios operativos, algunos de ellos con participación de militares, que dieron origen al desplazamiento de las comunidades de Riosucio, y quien seguramente se encuentra en los procesos que las instituciones de justicia adelantan de oficio. Es de anotar que CESAR ARCE desde hace más de un mes se encuentra en el municipio de Riosucio a la vista de todo tipo de autoridades civiles, policiales y militares sin que la población civil haya logrado percibir mínimos asomos de persecución o intentos de captura ante este reconocido integrante de los grupos paramilitares.

El mismo viernes 3 de septiembre, las comunidades recibieron una comunicación escrita del 23 de agosto, de la “Empresa Asociativa Dios Proveerá” en la que se expresa que esta convino con “el señor representante del Municipio de Riosucio, Chocó” (…) “a cancelar los costos de sueldo etc, etc, de la persona que se nombraría para la prestación del servicio como educadora”.

El sábado 4 a las 10:30 a.m. hicieron presencia en el coliseo de Turbo, funcionarios de la administración municipal de Riosucio, entre ellos el señor Alcalde CECILIO MORENO ARROYO; el asesor de Paz de la Gobernación del Chocó, LEOPOLDINO PEREA; funcionarios de CODECHOCÓ; el Director Ejecutivo de la empresa “Dios Proveerá”, MAGNOLIO LOPEZ; los señores BELISARIO VALENCIA y MARINO VALENCIA, el primero de ellos quien viene promoviendo la aprobación del corte de madera a cambio de beneficios de la Madarién, y el segundo de ellos, que es uno de los campesinos que se encuentra en asocio con la Empresa “Dios Proveerá” en el aprovechamiento ilegal del corte de madera. Esta presencia en el Coliseo se realizó a pesar de la decisión de la comunidad de no participar en la reunión.

En la intervención del Asesor de Paz de la Gobernación, Dr. LEOPOLDINO PEREA, reprochó la inasistencia de la comunidad expresándose como “comunidad desagradecida”, posteriormente arreció en criticas frente a las ONG nacionales a internacionales, insinuando, afirmando y tergiversando su papel de acompañamiento y ayuda humanitaria, dejando entrever que ellas manipulan a las comunidades, se llenan de recursos económicos a costa de los desplazados y tras su presencia esconden oscuros intereses en los territorios de la población.

Hacia las 11:20 a.m. mientras la comunidad utilizaba su emisora comunitaria con canciones vallenatas y con información en la que expresaba que la comunidad no asistía a esa reunión, un hombre de civil con un arma corta entre su cintura y otro vestido de jean y a cuadros ingresaron al coliseo cubierto y se acercaron a la cabina de emisión. Allí llamaron a uno de los acompañantes y le solicitaron su identificación, a lo que este respondió por su identificación a lo que el armado respondió: “soy la ley”. El acompañante de justicia y paz expresó: “¿es usted policía?, ¿CTI?. ¿A qué institución pertenece?. Le muestro mi identidad si usted certifica su identificación y la razón por la cual quiere hacer un careo”. El armado procedió a sacar un papel que nunca quiso abrir y se negó a mostrar su identificación. La comunidad le solicitó que abandonara el lugar porque era humanitario y llamó a los agentes de policía. Al parecer a los integrantes de policía se les presentó como agente de esa institución y se lo llevaron a un lado a conversar con él. El hombre de civil y armado, se encontraba con otro de vestido a cuadros, ambos estuvieron presentes en la reunión que CODECHOCO realizaba con su comitiva

A eso de las 11:40 a.m. terminada la reunión de CODECHOCO, BELISARIO VALENCIA expresó a la comunidad desplazada: “ahí están esos chilapos, – así se les denomina a los campesinos que no son negros, provenientes del departamento de Córdoba o Sucre- y habitan los que nos llevaron la guerrilla a la región”; señalando a varios líderes de la comunidad. Por su parte, el señor MAGNOLIO LOPEZ señaló a otra persona de la comunidad enfrente de varios integrantes de la administración municipal, diciendo: “mírenlo ese es, ni tienen tierras allá”. Otro funcionario expresó: “desagradecidos, venimos a hacerles un favor y solo se dejan manipular de las ONG, esos extranjeros que se aprovechen de su miseria”.

Causa profunda sorpresa que sean las autoridades regionales quienes directamente subvaloren la capacidad de ejercicio de derechos de quiénes han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos; que sean ellas mismos quienes estigmaticen a las comunidades por su firme decisión de expresar la verdad ante la aterradora devastación en que se encuentra el territorio del Cacarica; que sean ellas mismos quiénes a través de sus expresiones y actitudes estén contribuyendo a ocultar los responsables de la deforestación irresponsable e irracional que se está haciendo; que sean ellas mismos que hagan presencia en el Coliseo con los que presionan el corte de madera a cambio del destaponamiento de los caños que haría Madarién; que sean ellas mismos quiénes participen de reuniones para que los deforestadores se encuentren con quiénes denuncian el ecocidio; que sean ellas mismas quiénes realizan acuerdos para el pago de profesores en Turbo y Bocas del Atrato por parte de las mismas empresas deforestadores; que sean ellas reuniones con la presencia de hombres de civil y armados de quiénes se desconoce su identidad y que no se han presentado a las autoridades de policía que tienen bajo su responsabilidad la protección de las comunidades; que sean ellos mismos quiénes desde sus alta autoridad a nivel local y regional fomenten dudas sobre las comunidades desplazadas coincidiendo en sus afirmaciones con las que los victimarios justifican sus crímenes.

Causa un serio cuestionamiento los aportes a la paz que está realizando el Asesor de Paz de la Gobernación. Sus apreciaciones coinciden con las que los actores del paraestado en la región han formulado, quiénes cuando no tildan a las comunidades como auxiliares de la guerrilla, lo hacen con las ONG nacionales e internacionales, o quiénes nos pretenden mostrar como otro estado dentro del Estado o como instancias que oxigenan la guerrilla o como instituciones con dudosos manejos de los recursos; todo ello porque los mecanismos con que opera la impunidad y la corrupción son puestos en evidencia por las comunidades y por la presencia de la iglesia católica, las ong nacionales e internacionales. ¿Qué distensión y mecanismos hacia la paz se pueden propiciar con este papel fuera de todo lugar?

Causa profunda censura moral el por qué reconocidos paramilitares se movilizan en la panga de una empresa como “Dios Proveerá”; por qué los señalamientos de integrantes de esta empresa y los de los paramilitares coinciden sobre las comunidades que exigen verdad y justicia por lo que está sucediendo en su territorio; por qué CODECHOCO convoca a una reunión en la que participan los mismos deforestadores sin tener en cuenta el contexto de conflicto, los señalamientos y amenazas que pesan sobre los coordinadores de las comunidades; por qué los mismos explotadores de maderas firman acuerdos con funcionarios de la alcaldía sin que las comunidades lo sepan.

Nuevamente nos suscita cuestionamientos la labor de la policía y los mecanismos adoptados para la protección que presta sus servicios en el Coliseo de Turbo. Se evidencia el ingreso de hombres armados y de civil a las instalaciones del Coliseo, sin que las autoridades hayan registrado o actuado. Si el hombre de civil armado que participó en la reunión era oficial de la policía o integrantes de alguna otra autoridad del Estado. ¿ Por qué no se presentó a las unidades que permanecen en el Coliseo? ¿Por qué una autoridad legal, ocultó su identidad cuando se le solicitó su identificación? ¿Por qué no se presentó a las unidades que permanecen en el coliseo, por qué solicitó los documentos de identidad del integrante de la ONG nacional si este era en realidad un agente de policía que estaba en otra función? ¿Cuál era su papel en la reunión?

Dejamos constancia de estos nuevos hechos para que el silencio y el temor del paraestado no se conviertan en la última actitud que impongan en la región, porque cuando el terror no logra devastar la palabra, los señalamientos además de distorsionar la realidad, más tarde que temprano, se convierten en ambientación para la justificación del crimen perfecto. Es claro que las estructuras que dieron origen al desplazamiento continúan incólumes.

Dejamos constancia de los mecanismos con que las empresas responsables del ecocido siguen actuando buscando deslegitimar la riesgosa decisión de la comunidad de denunciar, su intención de fraccionarlos y dividirlos para que reciban beneficios de Madarién, como la educación, la salud y el destaponamiento de los caños a cambio de entregar grandes bosques.

Dejamos constancia sobre las consecuencias en términos de su seguridad y protección y de nueva destrucción del tejido social, está produciendo la lenta respuesta del gobierno y de las instituciones del Estado para el retorno de las Comunidades del Cacarica. Mientras que el Retorno no se produzca en las condiciones que contempla los Protocolos y Pactos Internacionales, la misma Ley 387 y no se de viabilidad a una solución al destaponamiento de los caños se continuará propiciando que grandes empresas madereras con Madarién y sus empresas “filiales” continúen arrasando con la riqueza natural del Chocó, de sus habitantes y de todo el planeta.

Con profunda preocupación,

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ

c.c. Comunidad Internacional