Defendamos la Paz pide a ONU medidas de protección y observación permanente para magistrados de las altas cortes
Bogotá, 13 de mayo de 2019-. A través de una misiva, integrantes del movimiento Defendamos La Paz (DLP) le expresaron a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, su preocupación por “los sucesivos ataques y presiones contra las magistradas y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP”.
Los defensores de la implementación del Acuerdo calificaron estos hechos como “una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del poder judicial, los fundamentos del Estado de derecho y la democracia”.
Según el movimiento, existe una campaña de difamación y presiones contra las cortes y la JEP- que estaría marcada “por la circunstancia de que en la actualidad los magistrados están tomando decisiones sobre asuntos esenciales para la Nación”.
Actualmente, el tribunal constitucional resuelve cuestiones relacionadas a la implementación normativa del Acuerdo de Paz, la legislación de la justicia transicional, y el tratamiento de los cultivos de uso ilícito. De igual forma, en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia se están tomando decisiones cruciales sobre la forma en la que debe operar el mecanismo de extradición en la “nueva realidad creada por el proceso de paz”.
En este sentido, se detallan en la carta enviada a Bachelet las denuncias de la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, sobre interceptaciones ilegales a sus comunicaciones y cómo, en efecto, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, reconoció en una visita a ese alto tribunal que dichas interceptaciones se estaban presentando. De igual forma, se reporta a la ONU la existencia de amenazas de muerte.
Se expresa también preocupación por la reciente decisión de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá de retirar las visas a los magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en un entorno que podría dar a la medida un carácter coercitivo o punitivo. Hasta el día de hoy no se conoce ningún pronunciamiento formal por parte del Presidente Iván Duque, ni del Gobierno Nacional: “Un silencio preocupante en condiciones en las que se hace patente que los altos tribunales y sus jueces no cuentan con las garantías mínimas necesarias que requiere su labor”.
Los firmantes de la carta piden a Bachelet que “verifique estos graves hechos, se pronuncie sobre los mismos lo antes posible y en los informes que deba presentar ante los órganos del sistema de las Naciones Unidas, solicite que se tomen en forma inmediata medidas de protección para los magistrados y que los órganos competentes investiguen con eficacia las amenazas, interceptaciones y hostigamientos, así como establezca una observación constante sobre la evolución de esta situación”.