Defendamos Indignados la Paz y la Democracia
La Procuraduría General de la Nación, órgano administrativo sin funciones de Juez, bajo la dirección de Ordoñez más uribista que el ex Presidente Uribe, está dedicado a penalizar a dignatarios del Estado elegidos por el voto popular, como en los casos de Piedad Córdoba, Senadora de la República y el Gustavo Petro, alcalde de Bogotá.
Comando Central – ELN
A la Senadora le cobra el ser una mujer aguerrida, luchadora y comprometida con el pueblo, crítica sin tapujos del uribismo y el paramilitarismo. A ella le armó un expediente acusándola de tener relaciones con grupos delincuenciales, cuando lo que hacía era gestiones con las FARC-EP, para concertar los diálogos de paz.
A Petro el haber sido guerrillero del M-19, la valentía con que denunció el paramilitarismo, el llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá, la desprivatización de la recolección de basuras manejada por cuatro poderosos empresarios de la familia ex presidente Uribe Vélez (William Vélez, Tomas y Jerónimo sus hijos), la vinculación salarial a los recicladores de las basuras y proponerse hacer de Bogotá una ciudad humana.
El procurador le arrebata a Piedad la investidura de Senadora y a Petro la de Alcalde de Bogotá, sin ser Juez de la República, cargos otorgados democráticamente por el voto popular. Pero no satisfecho con tal arbitrariedad, les condena a la muerte política durante 18 y 15 años respectivamente, inhabilitándolos para continuar haciendo oposición política al régimen.
Este fallo es un hecho gravísimo de consecuencias políticas inimaginables, por la repercusión que tiene sobre la paz, la democracia y las garantías políticas, la credibilidad en las Instituciones del Estado y la confianza en la palabra entre gobernantes y gobernados.
Y visto a la luz de los procesos de paz que buscan poner fin al conflicto, la repercusión es mayor.
Con este antecedente reciente que se suma a muchos otros, la Insurgencia y los movimientos sociales que vienen luchando por cambios en el país, difícilmente pueden creer en acuerdos que se suscriba con el gobierno, con la garantía que el régimen los respetará.
El ELN rechaza y condena las arbitrariedades del régimen expresadas en los dos fallos de la Procuraduría General de la Nación, que van en contra del orden Constitucional, de la democracia y la investidura otorgada por el voto del pueblo en elecciones, a la Senadora Córdoba y al Alcalde Petro.
Se solidariza y apoya la lucha que se propongan adelantar los afectados contra los fallos que les declara la muerte política y el derecho a hacer oposición como colombianos.
Invita el pueblo colombiano, a los movimientos sociales y políticos a que nos unamos en la gran cruzada en defensa de la paz y la democracia, contra los sectores oligárquicos representados en la ultraderecha uribista que le apuestan a la continuación de la guerra y que no cesa de atravesarle palos a la rueda de la paz.
A rechazar que la elite dominante continúe manejando el país con políticas públicas hechas a su favor y en contra de los intereses de las grandes mayorías y de la Nación.