Declaratoria de emergencia humanitaria y Derechos Humanos en Colombia

 

Organizaciones sociales populares, movimientos sociales y políticos, ONG de derechos humanos, pueblos étnicos, organizaciones obrero sindicales, de maestros y maestras, campesinas, de mujeres, ambientales, étnico culturales y territoriales, movimiento estudiantil y juvenil, sectores de la academia, entre otros procesos, con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales.

CONSIDERANDO

1. Que, contra el movimiento social y popular, pueblos y comunidades en Colombia existe una amenaza estratégica, manifiesta en un genocidio político en curso que hace parte de una estrategia de aniquilamiento de la oposición y el movimiento social, en el marco de la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional y el enemigo interno. Esta estrategia se está implementando desde hace varias décadas en el país y se ha profundizado en los últimos años como respuesta del régimen oligárquico, los gobiernos de turno y su estado autoritario de corte fascista, al ascenso de las luchas populares y de los pueblos. Hitos históricos de este ciclo de ascenso fueron el estallido social del 21N de 2019 y el levantamiento popular a partir del 28 A de 2021 que se extendió por tres meses, en los que se demandó la caída del mal gobierno de Duque, se rechazó la imposición del paquetazo neoliberal y se reivindicaron transformaciones estructurales de orden social, político y económico.  La respuesta violenta del régimen, el señalamiento y la estigmatización, la violación sistemática de los derechos humanos y el DIH, evidenciaron esa estrategia de aniquilamiento.

 

1. Que, el tratamiento de guerra a la protesta y la movilización popular, la política económica neoliberal impuesta desde hace décadas y, más recientemente, el manejo sanitario y económico de la pandemia del COVID 19, funcional a los intereses del empresariado y el gran capital, han profundizado la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país: Durante el período (2016- 2022), en un contexto de militarización, el asesinato de líderes y lideresas sociales, según INDEPAZ, ha superado los 1300 casos, y según el Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, dirigido por la Unidad de Investigación y Acusación (Fiscalía de la JEP), un total de 323 excombatientes firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados. La violación de derechos humanos en medio del paro nacional de acuerdo con Temblores, Amnistía Internacional e INDEPAZ, dejó aproximadamente 100 asesinatos, la mayoría, a manos de la fuerza pública; más de 100 jóvenes con graves daños oculares; 60 casos de violencia sexual y de género, según la ONU; 129 manifestantes desaparecidos, registró la Fiscalía General de la Nación, solo en un mes, entre el 28 de abril y el 28 de mayo de 2021. Por otro lado, fueron miles las detenciones arbitrarias. Después del paro se incrementó la práctica de la criminalización de la protesta social y popular y la judicialización de líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional; de esta manera, los montajes judiciales se han convertido en una de las tantas prácticas sistemáticas de genocidio político del régimen. El magisterio afiliado a FECODE es la organización gremial y sindical del país con mayor número de violaciones de los DDHH e infracciones del DIH, al menos 6.119 violaciones a la vida, libertad e integridad de los docentes sindicalizados entre 1986 y 2016; de las cuales, 3.523 fueron cometidas en contra de maestros y 2.596 en contra de maestras. Entre estas violaciones, 990 fueron homicidios, 78 desapariciones forzadas, 49 atentados contra la vida, 3.170 amenazas y 1.549 desplazamientos forzados.

 

El año 2021, cerró con violencia generalizada a manos de las fuerzas estatales, y con violación sistemática de derechos humanos, tal como había iniciado. Además de los homicidios contra líderes y lideresas sociales, la persecución a través de las prácticas genocidas del estado no cesó, principalmente la criminalización y la judicialización contra los y las jóvenes que participaron en las protestas de 2021. Se incrementaron los allanamientos y las capturas masivas en todo el país. El año terminó, con la escalofriante cifra de 95 masacres, con 334 víctimas mortales.

 

A febrero de 2022, se había registrado el asesinato de 22 líderes y lideresas sociales en el país, perpetrados mediante la acción simbiótica entre militares y paramilitares y operaciones de bandera falsa (disidencias) contra las organizaciones sociales en varias regiones, como Arauca y el Cañón del Micay, dejando entrever lo que seguiría siendo una política de exterminio y aniquilamiento de los procesos sociales a nivel nacional,

 

En materia económica, las cifras oficiales no pueden ocultar los efectos de la crisis capitalista mundial sobre la clase trabajadora y el pueblo en general:  Una tasa de desempleo con tendencia permanente al alza que para el mes de enero del presente año se ubicó en 14,6%, el subempleo fue de 43,3% para el trimestre diciembre 2021 a febrero 2022, y se inició el año con 1,5 millones más de personas desempleadas. La variación del IPC que en marzo de 2022 fue de 1,00%, en el año corrido 4,36% y la anual 8,53%, superior en 7,02 puntos porcentuales a la reportada en el mismo período del año anterior, también muestra una tendencia al alza que tiene como consecuencia la creciente hambruna que soporta el pueblo colombiano. Todo lo anterior, en el marco de la continuidad de las políticas neoliberales, los TLC y la profundización del modelo extractivista minero-energético y de enclaves agroindustriales de monocultivos, monopolizados por empresas multinacionales y mafias transnacionales, en el marco de las llamada Zona Futuro, con sus nefastas consecuencias ambientales, culturales, sociales y económicas, que condenan al país al rentismo dependiente de la producción de materias primas en detrimento de la soberanía nacional, la industria nacional, la producción agroecológica alimentaria, las economías propias y los planes de vida de los pueblos y las comunidades poniendo en riesgo su pervivencia y permanencia en los territorios.

 

1. Que tales situaciones configuran una crisis humanitaria y de derechos humanos frente a la cual el gobierno no da respuesta ni ofrece soluciones, por su carácter oligárquico, y la omisión ex profesa de sus deberes como parte de la estrategia de aniquilamiento del movimiento social popular y la oposición.

 

 

                                                                                    DECLARAMOS

1. La Emergencia Humanitaria y de Derechos Humanos en todo el país, como una estrategia propia y autónoma de defensa de la vida, la libertad y los derechos humanos, la autoprotección de los pueblos, las comunidades y organizaciones sociales y populares, y la permanencia en los territorios. Es una respuesta a la crisis humanitaria y de derechos humanos provocada por el régimen oligárquico y el sistema capitalista. De esta estrategia hacen parte las Guardias Étnicas, Campesinas y Populares, los refugios humanitarios, las misiones humanitarias, las marchas por la vida, los acuerdos humanitarios, los Tribunales nacionales e internacionales de Opinión para visibilizar y denunciar la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país.

PROPÓSITOS

1. Ganar reconocimiento, legitimidad, solidaridad y acompañamiento humanitario y político a nivel nacional e internacional para el movimiento social y popular.
2. Reconocimiento de los gobiernos propios y los mecanismos de autoprotección de las comunidades.
3. Reivindicar la movilización y la acción política directa de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales populares para la transformación de la sociedad.
4. Visibilizar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Adelantar acciones con acompañamiento nacional e internacional para la defensa de la vida, la libertad y la permanencia en los territorios. Usar todas las estrategias para denunciar al estado colombiano por el genocidio político en curso contra el pueblo colombiano y el movimiento social y popular.

RECOMENDACIONES

1. A la Comunidad Internacional hacer seguimiento a la situación de derechos humanos y acompañar las acciones que el movimiento social adelante dentro de la estrategia de Emergencia Humanitaria.
2. Al Sistema de Naciones Unidas, la MAP OEA, las embajadas y en general a la Comunidad Internacional, abrir espacios bilaterales de interlocución con los declarantes de la Emergencia Humanitaria para hacerle seguimiento y construir nuevas estrategias en la defensa de los derechos humanos, la vida y la defensa de los territorios.
3. Al Sistema de Naciones Unidas y la MAP OEA, hacer seguimiento a la aplicación de las medidas cautelares otorgadas en la actualidad a los líderes y lideresas sociales, y acompañar las nuevas solicitudes que se presentarán en el marco de esta Emergencia Humanitaria.

CONVOCAMOS

1. Al pueblo colombiano, el movimiento social popular, el movimiento de derechos humanos,  los partidos y movimientos políticos de izquierda y progresistas, la bancada parlamentaria alternativa, la academia y la intelectualidad comprometida con las luchas sociales, los comunicadores y las comunicadoras alternativos y populares, las personalidades democráticas y en general a quienes reivindican la vida,  los derechos humanos y  la libertad, a ser parte de esta declaratoria de emergencia humanitaria y de derechos humanos.
2. Al movimiento social popular, en Nuestra América y el mundo, a profundizar la lucha y la movilización por transformaciones sociales, políticas y económicas, como la mejor manera de adelantar la solidaridad entre los pueblos.
3. Al cuerpo diplomático y la comunidad internacional (organismos multilaterales de derechos humanos y paz, ONG de derechos humanos, actores humanitarios) a que reconozcan, apoyen y acompañen esta declaratoria de emergencia humanitaria y de derechos humanos. A que exijan al gobierno colombiano el irrestricto cumplimiento de sus deberes en materia de protección de los derechos humanos, derivados de los instrumentos nacionales e internacionales en la materia, así como la aplicación de las normas del DIH. A que promuevan sanciones políticas internacionales contra el gobierno colombiano por su actual incumplimiento.
4. A los gobiernos progresistas de Nuestra América y el mundo a acompañar, respaldar y legitimar las luchas sociales en sus respectivos países. A brindar apoyo a esta declaratoria de Emergencia Humanitaria en Colombia. A promover y aplicar sanciones políticas contra el gobierno y el estado colombiano, por su responsabilidad en la configuración de la crisis humanitaria y de derechos humanos y la implementación de una estrategia de aniquilamiento del movimiento popular y la oposición en Colombia.
5. Al Vaticano y las iglesias en Colombia a denunciar y condenar la crisis humanitaria y de derechos humanos y la estrategia de aniquilamiento contra el movimiento popular y la oposición en Colombia.

 

POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PERMANENCIA EN LOS TERRITORIOS… DECLARAMOS LA EMERGENCIA HUMANITARIA Y DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

 

Bogotá, Colombia, 28 de abril de 2022