Declaración Pública de las organizaciones no gubernamentales ambientales, sociales, de desarrollo y de derechos humanos
Mesa Nacional de ONG sobre Empresas y Derechos Humanos
DECLARACIÓN PÚBLICA DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALES, SOCIALES, DE DESARROLLO Y DE DERECHOS HUMANOS
Con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones abajo firmantes, queremos expresar nuestras consideraciones respecto del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), que se encuentra en proceso de actualización para publicación en 2020 por el Gobierno Nacional.
En Colombia la cuestión sobre la relación entre empresas y derechos humanos ha venido ocupando un lugar importante en la agenda pública, no precisamente por el compromiso de las empresas y el Gobierno de velar por los derechos humanos; sino, por el contrario, debido a los abusos y violaciones a los derechos y las libertades fundamentales en que se han visto involucradas empresas nacionales y trasnacionales, que han afectado a personas, a comunidades, a la naturaleza y a los territorios, contribuyendo a la complejidad del contexto de conflicto social, político y armado.
Aunque el Estado colombiano acoge los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Consejo de Derechos Humanos. Resolución 17/4, de 2011), un instrumento no vinculante en el que a nivel mundial se establecen las obligaciones y responsabilidades para los Estados y las empresas respecto de la protección y respeto a los derechos humanos y reparación de los daños que ocasionen las empresas en sus actividades, estos Principios no son implementados de manera efectiva en los territorios, no repercuten en las realidades y contextos socioambientales, ni en la garantía de los derechos de las poblaciones locales.
En particular para el caso colombiano, pese a la existencia de Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y otros códigos voluntarios de conducta, además de la mención a los Principios Rectores por muchas empresas transnacionales y colombianas, se registran hechos de complicidad entre el Estado, el paramilitarismo y las empresas, los cuales caracterizan ciertas conductas empresariales que deben ser objeto de investigación y sanción por la justicia, incluyendo la justicia transicional. Manifestamos que los Principios Rectores no son suficientes para abordar las problemáticas de vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan las personas y comunidades. Abogamos por la aprobación de una convención o tratado en esta materia a nivel mundial de carácter vinculante.
Con respecto a la “Actualización del Plan Nacional de Acción sobre derechos humanos y empresas” (PNA), encontramos que no se corrigieron los vacíos y problemas de fondo del PNA de 2015, en la medida en que se mantienen los factores señalados en ese entonces por las ONG:
No se surtieron desde antes de su redacción procesos de consulta previa, libre e informada con pueblos étnicos, ni se realizaron consultas amplias del texto con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de grupos y comunidades de territorios donde los conflictos ocasionados son profundos e históricos.
El documento sigue sin estar disponible para el público en el sitio web de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos.
El texto no fue precedido, tampoco, de una línea de base, elaborada con fundamento en un análisis sobre los contextos sociopolíticos, territoriales y de la eficacia de políticas públicas sobre la materia, en los que se han dado graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales de las personas y colectivos, y los impactos negativos sobre la naturaleza.
Mantiene la perspectiva de omitir que las empresas -efectivamente- causan daños en el ambiente y en los medios de vida de las personas.
Rechazamos que las reuniones de socialización del PNA en diferentes ciudades del país sean consideradas como un proceso participativo real, cuando el Gobierno desatiende las múltiples denuncias sobre violaciones y abusos de derechos humanos, laborales y ambientales relacionadas con las actuaciones empresariales en sectores como el energético, de agronegocio, minería, gas, carbón y petróleo, e infraestructura, entre otros.
La actualización del PNA no obedece a criterios de política pública, aunque se presente como tal, y no considera acciones para abordar violaciones y abusos de derechos humanos relacionados con la conducta empresarial. En ese sentido, gran parte de las violaciones de derechos humanos relacionadas con el sector privado en Colombia siguen referidas a infracciones de leyes nacionales y al incumplimiento de sentencias judiciales (tanto por empresas, asociaciones empresariales y agentes estatales), en situaciones vinculadas a fenómenos de corrupción, complicidad y colusión entre la Fuerza Pública, las autoridades civiles y las empresas. Todo ello, en el marco de reformas legislativas, por ejemplo, las que se han producido sobre los Planes de Ordenamiento Territorial, que favorecen la inversión antes que los derechos humanos.
Si bien la aspiración de la sociedad civil es que las empresas sean respetuosas de los derechos humanos, no puede compartirse que el enfoque del PNA sostenga la finalidad de mejorar la “ventaja inversionista empresarial”, en momentos en que el país vive la persecución y ataque a líderes sociales y activistas defensores de la tierra, el territorio y el ambiente.
Por ello, los órganos de control del Estado no pueden presentarse dentro del PNA como “asesores” del Gobierno Nacional, pues por mandato constitucional son quienes deben velar por que las políticas públicas respondan a las necesidades de la población y, por ende, deben ser garantes del cumplimiento de dichos derechos; dentro del respeto del marco de actuación de la Fiscalía General, las funciones de vigilancia, sanción y control de los dineros públicos y las relaciones que se establecen con el sector privado son de imperativo cumplimiento.
En esa dirección, consideramos que el documento elaborado por el Gobierno no representa ningún avance en torno a la prevención, protección y acceso a la justicia por parte de las comunidades víctimas de operaciones empresariales. Manifestamos nuestro desacuerdo con el documento y solicitamos que se haga un proceso efectivo de participación y construcción colectiva de la Política Pública de Empresas y Derechos Humanos, con condiciones claras, equitativas y con garantías para la participación de las víctimas.
En consecuencia, hacemos un llamado a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y a la Unión Europea a acompañar a las comunidades afectadas por megaproyectos empresariales, revisando la forma como se están invirtiendo los recursos, en particular los asociados al sector privado y sus relaciones con la Fuerza Pública, como ejecutora directa de fondos que deberían fortalecer a los sectores civiles del Estado; a buscar la reparación integral a las víctimas y a promover la transparencia y la diligencia debida en derechos humanos en el país.
Instamos al Gobierno Nacional a:
Analizar y reconsiderar los vacíos estructurales de la política pública sobre Derechos Humanos y Empresas;
Asumir las obligaciones que le son propias para el cumplimiento efectivo de los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y los principios constitucionales con el fin de recuperar el control efectivo de su deber de protección, frente a los riesgos demostrados que tiene la implementación de los proyectos de inversión en los territorios;
Desarrollar los estándares que se esperarían de una política pública en Derechos Humanos: un marco institucional que ofrezca mecanismos efectivos para la prevención de impactos negativos de los proyectos de inversión en el país, y dar respuestas claras -de tipo normativo y regulatorio- para ofrecer garantías a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos ya perpetradas y de no repetición de estos hechos.
10 de diciembre de 2019
FIRMAN:
Asociación Ambiente y Sociedad ASS
Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo ASOQUIMBO Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI
Asociación Interamericana del Ambiente AIDA Asociación Minga
Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos CIEDH
Centro de investigación y Educación Popular/Programa por la Paz CINEP/PPP Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta CCDHM; Comité por la defensa del agua, la vida y el territorio del Cauca Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CCAJAR Corporación de Apoyo a Comunidades Populares CODACOP Corporación Jurídica Libertad
Diakonia Programa Colombia
Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano FUNDECIMA Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ
Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí – Ríos Vivos Santander Pensamiento y Acción Social, PAS
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – DESCA Red de Iglesia y Minería – Nodo Colombia
Declaración Mesa EDH by Anonymous UeGxFwA on Scribd