Declaración Pública
Nuestra exigencia por la prohibición del fracking no es un fin en sí mismo. Queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestras regiones, hacia uno que sea sostenible y socialmente más justo. Consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual presente en nuestras regiones. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking, entre otros factores, reproduce. Es eso lo que queremos cambiar.
Reunidas en Montevideo, las organizaciones de la sociedad civil de ocho países del continente que componemos la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF), reafirmamos nuestra lucha en contra de esta técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales. Esto es lo que le transmitimos a los parlamentarios de América Latina y Europa, que se encuentran en la reunión plenaria del Parlamento Euro Latinoamericano.
Consideramos que el informe aprobado por esta instancia es un reconocimiento trascendental de los altos riesgos que conlleva utilizar el fracking (fractura hidraúlica) y sus impactos al territorio y la vida. Celebramos que hayan hecho eco de nuestras propuestas al considerar derechos importantes como la autonomía y consentimiento de los pueblos indígenas, y la aplicación del principio precautorio. Desafortunadamente, este no incluyó un fuerte llamado a la prohibición de esta dañina técnica, lo que sería coherente de acuerdo a los derechos que el informe manifiesta reconocer: autonomía, libre determinación, consulta de los pueblos indígenas y principio precautorio..
A partir de nuestra investigación Ultima Frontera: Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina, instamos a nuestros gobiernos a la prohibición de esta técnica con base en los impactos ya comprobables en nuestros países
El fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas ocasionando el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta práctica es imposible. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por el acaparamiento y contaminación por desechos tóxicos del agua, aire y tierra, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos y mal manejo de los residuos.
A pesar de estos impactos, el fracking avanza a ciegas en América Latina. Se está desarrollando sin que existan estudios integrales de largo plazo sobre los graves e irreversibles daños que esta técnica puede ocasionar en la salud de las personas y el ambiente. Por su parte, los gobiernos optan por omitir estas evidencias ampliamente documentadas por científicos y académicos en varios países del mundo.
Ante esto, organizaciones sociales, pueblos indígenas, campesinos y vecinales, entre otras, desarrollamos estrategias para generar información y promover el debate en torno a esta técnica. Esto ha posibilitado diversas acciones públicas, así como la movilización de distintas comunidades y la declaración de centenas de municipios y comunidades “libres de fracking”. Asimismo, se han dictado resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros o licitaciones para la realización de operaciones de fracking en Brasil y Argentina.
Nuestra exigencia por la prohibición del fracking no es un fin en sí mismo. Queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestras regiones, hacia uno que sea sostenible y socialmente más justo. Consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual presente en nuestras regiones. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking, entre otros factores, reproduce. Es eso lo que queremos cambiar.
Al mismo tiempo instamos a nuestros gobiernos a fortalecer una política de diversificación energética y de reducción-racionalización del consumo de energía priorizando inversión pública a estos fines, que contemple el impulso a las energías renovables justas y respetuosas de los derechos de las comunidades, y desincentive la extracción de combustibles fósiles. Tales políticas deben ser coherentes con los derechos humanos, como el derecho de acceso a la información, a la participación, a la autodeterminación, la consulta, el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y campesinos, entre otros.
No al fracking. Ni en América Latina ni en ningún lugar del mundo.
Fuente: http://www.ambienteysociedad.org.co/es/eurolat-emite-informe-que-permite-avanzar-en-la-prohibicion-al-fracking-en-america-latina/