Declaración Política: 6to Movimiento Ecuménico y Caminata Ecológica

Las comunidades junto a organizaciones nacionales e internacionales, acompañantes y amigos caminamos sobre los rastros y restos de las operaciones “septiembre negro” y “génesis” ocurridas hace 16 y 15 años respectivamente.
Después de tantos años son evidentes las marcas, las pruebas que sobre el territorio han dejado las acciones militares y paramilitares al mando del General (r) Rito Alejo de Rio.

En las comunidades de Bocas de Tamboral, La Loma y Salaquisito en el territorio colectivo de Cacarica constatamos los boquetes por las bombas lanzadas en operaciones aéreas, el miedo latente en la población, la capacidad de elaborar y enfrentar el miedo frente a nuevos bombardeos y las amenazas en contra del territorio y sus vidas; 15 años después las estructuras paramilitares siguen ejerciendo presión para favorecer los intereses de los empresarios y las empresas multinacionales.

Las secuelas de la guerra profundizan la tradicional exclusión, la pobreza que se evidencia en la falta de vías de penetración, en el taponamiento de los ríos por la sedimentación que se genera por la tala indiscriminada de madera y la desviación de los cauces naturales de los ríos, la negación de los derechos a la salud, a la educación y la posibilidades ciertas que el Estado de respuestas a las demandas de Verdad, de Justicia, de Reparación y no repetición.

Es evidente la ausencia de un Estado social y de derecho para las comunidades negra de Salaquí.

Dos días después en predios colectivos de las comunidades negra de Cacarica en la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, en el Encuentro Internacional profundizamos en las construcciones alternativas de desarrollo ambiental y agroecológico de reconocimiento en los territorios que venimos realizando concluyendo que:

• Hoy la principal amenaza para nuestros territorios y nuestras vidas en ellos es la implementación de un modelo de desarrollo basado en la extracción y explotación de del suelo y del subsuelo en el que habitamos, con garantías a través del código minero, la limitación a la consulta y consentimiento previo y libre, y la reforma tributaria.

• Tal uso del territorio se realiza desconociendo derechos sustanciales y nuestras propuestas de habitación, de protección y de abastecimiento productivo para Colombia y el mundo que son otra forma de calidad de vida y de desarrollo y de salida de la pobreza y de posibilitar ingresos para la nación

• Continúa el desarrollo de operaciones paramilitares, lamentablemente auspiciadas, consentidas por la fuerza pública, las autoridades civiles y los sectores económicos como parte de operaciones contrainsurgentes y de protección de intereses privados económicos, esto refleja los fracasos de la desmovilización por qué en ella se desconoció la responsabilidad del Estado en la concepción militar que maneja de las comunidades y de la oposición social o política.

• En algunos de nuestros territorios el incremento de las operaciones paramilitares ha intensificado el involucramiento de niñas y niños, jóvenes en el consumo de sustancias alucinógenas y en prostitución para justificar posteriores acciones de limpieza social o en sus estructuras armadas.

• La implementación de la Acción Integral como lógica de guerra, lógica de control social de los territorios, subordinando las autoridades administrativas a los mandos militares para el desarrollo e implementación de las políticas sociales, cercenan el estado social de derechos en el que se fundamenta nuestra sociedad e involucra de manera directa a la población civil en la dimensión armada del conflicto, lesionando el principio fundamental de distinción. Situación que se agravará con la aprobación del Fuero Militar.

• La política de desarrollo rural que implementa el gobierno Santos carece de mecanismos claros que permitan desmontar las estructuras que tradicionalmente han despojado de sus territorios a los habitantes tradicionales o que han imposibilitado una reforma agraria, no hay coherencia en la política de todas las dependencias de Unidad de Victimas, Unidad de Restitución, Prosperidad Social, protección ambiental.

• El desarrollo rural está desconociendo el valor agregado, en su lógica, de presente y de futuro de nuestra riqueza ecosistémica, biológica y de la capacidad de autoconservación, preservación y de reproducción de las vidas.

• No existe voluntad política eficaz para resolver los conflictos territoriales que se presentan por el no reconocimiento jurídico y el saneamiento de los territorios de las comunidades rurales; esta ausencia de voluntad se materializa en mecanismos de despojo, pérdida de la autonomía y de vidas.

• Para lograr una paz estable, duradera y sostenible se debe garantizar la participación, la discusión y la inclusión de las propuestas de los diferentes sectores de las comunidades rurales.

Las comunidades articuladas en la Red hemos presentado al presidente Juan Manuel Santos tres derechos de petición planteando:

• Un cese bilateral del fuego.
• Garantías para nuestra libertad de expresión.
• Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB.
• Planes de Ordenamiento Territorial basadas en nuestros usos y costumbres, desde una mirada ancestral de nuestros territorios en perspectiva de globalización incluyente y local
• Comisión Ética y Comisión de la Verdad
• Propuesta de sustitución de cultivos de coca
• Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo

Consideramos que estos puntos deben ser incluidos en los diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y los que se acuerden con el ELN.

Como Red de Alternativas proponemos:

1. Los aprendizajes y propuestas se sistematizaran en el Plan de Ordenamiento Territorial Alternativo (POTA), instrumento que comprendemos como estrategia para a continuidad de habitación en el territorio, el manejo, administración y defensa de nuestros territorios y una respuesta para las demandas ambientales, alimentarias y productivas nuestras, de Colombia y de la humanidad.

2. El Estado en el marco de los derechos que nos asisten como legítimos dueños de nuestros territorios, debe asumir las diferentes propuestas de desarrollo propio enmarcadas en Planes de vida, Planes de Manejo Territorial, Planes de Desarrollo Sostenibles, todo esto comprendido en el POTA.

3. El Estado debe asumir nuestras propuestas como una verdadera política pública de ordenamiento territorial, deberá facilitar la participación de las comunidades en las diferentes instancias y espacios de planificación; deberá garantizar los mecanismos necesarios y pertinentes para hacer llegar nuestras propuestas alternativas de ordenamiento territorial a la mesa de negociación con la guerrilla de las FARC y las que se constituyan con el ELN y el EPL. Si no llegará haber solución al conflicto armado en cualquier caso nuestras propuestas deben ser discutidas con el Estado.

4. El derecho a la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y afrodescendientes, reconocido en el Convenio 169 de la OIT y reglamentado en la Ley 21; el Estado debe garantizar el cumplimiento de este derecho no como un formalismo jurídico sino como mecanismos de participación desde los usos y costumbres de las comunidades ancestrales, sin recortar su espíritu para legitimar las operaciones extractivas. Así mismo debe generar mecanismos que garanticen la participación de las comunidades campesinas como lo estipula el artículo 79 de la Constitución Política, para que puedan participar de manera directa en las decisiones que afecten o beneficien sus territorios y asumir que las comunidades campesinas están protegidas por el derecho de consulta previa y consentimiento.

5. La educación es una experiencia de retroalimentación generacional que trasciende las lógicas de las aulas de clase, desde allí garantiza la pervivencia de nuestros pueblos y solo así la entendemos como derecho fundamental, el Estado debe garantizar el uso y goce efectivo de este derecho a todas las comunidades en todos sus niveles, debe garantizar y aplicar las medidas necesarias para que las comunidades continuemos desarrollando modelos de educación propia. La educación como derecho debe incluir la proyección en los próximos 5 años de 5 universidades Rurales que respondan a los proyectos de vida y los planes territoriales.

6. En tendemos la salud como un estado de relación armónica del individuo y su entorno, y por ende ubica todas las dimensiones del desarrollo; para garantizar esta condición el Estado debe reglamentar una política pública integral de atención que garantice el goce efectivo de este derecho en armonía con los procesos ancestrales y sistemas de creencias.

7. La comunicación es sustancial para la libertad de expresión y la resignificación de nuestras identidades el Estado debe propiciar condiciones y medios necesarios para que las comunidades tengamos accesos a procesos de comunicación comunitaria en aras de difundir desde nuestras visiones la realidad que vivimos, el libre acceso al internet como parte del ordenamiento territorial.

8. El Estado debe abstenerse de reglamentar marcos jurídicos que posibiliten la exploración y explotación de la biodiversidad en los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

PARTICIPACIONES

• En los próximos días por invitación de la Comisión de Justicia y Paz, Colombianas y Colombianos por la Paz participaremos en el Encuentro Internacional Pueblos construyendo paz.

• Durante las próximas semanas nuestras comunidades buscaremos los mecanismos para lograr participar en el Foro Agrario convocado por el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC

• En enero nos encontraremos en las comunidades de Sucre Tequendama en el Cauca y en la caminata por el Cerro Mazamorra.

• En febrero nos encontraremos en Dabeiba, constataremos los impactos de la violencia y los daños ambientales generados por la implementación del proyecto URRA 2.

Cacarica, Chocó, Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, diciembre 3 de 2012

Suscriben

• Asociación agroecológica Esther Cayapú, ASOESCA,Trujillo, Valle.

• Asociación Campesina Agroecológica Bien Andante, Sucre, Cauca.

• Asociación Campesina Agroecológica Huerto Renacer, Sucre, Cauca.

• Asociación Campesina en la memoria de Dumar Aljure, Mapiripán, Meta.

• Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado de Argelia, Cauca

• Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz”, San Antonio, Inza, Cauca.

• Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES, Municipio de Turbo, Antioquia.

• Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, municipio de El Castillo, Meta.

• Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”, municipio de Dabeiba, Antioquia.

• Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA, municipio Riosucio, Chocó.

• Comunidades de Nueva Unión, Pedeguita y Mansilla, Carmen del Darién, Chocó.

• Comunidades de Santa Rosa del Limón y Vigía del Curvaradó, Carmen del Darién, Chocó.

• Consejo comunitario de la comunidad negra del río Naya, Buenaventura, Valle.

• Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, Puerto Asís, Villa Garzón, Valle del Guamuez, Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo.

• Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco, Toribio, Cauca.

• Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó, municipio Carmen del Darién, Chocó.

• Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Jiguamiandó, municipio Carmen del Darién, Chocó.

• Familias del consejo comunitario de Bijao, Onofre en Pedeguita y Mansilla.

• Familias del consejo comunitario de Nueva Unión en Pedeguita y Mansilla.

• Jóvenes unidos por el Bajo Calima, JUBCA, Buenaventura, Valle.

• Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiandó, So Bia Drua, Pueblo Embera, municipio Carmen del Darién, Chocó.

• Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonam, Buenaventura, Valle.

• Zonas de Biodiversidad “Grupo Porvenir”, Puerto Asís, Putumayo.