Declaración Foro Educativo
Miembros de las comunidades constituidas como Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de las cuencas de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, y de Nueva Unión y Santa Rosa del Limón, realizaron el “Primer Foro Educativo de Zonas Humanitarias, resguardos humanitarios y de Biodiversidad”.
Zona Humanitaria Camelias es Tesoro, 4 de Julio 2012
Nosotros y nosotras miembros de las comunidades constituidas como Zonas Humanitarias y de Biodiversidad y Espacios Humanitarios de las cuencas de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, y de Nueva Unión y Santa Rosa del Limón, reunidos el 4 de Julio de 2012 en la Zona Humanitaria Camelias es Tesoro realizamos el “Primer Foro Educativo de Zonas Humanitarias, resguardos humanitarios y de Biodiversidad”.
Valoramos como un logro de nuestras resistencias, de la afirmación de nuestros derechos, el que contemos con profesionales de la educación, de nuestras propias comunidades en el Jiguamiandó y Cacarica, y los proyectos educativos de educación propia que hemos logrado desarrollar en las escuelas y colegios, a pesar de que la respuesta del Estado no ha sido la que requerimos en el reconocimientos de estas construcciones pedagógicas.
Reconocemos, también, la construcción pedagógica que venimos haciendo con el Grupo de Educación Inter universitario de las Universidades Pedagógica, Nacional y Distrital de Bogotá, en convenio con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que aporta a nuestra educación no formal en algunas zonas humanitarias del Curvaradó. Apreciamos el intercambio de saberes con el que articulamos nuestros proyectos de vida, con los saberes mas universales.
En el foro presentamos las condiciones actuales, las problemáticas y exigencias que hacemos al Estado relacionadas con su responsabilidad con nuestra educación. Las presentaciones fueron compartidas y discutidas con el alcalde, el personero municipal, el secretario de gobierno y el asesor social y comunitario del municipio de Carmen del Darién, así como con una delegada del municipio de Río Sucio.
Dejamos constancia de la ausencia del gobernador del Chocó o sus delegados/as a pesar de haber sido invitados con suficiente anterioridad.
Destacamos que:
1. Con el desplazamiento forzado del que fuimos víctimas por las actuaciones de los militares y paramilitares, con el pretexto de perseguir a la guerrilla, perdimos la posibilidad de educación a nuestros hijos, ya que en muchas comunidades, éramos nosotros/as mismos/as quienes asumíamos los costos de sostenimientos de docentes a quienes contratamos con nuestros propios recursos, ante la ausencia de presencia del Estado. En el desplazamiento no contamos con profesores para nuestros niños y al regresar a los territorios, por lo general, los profesores nombrados no permanecen el tiempo requerido en las comunidades o en algunos casos no comulgan con la formación que como comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas, queremos para nuestras hijas e hijos.
2. Tras el proceso de retorno es una preocupación constante la seguridad, vigilancia y control de las actividades de nuestros niños y niñas, dado que la presencia de paramilitares y militares, en medio de la confrontación con las guerrillas, representa un alto riesgo, pues muchas veces utilizan a los menores, empleando distintos atractivos (dulces), para manipularles e involucrarles a favor de sus intereses particulares. Por eso en estas zonas de conflicto la educación es una prioridad como medida de protección para nuestros hijos, pero además como una posibilidad real de transformación y de paz.
3. Debido a dicho incumplimiento las comunidades decidimos asumir el proceso de educación propio sin contar con las garantías administrativas y pedagógicas para realizar dicho proceso.
4. Ante la evidente ausencia del estado, las comunidades empezamos a hablar de una propuesta educativa, donde los jóvenes con mayor formación asumen la responsabilidad de enseñar a los niños y niñas, en este proceso muchos de los jóvenes docentes quienes solo tenían el bachillerato se profesionalizan, buscando apoyar y dar salida a la crisis educativa que afrontan sus comunidades; este proceso tiene otras ganancias importantes como: la vinculación y participación de la comunidad en la educación de niños y niñas gracias al puente que tienden los maestros, el desarrollo de técnicas y metodologías propias de aprendizaje reconociendo la identidad cultural, el desarrollo de una formación crítica y analítica de la realidad para generar arraigo en los niños y niñas a su territorio. A pesar de estos importantes logros los profesores comunitarios que existen en las distintas ZH no cuentan con el reconocimiento del estado para realizar esta función, y son discriminados pues no se tiene en cuenta su trabajo, ni propuestas.
5. Los profesores asignados por las administraciones departamental y municipal no cumplen con sus responsabilidades educativas, no respetan ni se involucran con el proceso organizativo y cultural de las comunidades; además realizan prácticas coercitivas, irrespetuosas y represivas con los niños a cargo. Sumado a lo anterior realizan sus prácticas educativas desde un modelo pedagógico tradicional que reproduce las condiciones de opresión que históricamente se han ejercido sobre las comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes.
6. No existen procesos de formación y actualización para los profesores comunitarios, ni incentivos para el ejercicio digno de su labor.
7. No existen garantías ni apoyo para la construcción de proyectos educativos con los planes de vida definidos por la comunidad.
8. No se cuenta con programas de alfabetización para jóvenes, adultos y adultos mayores que respondan a las necesidades propias de las comunidades. Existe un número significativo de personas de las que no domina los procesos básicos de lecto-escritura.
9. No existe infraestructuras adecuadas (escuelas, mobiliario educativo, bibliotecas y material pedagógico y didáctico) para la realización de procesos educativos acordes con los intereses y necesidades de las comunidades.
10. No se cuenta con restaurantes escolares, ni con espacios recreativos que garanticen la alimentación adecuada y la recreación de los niños y niñas, elementos fundamentales para la garantía integral del derecho a la educación.
11. No se cuenta con casas culturales al interior de las comunidades que fortalezcan los saberes ancestrales y tradicionales particulares de cada comunidad.
12. Aunque en las comunidades se ha intentado responder a la educación primaria, solo en el Cacarica y Jiguamiandó se cuenta con educación secundaria a través del colegio Claret, con la contribución de profesores propios y de la Comisión de Justicia y Paz. En ninguna contamos con programas de educación superior.
13. La educación está estrechamente ligada con la salud de las niñas y los niños, dado que muchas veces los bloqueos económicos, las restricciones para la movilización, el impedimento y destrucción de nuestros cultivos, imposibilitan dar una alimentación adecuada a los menores, generando desnutrición en los mismos y consecuentemente otros problemas de salud derivados. No se puede hablar de derecho a la educación sino se habla de derecho a una alimentación adecuada, posible únicamente si tenemos derecho a nuestros territorios para generar nuestras actividades productivas.
Teniendo en cuenta estas problemáticas que evidencian la vulneración al derecho a la Educación, exigimos que:
Que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones de respeto, garantía y promoción del derecho a la Educación propia de las comunidades en pleno ejercicio de su autonomía y autodeterminación.
1. Se respete la autonomía de las comunidades frente a la selección y definición de los y las maestras asignadas para desempeñar la labor educativa, ya que son ellas quienes conocen los procesos organizativos, históricos y culturales.
2. Se respete la autonomía de las comunidades de definir los procesos de formación, actualización y cualificación docente, que responda a las necesidades sociales, políticas y culturales propias de las comunidades.
3. Se brinden las herramientas humanas, pedagógicas y de recursos para la construcción y consolidación de los Proyectos Educativos Comunitarios acorde a los Planes de Vida de las comunidades.
4. Se elaboren programas de alfabetización a los jóvenes y adultos de las comunidades que respondan a sus saberes propios.
5. Se asignen los recursos a cada comunidad para la construcción de infraestructuras de las escuelas de primaria y secundaria, donde se requiera, así como de para la dotación de mobiliarios escolares, material didáctico y educativo, bibliotecas y transporte escolar.
6. Se asignen los recursos a cada comunidad para la construcción y funcionamiento de los restaurantes escolares, así como los espacios lúdicos, deportivos y recreativos de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad.
7. Se asigne a cada comunidad los recursos para la construcción y el funcionamiento de las casas culturales que permitan recuperar y promocionar los saberes ancestrales y tradicionales.
8. Se nombre en propiedad a los docentes que prestarían sus servicios en las comunidades, dado que los contratos en provisionalidad, no garantizan continuidad en el proceso.
9. Se brinden herramientas no solo para el desarrollo de la educación primaria, sino para la educación secundaria y otros procesos formativos técnicos y universitarios.
Una vez reconocidas las experiencias y exigencias de las comunidades, se establecieron los siguientes compromisos:
Por parte de la delegada del Municipio de Río Sucio:
• Hacer llegar toda la información al alcalde Cecilio Moreno Arroyo para que adopte todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de la comunidad.
Por parte de la administración del Municipio de Carmen del Darién:
• Visitar a Santa Rosa del Limón para verificar la situación de la construcción de la escuela.
• Recepcionar y apoyar los proyectos educativos que le hagan llegar las comunidades.
• Realizar las gestiones dentro del gobierno para garantizar las exigencias de las comunidades.
• Apoyar con recursos económicos la movilización de un grupo de profesores y profesoras comunitarias para labores de incidencia frente al gobierno.
Suscriben
Comunidad de autodeterminación, vida, dignidad de cacarica (CAVIDA), Asociaciones de zonas humanitarias y zonas de biodiversidad de las cuencas del rio Jiguamiandó y Curvardó, Comunidad indígena del alto guayabal Resguardo Humanitario y Ambiental Sobia-Drua.
Apoyan
Asociación de solidaridad con Colombia Asokatio España, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Grupo Educativo Interuniversitario (GEIU)