Declaración final XI Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Paz
Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país
luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente
pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS
DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido
unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:
1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su
historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del
mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y
arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto
con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y
violaciones a los derechos humanos.
2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas,
en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV
Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación
interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La
estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el
proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo
cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de
nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a
la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que
fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y
armado.
3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que
expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas
ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en
derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias
sobre ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desplazamientos,
detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.
4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual
el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del
hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los
derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el
narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra
de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos
naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente
modelo de acumulación imperialista.
5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a
los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por
la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los
factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las
cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el
desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y
privatización masiva de universidades y hospitales; las familias
guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas
tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital
pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la
crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los
EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.
6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y
genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el
movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha
tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter
político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados
extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros
dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por
parte de la política de “seguridad y defensa democrática”. La llamada
desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley
975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del
paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca
la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia
y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la
impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.
7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del
Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han
conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales,
sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención
respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e
indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del
paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las
constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con
el fin de profundizar su control político y territorial.
8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a
través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el
Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización
de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano
legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar
controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45
congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por
estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas
pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga
frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.
9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las
fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el
rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte
de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la
criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al
mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de
rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad
inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los
miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en
las cárceles colombianas.
10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos,
población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y
la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI
Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones
tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos,
que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la
discriminación en todas sus formas.
11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida
política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a
la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos
y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de
Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de
indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos
sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a
realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la
lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario
por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la
sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la
construcción del Estado Social de Derecho.
12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares,
Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y
Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones
telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de
Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida
investigación y sanción a los responsables.
PROPONEMOS:
1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos
los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana
en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de
movilización son:
23 de septiembre de 2009, por los Estatales y
FECODE.
7 de octubre por el trabajo digno.
14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional
de FECODE.
2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre
de 2009.
3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones
jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el
referendo reeleccionista ilegítimo.
4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la
iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad
Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por
la paz.
5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario , así
como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como
instrumento dinamizador de la democratización del país.
6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del
HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el
objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes
sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información
errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su
vida e integridad personal.
7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E
INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros,
conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete
bases militares en Colombia.
8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia
militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de
Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre
el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida,
Tres Esquinas y Larandia
9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del
Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte
del movimiento global contra la guerra y el militarismo.
10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con
criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el
movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de
las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.
11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la
organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como
fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la
Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.
12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos agredidos,
especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto.
Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos
arbitrariamente en los EE.UU.
EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.
¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO !!
LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,
¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!
¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!
Bogotá, 12 de septiembre de 2009