Declaración final, Encuentro internacional de víctimas de crímenes de Estado – Parar la guerra la paz son cambios
Delegaciones Internacionales y víctimas de la criminalidad estatal de todas las regiones de Colombia, nos hemos reunido los días 24, 25 y 26 de abril de 2014 en Bogotá, para buscar las piezas de un rompecabezas que une nuestra historia, para explorar la idea de un movimiento internacional de víctimas de crímenes estatales y para discutir sobre el momento actual de los diálogos de paz en Colombia.
Encuentro Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Parar la guerra. La paz son cambios
24-26 de abril de 2014
Bogotá
Delegaciones Internacionales y víctimas de la criminalidad estatal de todas las regiones de Colombia, nos hemos reunido los días 24, 25 y 26 de abril de 2014 en Bogotá, para buscar las piezas de un rompecabezas que une nuestra historia, para explorar la idea de un movimiento internacional de víctimas de crímenes estatales y para discutir sobre el momento actual de los diálogos de paz en Colombia.
La visita de Enrique Nuñez de la Comisión contra la tortura en Chile, de Nora Cortiñas de las Madres de la Plaza de Mayo -Línea Fundadora-, de Rosa Anaya del Movimiento de Hijos e Hijas del Salvador, de Enrique Santiago ex Secretario General de CEAR, y los cientos de mensajes, saludos y testimonios enviados en apoyo a las víctimas colombianas son el mejor aliciente para seguir en la tarea de construir un amplio movimiento social por la paz, los derechos de las víctimas y la justicia social. Paralelamente en Madrid (España), se realizó el 26 de abril el Encuentro Estatal por la Paz de Colombia.
Hemos promovido históricamente la idea de una solución política y negociada al conflicto interno que vive el país por mas de medio siglo, por esto hemos respaldado los diálogos de paz en La Habana (Cuba). A las delegaciones del Gobierno colombiano y de las FARC-EP les pedimos que escuchen nuestras propuestas, la voz de las víctimas, la garantía y respeto de sus derechos son indispensables para un autentico proceso de paz en Colombia. Esperamos que se dé inicio al anunciado proceso de negociación con las guerrillas del ELN y el EPL, y que se establezca un mecanismo de participación directa de sectores sociales con agendas y propuestas para la paz.
Debe abandonarse la dañina tesis de negociar en medio de los enfrentamientos bélicos y de escalada militar, y declararse urgentemente, un cese al fuego bilateral. Rechazamos la campaña negativa contra los diálogos de La Habana y la actitud contradictoria de funcionarios de alto gobierno, quienes, como el señor Ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón y el Procurador Alejandro Ordoñez, de forma guerrerista y en claro sabotaje, se manifiestan de manera continua en contra de los diálogos. También es incongruente con la paz, el alarmante aumento del presupuesto del sector defensa, para este año en curso (26,9 billones de pesos)[1].
Una Comisión de la Verdad para Colombia
Existe un consenso sobre la necesidad de una Comisión de la Verdad para Colombia, no obstante, debe crearse un ambiente apropiado en el país para llegar a la conformación de dicha Comisión. Históricamente ha existido una sistemática manipulación y tergiversación de la historia y la violencia. Esto llegó al punto que en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se sostuvo la tesis de que el Estado era una víctima más de la violencia generalizada y de la guerra contra el terrorismo, negando la posición de garante del Estado y de sus obligaciones en materia de los derechos de las víctimas y la existencia de un conflicto social, político y armado.
Debemos llegar a una mínima versión conjunta de nuestra historia, no solo para comprender lo que pasó sino para abandonar el estado de negación en el que seguimos como sociedad. Se ha propuesto en La Habana un marco interpretativo general sobre el origen del conflicto y la carga de las responsabilidades que corresponden al Estado Colombiano y su estrategia paramilitar, así como la de las guerrillas, lo cual puede ser establecido sobre la base de una Comisión de esclarecimiento histórico. Ésta última se diferencia de una comisión de la Verdad en la medida en que no requiere del fin del conflicto, por lo que no pretende dar cuenta de todos sus aspectos, sino de aquellos fundamentales para impedir que se dé un debate sobre los derechos de las víctimas, que siga las dinámicas de negación, silenciamiento, y la manipulación que corresponden a la misma guerra que hoy se pretende solucionar.
En todo caso las víctimas demandamos una comisión de la verdad que contenga por lo menos los siguientes elementos: i) Un mandato avalado no solo por las partes en conflicto sino por las víctimas y la sociedad ii) Que esté conformada por personas idóneas ética y moralmente, que no hayan estado comprometidas con hechos de violencia y no hayan sido instigadores, ni beneficiarios del proceso de despojo iii) La Comisión debe ser independiente administrativa y presupuestalmente, debe reconocerse su inmunidad y garantías de seguridad v) Un mandato oficial y vinculante con el compromiso de difundir e incorporar al sistema educativo el Informe Final de la Comisión de la Verdad; vi) Participación directa de las víctimas en su conformación y monitoreo.
Todo esto bajo el entendido que en materia de crímenes de carácter internacional, una Comisión de la Verdad no puede exonerar al Estado Colombiano de su obligación de establecer la verdad a través de procesos judiciales, de intervenir judicialmente los hechos y sancionar penalmente a sus autores.
Como hemos reiterado, el reciente Informe General “Basta ya”, aunque es un ejercicio considerable, se encuentra particularmente incompleto en lo que se refiere a la criminalidad de Estado, el intervencionismo extranjero, los genocidios políticos, y los factores estructurales que han dado origen y han reproducido el conflicto social político y armado en el país.
La criminalidad de Estado en Colombia se prueba principalmente por el testimonio de los familiares y sobrevivientes de los genocidios políticos, la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y el desplazamiento forzado. Pero además ha sido reconocida por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por Naciones Unidas y por la OIT. Entonces no se puede aceptar la tesis oficial de las “manzanas podridas”, en la que elementos descompuestos de los cuerpos militares habrían cometido delitos puntuales. En su lugar, debe reconocerse que han existido prácticas y políticas sistemáticas de exterminio político y modelos de despojo a gran escala. El conflicto armado ha sido utilizado por el Estado colombiano como pretexto para encubrir la conformación de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, que tienen como función principal generar terror en la población, monopolizar el negocio del narcotráfico y consolidar un proyecto económico depredador y criminal.
La paz son cambios
En Colombia deben darse cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, empezando por un proceso de depuración previa de las tres ramas del poder público, que permitan desligar al Estado de las estructuras criminales que han socavado la legitimidad de las instituciones, solo así se renovará la confianza de la sociedad en el Estado. Es urgente entonces, derogar todas las doctrinas y manuales militares que promuevan la violación de los derechos humanos.
El tratamiento de los crímenes de la Fuerza Pública en la mesa de negociación debe asumirse como un asunto de Estado. Es fundamental para la sociedad que cese la persecución política y se remueva la doctrina militar de “Seguridad Nacional” que asimila “enemigo interno” con líderes y lideresas, sectores sociales y políticos de oposición. Al mismo tiempo deben emprenderse reformas que reduzcan y transformen todos los cuerpos de seguridad y defensa.
El acuerdo de La Habana no podrá en ningún modo imponer a la sociedad una ley de punto final que indulte a los máximos responsables de la criminalidad estatal. El Estatuto de Roma suscrito por el Estado Colombiano en 2002, establece que ningún cargo oficial puede ser eximido de su responsabilidad penal ni rebajada su pena en casos de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra[2]. De este modo todos los jefes de Estado, miembros del Alto Mando Militar y Directores de la Policía Nacional así como otros agentes del Estado, no pueden evadir su responsabilidad en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometieron y se siguen cometiendo en el país.
Como resultado del proceso de justicia y paz existen mas de 10.000 compulsas de copias contra miembros de la Fuerza Pública y funcionarios públicos, señalados de tener relaciones con estructuras paramilitares, esto sin que la Fiscalía General haya podido avanzar en las investigaciones y que hasta el día de hoy no se conoce ningún resultado en esta materia.
Por las mas de 5.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de Fuerza Pública no existe ninguna investigación en contra de un alto mando militar y preocupantemente muchos de los procesos en justicia ordinaria han empezado a ser trasladados a la justicia militar.
Paralelamente se adelantan montajes judiciales en contra de defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y políticos y se incrementa la criminalización de la protesta social y a sus líderes, lo que demuestra que la administración de justicia no cumple con sus obligaciones constitucionales.
La ley 1448 de 2011 ha resultado ser completamente insuficiente para reparar a las víctimas y para restituir las tierras despojadas, por tanto será necesario un proceso de revisión profunda de todo el modelo de atención y reparación, así como un mecanismo idóneo que permita restituir y garantizar el retorno colectivo y con garantías para la vida de las personas en situación de desplazamiento forzado.
Desmontar el paramilitarismo
Constatamos por los testimonios de las víctimas, que los grupos paramilitares denominados por el Estado como BACRIM, tienen como blanco principal sectores sociales y políticos que históricamente han sido victimizados, conservan el control político, social y económico, y las rentas asociadas a las economías ilegales y al narcotráfico, controlan los mismos negocios y están asociados a los mismos grupos narcotraficantes y de poder en las regiones.
Estas estructuras siguen actuando en complicidad y de manera sistemática en el diseño, coordinación, implementación y ejecución criminal con organismos del Estado. Operan con la complicidad, aquiescencia y, a veces, con la participación de miembros de la Fuerza Pública y tienen una organización de alta capacidad y estructura militar.
Por todo esto es preciso que el Gobierno Nacional asuma el desmonte efectivo del paramilitarismo, investigue y sancione a los responsables de dichas prácticas sistemáticas y criminales agenciadas por los organismos del Estado. Para ello es necesario un Plan de Depuración y de reformas institucionales para el post-acuerdo. La Fiscalía General de la Nación debe adelantar investigaciones y sancionar a los instigadores del paramilitarismo en el país. El Gobierno debe mostrar su voluntad política para abandonar prácticas y políticas de guerra sucia dentro de los organismos del Estado.
Convergencia en torno a un Mandato Unitario de las víctimas de la criminalidad estatal en Colombia.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, junto con la Coordinación CCEEU, Coordinadora de Familiares de la Unión Patriótica, El Congreso de los Pueblos, El Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y el proceso de las Constituyentes por la paz con Justicia Social, hemos acordado convocar nuevamente a todas las víctimas de la criminalidad estatal en el país para construir un Mandato Unitario de exigencias fundamentales sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, esto en coherencia con la búsqueda de la Paz con justicia social para el país.
Esta convergencia fortalece el Movimiento Nacional de Víctimas, junto al Movimiento, social, étnico, campesino, agrario y popular, para seguir avanzando en las rutas de acción y movilización en el país, y juntar voluntades contra la impunidad estatal. Principalmente alrededor de las demandas de las víctimas, del esclarecimiento de las motivaciones, impactos y responsabilidades en la violencia socio política y del modelo extractivista y militarista.
Bogotá 26 de Abril de 2014
Exigencias y propuestas
1. El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad ante las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio político y crímenes de guerra. El presidente de la República debe pedir perdón por estos hechos y se debe adoptar una ley que prohíba y sancione las expresiones de negacionismo.
2. Las víctimas tenemos derecho a participar y a decidir sobre nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Nuestras propuestas deben ser escuchadas en la mesa de diálogos de La Habana por las delegaciones del Gobierno Nacional y de las Farc.
3. Le exigimos al presidente Juan Manuel Santos que declare el cese de hostilidades y desacelere el conflicto armado para generar la confianza social que necesita el proceso de paz. Esperamos que se dé inicio a las negociaciones con el ELN y con el EPL, para que se pueda terminar definitivamente el conflicto armado interno.
4. Debe constituirse una Comisión de la Verdad que investigue los hechos, recoja toda la información posible para su esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las reformas institucionales necesarias para asegurar nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de estos crímenes. Ante esta comisión, el Estado y las guerrillas, partes en un acuerdo de paz, deben hacer un reconocimiento público de su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana.
5. El Estado deberá asegurar medidas de reparación colectiva a las víctimas del genocidio político, más allá de la restitución de las personerías jurídicas a los partidos víctimas de estos genocidios como el de la UP, así como la restitución de las curules y cargos de elección popular perdidos por estos crímenes.
6. Es necesario reducir el tamaño de las Fuerzas Militares y su presupuesto para el estricto cumplimiento de sus funciones de “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, conforme a lo establecido por el Artículo 217 de la Constitución Política. Debe proponerse una reforma constitucional que permita separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa entendiendose este como un cuerpo civil respetuoso de los derechos humanos.
7. Las tres ramas del Poder Público deben ser depuradas de aquellos funcionarios involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o con grupos y actividades paramilitares, o que hayan promovido la impunidad de estos crímenes o de los grupos y actividades paramilitares. Pedimos a la Fiscalía General de la Nación acelerar las investigaciones adelantadas en contra de funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública que se han originado a partir de las compulsas de copias provenientes de las versiones libres rendidas en Justicia y Paz.
8. Desclasificar, organizar y preservar la totalidad de los documentos reservados del Estado, especialmente los archivos de inteligencia relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, para que hagan parte de los materiales de consulta para la memoria nacional sobre las víctimas y sirvan de insumo a los procesos judiciales. Derogación de todos los manuales, instrucciones, directivas y documentos de otra índole de las Fuerzas Militares y otros cuerpos de seguridad que califican, expresa o implícitamente, a los movimientos y partidos políticos de oposición como ‘enemigo interno’ o con otras categorías similares, que promuevan actividades ilegales de inteligencia o promuevan la creación de grupos paramilitares.
9. Las víctimas tenemos derecho a que se realice una revisión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por parte de nuestras organizaciones para formular una política justa y eficaz en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
10. Para asegurar la justicia, debe garantizarse la sanción a todos los responsables de graves crímenes, reapertura de todas las investigaciones penales archivadas o declaradas prescritas, anulación de todas las sentencias surgidas de una administración fraudulenta de justicia y eliminación de cualquier tipo de fuero que no permita que la justicia ordinaria se encargue de estos delitos.
11. Desmonte inmediato de la estrategia paramilitar, independientemente de la calificación que las autoridades le den a los grupos que la desarrollan en todo el territorio nacional.
12. El Estado tiene la oblicagión de públicar la identificación de las 20.000 personas desaparecidas estimadas oficialmente y garantizar la busqueda. Exigimos la revelación de todas las sepulturas clandestinas que existan en el país.
[1] Solo entre 2007 y 2012 el exorbitante presupuesto militar pasó de 11,7 billones de pesos a 18,4 billones, aumentando un 57% en cinco años. Para el año 2013 el presupuesto había roto la barrera de los 20 billones y para 2014 se calcula en 26,9 billones de pesos.
[2]Estatuto de Roma, artículo 27, numeral 1: “El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.