Declaración final del Seminario “Protección y defensa del derecho a la verdad de las victimas de desaparición forzada en el ámbito jurídico”
En el marco de la Semana Internacional de las Víctimas de Desaparición forzada, y como resultado del seminario de “la protección y defensa del derecho a la verdad de las victimas de desaparición forzada en el ámbito jurídico nacional e internacional” se suscribe la siguiente declaración.
Bogotá, 24 de mayo de 2011
En el marco de la Semana Internacional de las Víctimas de Desaparición forzada, la Coordinación Colombia Europa, la Campaña Víctimas y Derechos, el Comité de Seguimiento del 2º. Congreso Mundial de Exhumaciones y la Mesa Interinstitucional de apoyo a Víctimas de Desaparición forzada/sociedad civil, junto con las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada reunidos en el Seminario Nacional LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL DERECHO A LA VERDAD DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA, los organismos de derechos humanos, instituciones acompañantes especializadas de trabajo forense y psicosocial y de la comunidad internacional que suscribimos la presente, declaramos:
1. Resaltamos la legitimidad y la lucha de las organizaciones de familiares de los desaparecidos en Colombia y su rol y contribución al Estado de Derecho, a pesar de la grave situación de desprotección, estigmatización y ausencia de garantías para su seguridad, amenazas y hostigamientos que viven cotidianamente y su no inclusión en proporción a la gravedad de los casos en los programas de protección, poniendo en riesgo el derecho a la vida, a la seguridad, y el derecho a la libre asociación y expresión de sus denuncias.
2. Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país. Expresamos nuestra alarma por el alarmante registro de 57.000 personas desaparecidas y 15.300 víctimas de desaparición forzada, dentro de ellas más de 6.000 mujeres y niño/as, cifras escalofriantes, como lo ha expresado en este Seminario el Director de la Oficina en Colombia del Alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la comunidad internacional presente en el mismo.
3. Constatamos que persiste un grave subregistro de casos y serias inconsistencias entre las distintas cifras reportadas, evidente en la gran diferencia entre las cifras del Registro Nacional de Desaparecidos Vs. los 32.000 casos reportados por la Unidad de Justicia y Paz y los 17.000 casos asignados a la nueva Unidad de Desapariciones Forzadas de la Fiscalía General. Este subregistro obedece también a las condiciones de intimidación y terror que viven las regiones, la presencia de los victimarios en los lugares de ocurrencia de los hechos y la ausencia de investigaciones serias sobre las amenazas y el abandono humanitario en que viven las familias afectadas.
4. Denunciamos los altísimos niveles de impunidad que rodean el 99% de los casos y el total estado de indefensión en que se encuentran las familias de los desaparecidos, a quienes se les sigue denegando el derecho a la búsqueda de sus seres queridos y al esclarecimiento de su paradero, su identificación y la entrega digna de sus restos, mientras los autores de estos crímenes agentes del Estado y grupos paramilitares gozan de libertad sin que sobre ellos caiga el peso de la ley, con lo cual hay una ausencia absoluta de acceso a la verdad y a la justicia.
5. Manifestamos nuestro reclamo porque a pesar que la desaparición forzada es una crimen arraigado desde hace 30 años, aún no existe un diagnóstico oficial que le informe a la sociedad cuantos desaparecidos hay en Colombia, el cual para ser verdadero debe incorporar todos los casos ocurridos, incluidos los que antes del año 2000 fueron erróneamente tipificados como secuestro en los registros estatales.
6. Reiteramos al Presidente Santos nuestra reivindicación para que firme con carácter urgente la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que declare que acepta la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas que crea este tratado y que ajuste la ley de víctimas a este tratado que establece el derecho a la verdad.
7. Denunciamos que la desaparición forzada está invisibilizada en la nueva Ley de Víctimas y que no hay voluntad política para incorporar en ella seria y ampliamente disposiciones para proteger el derecho a saber de las víctimas y la sociedad y la obligación del Estado de establecer un mecanismo y rendir un Informe de la situación de las desapariciones forzadas en el país. Rechazamos que el Congreso de la República haya reemplazado la Comisión de la Verdad encargada de documentar y presentar un informe sobre los patrones de graves violaciones de los derechos humanos, por una nueva ley de privilegios a desmovilizados –ley de justicia transicional- que brinda nuevos beneficios a grupos paramilitares autores de desapariciones forzadas. Manifestamos que el “Contrato de Transacción” exigido a las víctimas en esta ley, es inaceptable y contrario a la ética y a la moral porque mercantiliza el dolor de los familiares de los desaparecidos y viola los tratados internacionales al coaccionar a las víctimas y cerrar la reparación por la vía judicial, donde los autores responden por el daño causado. Manifestamos nuestra alarma por la discriminación con las víctimas de agentes del Estado al someter al visto bueno del Ministerio de Defensa las solicitudes de reparación en estos casos. Y anunciamos decisión de demandar la inconstitucionalidad de estas normas que atentan flagrantemente contra los derechos de los desaparecidos y sus familias.
8. Denunciamos con fuerza la negligencia de los funcionarios judiciales y la ausencia de efectividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente y la falta de aplicación del Plan Nacional de Búsqueda en la mayoría absoluta de los casos registrados, todo lo cual lo cual constituye un serio incumplimiento del Estado a la luz de sus obligaciones internacionales.
9. Resaltamos las graves dificultades que plantea el sistema penal acusatorio que restringe drásticamente el derecho a la información, a la contradicción y a la participación de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, impidiendo el acceso a la verdad y a la justicia.
10. Denunciamos la grave situación de las personas no identificadas en el país mal llamadas N.N.. Reclamamos con urgencia al Presidente de la República, al Ministro del Interior a la Fiscal General de la Nación, a la Directora de la Unidad de Desaparición Forzada Estado el esclarecimiento de la situación de las personas no identificadas, de la existencia de fosas individuales, múltiples o comunes, la ubicación, identificación y dignificación y la devolución de sus restos a sus familias con respeto al debido proceso y al derecho a la información y pasrticipación de las familias y a las recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a los estándares internacionales forenses y de atención psicosocial sobre el tema, en particular las Normas Mínimas…. .
11. Reconocemos como un paso positivo la creación de la nueva Unidad de Desaparición y Desplazamiento Forzado de la Fiscalía General de la Nación y llamamos al gobierno nacional a dotarla de los suficientes recursos, humanos, financieros, técnicos y logísticos para que no sea una herramienta desperdiciada, Igualmente saludamos la voluntad política del Instituto Nacional de Medicina legal de colocar a los familiares de las víctimas en el centro de su actuación sobre personas no identificadas y víctimas de desaparición forzada.
12. Llamamos al Presidente de la República, al Ministro del Interior al Defensor del Pueblo, a la Fiscal General de la Nación a establecer mecanismos concretos de interlocución y consulta sobre las normas y mecanismos antiguas y recientes con las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, sus representantes, los organismos de derechos humanos sobre las nuevas normas y a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas a establecer un diálogo amplio con la sociedad civil y las organizaciones regionales y nacionales.
13. Denunciamos que aunque la Ley 975 o Ley de Justicia Paz establece la obligación a sus beneficiarios de informar el paradero de las víctimas y entregarlos a la Fiscalía General de la Nación, esta obligación ha sido incumplida por los paramilitares desmovilizados atentando contra el derecho a la verdad. Al contrario, brindar información sobre la identificación y señalamiento de los lugares donde víctima shan sido inhumadas, se ha convertido en un “chantaje” para conseguir beneficios de rebajas de pena ú otros privilegios.
14. Llamamos al gobierno nacional a expedir una Directiva para el traslado inmediato de los casos de desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos que se están surtiendo en tribunales militares en contra de la constitución y la ley.
15. Rechazamos el desconocimiento y tergiversación del sentido de las sentencias condenatorias de altos oficiales del ejército proferidas en casos de desaparición forzada y sus maniobras para continuar eludiendo la justicia.
16. Respaldamos a los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que diligentemente buscan romper la impunidad secular en las investigaciones de desapariciones forzadas.
17. Lamentamos que durante este Seminario se haya presentado un robo de información relevante sobre la preparación y desarrollo del mismo, situación que se suma a la presencia de personas extrañas pidiendo información sobre las organizaciones asistentes al Pre-Seminario preparatorio realizado el 15 de abril de 2011.
18. Llamamos con urgencia al Congreso de la República y al gobierno nacional, a impulsar una Ley de Reglamentación de Cementerios que recoja las opiniones, y experiencia de las organizaciones especializadas en acompañamiento forense a las víctimas de desaparición forzada.
19. Reafirmamos nuestro compromiso de profundizar nuestra lucha a favor de las víctimas de desaparición forzada y nos comprometemos a consolidar una agenda común de trabajo de los derechos de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad.