Declaración final de la cumbre de las instancias encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz
¡EL ÚNICO CAMINO ES LA PAZ, EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ES EL CAMINO!
“Proponemos que al cumplirse los 3 años de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se realice un acto solemne con presencia de todas las instancias de implementación de dicho acuerdo en el cual se presente al país y a la comunidad internacional el balance de lo realizado, las políticas públicas y planes diseñados y las actividades y metas a cumplir en el año 2020 para dar un salto adelante en el cumplimiento de lo pactado. En esta Cumbre a realizarse el 27 de noviembre de 2019 deberá invitarse al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a los gobiernos y representaciones diplomáticas que se han comprometido con la paz de Colombia con su acompañamiento en este periodo”.
I. En vísperas de cumplirse tres años de implementación del Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera (AFP), más de 150 delegados y delegadas de la sociedad civil que integramos instancias encargadas de la implementación de ese acuerdo nos reunimos en Bogotá, para realizar esta Cumbre.
El Acuerdo creó más de 40 instancias nacionales y territoriales, encargadas de impulsar y hacer seguimiento a diversos aspectos de la implementación. En veintiuna de esas instancias hay delegados/as civiles (incluidos ex integrantes de FARC –EP), no estatales, como integrantes plenos en comisiones y comités encargados de contribuir a la implementación de distintos ejes de acción, como la participación y apertura política, la reforma rural integral, la política de drogas y sobre cultivos de uso ilícito, la construcción de un sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición, el establecimiento de garantías de seguridad a comunidades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y de la construcción de paz y la reintegración social, reincorporación económica y política de los excombatientes firmantes de los acuerdos. Creó así mismo mecanismos para hacer el seguimiento a la implementación de los enfoque de género, étnico, diferencial y territorial en el acuerdo de paz y la instancia étnica.
La Cumbre de integrantes civiles analizó los avances, dificultades y retos en la implementación de los acuerdos para elaborar propuestas que ayuden a superar la actual situación de fragmentación, desarticulación, falta de comunicación y presupuesto, freno y/o parálisis en muchas de las instancias participativas. En consecuencia, las recomendaciones qué se resumen en este texto llaman a proyectar, de inmediato y para el año 2020, un relanzamiento de las políticas, planes y programas que respondan a las necesidades urgentes de la paz y permitan superar fallas e incumplimientos que están poniendo en riego no solo la implementación de los acuerdos sino el futuro de Colombia hacia una paz más completa, sostenible y duradera.
II. Sin duda la firma del AFP, sus primeros pasos y los impactos políticos e institucionales que ha tenido, ha marcado un viraje profundo en la historia de Colombia abriendo la transición a la terminación definitiva de un largo ciclo de violencia generalizada y conflictos armados.
El conjunto de la realidad política ha cambiado ofreciendo oportunidades para la emergencia de dinámicas transformadoras y el fortalecimiento de la democracia. Los indicadores de violencia armada e infracciones al DIH muestran un descenso hasta bajos niveles sin precedentes, los movimientos sociales han cobrado vigor en la defensa de derechos, la política se reordena con movimientos y partidos que defienden la paz, la apertura política y otras alternativas al desarrollo y el buen vivir. La lucha por el derecho a la paz se sintoniza con las apuestas y agendas de los grandes y profundos movimientos por la defensa de la naturaleza ante el cambio climático, la revolución de derechos, igualdad de las mujeres, pueblos étnicos, las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trasn y grupos sociales discriminados históricamente: Se muestra con la prueba de los hechos que la paz es el único camino y que hay que construirlo y cuidarlo contantemente. También se ha constatado qué esta transición al postconflicto no es la terminación automática de los conflictos socioeconómicos, políticos e inclusive que quedan pendientes por tramitar conflictividades que se expresan desde las armas, desde antiguas realidades y nuevas expresiones de violencia que persisten y se reorganizan. La nueva fase de post acuerdo es también el escenario de nuevos conflictos y de retos para superarlos mostrando en la práctica, con la implementación efectiva de los acuerdos, con la comprensión e importancia de sus enfoques de género, étnico, diferencial y territorial, así como con nuevas estrategias hacia la paz completa, qué la paz positiva y la no violencia transformadora convoca a las grandes mayorías. Desde esta perspectiva se abordan los obstáculos en la implementación de los acuerdos.
III. La mayor dificultad para el funcionamiento regular de las instancias del AFP es la falta de decisión política del gobierno para asumir de manera integral los acuerdos, cómo el centro de la estrategia de construcción de paz y como prioridad de las políticas públicas que permitan superar definitivamente la historia de violencias y conflictos armados que han marcado por décadas a la sociedad colombiana.
El gobierno y el partido de gobierno han considerado el AFP como una herencia incomoda o una anomalía para su proyecto de país. En lugar de la integralidad del acuerdo el gobierno se limita a convivir en resistencia con lo que tiene vida propia por mandato constitucional, a apoyar, o simular apoyo, a lo que cabe en las pautas de Desmovilización, Desarme y Reincorporación (DDR) sin resolver problemas críticos de los/as excombatientes en el marco de lo acordado para la implementación y, hacer freno, parálisis y cuentagotas en los temas cruciales de la apertura política, reforma rural, política de drogas y cultivos, así como sus capítulos de género, étnico y garantías de derechos y seguridad para la política y la implementación del AFP.
La incomodidad del gobierno con las instancias participativas con funciones de formulación de políticas, coordinación interinstitucional y definición de planes de acción de obligatorio cumplimiento, lo lleva por un lado a la parálisis o a realizar solo reuniones ocasionales informativas y/o a crear organismos paralelos sin presencia de los delegados civiles. Desde el partido de gobierno se ejerce una oposición abierta al funcionamiento con garantías plenas de las instancias decisorias con presencia de delegados de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como la CSIVI, y a otras con comisionados de organizaciones sociales y de derechos humanos, como la CNGS, la Alta Instancia de Garantías para la Política y las de la reforma rural integral y PNIS. Desde esas posturas los opositores al AFP presionan renegociar cada paso e intentan introducir reformas legales a todos los puntos aprobados.
IV. El no funcionamiento y/o debilitamiento de las instancias que lidera el gobierno va de la mano con la no implementación de asuntos cruciales de los acuerdos: se ha congelado la producción legislativa y de otras normas de regulación del AFP en temas como las Circunscripciones Especiales de Paz, reforma política y ampliación de la democracia participativa. El fondo de tierras que debería llegar a 1 millón de hectáreas, en la actual administración no ha realizado su tarea de permitir el acceso efectivo, material, y con enfoque género, étnico y diferencial de nuevas tierras y proyectos productivos sostenibles para los campesinos y campesinas y pueblos étnicos. El gobierno ha cambiado la política de sustitución de cultivos de uso ilícito por otra de erradicación forzada como plan militar de ocupación de territorios y en consecuencia se limita a anunciar que cumplirá con las familias que quedaron inscritas en 2018 sin respuesta real en acceso a tierra, proyectos productivos y redefiniciones para planes de inclusión a los centenares de miles de familias que acuden a la legalidad y son dejados en las trampas de la pobreza y el narcotráfico. En materia presupuestal el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 no cumple con lo definido en el Plan Marco de Implementación, ni en el CONPES 3930; además en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso para la vigencia de 2020 se reducen los recursos para proyectos o programas que son esenciales en la implementación del AFP.
V. El avance en funcionamiento de algunas instancias, ofrece lecciones a seguir sobre sus posibilidades que son: la suma de gran fuerza constitucional y legal, decidida iniciativa de participación social, sintonía con la sociedad en su conjunto, con los movimientos sociales y los partidos políticos defensores del AFP, articulación con los niveles territoriales y los derechos de las víctimas, coherencia con los enfoques de género y diferenciales y decisivo acompañamiento de la Comunidad Internacional.
En este plano de posibilidades de mayor cumplimiento de lo pactado, a pesar de limitaciones, hoy se ubican por ejemplo la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Convivencia y No Repetición, el Sistema de Alertas Tempranas, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y la Instancia Especial de Mujeres. Lo anterior conlleva a que es necesario su fortalecimiento, garantías para funcionamiento y participación vinculante de las instancias.
VI. Ante el anuncio reciente de rearme de algunos ex integrantes de las FARC-EP y las respuestas guerreristas desde algunos sectores opuestos al AFP, las integrantes civiles de las Instancias han reafirmado su compromiso y convicción de que la ruta más efectiva hacia la consolidación de la democracia y justicia social es la implementación integral del Acuerdo del Paz que debe constituirse como el camino único hacia la construcción de la paz, enviando un mensaje claro a quiénes intenten mantener la violencia y la confrontación bélica como respuesta.
VII. La continuidad, y en muchas regiones el agravamiento, de agresiones, – incluidas amenazas, estigmatización, criminalización, asesinatos, y desplazamiento forzado – exige acciones extraordinarias enmarcadas en la construcción de paz, bienestar y democracia que tengan la fuerza suficiente para aislar y desestructurar a los promotores de la guerra y a los detractores y disidentes de los acuerdos de paz. Ya son más de 500 los lideres/as y defensores/as de derechos humanos asesinados/as desde la firma del AFP y el asesinato de reincorporados de las FARC llega a 150 según la Fiscalía General de la Nación.
Es urgente que ante los problemas y retos de la situación actual, ante la persistencia de agresiones violentas contra la población civil, el gobierno y las demás instituciones del Estado asuman de buena fe la implementación integral del AFP como la mejor estrategia de respuesta urgente. Respuesta que debe incluir el rechazo a la estigmatización y a los discursos del odio, la promoción de una cultura política de paz, el desmonte efectivo del complejo paramilitar y de las tentativas de hacer trizas los acuerdos y sacarlos de la constitución.
VIII. RECOMENDACIONES
Ante este panorama, los delegados y delegadas de la sociedad civil a las instancias derivadas del Acuerdo insisten en exigir al Gobierno la implementación de lo pactado, desde una perspectiva comunitaria, y hacen un fraternal llamado al resto de la sociedad, así como a la comunidad internacional, a continuar con el acompañamiento y apoyo a este proceso. Asimismo, invitan a seguir la movilización ciudadana para exigir del Estado que haga de lo pactado una realidad en los territorios, y que la violencia no sea nunca más vista como un camino.
Bajo esta visión, se elevan las siguientes recomendaciones:
1. Que se continúe con el acompañamiento y el apoyo al proceso de paz y sus instancias; y con un respaldo decidido a quiénes se comprometen en lo local con su implementación. Hasta el momento, las instancias de acompañamiento, verificación y seguimiento han cumplido un papel crucial. Este apoyo se expresa, principalmente, en dos sentidos: en continuar con la estrategia de exigibilidad frente al Estado para que cumpla lo acordado, y en el apoyo a iniciativas de “implementación comunitaria” que complementan este esfuerzo de paz.
2. La implementación del Acuerdo requiere de una narrativa estatal a favor de la materialización del Acuerdo de Paz, acciones y definición presupuestal clara, y el claro reconocimiento de sus enfoques étnico, de género, territorial y diferencial . La voluntad política referida al Acuerdo no puede continuar siendo ambigua y se necesita, por el contrario, que sea el reflejo de un compromiso serio y de buena fe que implique la asunción de un liderazgo del Gobierno Nacional expresado en un conjunto articulado de decisiones que garanticen el efectivo avance de lo acordado cumpliendo el marco normativo del acuerdo, generando las condiciones para el funcionamiento de las instancias.
3. Se requiere de la reactivación y/o fortalecimiento de las distintas instancias con planes de acción y recursos para el efectivo cumplimiento de sus mandatos en la implementación del Acuerdo. Entre ellas las que tienen representación de sociedad civil como: La Csivi, el Consejo Nacional de Reincorporación y otras con delegados de la FARC, Comisión Nacional de Garantías de Seguridad -CNGS – Instancia Especial de Mujeres para contribuir a garantizar la implementación del enfoque de género en el Acuerdo – Instancia Especial de Alto Nivel de los pueblos Étnicos – IEANPE- Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia – Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales – PDETs – PNIS – CIPRAT. Así mismo se deben fortalecer las instancias de verificación y seguimiento que cuentan con el apoyo internacional.
4. Es necesario qué desde el Estado se respete el espíritu y a la integralidad del Acuerdo de Paz. Para ello debe recordarse que este está construido sobre una serie de principios, enfoques y objetivos fundamentales que no pueden ser desconocidos bien sea por modificaciones a nivel normativo o por la
desnaturalización de los mecanismos en su desarrollo práctico. Así, la implementación de lo acordado debe hacerse desde una concepción integral y de buena fe, que asegure su materialización según el espíritu con el que fue concebido. Esto se debe traducir en la asignación efectiva, adecuada y oportuna de los recursos en los planes de inversión y gasto.
5. El liderazgo nacional para el cumplimiento del Acuerdo debe construir estrategias a nivel territorial que garanticen la implementación en lo local mediante el compromiso de las distintas administraciones públicas que se expresen en una mayor y mejor articulación en los distintos campos de acción.
6. Es imperativo que a la CSIVI le sea reconocido el papel central que desempeña en todo el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz y que en consecuencia se le otorgue la preponderancia que posee, en términos del Acuerdo, para la materialización del Plan Marco de Implementación y en general de todos los campos de acción derivados de lo acordado. Así mismo se requiere el adecuado funcionamiento del CNR garantizando lo concertado para el proceso de reincorporación económica y social de las/os ex integrantes de FARC –EP y los ETCR a nivel territorial.
7. Se requiere prioritariamente la implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz consistente en las garantías de seguridad para las comunidades. En específico, que se promueva el Pacto Político Nacional con mecanismos obligantes contra el uso de armas y la estigmatización en la política; que se asegure la regularidad de las sesiones de la CNGS de acuerdo al Decreto Ley 154 de 2017 y que se discuta la propuesta de lineamientos de política pública realizada desde la sociedad civil para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. A su vez, que se genere una metodología para que el funcionamiento de la CIPRAT permita la construcción de estrategias para reducir los riesgos evidenciados en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Igualmente, que se dé la puesta en marcha efectiva e integral del Decreto 660 de 2018 asignando a sus componentes el presupuesto necesario y las condiciones adecuadas para su funcionamiento que evidencien un liderazgo del Gobierno Nacional en el tema de garantías a personas defensoras de derechos humanos u líderes sociales.
8. Teniendo en cuenta el aumento reciente de las agresiones diferenciadas a las mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas sociales, debe cumplirse el Decreto 1314 de 2016 por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos y se implemente el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
9. Fortalecimiento de las medidas de género y de derechos de las mujeres en materia de reincorporación y garantías para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la oposición, a fin de asegurar mayores niveles de sostenibilidad en dichos procesos.
De igual manera, cumplir con la implementación de todas las medidas de género del Acuerdo de Paz con metas de calidad, que realmente permitan avanzar en igualdad real en cada uno de los puntos del acuerdo.
10 .La implementación del Acuerdo de Paz se debe cumplir en los términos establecidos en el mismo sin destruir su integralidad y en particular, fortalecer el Sistema Integral de VJRNoR para que desde un enfoque de género permita avanzar en el goce efectivo de los derechos de las mujeres en toda su diversidad, en particular de las víctimas, incluyendo las de violencia sexual.
11. El gobierno Colombiano debe dar pleno cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad como el mejor de los aportes a la paz en Colombia.
12. El Gobierno Nacional debe brindar garantías para la implementación y ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, garantizando qué en los territorios objeto del Programa no se realice erradicación forzada y se asegure el cumplimiento de los compromisos suscritos con las comunidades y ampliar los programas de sustitución voluntaria. Se llama así, a una voluntad para el cumplimiento de buena fe de los Acuerdos en el tema de Política de Drogas y Cultivos de Uso Ilícito.
13. Los PDET deben ser las hojas de ruta de los programas de desarrollo social en los territorios. Para ello se necesita que se otorgue el presupuesto y se brinden las garantías necesarias para la ejecución de los Programas en los términos del Acuerdo Final de Paz asegurando que las mismas se articulen y se prioricen con los demás planes de desarrollo.
14. El Gobierno Nacional debe realizar las gestiones necesarias incluso a nivel internacional para la realización efectiva del desminado humanitario que implique la participación de HUMANICEMOS DH para llevar a cabo su misión.
15. Dinamizar y articular el Componente Internacional de Verificación (CIV) de la CSIVI como mecanismo que propenda por el mejoramiento continuo de la implementación del acuerdo. Lo anterior incluye:la renovación del mandato de los Notables, la secretaria técnica de Cinep y Cerac, así como el apoyo técnico del Instituto Kroc. Refrendar el mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.Renovar y fortalecer el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH. Propiciar la plena articulación de las actividades de los componentes temáticos de acompañamiento internacional, mediante una instancia de integración de los mismos según criterios de CSIVI, según lo pactado en el AFP. Los informes del CIV deberán integrar los balances producidos por las demás instancias de implementación.
16. Proponemos que al cumplirse los 3 años de la firma del Acuerdo Final de Paz se realice un acto solemne con presencia de todas las instancias de implementación de dicho Acuerdo en el cual se presente al país y a la comunidad internacional el balance de lo realizado, las políticas públicas y planes diseñados y las actividades y metas a cumplir en el año 2020 para dar un salto adelante en el cumplimiento de lo pactado. En este acto a realizarse el 27 de noviembre de 2019 deberá invitarse al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a los gobiernos y representaciones diplomáticas que se han comprometido con la paz de Colombia con su acompañamiento en este periodo.
#AsiVaLaPaz
Bogotá D.C., septiembre 5 de 2019