Declaración final de la cuarta delegación del Monitoreo de Paz de Justice for Colombia
21 de febrero de 2020, Bogotá
La cuarta delegación internacional del Monitoreo de Paz de Justice for Colombia visitó Colombia entre el 16 y 21 de febrero del 2020 para seguir en su misión para observar la implementación del acuerdo de paz firmado en el 2016 y revisar la situación de derechos humanos en el país. Delegaciones anteriores del Monitoreo de Paz de Justice for Colombia visitaron a Colombia en el 2018 y 2019, presentando sus hallazgos a los parlamentos británicos e irlandeses.
La delegación fue compuesta por parlamentarios británicos, una senadora del Senado del estado español y líderes sindicales del Reino Unido, Irlanda, Italia y Dinamarca. Durante su visita, la delegación se reunió con:
- El Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio
- El liderazgo del partido político
- El jefe de la Misión de Verificación de la
- La directora de la JEP, la directora de la UBPD y representantes de la Comision de la
- Miembros del Congreso, representando varios partidos políticos de la oposición.
- Los Embajadores de los países garantes, Noruega y Cuba, además de la embajadora de Irlanda y el embajador del Reino
- Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de
- Sindicatos, organizaciones de Derechos humanos y personas lideresas de la sociedad
Además, la delegación viajó a Bajo Atrato en el norte de Chocó para reunirse con algunas comunidades afectadas por las actividades de grupos paramilitares. Fuimos a la Zona de Biodiversidad la Madre Unión, donde escuchamos sobre el terror generado en la región debido a la presencia de las AGC y la supuesta impunidad con la cual operan en la región. Escuchamos sobre el control social y económico por parte de los paramilitares, una percepción de inacción de la fuerza pública colombiana y el miedo de represalias o la obligación de huir de sus tierras.
Viajamos a Mutatá, Antioquia donde visitamos la comunidad de San José de León, compuesto por excombatientes de las FARC, quienes se han asentado por fuera de las zonas formales del ETCR. La comunidad juntó dinero para poder comprar tierra, construir casas y están en el proceso de activar un proyecto de piscicultura de propiedad colectiva. A pesar de los enormes retos, esta comunidad demostró el potencial del proceso de paz para generar esperanza y oportunidades en una región del país históricamente caracterizada por violencia y miseria.
Notamos la particular importancia del trabajo de las mujeres a favor de paz, sea por medio del comité de mujeres de la comunidad de San José de León, o durante nuestra reunión con representantes del congreso, donde escuchamos sobre los esfuerzos de las mujeres para adelantar la implementación del acuerdo.
La delegación se reunió con el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación y escuchó sobre las actividades del gobierno que han permitido algunos avances en el proceso de reincorporación para los y las excombatientes de las FARC y algunos avances en los PDETs, además de los acuerdos mutuos para la erradicación de miles de hectáreas de cultivos de coca. Respaldamos plenamente todas las actividades que contribuyen al avance del acuerdo de paz.
Reconocemos que la implementación del acuerdo de paz es un proceso de largo plazo, pero como fue manifestado durante visitas previas, la falta de progreso en ciertas áreas y la falta de respeto para el carácter integral del Acuerdo Final en su implementación sigue siendo alarmante. También escuchamos cuestionamientos amplios frente al compromiso del gobierno colombiano con el proceso de paz, en particular en relación con el presupuesto disponible al medio y largo plazo para implementar las varias medidas.
Hay una necesidad urgente para asegurar una implementación practica de las reformas rurales, incluidas en el primer punto del acuerdo, para arrancar con una transformación de las vidas y las posibilidades económicas en las zonas rurales de Colombia. Las comunidades rurales no han visto el nivel de transformación esperada a estas alturas de la implementación. De igual modo el compromiso con la entrega de tierras y la titulación de tierras para el campesinado está bastante atrasado. Es en estas comunidades rurales donde más se ha vivido la violencia y pobreza que viene de la desigualdad social, y es solo por medio de la transformación de estas zonas que se podrá sentir una paz verdadera.
El programa para la sustitución de los cultivos de uso ilícito también experimentará retos en su avance si no hay un progreso significativo en el capítulo de la reforma rural. A pesar de los avances positivos, con casi 100.000 familias comprometidas con la erradicación voluntaria de sus cultivos de coca, solo unas pocas han podido construir una alternativa que sea viable al nivel económico. Felicitamos estas familias que están participando en el programa. A pesar de los retos, escuchamos como solo un número muy pequeño regresaron a los cultivos de coca, confirmando que los acuerdos mutuos para la erradicación y sustitución de los cultivos es la mejor manera para responder al fenómeno de la siembra de coca.
La falta de avances en los puntos que se tratan de tierras y la reforma rural también genera graves problemas para la reincorporación de los excombatientes de las FARC. Entendemos que tan solo el 20% han recibido el financiamiento oficial para los proyectos productivos y económicos, y nuevamente escuchamos como la falta de acceso a la tierra es un obstáculo central. En los tres años desde la firma del acuerdo de paz y a pesar del infatigable compromiso con sus obligaciones, es alarmante que tan pocos excombatientes de las FARC hayan tenido acceso a proyectos productivos, una parte esencial del acuerdo que firmaron.
El tema de inseguridad sigue siendo uno de los retos más serios para el proceso de paz. El asesinato de los lideres sociales, incluyendo sindicalistas, está alcanzando niveles catastróficos y representa una preocupación prioritaria por parte de la delegación. En los tan solo 6 días que la delegación estuvo en Colombia, asesinaron a dos sindicalistas rurales de FENSUAGRO y un presidente regional del sindicato USO sobrevivió un atentado. También escuchamos directamente de FECODE sobre la violencia enfrentada por las personas que trabajan en el sector educativo. Según las Naciones Unidas, cerca de 170 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas en el 2019 y escuchamos como más de 180.
excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Estamos frente a una crisis de una magnitud extrema. Reiteramos el sentimiento ya expresado por muchas entidades, que la implementación plena del acuerdo de paz, incluyendo una participación total por parte del gobierno con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ofrece una oportunidad histórica para mejorar, de manera significativa, las vidas de las personas quienes siguen siendo las más afectadas por la violencia en Colombia. El hecho de que, un número significativo de los asesinatos ocurren dentro de los 170 municipios cubiertos por los PDET es una manifestación clara de la conexión entre la implementación plena del acuerdo de paz y una mejoría en la situación de derecho humanos y por ende otro recuerdo de la importancia del financiamiento completo de todos estos programas.
El Monitoreo de Paz de Justice for Colombia da su apoyo completo a los mecanismos de justicia transicional creados como parte del acuerdo de paz y admira los esfuerzos gigantescos e indispensables que llevan a cabo estas instituciones. Mientras hay limitaciones de lo que puedan lograr, los fallos y los informes que saldrán en los próximos meses ofrecerán una oportunidad de tomar pasos significativos hacia la reconciliación en Colombia – es esencial que el gobierno colombiano aproveche estas oportunidades.
Mas allá que la implementación del acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, consideramos fundamental para el futuro de paz que haya esfuerzos significativos para restablecer las conversaciones con el ELN.
El Monitoreo de Paz de Justice for Colombia destaca una vez más su agradecimiento a todas las personas quienes dieron su tiempo para reunirse con nosotros y reiteramos nuestro compromiso de apoyar a todas las personas trabajando para establecer la paz en Colombia – en particular con todas ellas quienes arriesgan su vida realizando este trabajo.
21 de febrero de 2020, Cuarta delegación del Monitoreo de Paz de Justice for Colombia
Clive Efford MP, Representante del Parlamento británico Neil Findlay MSP, Representante del Parlamento escoces
Lloyd Russell-Moyle MP, Representante del Parlamento británico Adelina Escandell Grases, Senadora del Senado del Estado español Gerry Murphy, Presidente, ICTU
Josie Bird, Presidenta, UNISON
David Frederick Kitchen, Presidente, NASUWT Douglas Bruce Chalmers, Presidente, UCU
Margaret Mary McKee, Presidenta Comité Internacional, UNISON Hans Abildgård Sorensen, Presidente Regional, 3F
Susan Quinn, Responsable de Educación, EIS Sergio Bassoli, Oficial Político, CGIL