Declaración de Madrid sobre los dialogos de paz en Colombia

Declaramos que ningún camino hacia la paz puede transitarse sin conocer la verdad, alcanzar justicia y reparar a las víctimas de los muchos crímenes contra la humanidad sufridos por el pueblo colombiano durante los años de conflicto. La impunidad de los responsables de esas graves ofensas contra la humanidad es incompatible con la resolución del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Las organizaciones de la sociedad civil que hemos impulsado este Encuentro, dedicadas a la cooperación al desarrollo, al ejercicio de la solidaridad entre los pueblos, a la defensa de los derechos humanos, saludamos el reciente inicio de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, para la búsqueda de una Paz definitiva y duradera que acabe con el conflicto social y armado interno que aflige a ese pueblo hermano desde hace 50 años.

Animamos a las partes beligerantes a conversar con valentía y responsabilidad, abordando en el proceso las causas profundas del conflicto armado: la inequidad y falta de justicia social, la masiva usurpación de la tierra a los campesinos y su acumulación por grandes propietarios, la falta de garantías democráticas para la población, la ignorancia -cuando no violación sistemática- de todos los derechos humanos y la impunidad de los victimarios.

Saludamos el importante papel jugado por la sociedad civil colombiana en la búsqueda de la paz y construcción de acuerdos humanitarios que la hagan posible, sin cuyo trabajo e impulso no se habría llegado a este momento de dialogo, tarea en la que demasiadas veces las organizaciones y movimientos sociales han tenido que vencer incomprensiones e injustas descalificaciones así como la criminalización de sus anhelos de paz.

Pedimos la apertura de una Agenda Social en las conversaciones, en cuya discusión pudieran intervenir las organizaciones sociales colombianas, que tanto han padecido el conflicto y sus causas.

Llamamos a todos los actuales beligerantes en el conflicto armado interno -Estado, FARC y ELN- a construir un sólido y eficaz proceso de búsqueda de la paz, incorporando a la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) al proceso conversatorio.

Compartimos los principios establecidos por el Gobierno de Colombia en este proceso de búsqueda de paz respecto a “No cometer errores del pasado”, y a que “cualquier proceso tenga que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación”.
Solicitamos a las partes negociadoras que avancen urgentemente en el fin de las hostilidades mientras se adelantan las conversaciones de paz, con el fin de cesar los padecimientos de la población civil afectada por el conflicto.

Entendemos imprescindible para que avance el proceso de negociación, alcanzar un Cese al fuego y de las hostilidades y subsidiariamente un Acuerdo Especial basado en el derecho humanitario. El Acuerdo Especial humanitario, conforme contemplan los convenios sobre ius in bellum, hará prevalecer el entendimiento sin que nada amenace el proceso de terminación del conflicto y la consecución de la paz, además de resultar para las partes beligerantes una obligación respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección e integridad de los civiles que habitan los territorios en conflicto armado.

Pedimos tomar en cuenta que mientras esté activo el conflicto armado, quien más lo sufre es la población civil.

Constamos que desde el pasado mes de septiembre numerosas comunidades indígenas, negras y mestizas habitantes en zonas de conflicto se han dirigido a los beligerantes solicitando de forma apremiante que se pactara un Cese Bilateral de hostilidades. En los dos meses y medio transcurridos desde el anuncio de las conversaciones, estas mismas comunidades han sido afectadas en su vida, en su integridad, en sus bienes, por ataques indiscriminados con ametrallamientos y bombardeos, por amenazas, presiones, daños a bienes de supervivencia; algunos civiles han muerto o han quedado heridos. A esa solicitud se han ido sumando más y más familias y comunidades que padecen las graves infracciones al derecho humanitario y en general los efectos del conflicto armado.

Mantenemos que el hecho de que las FARC-EP y el ELN manifiesten su disposición a la aplicación del derecho humanitario abre la posibilidad de un Acuerdo Especial que, acordado bilateralmente con el Gobierno, representará un avance en la confianza requerida para llegar a un feliz término del conflicto.

Invitamos por ello al Gobierno colombiano a aceptar el Cese de Hostilidades y un Acuerdo Especial, medidas que serían un paso trascendental en la protección preventiva y humanitaria, preludio de la paz que deberá sobrevenir. Aun en el caso de que el Gobierno de Colombia persista en no aceptar como hasta ahora el cese de las hostilidades continuando así las partes su actividad armada, solicitamos se aborde al menos un Acuerdo Especial de humanización del conflicto, pues hasta ahora la debida aplicación general protectora del Artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo II adicional de 1977 no han sido suficientes para acabar con la barbarie del conflicto.

Urgimos un tratamiento conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos para las prisioneras y prisioneros por causas políticas, opinión o a causa del conflicto armado que actualmente soportan condiciones de reclusión en las cárceles colombianas absolutamente contrarias a las normas internacionales aplicables a las personas privadas de libertad.

Convencidos de que el éxito de cualquier proceso de paz dependerá también de la capacidad del Gobierno de Colombia para generar las mínimas garantías políticas que en democracia deben tener la oposición, pedimos el cese de la estigmatización a la protesta social y de su señalamiento como “terroristas”, acompañado del establecimiento de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.

Declaramos que ningún camino hacia la paz puede transitarse sin conocer la verdad, alcanzar justicia y reparar a las víctimas de los muchos crímenes contra la humanidad sufridos por el pueblo colombiano durante los años de conflicto. La impunidad de los responsables de esas graves ofensas contra la humanidad es incompatible con la resolución del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Nos referimos a aquellos crímenes respecto a los cuales, según los principios del derecho internacional aplicable por las naciones civilizadas, no cabe amnistía ni indulto, ni les alcanza la prescripción, por tratarse de crímenes que ofenden a la humanidad en su conjunto.

Entendemos esencial la participación en este proceso del exilio colombiano, los desplazados, refugiados y asilados que han tenido que abandonar su hogar primero y su país después ante las persecuciones sufridas y el riesgo cierto sobre su vida y su integridad o a sobre la de sus allegados. La Paz en Colombia debe significar el fin de la persecución y del temor a sufrir esta. Resulta por tanto de justicia que esta realidad se contemple en cualquier mesa de conversaciones y que igualmente los representantes del exilio colombiano puedan formar parte activa de este ilusionante proceso que ahora se abre.

Ponemos de manifiesto la grave injerencia que en España han supuesto las actuaciones ilícitas de las autoridades colombianas contra refugiados colombianos, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, delitos que de forma sistemática se han venido ejecutando en nuestro país, y en Europa, por funcionarios públicos colombianos. Entre 2005 y 2012 al menos España y Bélgica fueron “chuzadas” por la fuerza policial dependiente de la Presidencia de la República de Colombia, el DAS, que recientemente fue declarada organización ilegal por los tribunales colombianos y disuelta por el actual Presidente, Dr. Juan Manuel Santos.

Constatamos que interceptaciones de comunicaciones, seguimientos, coacciones y difamaciones contra exiliados y defensores de derechos humanos se han realizado impunemente y durante años en toda España ante la sorprendente inacción de las autoridades y fuerzas de seguridad españolas.

Denunciamos que esta estrategia de criminalización y descalificación llevada adelante por la Fiscalía colombiana, dirigiendo acusaciones de graves delitos a exiliados y defensores de derechos humanos por motivos políticos, provocó distintas investigaciones en la Audiencia Nacional española, todas ellas archivadas a fecha de hoy por la justicia pero que han supuesto un daño irreparable para las víctimas de las falsas acusaciones, tras haber sido estigmatizadas al difundirse en los medios todo tipo de acusaciones de graves delitos contra ellas, sin que posteriormente fueran desmentidas al ser sobreseídas las causas.

Llamamos a la Unión Europea y a los países que la conforman, en especial a los que en otros procesos de paz han participado como países acompañantes, garantes o amigos, a que recapaciten y re formulen las erróneas políticas que en los últimos años, en especial desde el año 2002, han llevado adelante respecto al conflicto armado colombiano. La criminalización del conflicto y de las organizaciones insurgentes por parte de la UE y de la mayoría de países que la integran, la reducción analítica del complejo conflicto político colombiano a un simple problema de orden publico y terrorismo -con la inclusión de las organizaciones rebeldes beligerantes en las “listas” de organizaciones terroristas de la UE y la judicialización de distintos activistas de la solidaridad con Colombia españoles y de otros países europeos-, han sido la causa de la perdida de la UE de su papel de mediadora y la consiguiente exclusión de la UE y los países que la integran de los mecanismos políticos y diplomáticos de acompañamiento y facilitación del proceso que ahora se abre.

Lamentamos esta situación, que ha supuesto un estrepitoso fracaso político y diplomático, considerando que en la totalidad de los procesos de negociación de paz habidos en Colombia desde el inicio del actual conflicto armado interno bien la Unión Europea o bien los países que la conforman -en especial España- habían jugado un papel diplomático determinante en la puesta en marcha de los mismos, papel que de momento vemos no van a poder tener.

Entendemos esencial, para la consolidación de una paz que ahora puede ser alcanzada en la mesa de conversaciones, la aplicación de medidas efectivas para la reincorporación a la vida civil y política de los alzados en armas y a las personas que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto, a través de la amnistía de los delitos políticos y conexos cometidos a consecuencia del conflicto, medida expresamente establecida en el Derecho de Ginebra para la finalización de los conflictos armados internos

Alentamos los gestos de reconciliación entre las partes que se han enfrentado en el conflicto, queriendo contribuir así a restablecer el curso normal de la vida en un pueblo que ha estado dividido.

Madrid, 13 de Noviembre de 2012

• MOVICE (Movimiento de víctimas de Crímenes de Estado en Colombia- capitulo Madrid)
• Comisión Ética (representada por la Comunidad Sto Tomas de Aquino)
• Asociación de Solidaridad con Colombia ASOC-KATIO
• XXI Solidario
• Plataforma Justicia por Colombia (CEAR; Paz con Dignidad, IEPALA, MUNDUBAT; Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité Oscar Romero de Madrid)