Declaración de los Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada ante la Audiencia Regional de Bogotá

Mas de 50 familiares de víctimas de desapariciones forzadas de Bogotá,Cundinamarca, El Meta, Guaviare, Casanare y Huila expusieron la situación de sus familiares desaparecidos y la ausencia de decisiones relacionadas con el paradero y el destino de sus seres queridos y estado de impunidad en que se encuentran.

Las víctimas expusieron ante los funcionarios estatales de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, el Instituto de Medicina Legal, entidades con responsabilidad de llevar a cabo las funciones de la Comisión de Búsqueda y de rendir cuentas por el cumplimiento de estas obligaciones, sus demandas y exigencias, pues perciben que hasta el momento la Comisión no ha producido los resultados esperados para dar con el paradero de los desaparecidos y para promover el impulso de las investigaciones.

En particular, las víctimas demandaron que con respecto a la búsqueda, se deben elaborar planes regionales de búsqueda, pues el Plan de Búsqueda no está funcionando.

Denuncian la practica ineficacia de las medidas tomadas por las distintas unidades de la Fiscalía para que el mecanismo de búsqueda permita rescatar y encontrar con vida a las personas que han sido objeto de desaparición. Denuncian que Hay fallas y omisiones para buscar vivos, y fallas de control de la procuraduría para superar estas omisiones.

Deploran que hay fallas en la entrega de los restos, que en muchas ocasiones se hace de manera indigna. Se continúan haciendo entregas en bolsas y cajas de cartón, sin mayor información sobre como se llevó a cabo el proceso de búsqueda. Ejemplo reciente de ello fue la Entrega en el caso de Ana Rosa Castiblanco, en una caja de cartón, sin información sobre lo sucedido a su hijo (pues fue desaparecida estando embarazada), y entregando sus restos mezclados con partes de otra persona. Las Entregas se hacen sin certificaciones de ADN, por lo que las víctimas tienen dudas de la verdadera identidad de los restos entregados. En muchas ocasiones durante la entrega, sobre todo cuando se hacen entregas colectivas, no se informan cuales fueron las diligencia para la búsqueda de las personas, ni materiales adicionales que permitan dar certeza de identificación. Plantean que las entregas colectivas no están permitiendo oportunidades para una adecuada información y asistencia digna a las víctimas, y debe ser revaluado como mecanismo de entrega.

Las víctimas denuncias que en el procedimiento de entrega no se respeta la voluntad ni el consentimiento de las víctimas, sino que existe una adhesión irracional a los procedimientos establecidos. La Fiscalía dice que esos son los procedimientos establecidos y recomendados por psicólogos y no pueden variarse.

En casos significativos como los de los desaparecidos del Palacio de Justicia, no han desarrollado un proceso de investigación diligente que permita ubicar e identificar de manera definitiva a las personas desaparecidas.

Expresan que las entidades estatales de la Comisión de Búsqueda, con respecto a la rendición de cuentas sobre eficacia del mecanismo de búsqueda debe enfocarse en el número de personas que fueron encontradas vivas, y no el número de denuncias de casos que piden que este mecanismo pueda ser activado. El caso de Guillermo Rivera demuestra que este mecanismo no ha sido eficaz y actuaciones negligentes que impidieron encontrarlo vivo, a pesar de las informaciones y evidencias disponibles.

La actualización de la página web del SIRDEC no permite dar información a las víctimas puesto que lleva mas de 4 años sin ser actualizada. La pagina de la Comisión Nacional de Búsqueda tampoco da cuenta del resultado de sus labores en la búsqueda y en la investigación de los casos de desaparición, vulnerando el derecho de los familiares a ser debidamente informados. En este aspecto, la Comisión no está cumpliendo su labor.

Es lamentable que las labores investigativas de las desapariciones forzadas se suspendan con la aparición de los restos del desaparecido, como si esto hiciera desaparecer el delito. En la mayor parte de los casos las investigaciones se siguen solo por homicidio, pero ni la desaparición ni las torturas son investigadas.

Es lamentable que la exhumaciones se demoran años, después de localizados los restos, por problemas burocráticos y disputas de competencias al interior de la Fiscalía.

La carga de la prueba sobre el destino de los desaparecidos recae la mayor parte de las veces sobre los propios familiares y cuando se encuentran en fosas comunes, es lamentable que la Fiscalía exprese no tener los mecanismos o recursos para la exhumación, identificación y entrega digna.

Han sido muy escasos los casos en los cuales los organismos judiciales han podido identificar a los autores de estos delitos, a pesar de evidencias de participación de agentes estatales o paramilitares que obraron en complicidad con ellos y de las evidencias entregadas por los familiares.

Desafortunadamente la mayor parte de los Fiscales siguen considerando que las desapariciones forzadas perpetradas antes del 2000 se consideran casos de secuestro simple y no se investigan como casos de desaparición forzadas desatendiendo al carácter de crimen imprescriptible y de lesa humanidad de este delito.

Mas del 50% de los restos encontrados en fosas comunes, que se encuentran en bóvedas o Medicina Legal llevan ya muchos años esperando la actividad de las entidades estatales para su identificación.

Expresa la Fiscalía que no puede acceder con el Grupo de Exhumaciones por l inseguridad en la mayor parte de las regiones en donde se encuentran los desaparecidos por el dominio de los grupos ilegales. La respuesta de siempre es que ellos canalizarán todas las inquietudes para que los funcionarios encargados se enteren del caso.

Para los familiares es decepcionante escuchar que los casos no avanzan por las mismas eternas razones, que no tienen recursos, que no hay investigadores, que la carga de trabajo es inmensa.

Las víctimas agradecen la presencia y las informaciones de varios de los fiscales que llevan varios de los casos para los cuales se solicitó información. Algunos avances e informes han sido importantes para los familiares, y por eso, consideran que una nueva audiencia con los jefes y directores de las instituciones estatales para conocer las políticas y medidas para enfrentar la impunidad y la falta de vinculación de altos responsables de los casos de desaparición forzada.

Es importante conocer las decisiones que estarían por conocerse en varios de los casos, y los familiares esperan que esto se traduzca en medidas efectivas para encontrar a sus seres queridos y proceder sobre los autores, especialmente sobre aquellos que tienen las máximas responsables. Sin embargo, un numero

importante de víctimas expresan que no recibieron ninguna información sobre sus casos, o que la información que les fue entregada denota que en muchos casos los fiscales ni siquiera están enterados de cómo sucedieron los hechos.

Las víctimas expresan que muchos de sus casos ni siquiera fueron mencionados en esta audiencia. Solo en mas o menos un 20% de los casos recibieron algún tipo de respuesta.

Frente a algunos casos la Fiscalía informa que algunos restos se les han tomado muestras de ADN pero siguen reposando para análisis en Medicina Legal. Dicen que el apoyo internacional para la entrega ya no está este año, y solo tienen el apoyo de la UARIV pero hay trámites complicados para la entrega.

Expresan que La Fiscalía no tiene los recursos para el pago del auxilio funerario y los gastos que demanda una entrega digna, y no depende de ellos. Dice que la Fiscalía tiene muchas dificultades para realizar todas las gestiones requeridas de manera oportuna.

Los fiscales de Justicia Transcional según dice la Fiscalía, se basan en los hechos que los paramilitares aceptan o los que ellos confiesan. Ya llevan 30 sentencias de Justicia y Paz (hoy justicia transcional). También hay una unidad de bienes que es central para los procesos de reparación de víctimas. Investigan a partir de la información que les dan los postulados. Si ellos faltan a la verdad, la Fiscalía puede excluirlos de los beneficios. Explica que en el Caso de María Cristina Cobo Mahecha ya habrá próximamente audiencia concentrada entre los cuales se hará imputación por ese caso.

El Fiscal del Caso Soacha, expresa que es un compromiso de la Fiscalía completar la entrega integra del cadáver de su hijo. Dificultades, están sin embargo en que Cada fiscal tiene solo 2 o tres investigadores, y además hay un abuso del derecho por parte de las defensas de los militares implicados en los casos de Soacha, pues alegan que no pueden acudir a las audiencias de los otros casos pues son los defensores del caso que ocupa todo el tiempo en audiencias.

Los familiares declaran que ya han escuchado muchas veces que los casos vuelven al punto de inicio por el cambio permanente de fiscales encargados o con el argumento del cambio en las metodologías investigativas que cada vez prometen que la nueva metodología si sería eficaz hacia el futuro. Al parecer la Fiscalía no tiene una metodología para investigar los casos de desaparición cuando están involucrados miembros de los cuerpos de seguridad.

Solicitan la realización de una próxima audiencia con las cabezas de las instituciones estatales que integran la Comisión de Búsqueda, porque a pesar de la buena voluntad y el compromiso de muchos fiscales, no se percibe una estrategia efectiva de combate a la impunidad en los casos de desaparición forzada. Esta exigencia es enfática y reiterativa por parte de los familiares, ya que no conocen hasta ahora que las investigaciones se hayan de verdad enfocado, con resultados ciertos en quienes han sido los autores con máxima responsabilidad en los miles de casos de este delito.

Los familiares de víctimas de desaparición forzada rechazaron abiertamente la actitud de la Procuraduría de omitir las investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, que ha llevado a que la vía disciplinaria no haya servido en absoluto para aclarar la verdad sobre los casos de desapariciones forzadas, ni a sancionar a los autores, y que en todos los informes presentados por el Procurador solo se refiera a los 2.700 casos de presunta responsabilidad de la guerrilla, guardando cómplice silencio sobre los miles de caso de desaparición de
responsabilidad de agentes estatales. A pesar de que el delegado de la Procuraduría informa que en el caso Soacha hay 11 investigaciones y en otros casos hay 60 casos. Sin embargo, no informa nada de las decisiones adoptadas ni el estado de los procesos.

Finalmente, los familiares lamentan que muchos de los fiscales que llevan los casos para los cuales se solicitó previamente su información no hayan comparecido.

La delegada de la Fiscalía informa que trae respuesta escrita de algunos de esos casos. No obstante, las víctimas denuncian que hay practicas en la fiscalía que estigmatizan las víctimas y que enfocan los casos en investigar a las víctimas en vez de investigar a los autores de la desaparición. Ante esto, muchas víctimas se declararon decepcionadas con los resultados presentados por las entidades estatales, pues desde la audiencia de hace un año a esta parte no tienen para mostrar ningún avance, y quedan convencidas que la investigación y búsqueda de los desaparecidos no tiene ningún nivel de prioridad en las entidades investigativas y de control por el Estado Colombiano.