Declaración Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta sobre la situación que se presenta con las comunidades campesinas de los Parques Nacionales Naturales de Tinigua, Los Picachos y Serranía de la Macarena
El COMITÉ CÍVICO POR LOS DERECHOS HUMANOS DEL META, CCDHM, denuncia la agresión de la que han sido víctimas las comunidades campesinas que desde hace décadas han ocupado parcelas en los Parques Nacionales Naturales de Tinigua, Los Picachos y La Macarena. La intervención realizada por la Fuerza Pública desde el pasado 20 de febrero del presente año, ha causado graves afectaciones a los derechos humanos, especialmente de niños, niñas y población mayor. Del mismo modo, resultaron destruidas viviendas, bienes y cultivos de pan coger. En el desarrollo de los operativos también fueron detenidas varias personas, entre ellas menores de edad, y la comunidad retuvo a dos integrantes de la Fuerza Pública. En fin, la situación es realmente grave, se vive una fuerte tensión y todo ello configura una grave crisis humanitaria y de derechos humanos que es necesario atender de inmediato, al tiempo que se generó un incendio cuyas causas aún están por establecerse.
Frente a esta situación, el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, declara:
1. Es urgente y necesario respetar y garantizar los derechos humanos integrales de las comunidades asentadas desde hace décadas es esta zona, en especial el debido proceso, dado que la Fuerza Pública ha ingresado a viviendas y ha detenido a personas, muchas de ellas menores de edad cuyos derechos por el contrario son prevalentes, sin las respectivas órdenes judiciales, lo que constata una grave irregularidad y un evidente uso desmedido de la fuerza.
2. La solución a los asentamientos campesinos dentro de las áreas de los parques Nacionales Naturales de Tinigua, Los Picachos y La Macarena no puede ser de tipo militar y de orden público. Estas comunidades habitan en estas zonas precisamente porque la persecución y la violencia los desplazó de sus regiones de origen. Estas comunidades son ante todo víctimas de la violencia, del conflicto y del abandono estatal. En tal sentido y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no pueden ser desalojadas sin que el Estado les garantice alternativas de vida digna y para ello debe avanzarse un proceso de diálogo y concertación en aras de hallar salidas plausibles.
3. Consideramos que el Estado y sus autoridades tienen una manera bien particular de entender y tratar esta problemática, pues mientras se ensañan contra las comunidades y se les aplica toda la fuerza sin medir consecuencias ni observar los derechos humanos, contra las grandes organizaciones criminales que destruyen la selva, los bosques naturales, la biodiversidad, el agua y el patrimonio natural a gran escala, no se hace nada. Por el contrario, parecieran recibir apoyo en su intento por praderizar y potrerizar la Amazonía y la Orinoquía. Pero además, no son pocas las licencias que se han expedido para emprender proyectos de exploración y explotación minera y petrolera al interior de estos parques. Esto genera muchos interrogantes porque pareciera que lo que sobra es la gente, lo que molesta es que haya comunidades en la zona.
4. Nos asiste total certeza en torno a que esta problemática no se va a resolver con el uso de la Fuerza y mucho menos desde una perspectiva militar. La solución a esta problemática y a la necesidad de conservar, preservar, restaurar y cuidar los pocos santuarios naturales que aún nos quedan, pasa por una concertación sincera con las comunidades, llegar a acuerdos con el compromiso de que se cumplan y se respeten. La preservación del medio ambiente también pasa por solucionar los problemas y los sufrimientos de los excluidos, pues como lo expresa el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Sí, “… no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convier¬te siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”.
5. Es claro que las comunidades campesinas que históricamente han establecido una interacción creativa con el medio ambiente no son las responsables de la destrucción de la selva y de los bosques naturales que a gran escala hoy se presenta, ellos incluso podrían ser aliados para su cuidado y preservación. Por ello insistimos en la necesidad de emprender un proceso de diálogo para encontrar una solución definitiva a esta problemática, la que además de ambiental es también social y de abandono estatal.
6. Llamamos a encontrar una salida al tema de las detenciones de integrantes de las comunidades campesinas y a la retención de los integrantes de la Fuerza Pública. Alentamos la constitución de una comisión humanitaria que se ocupe del tema.
El Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, CCDHM, compromete su esfuerzo y llama a la Comunidad Nacional e Internacional para avanzar en una solución integral a esta problemática que involucra la garantía efectiva para los derechos humanos integrales de estas comunidades y el cuidado y preservación del patrimonio hídrico, natural y de biodiversidad que hace de la región un verdadero santuario natural.
Villavicencio, Meta, Febrero 23 de 2020