¿De qué se jacta el Estado colombiano, cuando dice que ha esclarecido el homicidio de Rogelio Martínez Mercado?
Rogelio Martínez fue asesinado el 18 de mayo de 2010, cuando se dirigía en un moto taxi hacía la finca “La Alemania”, convertida en base paramilitar por el conocido alias “Cadena”, luego de las operaciones de desplazamiento forzados, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas a pobladores de San Onofre, Sucre, entre 1996 y 2005…
Rogelio, uno de los líderes de esta asociación, sin ningún apoyo oficial, juntos con otra familias, regresaron a la finca “La Alemania”, en 2007. Su propósito rehacer la vida, su relación con 556 hectáreas de tierra tituladas por el INCORA y a reactivar los sueños de 57 familas, que habían creado, antes de las operaciones paramilitares con lo que llamaron Empresa Comunitaria “La Alemania”.
Hoy menos de dos años después de su asesinato, instancias gubernamentales de Santos y medios de información quieren presentar la sentencia como el gran logró y la expresión de la clara voluntad del Estado de enfrentar a quienes se oponen a la restitución de tierras. Hoy con el paso del tiempo, quieren hacer olvidar que no hay restitución cierta de la Finca “La Alemania”, que allí regresaron sin mediación institucional ni respuesta del Estado en esta materia. Estas familias han exigido al Estado la condonación de la deuda, la intervención ante el sistema bancario ante el cual no han podido abonar a una deudad por que todo el proyecto comunitario se vino a pique con las operaciones paramilitares, el saqueo de bienes, de semovientes, sin poder de esa manera saldar los empréstitos. De nada de eso habla el Estado, de eso guarda silencio u omite referirse cobijado en medios de información que no investigan, que desinforman.
Pero detrás de tantas expresiones se legitima un circulo de impunidad politica, social, juridica y mediática. Efectivamente, desde el comienzo la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación judicial orientada a determinar la responsabilidad individual del ahora condenado Mario de Ávila Díaz en dicho homicidio, y de acuerdo con el fallo de segunda instancia lo hizo con “éxito”. Sin embargo, se dejaron de lado practicas de pruebas tendientes a enfrentrar la totalidad de la estructura ejecutora, se negó a investigar la estructura beneficieria y la responsabilidad por acción y por omisión del Estado en el asesinato y el desconocimiento de todo lo que ha significado la lucha de Rogelio y su familia desde antes de 1996.
Las pruebas presentadas por la fiscalía, consistían principalmente en unas grabaciones en las que se podía escuchar la planeación del crimen en contra de Rogelio Martínez, así como de otros que se perpetuaron en la zona, y la forma en la que este se desarrolló y en conversaciones posteriores que daban cuenta del parte positivo con la realización del asesinato.
Para el juzgado 10 penal del circuito especializado, ni esto, ni los testimonios presentados en el juicio tenían la entidad de desvirtuar el principio de presunción de inocencia, ya que según este en ningún momento se individualizo la responsabilidad del señor Mario de Ávila, integrante de una estructura paramilitar. Por el contrario, la sala penal del Tribunal superior de Bogotá, al analizar las mismas pruebas concluyó que es clara su participación, emitiendo un fallo condenatorio.
Pero ¿es realmente este fallo ejemplarizante y esperanzador?, ¿Podemos concluir por esta decisión que existe un actuar estatal orientado a perseguir los crímenes relacionados con el despojo de la tierra en Colombia? La respuesta es clara NO.
Rogelio Martínez Mercado fue asesinado por Mario de Ávila Díaz, de eso no nos queda duda. Junto con Ávila, había al menos 5 personas más, quienes cuentan con órdenes de captura en su contra, pero sin que se haya adelantado investigación rigurosa eficaz con el fin de determinar su responsabilidad.
El Tribunal de Bogotá reconoció en su decisión la relación existente entre el homicidio y el trabajo de Rogelio como líder comunitario que promovía el retorno a la tierra despojada por las estructuras paramilitares. Este elemento fue apenas tangencial en la teoría del caso, no fue suficientemente profundizado en la alegación de la Fiscalía General de la Nación, quien incluso, erronamente, definió a Rogelio como sindicalista, desconociendo su papel de lider, defensor de derechos humanos y omitió relacionar este asesinato con un tipo penal de sistematicidad.
Es entonces evidente, como brillan por su ausencia en este proceso elementos esenciales encaminados a desmantelar la estructura paramilitar que perpetró el homicidio, no hay tampoco avances en identificar los verdaderos móviles e intereses que ocasionaron este homicidio, estructuras ordenadoras y beneficiarias, las cuales siguen actuando en la región amedrentando a quienes buscan recuperar la tierra y definir el uso de la tierra como la luchó Rogelio Martínez en defensa de la tierra.
Finalmente, aún falta evidenciar la responsabilidad de los agentes estatales, quienes a pesar de las múltiples denuncias hechas por la víctima y sus familiares, respecto de las amenazas y persecuciones de las que eran víctimas, nunca actuaron de forma contundente. Su clara omisión y la tolerencia dejaron en abandono a este líder quién pago con su vida el trabajo que adelantaba por recuperar su tierra, y esto, a pesar de contar con las medidas de protección otorgadas del Ministerio del Interior, que son como un canto a la bandera.
No puede considerarse este un triunfo del Estado colombiano en la defensa de las víctimas, no solamente es su deber en esta caso y en 60 más reportados por diversas organizaciones. Este homicidio perpetrado a pesar de tener un condenado, que se encuentra prófugo, sigue estando en la impunidad,. El Estado continúa siendo deficitario de la responsabilidad de desmantelar las estructuras y los intereses inconfesables detrás de este homicidio, y la de identificar, a sus propios funcionarios responsables ya sea por acción o por omisión, pues para nadie es un secreto que en Sucre, en San Onofre, el paramilitarismo continúa operando gracias a la gran interacción con la fuerza pública, a los intereses de politicos regionales y de sectores económicos que desean imponer agroengocios y operaciones extractivas en la región. Investigación, valga la pena indicar que, ni siquiera se toma la molestia, de investigar las ineficaces respuestas institucionales y los incumplimientos en el deber de protección del Estado a favor de Rogelio
Hoy día nacional de las víctimas una nueva afrenta del Estado a las familias y las victimas del despojo. Un precario resultado investigativo y sancionatario, es mostrado como el gran éxito de enfrentamiento a la impunidad y a las estructuras que se oponen a la restitución, cuando es solo una parafernalia que asegura la imagen de algo que no es restitución. Mucho más, cuando ha sido el valor de las familias y sus sobrevivientes en la finca “La Alemania”, las que se han atrevido a riesgo de sus vidas profanar la sacro santa institución del paramilitarismo.
Escuchar entrevista a Astrid Torres, abogada de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz http://www2.contagioradio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3246:justicia-se-queda-corta-en-fallo-por-asesinato-de-lider-rogelio-martinez-en-san-onofre&catid=8&Itemid=2
Bogotá, D.C. Abril 9 de 2012
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ