De negación en negación
Marchamos con paso firme hacia una nueva derrota jurídica internacional. El cambio de defensa sobre el caso del Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo nos garantiza un fracaso, sino que también nos convierte en un hazmerreír de la comunidad global de derechos humanos.
Antes de este exabrupto, se esperaba una sentencia condenatoria temperada por el reconocimiento del esfuerzo estatal en el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia. El Estado tenía muchos avances para mostrar. Pero este equipo de defensa será responsable de que el Gobierno de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sea avergonzado por un tribunal internacional nada menos que por darle la espalda a la verdad.
Grave fue la voltereta jurídica que se hizo para negar lo innegable, pero peor aún resultó el momento en que se dio. La defensa eligió el alegato final, incluso después de finalizadas las audiencias verbales. Queda en evidencia la improvisación.
La nueva estrategia jurídica puso una defensa a rajatabla de los militares por encima de los intereses del país. ¿De qué se trata si no de satisfacer las demandas de los uniformados? Nos queda la esperanza de que la negación de hechos probados no contara con la aprobación del Presidente.
La defensa no tuvo problema en echar a la hoguera el trabajo de la Comisión de la Verdad y parece no haber siquiera medido las consecuencias de poner en tela de juicio a la rama judicial colombiana en la arena internacional. No debería habernos tomado por sorpresa: algo similar sucedió con la posición del Estado en el proceso de Santo Domingo.
En el frente jurídico de La Haya, las presiones políticas tampoco dejan pensar con claridad. No se debería enfrascar el Gobierno en identificar culpables ni postergar el cumplimiento de un fallo inapelable, sino en resolver problemas concretos para los sanandresanos.
Los buques militares de Nicaragua patrullan las aguas de explotación económica exclusiva de su país y prohíben la pesca a los colombianos. Es verdad que el presidente Ortega les había prometido toda tranquilidad, pero no a cambio de nada. Como era de esperarse, el gobierno nicaragüense insiste en la implementación de la sentencia cuanto antes. Hasta Aury Guerrero, gobernadora de San Andrés, pide negociación con Nicaragua de inmediato. “No le demos más largas al asunto”, afirmó.
Todo indica que deberá esperar bastante. Recién en mayo una firma internacional nos mostrará las acciones legales por seguir. Hace unos días, Robert Volterra, su socio principal, estuvo en San Andrés. “Es muy importante para mí conocer esto de primera mano, frente a frente, persona a persona”, dijo el abogado.
Seamos claros: por experimentadísimos que sean los abogados, por conocedores que resulten del derecho del mar y por familiarizados que estén con la problemática sanandresana, ellos no podrán inventar recursos jurídicos inexistentes.
La revisión fue descartada hasta por la misma Canciller, cuando reconoció que no existe un hecho nuevo para mostrar. Cabe recordar, además, que, en materia de disputas territoriales y marítimas, la Corte Internacional de Justicia no ha aceptado ningún recurso de revisión.
En cuanto a la interpretación, las solicitudes deben cursar una fase de admisibilidad para demostrar un desacuerdo en la interpretación del fallo, la necesidad de aclaración y la intención de no abusar de la vía jurídica para posponer el cumplimiento. Pocas son aceptadas.
Seguimos negando la realidad de la pérdida. De nada sirve construir falsas expectativas: no ayuda a los pescadores, ni a San Andrés, ni a Colombia, ni contribuye al entendimiento regional.
De negación en negación, nos vamos alejando del respeto a la legalidad internacional.
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