De militares, trafico de drogas: la palma y el ganado
La Fiscalía General de la Nación tiene todos los elementos en mano. La detención reciente del General (r) PAUSELINO LATORRE coloca nuevamente a la luz pública el entramado Ejército- paramilitarismo-narcotráfico-aparato de justicia; a pesar de que el sábado un Juez de Garantías consideró que no hay pruebas suficientes aportadas por la Fiscalía para la detención del ex General y su familiar ex integrante de la Fiscalía General, el ente investigador considera que hay elementos probatorios suficientes para que este ex militar y su pariente continúen vinculados a la investigación. El caso muestra las falencias del nuevo sistema acusatorio cuando se trata de pesos pesados. Por evidentes montajes líderes de organizaciones sociales son privados de su libertad, y hoy continúan allí a que el sentido común, como parte de la sana lógica, inspire la posibilidad de la libertad con garantías
Según un investigador de la Fiscalía, citado en el artículo de El Tiempo del 25 de enero de 2008, “se ha establecido que (el General (r) Pauselino Latorre) sirvió para el lavado de más de 2 mil millones de pesos que salieron de los negocios del narcotráfico”. Ahora, “Las autoridades buscan establecer desde cuándo el general, quien estuvo también como comandante en Cali y la Brigada 17, con sede en Carepa (Antioquia), tendría vínculos con la organización”.
Hace un mes, el 23 de diciembre de 2007, el mismo Fiscal General había anunciado la indagatoria de 23 empresarios palmeros en la comisión de graves delitos como son los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente, en las comunidades afrodescendientes y mestizas del Curvaradó, Chocó. De acuerdo con la información suministrada por el periódico El Tiempo, la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996. En similares términos en el artículo titulado el “Dossier de los palmeros”, el semanario El Espectador se refiere a este mismo caso.
Sin embargo, hasta ahora ni las indagatorias de los 23 vinculados se ha realizado, ni la Fiscalía General de la Nación ha establecido la relación entre el lavado de activos que se presume se ha realizado a través de la empresa Urapalma y la Extractora Bajirá S.A. El lavado de activos en el agronegocio de la palma y la ganadería extensiva fue manifestado al diario El Tiempo por el Comandante Doble Cero, Bloque Metro, quién posteriormente a esta y otras denuncias, fue asesinado en Santa Marta.
Posteriormente se conoció que integrantes de la familia ZUÑIGA CABALLERO han sido vinculados en procesos por tráfico de drogas, miembros de esta familia son accionistas de Urapalma y la Extractora Bajirá S.A., lo que sugiere el lavado de activos en este agronegocio. Igualmente, se suscitan serios interrogantes respecto al uso de los recursos de FINAGRO y Banco Agrario usados en esta inversión industrial de la palma de Curvaradó. Se ha sabido igualmente que HUGO FERNEY BERNAL MOLANO, ex alto oficial del ejército, quién se apropió de predios colectivos e individuales en el Curvaradó en Caño Manso, también se encuentra vinculado al tráfico de drogas y pedido en extradición. A la fecha el exmilitar y sus testaferros continúan disfrutando de la propiedad ocupada ilegalmente, en la que han creado proyectos productivos a través de la ONG “Colombia sin hambre”, están destruyendo bosques tropicales en medio de la presencia de la Brigada 15. Hasta hoy este entramado de vínculos no es investigado a pesar de las evidencias, de los indicios y de las verdades de apuño que se constatan en la realidad regional.
Desde 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había informado que la siembra de palma aceitera en esta zona había contado con la ‘protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas’. Los operativos e incursiones armadas en estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las Comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma aceitera o para que desocupen el territorio” .
Ahora queda a la Fiscalía atar los cabos que no están sueltos, sino que desde hace más de 5 años son de su pleno conocimiento, y vincular en su investigación sobre violaciones de derechos humanos en el Curvaradó, mandos de estructuras armadas institucionales, parainstitucionales y traficantes de drogas. Los pobladores de la cuenca del Curvaradó, en los últimos 5 años vienen entregaron pruebas y testimonios a la Fiscalía que implican al General (r) PAUSELINO LATORRE en prácticas ilegales para proteger la siembra de palma aceitera en territorios colectivos, y en su apoyo, a los grupos paramilitares y narcotraficantes responsables del despojo de tierras en la zona.
Uno de los casos más conocidos es el caso del campesino del Curvaradó, ENRIQUE PETRO Forzado a vender su propiedad después de ser víctima de desplazamientos violentos y amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Mientras se encontraba en situación Urapalma sembró palma aceitera en su finca. El entonces comandante de la Brigada 17, General PAUSELINO LA TORRE, facilitó la negociación del predio de ENRIQUE PETRO donde se había sembrado ilegalmente la palma, suscribiendo en calidad de testigo el acuerdo de transacción de la mejora, el cual resultó además una estafa porque PETRO nunca recibió el pago acordado. En varias ocasiones posteriormente, las empresas palmicultoras, con estrategias paramilitares, presionaron a PETRO para que dejara de reclamar por sus tierras, y llegaron a amenazarlo de muerte en varias ocasiones.
Los campesinos y afrodescendientes también han denunciado repetidamente la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales.
Ya es tiempo que la Fiscalía vincule en sus investigaciones a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos crímenes y se definan las responsabilidades institucionales. No se da más espera a medidas concretas que constituyen reales protección para los pobladores del Curvaradó. Hoy en día, los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales ganaderas y palmeras. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe. Avanza la extracción del fruto y la destrucción ambiental – deforestación intensiva- en el Curvaradó sin ninguna expresión concreta tendiente a la restitución de la propiedad
La inacción del Gobierno es flagrante y cada vez más expuesta a la luz pública. El reciente fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible la Ley 1021 de 2006, “Por la cual se expide la Ley General Forestal”, recuerda nuevamente al Gobierno los deberes que ha suscrito con la ratificación del Convenio 169 de la OIT. En dicho fallo, la alta Corte argumenta que la adopción de la ley 1021 no cumplió con el deber de consultar a las comunidades indígenas y tribales afectadas por la misma, derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad.
Las violaciones contra el derecho a la consulta, al territorio y a la integridad cultural de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó constituyen otro caso emblemático de la violación, por parte del Estado colombiano, del Convenio 169 de la OIT. En febrero de 2007, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT recordó al Gobierno colombiano que las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó tienen derecho a vivir y retornar en el territorio que han venido ocupando ancestralmente y por lo tanto, “los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (artículo 14, párrafo 2) (…)” .
Pero esta vez tampoco el Gobierno ha acatado las recomendaciones internacionales. No existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos. No existe voluntad para la protección ambiental en el Chocó sometida al saqueo, la destrucción intensiva de sus recursos, lo que es contradictorio con la mención a Colombia como uno de los 10 países protectores del medio ambiente, ¿a qué Colombia se referirán? O tal vez ya lo sabemos, pero no lo creemos, al modelo de Estado de progreso, él de los “necro combustibles”, la extensión ganadera y las mafias.
Adjuntos
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-25/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3931546.html
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=20976&idSeccion=20
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3934383.html
Enero 27 de 2008
Quedó en libertad el general (r) Pauselino Latorre, por decisión de juez de garantías
Foto: Ap
El general (r) Pauselino Latorre el viernes pasado, a su entrada al complejo judicial de Paloquemao en Bogotá
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Leobardo Latorre, ex fiscal capturado el jueves.
La determinación del operador judicial también cobija al ex fiscal Leobardo Latorre, sobrino del oficial. Ambos están señalados de pertenecer a una organización que lavó $ 2 mil millones de la mafia.
Después de dos días en audiencias, la jueza de garantías consideró sorpresivamente la noche de este sábado que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para mantener privados de la libertad al oficial retirado y al ex fiscal.
En la audiencia, los sindicados no aceptaron los cargos formulados. El general
(r) era investigado por concierto para delinquir agravado por narcotráfico, mientras que el ex fiscal por concierto para delinquir y cohecho.
Los dos recobraron la libertad este mismo sábado por la noche. No obstante, ambos seguirán vinculados al proceso.
“Mi nombre creo que en este momento comienza a limpiarse -dijo el general este sábado por la noche al salir de la audiencia en la que se le imputaron los cargos-. Aunque creo que nunca ha estado mancillado”.
Y agregó: “Le agradezco a mi familia, a mis dos abogados y a mi Ejército que nunca me desamparó. No tengo nada que ocultarle al país, nada que ocutarle a mi familia, nada que ocultarle al universo. Estaré cuantas veces la justicia me necesite”.
La operación en que habían sido capturados el general y su sobrino fue
adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos (Unaim) y agentes de la División de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía.
La investigación nació en julio del 2006 cuando agentes antidrogas de Estados Unidos le notificaron a la Fiscalía sobre la existencia de esta organización que tenía sus laboratorios en el sur de Bolívar y Norte de Santander.
La Fiscalía anunció que ya está trabajando para presentar de nuevo los argumentos y lograr otra vez su detención.
Durante la audiencia, la Procuraduría también había dicho que no existían méritos para que siguieran detenidos.
Durante los dos días de audiencia se presentaron 15 de las 24 personas capturadas en la operación de la Fiscalía y la Dijin.
De los 15, 12 aceptaron cargos y los otros tres, el general retirado, el ex fiscal y una persona identificada como Héctor Félix, quienes no aceptaron los cargos, quedaron libres.
Este es el segundo revés de la Fiscalía en menos de una semana ante un juez de garantías. El primero fue por el llamado ‘rey del paseo millonario’, José Cano Bayona, quien quedó libre por problemas en la legalidad de su captura.
El caso
Los negocios del general (r) y los de varias personas allegadas a él están bajo la lupa. Entre centenares de interceptaciones de la banda desmantelada hay 17 llamadas que, según los investigadores, demuestran que era asesor y testaferro de un narco emergente que trabajaba con las nuevas bandas en el Sur de Bolívar y la frontera con Venezuela.
Incluso hay una que, supuestamente, demostraría que intentó influir en un proceso de extinción de dominio. Esas pruebas, sin embargo, no fueron suficientes para convencer a la jueza de la responsabilidad del oficial.
Este hombre, experto en inteligencia, estuvo en las filas hasta el 2005 y pasó por varias de las unidades militares más importantes. Fue jefe de una de las primeras brigadas móviles del Ejército y comandante de la Brigada XVII en Urabá.
Allí lo recuerdan porque medió en los primeros acuerdos que legalizaron la irrupción de palmicultores y bananeros en tierras de las comunidades negras del Chocó, muchos de los cuales terminaron siendo declarados ilegales.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que no presentaron todas las evidencias y pruebas porque no era la etapa procesal para mostrarlas, como son todas las grabaciones y seguimientos.
Consideran que deben ser llevadas ante el juez en la etapa de juicio.
Fiscalía investiga si infiltración llegó más lejos
Durante los últimos siete años, en la Fiscalía General de la Nación todo el mundo se acostumbró a decirle ‘Profe’ a Leobardo Latorre, quien anoche recobró la libertad después de haber sido capturado el jueves en una operación contra el narcotráfico.
No era gratis. El ‘título’ se lo ganó porque era uno de los fiscales que más conocían la Ley 906, que implantó en Colombia el nuevo sistema penal acusatorio. A diario lo consultaban sus colegas, defensores públicos y hasta abogados de personas capturadas.
Latorre, dicen algunos de sus compañeros, era un ‘consentido’ de las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país se lo llevó varias veces para capacitarlo en el nuevo sistema, que empezó a regir durante la administración del fiscal Luis Camilo Osorio.
Desde hace más de tres años se movía por las Fiscalías de todo el país, enseñando lo que aprendió en E.U.
Y era tanta la confianza en él que el fiscal general, Mario Iguarán, le encargó que asesorara el caso que debía demostrar la efectividad del nuevo modelo: la masacre de 10 policías y un civil a manos de una patrulla del Ejército en Jamundí (Valle).
Veinte meses después del crimen de Jamundí, la etapa de juicio apenas se está cerrando. Los investigadores averiguan si Leobardo Latorre pudo haber interferido en la marcha del primer gran caso del sistema acusatorio.
A mediados del año pasado, Iguarán recibió un reporte que lo dejó perplejo: un fiscal de la Unidad Antinarcóticos que llevaba un caso originado en información de la DEA le informó que el ‘Profe’ aparecía en varias interceptaciones a una banda de narcos.
La decisión fue apartarlo del caso Jamundí. Latorre siguió hasta octubre con las capacitaciones, hasta cuando decidió renunciar al organismo.
“Dijo que estaba cansado de su trabajo y que quería litigar en el nuevo sistema, porque tenía bastante experiencia y no la quería desperdiciar”, cuenta uno de sus colegas de Bogotá.
En el expediente aparece una llamada que cayó como un baldado de agua fría en la Fiscalía. En ella, el ex fiscal busca acercamientos con la contraparte, la misma a la que persiguió con la camiseta del ente acusador.
Fuentes que están manejando el caso dicen que Latorre se contactó con personas cercanas a los implicados en la masacre de Jamundí para ofrecer sus servicios. “Les dijo que ellos sabían que era el que mejor conocía el proceso”, cuenta uno de los investigadores.
Con los nuevos hechos, la Fiscalía investiga si el ex fiscal utilizó de manera irregular la información reservada a la que tenía acceso. “Si terminó trabajando con una red de narcotraficantes, hay que descartar todas las posibilidades”, señaló una fuente.
Las pruebas que hay en el expediente, que anoche una jueza de Garantías considero insuficientes, señalaban a Leobardo Latorre como el encargado de resolver los líos jurídicos de la banda de Carlos Aguirre Babativa.
La Fiscalía investiga una cuenta que, cree, tiene los datos de funcionarios públicos que recibieron sobornos de la mafia. Y no descarta que se encuentre con nuevas sorpresas.
Tras el revés de anoche, para la Fiscalía es lograr la captura del ex fiscal y de su tío Pauselino Latorre. Paralelamente realiza seguimiento a varios proceso de extinción de dominio y otros relacionados con narcotráfico en los que aparecen mencionados los miembros de la organización.
REDACCIÓN JUSTICIA
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=109041
judicial
Una vergüenza
Las capturas de un general retirado y de un ex fiscal, como parte de una red de narcos, evidencian la ilimitada capacidad corruptora de la mafia.
Fecha: 01/26/2008 -1343
El general retirado Pauxelino Latorre Gamboa fue comandante de la Brigada 17 en el Urabá antioqueño y se desempeñó como jefe de inteligencia del Ejército. Siempre tuvo fama entre sus compañeros del Ejército de ser un hombre de origen humilde, tropero y, sobre todo, honesto.
Por eso, a todos ellos debió extrañarles cuando el jueves pasado el fiscal Mario Iguarán anunció que el oficial retirado había sido capturado en una redada de las autoridades contra el narcotráfico. Un día después, viernes, Latorre tuvo que vivir en carne propia lo que es la deshonra, es decir, la peor desgracia en que puede caer un miembro de la Fuerza Pública: fue exhibido ante la prensa como un delincuente más.
Por las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra, se puede afirmar que el general está contra las cuerdas y que difícilmente se salvará de una condena en Colombia. Es más, nadie se atreve a asegurar que Estados Unidos no lo pedirá en extradición. De llegarse a ese extremo, su nombre quedaría tristemente inscrito en la historia judicial del país como el primer general en ser extraditado. Y como si lo anterior no fuera suficiente, y para agravar su situación, un sobrino suyo, el ex fiscal Leobardo Latorre Latorre, también fue capturado porque, aparentemente, hacía parte de la misma organización al margen de la ley.
En este parqueadero, ubicado en la carrera sexta con calle 56 de Bogotá,
‘funcionaba’ una empresa llamada House Living S.A., cuyo gerente era el general Pauxelino Latorre Gamboa
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La historia judicial del general Latorre y de su sobrino Leobardo se inició el 12 de julio de 2006. Ese día, un agente encubierto de Estados Unidos le informó a la Fiscalía colombiana de la existencia de una red que traficaba con droga y que era liderada por un hombre llamado Carlos Aguirre Babativa (conocido con los alias de ‘Carlos Mario’, ‘Don Enrique’ o ‘El Señor’). Según la Fiscalía, la droga era producida en los laboratorios que la organización tenía en Aguachica (Cesar), Santa Rosa (sur de Bolívar) y en zona rural de Norte de Santander. La mano derecha de Aguirre era Eduardo Garrido, un sujeto que, según los investigadores, coordinaba toda la logística para transportar la droga dentro de Colombia y después hacia el exterior -Estados Unidos y Europa, principalmente-.
Con la información entregada por el agente norteamericano, la Fiscalía se dio a la tarea de interceptar legalmente los teléfonos celulares 315-2361232 y 311-4629513. Y entonces, según le dijo a SEMANA uno de los investigadores, empezaron a aparecer uno por uno los miembros de la red narcotraficante. De esas grabaciones surgió la voz del general Pauxelino. “Durante año y medio, logramos más de 3.500 conversaciones”, le dijo a SEMANA un funcionario de la Unidad Antimafia de la Fiscalía.
En uno de esos diálogos, por ejemplo, aparecen las voces de Aguirre y del alto oficial. Como le dijo a SEMANA uno de los fiscales del caso, “como dos grandes amigos, el general le dice a Aguirre que cuánto le va a pagar a una persona de la que hablan con clave. ‘Le voy a pagar 70’, contesta Aguirre. ‘No, páguele 50, que él sabe que ese favor que le hizo a usted es como si me lo hubiera hecho a mí’. Para nosotros no hay duda de que están hablando del fiscal Leobardo, sobrino del general”. En otra conversación, el general le recuerda a Aguirre del proyecto que tienen de montar en España, un negocio relacionado con la prostitución.
Pero aquí no paran los problemas para el general Latorre. La Fiscalía le imputó cargos por el crimen de lavado de activos. Es decir, para el ente investigador está probado que el general legalizaba parte del dinero que producía la organización ilegal de Aguirre. Por ejemplo, SEMANA estableció que a través de varias empresas de fachada se lavaba el dinero del narcotráfico. Dos de esas ‘empresas’ son Perímetro Ltda. (prestadora de servicios de vigilancia privada) y House Living S.A., ambas con sede en Bogotá. Como hecho curioso, en la sede de la empresa House Living S.A. funciona un parqueadero, pese a que en la Cámara de Comercio figura “como objeto social principal a la compra, venta y construcción de bienes inmuebles urbanos y rurales”. Como gerente de House Living S.A. aparece el general Pauxelino Latorre.
Respecto del ex fiscal Latorre, la Fiscalía dijo que era el encargado de solucionar los problemas judiciales de la red mafiosa. Latorre fue uno de los fiscales que le dio la vuelta al país para explicarles a los funcionarios de la Fiscalía en qué consistía el nuevo sistema penal acusatorio. También fue uno de los encargados de llevar una de las investigación más delicadas de los últimos años: la masacre de Jamundí. “De ahí que al fiscal Iguarán le dio tan duro cuando le informaron que Leobardo hacía parte de la red de narcotraficantes”, relató uno de los hombres cercanos a la investigación.
Tanto para la Fiscalía como para el Ejército, la vinculación de estos dos ex funcionarios es sin duda una nefasta noticia. El golpe, sin embargo, es más duro para los militares. El año pasado una docena de ellos fueron arrestados tras descubrirse que trabajaban para el jefe del cartel del Norte del Valle, Diego Montoya, alias ‘Don Diego’. Este nuevo caso, en el que está vinculado nada menos que el ex director de inteligencia del Ejército, pone en tela de juicio, una vez más, los controles de las instituciones para evitar casos tan vergonzosos
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-25/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3931546.html
Enero 24 de 2008
Ex jefe de Inteligencia lavó $ 2 mil millones de mafia: Fiscalía
Foto: Cortesía Colprensa
investigaciones en contra del general (r) Pauselino Latorre (der.) se iniciaron en julio del 2006. Desde ese momento comenzaron las interceptaciones.
3.500 horas de grabación en audio y video hacen parte de las pruebas que hay en contra del general (r), su sobrino ex fiscal y la red que sacaba la droga por Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. Nueve de los capturados son extraditables.
“Carlitos invierta en eso… usted es el que tiene la plata… mire que con eso nos va a ir muy bien…”. El comentario se lo hace a mediados del 2007 el general retirado Pauselino Latorre, ex jefe de inteligencia del Ejército, a Carlos Aguirre Babativa.
El diálogo no tendría relevancia de no ser porque Aguirre, conocido como ‘El Señor’, resultó ser el jefe de una organización internacional de narcotraficantes que sacaba del país mensualmente 10 toneladas de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.
El general, quien salió del servicio activo a finales del 2005, fue capturado ayer por un fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos (Unaim) y agentes de la División de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía. También fueron detenidos Aguirre, el ex fiscal Leobardo Latorre (sobrino del oficial) y otras 19 personas señaladas de ser miembros de la red. Nueve de ellos tienen pedido de extradición.
La investigación arrancó en julio del 2006, cuando agentes antidrogas de Estados Unidos le notificaron a la Fiscalía la existencia de esta organización que tenía sus laboratorios en el sur de Bolívar y Norte de Santander.
Desde ese momento comenzaron las interceptaciones y los seguimientos a los sospechosos, entre ellos al general, y al ex fiscal.
En total reunieron más de 3.500 horas de grabación de audio y video en los que los implicados hablan de las negociaciones de droga, la manera de sacar la mercancía, los pagos y sobornos.
Uno de los principales protagonistas del expediente resultó ser el general, a quien las evidencias comprometen como la persona que se encargaba de lavar el dinero de la mafia. “Se ha establecido que sirvió para el lavado de más de 2 mil millones de pesos que salieron de los negocios del narcotráfico”, dice un investigador.
Latorre era, según el proceso, muy allegado a ‘El Señor’ y era quien le presentaba ‘proyectos’ para que invirtiera su dinero. La Fiscalía investiga, por ejemplo, la conformación de una empresa de vigilancia privada en Bogotá y una firma de construcción. En las interceptaciones también se oye cómo el militar aconseja al narco sobre la importancia de que invierta en negocios de finca raíz.
Las autoridades buscan establecer desde cuándo el general, quien fue comandante de la III División, que tiene jurisdicción en el suroccidente del país, y la Brigada 17, con sede en Carepa (Antioquia), empezó a relacionarse con Aguirre. Hasta ahora no hay evidencias de que hubiera usado su cargo para favorecer a los narcos.
Consultado por EL TIEMPO, el Comando del Ejército explicó anoche que su política es no referirse a las actuaciones de personas que ya salieron de la institución.
Ex fiscal de caso Jamundí
En otras grabaciones, el general y el ex fiscal Latorre hablan de ‘arreglar’ y estar pendientes sobre algunas actuaciones judiciales que seguía la Fiscalía contra la red.
Fuentes consultadas explicaron que precisamente hace 6 meses, en desarrollo de este proceso, el fiscal Mario Iguarán fue alertado sobre las interceptaciones en donde aparecía uno de sus funcionarios.
En ese momento, Latorre servía de apoyo en la investigación de la masacre de Jamundí (Valle).
Por ello, tomaron la decisión de apartarlo del caso y fue asignado como tutor en la implementación del nuevo sistema acusatorio mientras seguía la investigación.
En octubre pasado, Latorre, entrenado por las autoridades de E.U., renunció a la Fiscalía. “Al tiempo que deploramos que existen funcionarios con compromisos delincuenciales, continuamos depurando nuestras instituciones”, dijo Iguarán.
El Fiscal explicó que esta red, que trabajaba con los narcotraficantes Miguel Ángel y Víctor Mejía Munera (‘Los Mellizos’), utilizaba rutas por Venezuela para sacar la droga hacia el exterior.
El coronel Nicolás Muñoz, director (e) de la Dijín, explicó que desde hace meses venían siguiendo la pista de la red en distintas zonas dentro y fuera del país. El oficial aseguró que en la península de Yucatán (México), la Policía de ese país incautó un embarque de 3,7 toneladas de cocaína. El caso generó polémica en México, porque el avión que llevaba el embarque supuestamente fue usado por la DEA y la CIA años atrás.
“La red de narcotraficantes tenía vínculos con “los Nevados”, “Cuchillo”, y los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “Los Mellizos”.
Explicó ayer el fiscal general, Mario Iguarán, en rueda de prensa.
Lo investigaron por buscar segunda guaca de Farc
Pauselino Latorre ocupó uno de los cargos más importantes en el Ejército: la Dirección de inteligencia, encargada de reunir la información necesaria para las operaciones militares. Latorre ascendió a su cargo de general en octubre del 2001.
En ese entonces, el militar se desempeñaba como comandante de la Brigada Móvil Número 1.
En el 2004 estuvo al mando de la Brigada 17 y en mayo de 1997 pasó al Batallón de Policía Militar número 2.
En el 2006 su nombre apareció mencionado en el escándalo de la fallida búsqueda, en la zona del Coreguaje entre Meta y Caquetá, de una segunda guaca de las Farc.
En diciembre del 2005 solicitó la baja. Aunque en los últimos años varios altos oficiales habían sido investigados por supuestos vínculos con narcos, el caso de Latorre no tenía antecedentes.
REDACCIÓN JUSTICIA
El Dossier de los Palmeros, El Espectador, sábado 26 de enero de 2008
A sabiendas de que las comunidades negras del Chocó son las únicas dueñas de las tierras adyacentes a las cuencas de los ríos que rodean a los municipios de Carmen del Darién y Belén de Bajirá, desde hace 10 años, con el apoyo del Estado, dichos territorios se convirtieron en asiento de un megaproyecto agroindustrial de siembra de palma de aceite. Hoy, la Fiscalía comienza a adoptar decisiones contra los empresarios privados que se apropiaron de estas ‘tierras comunales’ y contra los funcionarios públicos que permitieron o fomentaron estas acciones de despojo.
Esta misma semana, ante fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, comenzaron a rendir indagatoria los representantes legales y directivos de ocho empresas cultivadoras de palma que, a través de procedimientos presuntamente ilegales y desconociendo claras disposiciones constitucionales, usurparon e invadieron las tierras y aguas de las comunidades negras de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó, en una práctica que además podría configurar los delitos de daño en bien ajeno, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción y omisión.
Aunque la denuncia penal interpuesta por los consejos comunitarios afectados se radicó en la Fiscalía desde 2005 y organismos estatales como la Defensoría y la Procuraduría ya habían advertido sobre las irregularidades en la adquisición de tierras para plantaciones de palma aceitera en el Urabá chocoano, sólo en febrero de 2007, por orden específica del fiscal Mario Iguarán, se activaron las investigaciones. El pasado 20 de diciembre de 2007, el ente investigador dispuso la apertura de instrucción ordenando practicar numerosas pruebas y llamando a indagatoria a 23 empresarios palmicultores.
El Espectador tuvo acceso a este documento, que resume los resultados de las primeras investigaciones, las cuales apuntan a constatar que tras la adquisición ilegal de tierras en el Urabá chocoano, al parecer estuvieron los grupos paramilitares. Cerca de 50 testigos consultados por la Fiscalía aseguran que, desde 1998 y 1999, en Belén de Bajirá y Brisas, aprovechando que las comunidades negras eran víctimas del desplazamiento forzado, integrantes de los grupos paramilitares participaron en la adquisición de territorios y, en algunos casos, coaccionaron a las comunidades para la venta de los predios.
Las primeras pesquisas de la Fiscalía demuestran además que, con la misma finalidad de quedarse con las tierras, se crearon en la zona diversas asociaciones regionales que posteriormente “fueron utilizadas en el proceso de adquisición de tierras, a través de la figura de la accesión por aluvión natural y posterior venta e hipoteca de los inmuebles”. Según los testimonios recaudados, tales asociaciones “estuvieron influenciadas por los grupos paramilitares”. En algunos asentamientos, los nativos “fueron sacados de la cuenca de Curvaradó y hoy estos lugares figuran como cultivos de palma aceitera”.
En criterio del ente investigador, estas acciones habrían derivado en conductas penales como el concierto para delinquir y el desplazamiento forzado. Con un agravante: la Fiscalía investiga cómo en algunos casos, para adquirir el dominio de las tierras se adulteraron documentos públicos y privados. Asimismo, el organismo encontró que los promotores del proyecto agroindustrial de palma aceitera en el Urabá chocoano también desconocieron la reglamentación ambiental vigente, generando “una alteración en el sistema ecológico de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó”.
Los antecedentes
La tragedia de las comunidades negras del Urabá chocoano data desde finales de los años 70, cuando llegaron a las áreas rurales de los municipios de Carmen de Darién y Belén de Bajirá los primeros frentes de las Farc. Con el paso de los años, la región se convirtió en zona de operaciones y presión a las comunidades por parte de los frentes 5, 8, 34, 57 y 58 del bloque José María Córdoba de esta organización guerrillera. A principios de la década de los años 90 irrumpieron en la región los grupos de autodefensa, que para el año 1996 ya estaban representados por el frente Élmer Cárdenas, comandado por Freddy Rendón Herrera, más conocido como El Alemán.
Producto de la violenta confrontación entre guerrilla y autodefensas, las comunidades negras empezaron a sufrir las consecuencias y a poner las víctimas. Situación que se agravó a partir de febrero de 1997, cuando las autodefensas incursionaron en las comunidades y ordenaron el desalojo de la región, bajo el argumento de que debían ejecutar acciones militares tendientes a erradicar a los grupos guerrilleros. Las comunidades negras iniciaron el éxodo hacía Quibdó o poblaciones menores del Chocó, en momentos en que avanzaba exitosamente el reconocimiento de sus derechos territoriales en la zona afectada.
En efecto, desde la expedición de la Constitución de 1991, a través del artículo 55 transitorio se ordenó al Congreso expedir una ley para reconocer a las comunidades negras sus derechos sobre las tierras ancestrales. Este mandato se convirtió dos años después en la Ley 70 de 1993, que definió el concepto y alcance de las “tierras comunales de los grupos étnicos”. Y precisamente, en desarrollo de esta legislación, el 22 de noviembre de 2000, a través de las resoluciones 2809 y 2810, el Incora adjudicó a las comunidades negras los terrenos baldíos de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el Urabá chocoano.
Es decir, legalmente las comunidades negras son las dueñas de esas tierras. No obstante, a partir de 2001, con “la protección armada perimetral y concéntrica de miembros de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas”, empresarios privados empezaron a promover la siembre de palma aceitera. La firma pionera fue Urapalma, que con el correr de los años constituyó en la región una compleja infraestructura de carreteras, canales de drenaje y viveros, con la consiguiente tala de árboles y cambios en los cursos de las fuentes de agua, a fin de desarrollar su proyecto económico.
A noviembre de 2004 tenía sembradas 2.723 hectáreas con cultivos de palma de aceite y había adquirido 105 lotes en un área de 5.654 hectáreas. Con procedimientos similares fueron llegando a la zona de las comunidades negras y, mediante contratos de compraventa, adquiriendo lotes de terreno, las empresas Palmas S.A., Promotora Palmera de Curvaradó, Palmas de Curvaradó, Inversiones Fregni Ochoa, empresa La Tukeka, empresa Selva Húmeda, sociedad Asibicon y la empresa Palmas del Atrato. En ningún caso los consejos comunitarios cedieron sus derechos o fueron consultados para la siembra de palma aceitera.
Según lo empieza a demostrar la Fiscalía, en el proceso de adquisición de tierras para estas plantaciones intervinieron miembros de los grupos paramilitares. Varios testigos han ratificado al ente investigador que sujetos con los alias de Palillo, Gago, Yimi, Diomedes y Secretario, entre otros, participaron directamente en las negociaciones, a través de la coacción directa o por procedimientos irregulares, como el caso del propietario Lino Díaz Almario, quien supuestamente había vendido 5.890 hectáreas en el año 2000, a pesar de que oficialmente había muerto ahogado en el río Jiguamiandó en el año 1995.
El Estado patrocina
Paradójicamente, el negocio de la siembra de palma de aceite en las tierras comunales del Urabá chocoano, ha contado con el generoso apoyo del Estado. No sólo el Ejército ha colaborado en la protección de la actividad palmicultora, sino que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha otorgado múltiples licencias a diversas empresas para la protección de sus negocios. Además, como lo informó El Espectador en su edición del 3 de diciembre de 2006, incluyendo Incentivos de Capitalización Rural, el Banco Agrario a otorgado créditos a las empresas palmicultoras por valor de $10.957 millones.
Aún más, desde junio de 2005, la Defensoría del Pueblo, a través de su resolución 39, advirtió sobre la apropiación ilegal de terrenos de las comunidades negras del Urabá chocoano y detalló su desalojo a través de procedimientos ilegales. En sendas resoluciones del 6 de marzo de 2003 y el 7 de febrero de 2006, ya lo había advertido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado colombiano a proteger a las comunidades desplazadas del Chocó debido a la intervención de empresas privadas en las tierras comunales de los grupos étnicos.
A pesar de que buena parte de las empresas palmicultoras emprendieron acciones sin una licencia ambiental o un plan de manejo ambiental, la empresa estatal Codechocó no emprendió ningún proceso sancionatorio. Escasamente se limitó a formular unas recomendaciones para la protección de las selvas húmedas. En cuanto al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y el propio Ministerio de Agricultura, desde septiembre de 2006 la Procuraduría General de la Nación cuestionó su pasividad frente a la explotación de cultivos agroindustriales en la zona del conflicto.
En medio del debate, el 18 de julio de 2006, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, solicitó a la Sala de Consulta del Consejo de Estado un concepto para establecer el alcance del derecho de propiedad de las comunidades negras en los terrenos baldíos ubicados en la cuenca del Pacífico. Dos meses después, la Sala de Consulta del Consejo de Estado expresó que el derecho de las comunidades negras prevalece sobre la ocupación de las mismas. En otras palabras, ratificó lo que los consejos comunitarios de Jugiamiandó y Curvaradó venían reclamando desde varios años atrás.
La misma semana en que trascendió el concepto, el Ministerio de Agricultura anunció que, como resultado de averiguaciones adelantadas por una comisión conformada por el organismo, se había detectado que 25 mil hectáreas adaptadas para la siembra de palma de aceite no tenían respaldo en títulos individuales legítimos. De paso, el Ministro anunció que su despacho emprendía un proceso de nulidad de las normas que permitieron las ocupaciones ilegales, para posteriormente desarrollar procesos de recobro de dineros girados a través de préstamos de Finagro y el Banco Agrario.
Tres meses después, la Fiscalía ordenó la apertura de procesos penales contra las empresas palmicultoras y, según conoció El Espectador, además de las 23 indagatorias que ya empezaron a desarrollarse, un fiscal acaba de compulsar copias para que se indague la conducta de funcionarios del Incoder que permitieron o avalaron la expedición de resoluciones falsas. Asimismo, pretende establecer el grado de colaboración del ex comandante de la Brigada XVII del Ejército, general Pauselino Latorre, a las empresas privadas, como lo documentaron algunos testigos del proceso.
La denuncia instaurada ante la Fiscalía señala al general Pauselino Latorre como un “amistoso componedor” de negocios a través de los cuales les eran arrebatadas las tierras a los campesinos. Por eso se pretende que sea investigado por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión. El Espectador estableció que la Fiscalía indaga por qué el alto oficial prestó su decidido apoyo a los palmicultores y si él o algunos de sus hombres presionaron a los propietarios para que vendieran sus tierras o alguno entró a participar como accionista en las mismas firmas.
En síntesis, tres años después de que las comunidades ancestrales del Chocó denunciaron el caso ante la Fiscalía y casi diez años después de que empezara la apropiación de tierras comunales en el Urabá chocoano, el ente investigador empieza a comprobar lo que el hoy fugitivo jefe paramilitar Vicente Castaño había reconocido desde 2005 en entrevista concedida a la revista Semana: “en la región de Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguía a los empresarios para invertir en esos proyectos, que son duraderos y productivos”.
La versión de un empresario
Carlos Daniel Merlano Rodríguez, uno de los palmicultores vinculados mediante indagatoria en el proceso, relató a El Espectador su versión de los hechos. “A finales de los años 90 enfrentamientos armados entre la Farc y las Autodefensas Unidades de Colombia, Auc, convirtieron a la zona en un campo de batalla generando desplazamiento. Justo en esta zona llegaron los palmeros y vincularon a la comunidad”
Explica el directivo que: “Habiéndose adjudicado estos terrenos a las comunidades negras, los empresarios ya empezaban a concertar con los representantes legales de estos Consejos Comunitarios cuando aparecieron en escena grupos con perspectivas y fines oscuros organizados bajo formas de ONG internacionales y que bajo los ojos de todos se sabe interlocutan con la Farc, quienes presionaron la elección de Ligia Chaverra para la representación legal del consejo comunitario de la cuenca del Río Curvaradó desmontando por las vías de hecho a Moya, que era y sigue siendo el legítimo representante legal de estas comunidades.
Según Merlano, “hoy las ONG y su ficha de turno, Ligia Chaverra, tienen acosado el sector palmero con múltiples denuncias entre las que destaca el desplazamiento forzado del cual no tuvieron culpa los empresarios palmeros, para quienes el único interés que los ha movido es hacer de esta región un lugar próspero con los cultivos de palma de aceite y su producto final, el biodiesel, el cual se perfila necesariamente como el combustible de los siglos venideros. Toda clase de conjeturas se tejen en este ataque frontal que ejecutan las ONG internacionales contra los grupos palmeros, pero lo más preocupante de todo es que atacan el proyecto palmero sin proponer ellos fórmulas de progreso para la región y haciendo connivencia con otros grupos del sector palmero a quienes pretenden entregarles los cultivos de palma una vez les sean arrebatados a quienes con esfuerzo denodado y sacrificio los implementaron en la zona”.
Empresarios vinculados
Gabriel Jaime Sierra Moreno.
Raúl Alberto Penagos González.
Katia Patricia Sánchez Mejía.
Antonio Nel Zúñiga Caballero.
Javier Daza Pretelt.
Sor Enid Ospina Rendón.
Claudio Fregny Ochoa.
Guillermo Ochoa Pino.
Héctor Duque Echeverry.
Iván Patiño Patiño.
Ernen José Muñoz González.
Iván José Palacio Palacios.
Jorge Luis Santos Ortega.
Orlando Moreno Mora.
Danilo José Pacheco de la Hoz.
Javier Morales Estrada.
Mario León Villa Pacheco.
John Alfredo Zea Restrepo.
Carlos Merlano Rodríguez.
Miguel Pérez Cabadía.
Remberto Álvarez Bertel.
Mario Alberto Vélez Giraldo.
Víctor Andrés Zapata Caicedo