De las judicializaciones individuales

Organizaciones de Iglesias y de Derechos Humanos de los Estados Unidos, en carta dirigida al presidente Álvaro Uribe Vélez, expresaron recientemente su enorme preocupación por la política de “Seguridad Democrática”, en particular, el desarrollo de las detenciones arbitrarias generadas a partir de las informaciones suministradas por supuestos testigos con testimonios falsos o vinculados a redes de informantes o personas de los procesos llamados de reinserción.

En la comunicación abordan los casos preocupantes que se han vivido en la Costa Atlántica, como los de Mauricio Avilez, integrante de Cedhernos, hoy en libertad pero con el proceso abierto, el de Alfredo Correa, detenido dejado en libertad y luego asesinado.

Situaciones similares en la costa y en el Cauca se continúan viviendo. JOSE JAVIER SOTO TORRES, religioso de 24 años de edad, quien perteneció a la Corporación Casa de la Juventud de la Guajira, acusado de rebelión, se encuentra detenido desde el 23 de enero del presente año. El proceso es similar en sus características a la de otros, se encuentra en etapa de juicio en un juzgado de Riohacha. El fiscal del caso fue designado desde Bogotá, quien labora en las instalaciones del DAS al ser destacado por ésta institución y viene participando desde hace varios meses en los operativos de capturas masivas en varios lugares del país.

JOSE JAVIER fue acusado de rebelión a partir del falso testimonio de un reinsertado, además de éste cristiano, en el proceso están siendo judicializados otros jóvenes estudiantes, un profesor universitario, un reconocido periodista de la región y activistas políticos.

En el Cauca, las judicializaciones han estado acompañadas de las mismas técnicas de persecución, previas a la detención y activadas con posterioridad cuando se recobra la libertad. El directivo de Derechos Humanos de ANTHOC, BERTULFO fue procesado en una detención arbitraria e ilegal por los delitos de rebelión y fue posteriormente capturado. Durante doce días fue privado de la libertad, luego se le revocó la orden de captura, pero su proceso no ha precluido, mientras tanto, se mantiene la persecución y amenazas contra su vida e integridad personal. Varios de los directivos de ANTHOC se encuentran judicializados, cinco de ellos detenidos, mientras las amenazas de muerte, a los que han quedado en libertad se mantienen.

ADJUNTAMOS CARTA DE ORGANIZACIONES DE ESTADOS UNIDOS y EL informe del Diario El Tiempo

“Noviembre 3 de 2004
Organizaciones de E.U. critican política de detenciones del gobierno de Álvaro Uribe
Así se lo comunicaron en una dura carta 13 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de ese país al Gobierno colombiano.
En la misiva enviada al Primer Mandatario, las organizaciones criticaron la política de arrestos que impera bajo la estrategia de Seguridad Democrática que adelanta el gobierno pues, a su juicio, estaría conduciendo al asesinato de personas en actos de retaliación basados en acusaciones falsas.
“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la tendencia de individuos que luego de ser detenidos por las Fuerzas de Seguridad y liberados posteriormente ante la falta de evidencia, son asesinados por miembros de grupos ilegales posiblemente como consecuencia de falsas acusaciones”, dicen la carta firmada por activistas del Comité para Colombia en E.U., la Oficina en Washington par América Latina (WOLA), el Centro para las Políticas Internacionales (CIP), el Comité para los Derechos Humanos en Colombia, entre otros.
Según estos, son muchas las personas que han sido detenidas y presentadas ante la opinión como miembros de grupos ilegales, sin que se haya hecho un esfuerzo por aclarar su situación cuando son puestos en libertad.
En la carta, las ONG mencionan el caso del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, arrestado por cargos de rebelión en junio de este año, dejando en libertad a finales de julio y luego asesinado el pasado 17 de septiembre en Barranquilla.
Y citan un comunicado de la propia Defensoría del Pueblo en referencia al asesinato de Correa, en el que se señala que las detenciones basadas en “evidencia frágil”, que luego son reversadas ya cuando el individuo ha sido acusado de pertenecer a un grupo ilegal, “lo expone actos de violencia de los grupos armados ilegales”.
También resaltan el caso el Marco Antonio Rodríguez, arrestado el 22 de agosto junto a otras 37 personas en Tolima y asesinado el pasado 6 de noviembre por “presuntos paramilitares”.
Igualmente subrayan la situación de Amaury Padilla, un ex asesor del gobierno de Bolívar al que detuvieron por supuestos vínculos con el Eln. Siete meses después lo liberaron, pero tuvo que abandonar el país en septiembre por amenazas contra su vida.
Un caso similar, dicen las ONG, al del folclorista José Yamil Cure que ahora está considerando su salida del país.
Expresan especial preocupación por la seguridad de Mauricio Avilez Álvarez de la ONG Cedhernos en Barranquilla, que fue liberado en el 20 de octubre tras haber sido acusado meses antes de rebelión y terrorismo.

Las ONG le dicen a Uribe que entienden el difícil reto que supone enfrentar la violencia política y defender a los ciudadanos, pero le piden que tome medidas para asegurarse de que las detenciones sean basadas en “evidencia creíble”. Pero, sobre todo, que se haga una admisión pública cuando se presenten errores, no solo para restaurar el buen nombre del acusado sino para protegerlo de posibles ataques de grupos ilegales.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington”
http://eltiempo.terra.com.co/judi/03denoviembrede2004/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1860798.html

“Washington, D.C.

October 29, 2004

The Honorable Alvaro Uribe Velez
President of Colombia
Palacio de Nariño
Carrera 8 # 7-26
Bogotá, Colombia
Via Fax: 011-571-342-0592

Dear President Uribe:

As you undertake the difficult task of addressing Colombia’s political violence and protecting your citizens, we, the undersigned organizations, wish to express our deep concern regarding the trend of individuals who, having been detained by Colombian security forces and later released due to a lack of evidence, are subsequently killed by illegal armed actors possibly as a consequence of the erroneous allegation. While Colombian and international human rights groups have called attention to this issue for some time, it took a series of recent murders, including the assassination of Professor Alfredo Correa de Andreis in Barranquilla, for the general public to grasp the gravity of the situation.

Mr. Correa was a professor at the University of the North and Simón Bolívar University, former dean of Magdalena University and a highly respected Barranquilla community member for his work on peace issues. According to the United Nations, he was detained on June 17, 2004 by DAS agents on a charge of rebellion based on the testimony of former guerrillas. Due to a lack of evidence substantiating the charge, Mr. Correa was released at the end of July by the Attorney General’s office (Fiscalía). He was subsequently assassinated by unidentified assailants on September 17 together with his bodyguard, Eduard Ochoa.

In a statement concerning the assassination of Mr. Correa, the Defensoría del Pueblo indicated that detentions based on “fragile or weak evidence” which are overturned only after an individual has been publicly accused of being a member of or affiliated with an armed group, “expose (the individual) to violent acts by illegal armed groups.” The Defensoría also pointed out that in the Department of Bolívar alone more than six people have been assassinated after charges or warrants against them were dropped. In a September 19 editorial, El Tiempo called Mr. Correa’s assassination “a terrible warning bell about what can happen as a result of public portrayals of individuals as subversives that are carried out too often in the country, many times based on doubtful informants.”

In addition to Mr. Correa’s case and those cited by the Defensoría, we would like to bring to your attention other cases exemplifying this alarming trend.

Marco Antonio Rodríquez – According to press reports and information from Colombian human rights groups, Mr. Rodríquez, a farmer from Cajamarca, Tolima, was detained, along with 37 others, including a Catholic priest, politicians and social leaders from the region on August 22, 2003. Mr. Rodríquez released soon thereafter. On November 6, 2003, Mr. Rodríquez was taken from the community of Potosí against his will by armed men—allegedly members of the AUC paramilitary force. His body was later found—with signs of torture and a gun shot wound—in a common grave.

Amaury Padilla – According to press reports and information from Colombian human rights groups Mr. Padilla, a former advisor to the Government of Bolívar Department, was detained in December 2003, accused of being a member of the ELN. After spending seven months in jail, he was released when the case against him collapsed. Mr. Padilla was then forced to flee the country in September due to threats against his life.

José Yamil Cure – According to press reports and the Attorney General’s office, Mr. Cure—a well-known folklorist and leader in the world-renowned Carnaval de Barranquilla—was detained in early October on the charge of rebellion based on the testimony of former guerrillas. On October 12 Mr. Cure was released when the Attorney General’s office indicated that his detention was “without merits” although the investigation will be kept open. Mr. Cure is considering leaving Barranquilla for security reasons.

We are deeply concerned for the safety of members of Colombian civil society who have been erroneously detained and subsequently released. Members of Colombia’s human rights community, Colombia’s churches and the international community are particularly concerned for the safety of Mauricio Avilez Alvarez of CEDHERNOS in Barranquilla and his family following his recent release from jail. Mr. Avilez, a law student who works with internally displaced persons through a ministry of the Presbyterian Chruch, was detained on June 10, 2004 on charges of rebellion and terrorism based on the testimony of an informant. He was released on October 20 after his arrest warrant was overturned by the Atlántico District Court (Tribunal Penal del Atlántico). Mr. Avilez may have to leave the area or the country due to fear for his life.

We recognize and support the Colombian State’s duty to arrest and prosecute individuals accused of crimes in Colombia’s devastating war. At the same time we reiterate our concerns regarding the detention policy used under Democratic Security. This policy has led to hundreds, if not thousands, of erroneous accusations of membership in or affiliation with armed groups. Many of the people in question have been presented to the press as guerrillas without any public rectification of the error when they are subsequently released for lack of evidence.

We join our voices with those of Colombian human rights groups and the Defensoría and call for adequate protection measures for members of Colombia’s civil society who have been unduly put at risk due to erroneous charges levied against them. We also ask you to do all in your power to verify that future warrants and arrests are based on credible and independent evidence. In those cases in which there is not enough evidence to convict an individual who has been presented publicly as a guerrilla, there should be a public admission of the error in order to restore the individual’s good name and ensure that they will not be at risk for attack by Colombia’s armed groups.

Sincerely,

Neil Jeffery
Executive Director
U.S. Office on Colombia

Joy Olson
Executive Director
Washington Office on Latin America

Adam Isacson
Director of Programs
Center for International Policy

Kathryn Wolford
President
Lutheran World Relief

Rev. Elenora Giddings Ivory
Director
Washington Office
Presbyterian Church, (USA)

Maureen Fenlon, OP
National Coordinator
NETWORK, A National Catholic Social Justice Lobby

Cristina Espinel and Kelleen Corrigan
Co -Chairs
Colombia Human Rights Committee

Jacqueline Baker
Legislative Coordinator
School of the Americas Watch

C. Richard Parkins
Director
Episcopal Migration Ministries

John Lindsay-Poland
Director
Fellowship of Reconciliation Task Force on Latin America and the Caribbean

Terry Collingsworth
Executive Director
International Labor Rights Fund

Anne L. Barstow
National Board Member
Presbyterian Peace Fellowship”

Bogotá, D.C., 10 de noviembre de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz