De hipocresía, de la Ley de “Justicia y Paz”
“La discusión ha sido más producto de vanidades políticas, de odios políticos, de sed de venganza que de búsqueda del bien común a largo plazo”.(…) “Los proyectos radicados en el Congreso son para obtener réditos políticos, a corto plazo, de grupúsculos o de personas sin pensar en lo grande que es la sociedad colombiana” (…) “Ya vemos que las ONG nacionales e internacionales se han aliado para que un día antes de la discusión salga un editorial en el New York para imponer su visión de lo que debe ser un proceso de paz con las autodefensas” (…) “Ya vemos que el lobby de los organismos multilaterales de derechos humanos va en la misma dirección”. (…) “No nos digamos mentiras, esta discusión ha sido tremendamente hipócrita” (…) “Los proyectos que hay son de sometimiento” (…)”Este país ha sido una prostituta para entregar perdones. A quienes lo pidan, se los entregamos” (…) “Salvatore Mancuso y a ‘Ernesto Báez’, jefes de las Auc, por lo menos ellos hayan pedido perdón y tengan gestos que pueden ser el principio de grandes reparaciones como la entrega de 6.000 hectáreas de tierra. “Claro, las autodefensas se deben dejar ayudar. No pueden seguir cometiendo barbaridades como lo siguen haciendo”
Francisco Santos Vicepresidente de la República de Colombia
Apartes tomados del diario El Tiempo, 11 de febrero 2005 de la intervención en el Simposio Internacional de Justicia Restaurativa y Paz en Colombia
Insistir sobreargumentando contra la sana lógica, el sentido común, es mostrar que algo está sin base. O existe algo que no es suficientemente claro o es absolutamente confuso, enredado o entretejido de podredumbre. Dos casos recientes el de la existencia o no del conflicto armado interno y uno profundamente sensible en la conciencia ética de la humanidad el de la Verdad, la Justicia y la Reparación.
La sobreargumentación como estrategia de imposición de una idea y ocultamiento de la verdad, combina apreciaciones personales, que se confunden con las institucionales, abusan de la palabra como poder. Eso ocurre frecuentemente con el Presidente Uribe convirtiéndose en un fiel aprendiz su Ministro del Interior, Sabas Pretil, o del Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo y por supuesto del Vicepresidente Santos. La sobreargumentación es una forma de actuación, de gesticulación y asunción de diversos roles y papeles, según el desarrollo de la obra.
Aunque el ejecutivo sobreargumente que aquí no hay conflicto armado, y que lo existente es la guerra contra 40 millones de colombianos por parte de unos “terroristas”, o una guerra contra la sociedad o el Terrorismo contra la sociedad en la que no es posible ser neutral ni ser poblador civil, las realidades muestran otra situación. Sustentada en la imagología del terrorismo, oculta el terror del Estado, desnaturaliza la acción militar del adversario y el carácter de la confrontación existente desdibujando las fronteras entre combatientes y civiles. Así se entiende la cacería a contra pobladores civiles por agente estatales.
El marco legal de la institucionalización paramilitar, que antes se llama de “Alternatividad Penal” y hoy Proyecto de “Justicia y Paz”, en realidad se caricaturiza la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral. El camino de la honestidad permitiría llamar a esta propuesta del ejecutivo mejor de Sometimiento a la propuesta paraestatal. El contenido de valor de estos derechos son ahora eslogan mediáticos, como los propósitos de la Justicia y la Paz.
A punta de su repetición se pretende imponer una pacificación a cualquier costo, un modelo de sociedad tejido a fuerza de estructuras criminales, una sociedad silenciada que bajo una reconciliación pragmática ubica a las víctimas como vengadores y los invita al encuentro de amor. Sostener a viva voz, como lo hizo vehementemente el Vicepresidente de la República que la petición de perdón de los comandantes de estructuras militares encubiertas, Mancuso y Báez, son signos del perdón requerido, es no solamente un exabrupto sino una ofensa a la conciencia ética de la humanidad, y en particular a las víctimas. La Verdad supone no solo la coherencia lógica de las palabras sino una experiencia real, pedir perdón es la palabra verbalizada pero es la historia enderezada.
La Verdad como principio ético, más allá de lo jurídico es innegable que se encuentra por encima de imposiciones prácticas y discursivas, solo requiere mostrarse. El conflicto armado en Colombia existe, y en términos militares se enfrentan dos tipos de estrategia militar, la estatal y la de la guerrilla. Y el proyecto de la mal llamada “Justicia y Paz”, que presentó en días pasados el Gobierno del Presidente Uribe, es en realidad un proyecto de perdón y de olvido. Es la imposición además de un poder único que ejecuta, que legisla, que sanciona, que juzga, todos los poderes al único poder presidencial. Todos los mecanismos para el silencio, no hay que hablar de los financiadores, de los instigadores y de los sectores de poder defendidos y ocultos tras la estrategia criminal del paramilitarismo.
En el imaginario social de la pacificación parainstitucional o de la nueva fase del paramilitarismo como paraestado, la paz como simulacro de entrega de armas se comprende como el principio jerárquico del que se deriva la justicia y de la reparación. El proyecto de “Justicia y Paz” refrenda la entrega de armas como signo de arrepentimiento sin el desmonte absoluto del paramilitarismo, sin la desestructuración de la privatización de la fuerza, sin el rompimiento con lógicas e ideología militares que sustentan concepciones de enemigos internos – incluyendo en un mismo saco a los combatientes y a los civiles-
Sostener por parte del gobierno nacional que el proyecto de ley de “justicia y paz” comprende el 95% de los aspectos del Proyecto de los Senadores Rafael Pardo, Gina Parody, Luis Velasco y Wilson Borja, es falaz. Pero al mismo tiempo, asumir que el proyecto de ley de los senadores, es el que más se aproxima a los estandares internacionales es un exabrupto.
La sustentación en documentos y recomendaciones de organismos de alta credibilidad es impecable en muchos aspectos. Los consensos obvian el problema de la responsabilidad estatal, el carácter reconstructor de la sanción penal, el requerimiento de un esclarecimiento histórico de las responsabilidades múltiples del Estado y del Establecimiento en el paramilitarismo.
Ni el perdón y el olvido, del proyecto gubernamental, ni el de los senadores, parten de verdades olvidadas. Una, el ente investigador, el existente, en el 99% de los casos ha tramitado la impunidad. Dos, los proyectos se hacen para lo que ahora se llama grupos ilegales, desconociendo las responsabilidades institucionales en la creación, en la gestación, en la extensión, en la consolidación del paramilitarismo como estrategia militar del Estado. Tres, no asumen la integralidad de la estrategia paramilitar, más allá de lo armado, las afecciones profundas en el ejercicio de la democracia, de la política, de la vida social y cultural, de la propiedad territorial.
La desestructuración del paramilitarismo a través de proyectos de ley debe partir de la creación o de la transformación del aparato de justicia, así se nombre una Fiscalía Especializada, esta solo puede dar absoluta credibilidad si sus técnicas de investigación y procedimentales están más allá del testimonio humano y son capaces de probar la responsabilidad estatal en el paramilitarismo. De lo contrario sucederá como con la Unidad de Derechos Humanos que investiga a los Defensores de Derechos Humanos, a los líderes sociales. Si los crímenes son investigados por la Fiscalía General de la Nación con las técnicas, los procedimientos y los métodos existentes, en absoluto es posible el derecho a la verdad y a la Justicia. Se requiere un nuevo ente investigador y de juicio, independiente que parta de una mirada crítica de los mecanismos de impunidad que se han desarrollado en Colombia desde antes, y en la consumación de los Crímenes. Si se hace imposible acceder a la justicia no es posible considerar reconstruido el Estado de Derecho. Abogar por la Justicia, exigirla, no es un ilusionismo o un maximalismo, es un mínimo en el camino a la reconciliación.
Los proyectos de ley, debe ir más allá de los Tribunales que se constituyan. Desde el Proyecto de Justicia y Paz, del gobierno nacional, todo queda concentrado en el ejecutivo, quien confiere una delegación al Consejo de Estado para la designación de los integrantes de ese Tribunal. Para nadie es un secreto de las profundas relaciones entre estas esferas de poder. Además, de preservar a toda costa, la independencia del poder ejecutivo, quién no podrá ni deberá nombrar a los jueces, deberá contemplar la consulta y la decisión sobre su conformación en amplios sectores de la sociedad, y crear las condiciones para que las víctimas se sientan expresados en términos de calidades morales y éticas, en los jueces. Pero nada es constructivo hacia el futuro si no se afrontan las dimensiones integrales del paramilitarismo como estrategia de terror, de destrucción y de persecución y de negación a la existencia de la oposición y de otros modos de sociedad, y de arrasamiento de la pluralidad y de otros modos de pensamiento y de sociedad.
Pero la devolución de tierras no puede ser un simbolismo folclórico, más de 5 millones de hectáreas deben regresar a los campesinos desplazados. Pero que sucede con aquellas tierras, ahora estériles o las saqueadas por obras de infraestructura y proyectos agroindustriales protegidos por estrategias paramilitares. La supuesta coherencia entre verdad y justicia es hipócrita pues pretende confundir una expresión formal con una expresión real. No solamente no devuelven las tierras sino que continúan ampliando la frontera agrícola para los inversionistas nacionales e internacionales a punta de fuego, de mentira y de seducción.
La reconciliación parte de la aceptación de la responsabilidad, y también de resarcir, de intentar volver a su estado primero, la situación que de tajo fue modificada. Todo es vano si la verdad no logra esclarecer para desestructurar las lógicas militaristas en la defensa de las instituciones y de las razones de Estado, y las lógicas de imposición del sector privado de poder en los modos de generación de la riqueza.
Los proyectos de ley en discusión son limitados, no expresan, ni representan integralmente los derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Reestructurar o reinventar el aparato de justicia, resignificar los mecanismos de la reparación moral, profundizar en los efectos de la impunidad política y social, recrear las posibilidades de la memoria en diversos lenguajes, desmilitarizar a los civiles y civilizar a los militares son los cimientos de un Estado de Derecho.
El problema de la cooperación internacional más allá de los dineros que tarde o temprano se otorgarán a la institucionalización paramilitar es cuáles son las apuestas profundas, una paz de enmendaduras o una paz para la democracia de todas y de todos
Ante la hipocresía institucional la verdad, tozuda o a secas antes de la desesperanza o antes de la desesperación. Las expresiones de dignidad trascienden lo económico y pasan por los esfuerzos encaminados a recuperar la memoria de los crímenes, a proteger a las víctimas que rompen el circulo del terror y deciden afirmar la verdad. Redes de grupos de víctimas o de testigos se juntan para probar una vez más los mecanismos jurídicos de la impunidad, la impunidad social y política. Se unen en aspiraciones de fondo en reinvención de la justicia en la construcción de Tribunales éticos con autoridades morales, de las mismas comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes del mundo, para enjuiciar desde las víctimas, lo que los aparatos de justicia, y el Estado colombiano intenta negar, tergiversar u ocultar. No es la venganza es el derecho a la verdad, a enterrar, a llorar, a volver al Territorio que la historia entregó.
El arte de engañar, un mecanismo de la hipocresía gubernamental. El proyecto de “Justicia y Paz” del gobierno Uribe es el ropaje del perdón y del olvido. La sobreargumentación mediática de la entrega de algunas armas por pelotones de uniformados a fuerza de repetición se han aguado ante el Derecho a la memoria y a la justicia. La endémica impunidad de las estructuras investigas del Estado no logran borrar de la memoria, los asesinatos selectivos, las masacres, las técnicas de terror como el corte de cabezas, el desplazamiento forzoso, el despojo de tierras y el control de áreas para proyectos agroindustriales en pleno auge como el de palma aceitera en el Bajo Atrato chocoano y el Pacífico.
Por el camino de la hipocresía, forma del pragmatismo institucional, a nuestra Comisión de Justicia y Paz va a ser necesario cambiarle de nombre y llamarla mejor de Comisión de Perdón y Olvido. Es posible que así podamos hacerle reconocer al ejecutivo, lo vergonzoso que es fabricar una camisa de manga ancha para institucionalizar el paramilitarismo, sin Verdad y sin Justicia. El proyecto de ley de “Justicia y Paz” continúa siendo una afrenta a la humanidad y a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, como la negación de una guerra interna en Colombia.
Ver adjunto, las traducciones no profesionales de los editoriales del New York Times y el Tribune Chicago, apartes de los editoriales del Tiempo, El Espectador, La Declaración de Cartagena y expresiones en la diputación del Estado Español.
Bogotá, D.C Febrero 11 de 2005
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Editorial del New York Times 3 de febrero de 2005
En el año 2003, el gobierno colombiano le ofreció a los líderes paramilitares que se encontraban preocupados por su posible extradición a los Estados Unidos, un buen negocio: pagar una multa pero no ir a la cárcel. Luego del rechazo público, el gobierno mejoró la propuesta: miembros de los paramilitares, incluyendo grandes narcotraficantes y asesinos de masas, podían deponer las armas a cambio de un pequeñísimo tiempo en la cárcel. Podían mantener su botín de guerra y no tendrían que colaborar con los investigadores. Podían continuar como mafias criminales sin ser molestadas. El embajador de los Estados Unidos en Colombia públicamente apoyó ambas propuestas. Afortunadamente, otras naciones que donan dinero al proceso de paz en Colombia no hicieron lo mismo y el plan fue descartado.
El Presidente, Álvaro Uribe una vez más ha mejorado la propuesta de la movilización, justo a tiempo para una reunión hoy en Cartagena de los representantes de los Países donantes. Estos no deben apoyarla. Aunque en este último plan se asume una línea más dura, es aún demasiado vago y lleno de vacíos para realmente llegar a desmantelar estas organizaciones criminales. Las nuevas ideas carecen de elementos fundamentales. En una nueva maniobra, el gobierno requeriría que los líderes paramilitares confesaran los crímenes para poder obtener sentencias reducidas pero no serían castigados por mentir o por omitir información.
Los paramilitares colombianos han masacrado miles de personas y se han enriquecido robando la tierra de cientos de miles más. Controlan alrededor del 40% de las exportaciones de cocaína de Colombia. Su riqueza los hace ser una temible fuerza. Un líder paramilitar decía jactándose que estos grupos controlan un tercio del Congreso Colombiano.
La administración Uribe parece haberse transformado para el consumo internacional, y muy probablemente abandone sus cambios tan pronto como el dinero le sea prometido. El doctor Uribe necesita presentarse ante los donantes con una ley firme que requiera el desmonte real de los grupos paramilitares y que cuente con reparaciones reales para que pueda haber reducción del tiempo de cárcel. Cualquier otra propuesta inferior a ésta, no merece el respaldo internacional.
New York Times, 3-02-05
In 2003, the Colombian government offered right-wing paramilitary leaders worried about extradition to the United States a sweet deal: pay a fine and do no time. After a public outcry, the government improved the proposal: members of paramilitaries, including major drug traffickers and mass murderers, could put down their guns in exchange for very little jail time. They could keep their war booty and would not have to cooperate with investigators. They could continue as criminal mafias, undisturbed. The United States ambassador in Colombia publicly supported both proposals. Thankfully, other nations that donate to Colombia’s peace process did not, and the plan was scrapped.
President Álvaro Uribe has improved the demobilization proposal again, just in time for a meeting today in Cartagena of representatives from the donor countries. They should still not support it. While the latest plan takes a harder line, it is still too vague and ridden with loopholes to dismantle these criminal organizations. The new ideas are also missing some key necessary pieces. To wit, the government would require paramilitary leaders to confess to crimes to get reduced sentences but they wouldn’t be punished for lying or omissions.
Colombia’s paramilitaries have massacred tens of thousands of people and have grown rich stealing the land of hundreds of thousands more. They control some 40 percent of Colombia’s cocaine exports. Their wealth makes them a scarily powerful force; one paramilitary chief boasted that the groups controlled a third of the Congress.
The Uribe administration seems to have undergone its conversion for international consumption, and may well abandon the improvements as soon as money is pledged. Mr. Uribe needs to come back to his donors with a firm law that will require the real dismantlement of paramilitary groups and real reparations in exchange for reduced jail time. Anything short of that does not deserve international backing.
Editorial del Chicago Tribune Publicado el 3 de febrero de 2005
PAZ CON JUSTICIA EN COLOMBIA
Cuando Alvaro Uribe llegó a la presidencia en 2002, Colombia estaba atrapada en un torbellino de asesinatos, masacres, secuestros y una ingobernabilidad general que amenazaba con destrozar al país. Su estilo de mano dura ha mejorado la situación sustancialmente. Los informes del gobierno indican reducciones impresionantes en la mayoría de los crímenes.
Lo que le ha sido esquivo a Uribe hasta ahora, así como a los presidentes anteriores, es cómo negociar un pacto definitivo con la guerrilla y los grupos paramilitares que pudiera terminar con la violencia que ha aterrorizado al país durante 40 años.
El punto más difícil es qué hacer con los combatientes una vez terminen los combates. Cualquier acuerdo basado en la oferta de amnistía, impunidad o un castigo leve para quienes han cometido actos violentos va a fallar porque decenas de miles de víctimas no lo van a aceptar.
Se espera que durante una reunión de donantes internacionales a celebrarse en Cartagena el jueves y el viernes, Uribe promueva un plan para la desmovilización de los grupos paramilitares. Al parecer, su plan es demasiado indulgente con ellos.
Su estrategia provisional ya ha sido atacada por miembros del senado de Colombia y de grupos internacionales de derechos humanos. Resultaría demasiado fácil para los líderes paramilitares, acusados de narcotráfico, atrocidades contra los derechos humanos y crímenes diversos, a cambio de deponer sus armas.
Los donantes internacionales– particularmente los Estados Unidos, que tiene solicitudes de extradición de algunos líderes paramilitares y las considera organizaciones terroristas– deben exigir un acuerdo con unos términos mucho más fuertes.
Los grupos paramilitares son empresas multimillonarias que se financian con la producción y el tráfico de narcóticos, y ocasionalmente con dineros provenientes de rescates. Los paras han sido acusados de masacres, robos de tierras e incontables crímenes. Las dos guerrillas, particularmente las FARC, no son mejores.
Human Rights Watch ha criticado duramente la propuesta de Uribe por no investigar la participación de líderes paramilitares en masacres y secuestros y por no exigirles que admitan los crímenes e identifiquen a sus colaboradores. Asimismo, la propuesta no le exige a los paramilitares que revelen la posesión de propiedades y de fondos mal habidos y los devuelvan.
El senador colombiano Rafael Pardo Rueda y otros pocos miembros del Senado, lanzaron su propia propuesta de desmovilización, una más dura. En ella se señala, por ejemplo, que el gobierno debe ocuparse de la vasta infraestructura económica paramilitar, desde el contrabando de gasolina y las apuestas hasta la producción de cocaína.
El miércoles, se rompieron las negociaciones entre el presidente y los senadores en desacuerdo.
Esto es deplorable. Uribe se merece el crédito de llevar el proceso de paz más lejos que cualquier otro presidente, especialmente su singularmente ineficaz predecesor Andrés Pastrana. El problema es que la paz a cualquier costo sencillamente no va a ser suficiente porque seguramente no va a durar.
Apartes Editorial El Tiempo, febrero de 2005
LA URGENCIA DE UNA LEY
La desmovilización de una parte de los ejércitos, es cierto, le ha hecho sombra a la inaplazable necesidad de definir un marco legal. La entrega masiva de armas le ha dado un aire mediático a este controvertido proceso. Con un costo alto: el de que todo esto está ocurriendo sin que haya claridad sobre el castigo y la reparación. La negociación, compleja como ninguna, tiene que tener credibilidad. Para que no nos sorprendan con cárceles especiales, penas simbólicas, reparación formal de las víctimas y decisiones que no rodeen de claridad esta negociación sin antecedentes.
Con la discusión de la ley en el Congreso, la sociedad colombiana estará decidiendo cuál es el costo que está dispuesta a asumir por la paz y qué paz está dispuesta a conseguir. Se entiende que cierta dosis de indulgencia con quienes han sido protagonistas del conflicto armado sea necesaria para lograr la desmovilización de una parte de los señores de la guerra que se han adueñado del país. Ahora son los ‘paras’. Mañana puede ser una guerrilla que desdeña la dureza de una ley. O un paramilitarismo que pretende pasar por encima de decenas de centenares de víctimas. Esta debe ser una norma dura pero justa. Y esa es la esencia de la ley que radicaron ayer en el Congreso unos parlamentarios que sienten que en estas materias se está jugando con candela.
Confesiones plenas y públicas, penas de prisión consistentes, entrega de bienes adquiridos a sangre y fuego, participación de las víctimas en el proceso de sanación y medidas serias para repararlas son lo mínimo para lograr lo que realmente cuenta: que el aparato paramilitar sea completamente desmontado. Cualquier marco legal que se quede corto en esto permitiría que el inmenso poderío económico y político de los paramilitares se gradúe de legal y, a cambio de la entrega de unos fusiles, siga controlando las sociedades locales (y muchos negocios ilegales), tal como lo hace hoy, pese a haber desmovilizado más de 4.500 hombres. Con la paz hay que jugar limpio.
Apartes Editorial El Espectador 5 de febrero de 2005
El APOYO INTERNACIONAL AL PROCESO
(…) Pero sin duda el más importante requerimiento de la comunidad internacional está relacionado con la exigencia de un marco jurídico adecuado para el proceso de desmovilización que se está llevando a cabo con los paramilitares.
Al respecto, resultó desconcertante el hecho de que mientras en Cartagena el Ministro del Interior hacía una presentación oral y genérica del borrador más reciente del proyecto de ley que el Gobierno promete presentar el 15 de este mes, los congresistas que vienen impulsando el proyecto conocido como
Verdad, Justicia y Reparación, liderados por el senador Rafael Pardo, lo radicaban en Bogotá luego de anunciar que no fue posible llegar a un acuerdo con el Gobierno.
Las explosivas e inconsultas declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, el viernes, aumentaron la confusión y una vez más revelaron las contradicciones que han caracterizado el manejo que se le ha dado al proceso con las autodefensas desde su inicio. Reflejan, además, las crecientes dificultades que este proceso representa para las relaciones del Gobierno con la comunidad internacional.
(…) Esto se hace aún más preocupante a la luz de los editoriales de The New York Times y Chicago Tribune y, especialmente, de la carta enviada por un grupo de congresistas estadounidenses al presidente Uribe, que es muy significativa tanto por quienes la firman como por su contenido. Al lado de pesos pesados del Partido Demócrata aparecen dos destacados republicanos: Richard Lugar, quien preside la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, y Henry Hide, quien cumple la misma función en la Cámara de Representantes.
Sus argumentos no se centran en las conocidas preocupaciones por los Derechos Humanos, sino en las nuevas prioridades de la política de seguridad de EE.UU.: el desmantelamiento efectivo de las estructuras de las organizaciones terroristas extranjeras, en este caso las Auc. Piden que se desmonten sus aparatos armados y redes de apoyo, se confisquen los bienes
adquiridos ilícitamente y se condicionen los beneficios jurídicos para sus líderes al cumplimiento del cese al fuego y la cesación de sus actividades ilegales.
Es ingenuo y peligroso pensar que la insistencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, en el desmonte efectivo del paramilitarismo, basado en el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, sea el resultado de un complot internacional para frustrar la paz en Colombia, como lo quiso dar a entender el Comisionado. Responde más bien a consensos, provenientes de diversas lógicas, cada vez más sólidos en el mundo.
Apartes del artículo La Mesa de Donantes, Iván Cepeda Vargas, El Espectador 6 de febrero de 2005
(…) Un año y medio después de hacer estos compromisos solemnes, el Gobierno colombiano no ha formulado ninguna política de Estado para la paz, pues, contrario a toda evidencia, se empecina en sostener la absurda tesis de que en el país no existe un conflicto armado interno que amerite tal política. Tampoco ha cumplido los aspectos esenciales de las recomendaciones internacionales para la protección de los Derechos Humanos –algunas de las cuales se han repetido sin ser atendidas a lo largo de dos décadas –, y en cambio, ha promovido un proceso de diálogos con las Auc, cuyo saldo es la ampliación del poder de los paramilitares en un marco de impunidad generalizada. En cuanto a la concertación con la sociedad civil, se han tenido
que desplegar ingentes esfuerzos para que el Presidente de la República no siga lanzando acusaciones genéricas contra organizaciones que, dentro y fuera del país, disienten de sus posiciones.
(…) Tal parece que el tema central de la reunión de Cartagena es la solicitud de que los países del G-24 apoyen, económica y políticamente, la desmovilización paramilitar. Dicha solicitud es coherente con la visión que tiene el Gobierno colombiano sobre la cooperación internacional. No se proponen programas ni iniciativas para la reparación de los cientos de miles de
víctimas de la guerra, sino se pide dinero para una organización cuyos han logrado apropiarse de inmensas extensiones de tierra, captar cuantiosos recursos del narcotráfico y controlar capitales provenientes de otras formas de economía ilícita.
No se exige a quienes han ordenado las masacres que reparen a los damnificados del cruento proceso de su enriquecimiento, sino que adicionalmente se les libera de la “carga” de la reinserción de sus tropas, mediante la transferencia de esa obligación al Estado y a la comunidad internacional. (Valga recordar que esa misma concepción la comparte el jefe de la Misión de la OEA, el señor Caramagna, quien sugirió recientemente que las deudas contraídas por los paramilitares en Norte de Santander se cancelen con fondos públicos). En un oportuno informe, la Contraloría General de la República ha dado la medida de esa aberrante discriminación entre víctimas
y victimarios: el Gobierno destina cuatro veces más dinero para los desmovilizados, que el que invierte para atender tan sólo al 30% de los desplazados.
(…) La cooperación internacional tendría que estar dedicada a reparar a las víctimas, y los costos de la desmovilización paramilitar deberían pagarlos los grandes usufructuarios del desplazamiento y las masacres. Mas es difícil que eso lo proponga un gobierno que desconoce la existencia del conflicto armado interno, pues para él tampoco existen sus víctimas.
Bogotá, D.C Febrero 11 de 2005
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz