De dominio público: PLAZAS VEGA criminal de Estado Responsable de crímenes de lesa humanidad en el Palacio de Justicia

La insaciable memoria, derruye muros institucionales de impunidad, hace brillar la luz de los socavones mediáticos en los que los desaparecidos y las víctimas de Crímenes de Estado no tienen un espacio asegurado.

Hoy en camino hacia los 22 años de lo que se ha calificado como la “Masacre del Palacio de Justicia”, ocurrida en noviembre de 1.985, se han ido abriendo caminos jurídicos para la vinculación de militares como responsables de desapariciones forzadas, en particular, de los 11 personas, entre ellos los empleados de la cafetería del palacio de Justicia. Ese camino hacia la verdad ha sido posible a la persistencia de ya casi tres generaciones de los familiares de los desaparecidos, que día a día, que año a año, desde la memoria, desde el dolor, desde los sueños con sus seres queridos, han reconstruido espacios de esperanza para ellos y para que sea posible la justicia. A las acciones jurídicas que iniciara EDUARDO UMAÑA MENDOZA y que en su tiempo fueron haciéndose verdades procesales, verdades reales y que hoy en un nuevo proceso judicial iniciado hace menos de dos años ha ido también arrojando esas verdades negadas con el crimen y la impunidad institucional.

La versión que hoy es noticia en la revista Semana y que se encuentra en un video que se pretende judicializar, ya había sido conocida, parcialmente en una declaración que cuatro años después del insuceso un miembro de inteligencia de la fuerza pública rindió por escrito ante la Procuraduría General de la Nación el 1ro de agosto de 1.989.

La declaración de RICARDO GAMEZ de ese entonces y el video que hoy se conoce hace alusión, clara y precisa de la responsabilidad del Teniente Coronel ALFONSO PLAZAS VEGA. El cuestionado militar hoy en retiro fue promovido en el gobierno de Uribe al máximo cargo en el poder ejecutivo sobre incautación de bienes del tráfico de drogas, a pesar de todas las evidencias que lo implican en violaciones de derechos humanos, Crímenes de Lesa Humanidad y otros que saldrán a la luz pública.
En el video se refiere a las torturas, a la desaparición de ROSA CASTIBLANCO, y a la adopción de su bebé, en una práctica similar a las realizadas por la Triple AAA en Argentina y del tipo de torturas y la muerte de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia.

El relato hace alusión a las torturas y las desapariciones cometidas por dirección del Teniente Coronel, a la planeación estratégica previa antes de la toma del Palacio de Justicia, pues ya de antemano conocían que una columna del M-19 iba a ingresar al lugar para realizar un juicio político al Presidente Belisario Betancur, por el incumplimiento en los acuerdos de paz. Indica con claridad la responsabilidad de los militares en el incendio de tres pisos del Palacio de Justicia en los que reposaban archivos de responsabilidad de militares en la comisión de violaciones de derechos humanos y sobre los cuales las Cortes se iban a pronunciar en derecho.

La versión que se encuentra en la Procuraduría desde hace 17 años se refiere no solamente a los hechos del Palacio de Justicia y la responsabilidad del Estado en la comisión de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, ocultamiento de cadáveres, incendio del edificio del Palacio, rapto de menores, modificación de la escena del crimen, montajes y falsación de la realidad. Además GAMEZ denunció el desarrolló de estrategias de tipo paramilitar a través de las cuales se perpetaron Crímenes de Lesa Humanidad. A través de estrategias encubiertas o bajo los nombres de “Mano Negra”, en la consumación de Crímenes de torturas, desaparición forzada, asesinatos selectivos, masacres, instalación de cementerios clandestinos en guarniciones militares y otros sitios, en Meta, Cúcuta, Bogotá.

Igualmente, GAMEZ en su escrito habla del seguimiento del Batallón CHARRY SOLANO a EDUARDO UMAÑA MENDOZA, abogado de derechos de los pueblos, asesinado el 18 de abril de 1.998, y también del asesinato del sacerdote DANIEL GUILLARD en una acción institucional demencial.

La verdad real en medio de las verdades procesales que han ido surgiendo se hace de dominio público por la persistencia de las Víctimas, por la tenacidad de los familiares que llorar aún en su muerte física a quiénes el Estado les arrebató. La memoria que derrumba a los victimarios, que toca sus conciencias abre el espacio para que la verdad real sea completa. El derecho a saber, el derecho a que no se repita, el derecho a enterrar, el derecho a que la dignidad se exprese se construye entre las tenazas mediáticas, los rostros de hierro que fingen la ternura en cumplimiento de la ley y del deber, esa es la gran Constancia, la gran Censura Etica de los familiares de la Cafetería del Palacio de Justicia. Desde ese mismo 7 de noviembre, y ya en tres generaciones.

Adjunto

Revista Semana El testigo del holocausto . http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=102026

Copia de la Declaración Escrita de RICARDO GAMEZ ante la Procuraduría General de la Nación sobre las torturas, desapariciones y asesinatos en el Palacio de Justicia y operaciones paramilitares en Cúcuta, Villavicencio, Granada y Bogotá Agosto de 1.989. Edición Propia y comparada a la divulgada por Equipo Nizkor en febrero de 2007 www.derechos.org/nizkor/colombia/

Yo, Ricardo Gómez Mazuera, identificado con c.c. # 3.010.247 de Engativá (Cund.), pongo en conocimiento de Ud. los siguientes hechos:
1. Ingresé en la Policía Nacional el 31 de marzo de 1977, como alumno de la Escuela de Carabineros “Eduardo Cuevas” de Villavicencio [Meta] , siendo Comandante de la misma el Teniente Coronel Dámaso Ortega Contreras, Subcomandante el Mayor Rodrigo Millán Bautista, y oficiales Los Tenientes Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, Edilio Cely Prieto, Leonel Hernán Díaz Gutiérrez y William Rojas Giraldo.
Una vez terminado el curso, vinimos a Bogotá donde servimos en la Primera Estación de Policía,luego pasamos a la Sexta, volvimos a la Primera y luego reinauguramos la Quinta Estación.
Entre el 22 de diciembre de 1977 y el 3 de enero de 1978 se presumió que yo había cometido el delito de deserción, pero luego se comprobó que no lo hubo. En testimonio de esto, anexo el original del Paz y Salvo expedido por la Auditoría Auxiliar 35 de Guerra, el 20 de enero de 1988.
Desde 1974 actué como informante de la DIPEC (hoy DIJIN). En-ese momento me conocieron: el Capitán Julio Navarro Rozo (hoy Teniente Coronel y Comandante del Departamento de Policía del Valle) y el Mayor Campos, jefe del Departamento de Estupefacientes (hoy ayudante de la Dirección General de la Policía).
En 1978 pasé a trabajar con el Comando del Ejército.
Durante estos años me han conocido en mi trabajo las siguientes personas: el Mayor Gañán, subjefe de la SIJIN; el Sargento Gaviria, de la sección de Piratería de la DIJIN; el Coronel Alfonso Plazas Vega, director de la Escuela de Caballería; el Capitán Misael Plazas Vega, jefe del S-2 del BAPOM # 1; el Capitán Powels, jefe del S-2 de la Escuela de Artillería; el Capitán Luz, del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano”; el Coronel Pradilla, jefe del B-2 Bogotá; el General (r) Fernando Landazábal Reyes, Comandante de la Brigada de Institutos Militares en 1976; el Capitán Quevedo, jefe de automotores de la SIJIN.
Realicé también trabajos con el Capitán Santos, subcomandante de la SIJIN de Cúcuta; en Bucaramanga con el General Farouk Yanine Díaz, a través del S-2 de la V Brigada, en la zona de San Vicente de Chucurí (1986) en Doncello (Caquetá) con el Capitán de la Policía Heriberto Infante Ramírez.
2. Durante estos años de trabajo con los servicios de inteligencia del Estado, me he ido convenciendo poco a poco de que los métodos allí utilizados son violatorios de las mismas leyes de la República y de que en tales organismos se cometen verdaderos crímenes que me han ido creando un conflicto de conciencia cada vez menos soportable.
Por estes razones y a pesar de los altos riesgos que esto implica para mi seguridad personal y la de mi familia, he decidido abandonar mi trabajo y solicitar a las autoridades competentes que investiguen los métodos utilizados por los organismos de seguridad del Estado para combatir la subversión o la delincuencia, y que se ponga fin a cuanto en ellos hay de violatorio de la Constitución y las leyes y de los Convenios sobre Derechos Humanos.
En particular quiero denunciar los siguientes hechos:
2.1. Como participante activo en tareas de inteligencia durante los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, doy testimonio de lo siguiente:
a) La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fué sacada del Palacio y llevada con quemaduras graves al Hospital Simón Bolívar, donde fué atendida por el Doctor Cristóbal Sastoque Melani, jefe del Pabellón de Quemados de dicho hospital.
Algunos informes de inteligencia dieron cuenta de que “habían sacado una guerrillera y la tenían en el Hospital Simón Bolívar”. Fué enviado, entonces, un sargento de nombre Juan (apellido posiblemente Rodríguez), de 1,60 mts. aproximadamente de estatura, delgado, de ojos cafés claros, nariz pronunciada, que usaba entonces barba y vivía en Ciudad Kennedy, con 3 soldados del S-2, para sacarla del hospital y llevarla a la Escuela de Caballería.
El Dr. Sastoque se opuso a que la sacaran, pero el sargento presionó, diciéndole que si no lo permitía, sería acusado de complicidad con la guerrilla. Entonces lo permitió y lo señora fué llevada a la Escuela de Caballería donde fué sometida a torturas, golpeándola con guantes de caucho mojados sobre las quemaduras. La señora Zuluaga murió en medio de las torturas.
b) EL señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió del Palacio y fué llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fué enviado a la Escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: “me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe”.
El Coronel Plazas se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor Rodríguez “por cómplice”.
El señor Rodríguez Vera fué sometido a torturas durante 4 días, sin suministrársele ningún alimento ni bebida. Fue colgado varias voces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas. El siempre manifestó que no sabía nada de nada ni entendía lo que estaba ocurriendo.
Quienes estuvieron al frente de estas torturas fueron: el Capitán Luz, de aproximadamente 1,78 mts. de estatura, 80 kilos de peso, cabello crespo negro, bigote, acento cercano al costeño, y otro capitán de pelo rubio, quien manejaba entonces un Nissan Patrol azul y blanco.
El señor Rodríguez murió durante las torturas. Su cadáver fué enterrado en secreto, probablemente en “los polvorines”, cerca al sitio donde se hacen prácticas de polígono, en lo misma escuela.
c) El día 7 de noviembre, en la mañana, el señor Andrés Almarales, del Comando Superior del M-19, fué sacado con vida del Palacio, solo herido en una pierna, y trasladado en una ambulancia a la Escuela de Apoyo Logístico, donde funciona el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano”. Allí el señor Almarales fué asesinado y su cadáver devuelto al Palacio para ser sacado de allí entre los muertos.
En la ambulancia que transportó al señor Almarales iba un señor Becerra, adscrito al F-2, hoy conductor de la SIJIN-Bogotá; Dicho señor aparece ‘fotografiado en la primera página de El Tiempo del 9 de noviembre de 1985, cargado el féretro del Capitán Héctor Aníbal Talero (“Halcón-2”).
El periodista Jorge Enrique Pulido tuyo en su poder tomas de video, donde se puede comprobar la salida con vida del señor Almarales del Palacio de Justicia.
d) El domingo 10 de noviembre, después que el Palacio de Justicia había sido inspeccionado, evacuado y barrido, apareció en el primer piso otro cadáver. Correspondía a uno de los visitantes del Palacio, portador de una cédula que no era la suya y que por tal motivo había sido llevado al Batallón Charry Solano, donde murió en medio de las torturas. Su cadáver fué llevado al Palacio por agentes del mismo Batallón.
e) El mismo 10 de noviembre de 1985 se hizo un operativo en el barrio Quiroga (calle 32 sur con carrera 21), en la residencia de la señora Myriam Vásquez, de quien se decía tenía lazos familiares con Fabio Vásquez Castaño (antiguo Comandante del E.L.N.) y que habría tenido algo que ver con los hechos del Palacio de Justicia.
El Coronel Moreno, jefe de inteligencia del Charry Solano, ordenó que la capturaran en forma de “secuestro”, es decir, en forma ilegal, fingiendo ser secuestradores comunes.
No se la pudo capturar, porque hubo confusión con otra señora de nombre Myriam, que en el momento estaba en la misma residencia, y porque los vecinos habían informado a la Policía del barrio Quiroga que había carros extraños en la zona. Dado que la Policía de Bogotá no estaba informada sobre este operativo, y que los agentes del barrio Quiroga acudieron al sitio, el operativo fué desmontado.
2.2. Al señor Samuel Aguilar, Inspector de Policía de Los Maracos, Granada (Meta), se le montó una persecusión, por ser de la U.P., hasta que se le asesinó.
Días antes del atentado, perpetrado el 25 de julio de 1988, el señor Aguilar fué víctima de un atraco, pudiendo él reconocer al atracador, que era un sargento del Ejército. Dos niñas fueron testigos del atraco y una de ellas fué asesinada posteriormente.
El señor Aguilar acusó al sargento ante el Comandante de la Base de Apiay, pero solo recibió en respuesta amenazas e intimidaciones.
La escolta del DAS que él tenía, no apareció el 25 de julio. Ese día llegaron a su casa otras personas que se identificaron como del DAS y le dijeron que lo necesitaban en Villavicencio.
Sospechando lo que iba a ocurrir, un hijo suyo salió a defenderlo con un arma, pero fué desarmado por los agentes. También su mamá salió y lo abrazó, pero los agentes la arrastraron del pelo y a él se lo llevaron. En el camino le hicieron tiros, pero él no murió enseguida. Murió 3 días después. El tipo de bala con que fué asesinado coincide con las empleadas por el grupo de sicarios que el 3 del mismo mes había asesinado a 17 personas cerca de Granada.
2.3. El sacerdote belga, Padre Daniel Hubert Gillard, de la comunidad asuncionista, Párroco de la Parroquia del Santo Evangelio, en el barrio Antonio Nariño de Cali, también fué objeto de investigaciones y seguimientos por parte del B-2 de Cali, pues se consideraba que su trabajo concientizador llevaba a la gente a hacer demasiadas exigencias ni gobierno.
Un operativo conjunto del DAS y el Ejército preparó y perpetró el atentado de que fué víctima el 10 de abril de 1985. Esa noche lo esperaron cerca de la Parroquia, lo dejaron pasar en su carro y a 10 metros le dieron la orden de “alto” que él ya no podía oir, entonces dispararon contra él. Uno de los agentes que participó en el atentado fué el agente Méndez, apodado “la yegua” quien fué desplazado desde Bogotá con esa intención.
El Padre Gillard no murió en el atentado pero quedó inconciente y fué hospitalizado durante muchos días. Más tarde, el Capitán Rodríguez, del S-2 del Batallón de Cali dio orden de quitarle el oxígeno “para ayudarlo a bien morir”.
2.4. También puedo atestiguar la existencia de alianzas entre miembros de las Fuerzas Armadas e industriales y narcotraficantes, para constituir y financiar grupos de “mano negra” o “escuadrones de la muerte” que realizan trabajos de “limpieza social”. En concreto:
a) En Tuluá (Valle), el Mayor de la Policía Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (hoy Teniente Coronel, destacado en Arauca) constituyó uno de estos grupos que tenía como ámbito de operaciones: Cali, Tuluá, Palmira y Yumbo, dando muerte por lo menos a 30 personas.
El Mayor Suárez escogía personal de la Policía y los sometía a un “bautizo”, consistente en que todos participaran en un crimen, con el fin de que nadie pudiera hablar. Así en junio de 1985, hicieron una matanza nocturna de homosexuales en Tuluá y botaron sus cadáveres al río Cauca. Un carnicero fué testigo de la matanza y luego fué asesinado por el mismo grupo.
Para financiar estas operaciones de “mano negra”, el Mayor Suárez recibía dinero de industriales del Valle. El señor Pablo Hamerleng, Jefe de seguridad de la firma Carvajal, de Cali, (tel: 2675011) aportó más de dos millones de pesos.
El Director Operativo de la Policía Nacional, General José Luis Vargas Villegas, tuvo conocimiento de esto pero no hizo nada para impedirlo.
El hoy Teniente Coronel Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (Dirección: calle 19 C sur # 55-54, tel: 2609138) recibe dinero de narcotraficantes, posiblemente para implementar operaciones similares. En un día de junio o julio de 1987, yo mismo lo acompañé personalmente, en un Toyota blanco, a la empresa “Taxis Verdes” de Bogotá (carrera 15 por calle 15) y allí recibió 25 millones de manos del Señor Gustavo Gaviria Riveros, narcotraficante ligado a Pablo Escobar. Un ex-oficial de la Policía que trabajó en la Escuela “Eduardo Cuevas” de Villavicencio, el ex-cabo Linares, quien conducía entonces un taxi de la empresa “Taxis Verdes”, pudo darse cuenta de esta cita, pues estaba allí y me saludó.
b) El Mayor Gañán, hasta 1988 Subcomandante de la SIJIN (Tel: 439810) , también recibe dinero de narcotraficantes. Su casa que posee en Bogotá (en la calle 122) está evaluada en más de 30 millones de pesos. Este Mayor proveía de armamentos para atracos que realizaba el personal de la SIJIN, en unión del Doctor Tarazona, asesor jurídico del F-2.
Por orden suya fueron asesinados los secuestradores del señor Ricardo Valencia, industrial de cueros. El Mayor Gañán dio orden de matar a los secuestradores del señor Valencia después de que ellos se habían entregado, como lo atestiguó el mismo señor Valencia.
c) El Mayor Beltrán Mogollón, antes jefe de automotores de la SIJIN-Bogotá y ahora jefe de la SIJIN-Cali, también organizó un “plan limpieza” en Bogotá, en 1988. Por orden suya fueron asesinados 17 haladores de carros, operaciones ejecutadas por la Patrulla 1010, por personal del grupo de automotores de la SIJIN y por patrullas al mando de los sargentos Sosa y Valdeleón y del agente Aldana (el cual resultó lesionado cuando el atentado al Ministro de Gobierno Jaime Castro).
d) En Cúcuta, el Capitán Santos, segundo en mando de la SIJIN-Cúcuta, ha constituido un grupo con un suboficial y dos agentes para efectuar operaciones “de limpieza”.
Esta grupo mató a un ladrón en la Residencia Avila. Con la colaboración de la dueña de dicha Residencia, reúnen información sobre supuestos miembros o colaboradores de grupos guerrilleros que se hospedan allí y luego buscan matarlos. Así ocurrió con Rodolfo Quenzá González (cc. # 17.586.254 de Arauca) quien después de haberse hospedado allí, fué seguido por el grupo del Capitán Santos hasta Arauca donde fué asesinado en enero de 1988.
e) En esta clase de operaciones ilegales se cuenta con ayuda de personal extranjero. El Señor Vigam, jefe de seguridad de la Embajada de Israel en Bogotá, dicta cursos sobre métodos de seguimiento y tácticas de espionaje y similares, a miembros del Batallón Charry Solano, en compañía de un Señor Yossia, también del equipo de seguridad de la misma Embajada.
Para esta clase de operaciones se cuenta también con un proveedor de Placas y papeles para vehículos: el señor Carlos Cuadros (tel: 2778700, ext. 49) y con una proveedora de documentos falsos: la “Señora Ester”, o la “Señora Edelma” (carrera 12 # 8-35, tel: 2546911) cuyos servicios utiliza el F-2.
2.5. Otro método que resulta violatorio de la Constitución y las leyes es el de infiltrar a organizaciones de izquierda con el objetivo de asesinar a sus dirigentes. A este respecto, denuncio lo siguiente:
a) En el caso de la muerte de Gustavo Arias Londoño, alias “Boris”, del Comando Superior del M-19, la Dirección de la Policía tuvo conocimiento previo sobre su desplazamiento a Caldas (Ant) para una reunión y ordenó montar un operativo “por lo bajo”. En efecto, Arias Londoño fué detenido mientras viajaba a Caldas, el 23 de julio de 1986, a las 11.30 P.M., y conducido al cuartel de la VIII Estación donde le aplicaron la “ley de fuga”. En un informe posterior, la Policía declaró que había sido identificado posteriormente, pero, en realidad, el operativo fue montado con plena intención de asesinarlo.
b) En el caso de Alvaro Fayad, jefe del M-19, el GOES sabía, con tres días de anticipación, que él iría ese día, 13 de marzo de 1985, al apartamento situado en la carrera 42 C # 22-A-30, Apto. 202, y por ello montaron el operativo para asesinarlo.
c) En el caso de Afranio Parra, un informante de la DIJIN que estaba in filtrado en el M-19, había informado sobre su presencia en Vistahermosa, al sur de Bogotá. Cuando salieron a hacer un negocio de armamento, el informante los fué llevando hacia el CAI de Vistahermosa, de la III Estación de Policía, donde los interceptaron 3 agentes que estaban bebiendo cerca de la cancha. En el camino, uno de los que acompañaban a Afranio Parra se escapó, hubo un forcejeo y Ios agentes, entre ellos el identificado con la Placa # 19364, asesinaron a Afranio y a los acompañantes, entre ellos al informante. El que escapó dio aviso a los escoltas de los voceros del M-19 en el diálogo con el gobierno y por ello el caso fué conocido públicamente casi de inmediato.
2.6. Quiero poner igualmente en conocimiento de Ud. la existencia de algunos sitios utilizados como cementerios, para sepultar a víctimas de estos procedimientos ilegales.
a) En la vía a Villavicencio, en dirección norte-sur saliendo de Bogotá, pasando el Retén de “La Alemana”, hay un camino que sube hacia el oriente. Subiendo por dicho camino unos 300 metros, en medio de una arboleda, a mano derecha, hay un área de unos 100 metros donde se ha sepultado a varias personas, víctimas de procedimientos ilegales de represión. (Ver Gráfico 1)
Un caso en el cual me tocó participar, fué (sic) el siguiente:
Entre febrero y marzo de 1983 se perdió una cámara de fotografía que se utilizaba para libretas militares en el Distrito de Kennedy. Por informaciones que llegaron a la Brigada, se acusó a Luis Alfonso Muñoz Cabanzo, quien era informante pero también era ladrón, y a otro de nombre Héctor.
A muñoz se le capturó en el barrio Marco Fidel Suárez y a Héctor en el barrio Quiroga. Ambos fueron llevados al sitio indicado (cementerio de La Alemana), vendados con balletillas (sic) mojadas y untadas de tierra para que no pudieran abrir los ojos. En el sitio mencionado fueron sometidos a torturas y Héctor fue (sic) asesinado y enterrado allí.
A Muñoz Cabanzo lo torturaron quemándolo con un cigarrillo y dándole golpes en el estómago con un bate de base-ball. En un momento dado, él dijo: “yo canto”. Entonces le soltaron las manos y le permitieron limpiarse la cara. Pero como comenzó a dar evasivas, lo arrodillaron y le montaron una subametralladora para matarlo, pero él salió rodando. Le hicieron tiros pero él se escapó hacia la vía a Villavicencio. Esta persona, quien hoy vive de nuevo en el barrio Marco Fidel Suárez, puede testimoniar lo ocurrido y señalar el sitio.
b) Otro cementerio existe en los llamados “Polvorines” de la Escuela de Caballería de Usaquén. En el extremo norte de la Escuela, hacia el oriente, detrás del sitio donde se hacen prácticas de polígono, hay un sitio donde se entierra a personas que mueren bajo tortira (sic) en la misma Escuela. Allí es posible que hayan sido sepultados algunos de los desaparecidos durante los hechos del Palacio de Justicia. Allí fué enterrado, muy probablemente, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y también la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda. (Ver Gráfico 2).
c) En Montería (Córdoba), saliendo de la ciudad por la vía al mar, está la hacienda de la familia Kergelene. Avanzando unos 300 metros aproximadamente hacia dentro de la hacienda, hay una casa de los trabajadores. Siguiendo de allí hacia el río (unos 250 metros aproximadamente) nacen los bebederos del ganado. Unos 50 metros antes del río se encuentra un cementerio en donde, antes de 1988, que yo sepa, se ha sepultado a 6 personas sindicadas de subversión.
El 8 de junio de 1987, en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla, capturamos a 2 personas sindicadas de pertenecer a un grupo de finanzas de alguna organización guerrillera y que supuestamente habían extorsionado a un ganadero de Montería. Los llevamos a dicha finca para reconocimiento y allí fueron asesinados y sepultados.
La noche anterior a dichas capturas estuvimos con Alonso Luna (tel: 355539) y Ovidio Lozano (Dirección: carrera 6 B # 18-45, tel: 369539) en Barranquilla, integrantes del grupo de mariachis “Cien Años de Soledad”.
d) También tengo conocimiento de que en el corregimiento La Floresta, entre Cúcuta y Puerto Santander, en la salida del caserío hacia el occidente, existe un cementerio donde se entierra a muchas víctimas de acciones ilegales de la Policía. El agente de la Policía Julio Ángel Rojas Peñarate, conoce dicho sitio.
e) En el Batallón de Policía Militar # 13 de Puente Aranda, en Bogotá, al lado derecho del casino de los soldados, después de atravesar una zona reservada, está la Sección del S-2, dentro de la cual existe un cuarto de interrogatorios utilizado para torturas. Allí fué llevado, por ejemplo, el señor Hernando Muñoz (Dirección: calle 24 sur por carrera 13 A), un señor a quien le faltan ambas piernas. El Señor Muñoz fué capturado en un operativo dirigido por el Capitán Misael Plazas Vega. (Ver Gráfico 3).
2.7. Finalmente, quiero poner también en su conocimiento los nombres de algunas personas que actualmente son objeto de investigaciones y seguimientos par parte del Batallón Charry Solano y cuyas vidas, por lo tanto, pueden estar corriendo graves peligros:

 El Señor Manuel Zapata Olivella, líder de un movimiento de negritudes.

 El Señor Víctor Diusaba, periodista del diario El Siglo.

 El Señor Ángel Tolosa, líder de un movimiento campesino (ANUC).

 EL Doctor Eduardo Umaña Mendoza, abogado que trabaja con grupos de Derechos Humanos.

 El Señor Alberto González, periodista del diario El Mundo, de Medellín.

 El Señar Jesús Castañeda, periodista de una agencia internacional de noticies cuyas oficinas están en la Plazuela de Las Nieves.

 Un Señor que trabaja con Amnistía Internacional, de nombre Edgard, alto, de barba.
2.8. Quiero dejar constancia, en último término, de que en el mes de mayo de 1989 solicité un extracto de mi hoja de vida en la Policía Nacional y se me comunicó que no existía en los archivos, es decir, que había desaparecido. Con qué fin ?
Hago constar que todos los datos aportados a través del testimonio rendido son auténticos y que están basados, ya sea en mi experiencia personal de trabajo durante estos 12 años, ya en el relato de compañeros de trabajo que han estado más directamente relacionados con algunos hechos, para corroborar lo cual me suscribo, con firma autenticada en notaría.
Atte.
Ricardo Gómez Mazuera
c.c. 3.010.247 de Engativá (Cund)
C.C.

 Dirección Nacional de Instrucción Criminal.

 Ministro de Justicia.

 Juzgado 26 de Instrucción Criminal.

 Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

 Comiisión (sic) Episcopal por la Vida, la Justicia y la Paz.