De acusadora a acusada
Según la Fiscalía General de la Nación las capturas se dan contra personas vinculadas al sector judicial que conformaban una estructura delictiva dedicada a favorecer los intereses de integrantes de grupos herederos del paramilitarismo como el clan del golfo y los paisas; esto significa más que un nuevo escándalo de corrupción, significa la continuidad de control de estos grupos en las decisiones judiciales.
En el caso de la judicialización de líderes y pobladores del Sur de Bolívar, la ahora ex Fiscal solicitó medida de aseguramiento para los líderes sociales Manuel Francisco Zabaleta, quien fue miembro de la Anuc y durante más de 25 años ha liderado el proceso organizativo de la comunidad de pequeños mineros y campesinos del corregimiento Casa de Barro, municipio de Norosí, representante legal de la Asociación de Mineros de Cada de Barro afiliada a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y delegado a la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y sur del Cesar; ISIDRO ALARCÓN, líder destacado de la comunidad del corregimiento Micoahumado del municipio de Morales, Isidro es uno de los impulsores de la Constituyente Popular de Micoahumado que permitió que la comunidad le exigiera a la guerrilla del Eln el desminado de las vías y caminos del corregimiento; MILENA QUIROZ, socia fundadora de la Cooperativa Multiactiva de Arenal y Delegada por esa organización a la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y sur del Cesar. Junto a ellos se encuentran detenidas otras personas algunos de ellos miembros reconocidos de las comunidades de los municipios de Norosí, Morales y Arenal.
Las investigaciones y capturas de pobladores del sur de Bolívar, ordenadas por la fiscal Puentes que participaba activamente en la Red Criminal que favorece a las estructuras paramilitares del caribe colombiano, lleva a cuestionar profundamente la imparcialidad que pudo tener esta funcionaria judicial al momento de ordenar esas investigaciones ya que, al descubrirse el tipo de delitos de los que está señalada la fiscal, parecería que obedece a un plan orquestado a destruir el proceso organizativo de las comunidades del sur de Bolívar.
Los recientes hechos representan un reto para la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, el desafío es el de depurar la institución y garantizar la transparencia en las decisiones de todos los fiscales del país, en el caso concreto significa realizar una revisión exhaustiva del proceso de investigación a efectos de verificar la ocurrencia o no de actividades delictivas en el proceso de recolección de las pruebas que sirvieron de base para la judicialización de lideres sociales y pobladores detenidos.
Exigimos la libertad inmediata de MANUEL FRANCISCO ZABALETA, ISIDRO ALARCÓN, MILENA QUIROZ y demás pobladores que están siendo judicializados.
Julio 31 de 2017
- FEDERACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR
- CORPORACIÓN SEMBRAR
- CAPÍTULO DE VICTIMAS SUR DE BOLÍVAR, SUR DEL CESAR Y CATATUMBO – MOVICE