Danza de los millones y las mentiras
Estrambótico que el ministerio de Protección Social haya tenido que pagarle a una entidad particular primero $725 millones y luego $1. 200 millones más, para que lo asesorara acerca de la manera de cumplir una sentencia de la Corte Constitucional sobre la salud.
¿Qué es lo que saben los asesores externos, que supuestamente lo desconocen o no pueden hacer los médicos, abogados y expertos en EPS de la planta interna del ministerio?
No puedo creer que toda la nómina oficial de este ministerio sea tan incompetente como lo es el ministro Diego Palacio, hábil apenas en injuriar valiéndose de asuntos personales e íntimos, como lo hizo con Germán Vargas Lleras, sólo porque le pidió justificar la necesidad de tanto contrato multimillonario y explicar su confuso proceder en la expedición de los decretos de la emergencia social.
La acusación de Vargas Lleras contra el Ministerio de la Protección Social no es cualquier cosa, como para responderla con ataques bajos. En efecto, el ministro Palacio tiene que explicarle al país cómo es que la costosa asesoría contratada para cumplir un fallo de la Corte Constitucional relacionado con la salud, a la hora de la verdad la terminan prestando precisamente quienes además están sentados en las juntas directivas de poderosas EPS.
Pero además Diego Palacio tiene que rectificar sus inexactitudes, en las que sólo pudo haber incurrido por cuenta de su temeridad y mala fe. Según el ministro, para la expedición de los decretos de la emergencia social fueron oídos los consejos de importantes profesionales de la salud. Lo que no dijo Palacio, y estaba obligado a revelarlo con precisión, fue que muchos de los expertos que consultaron previamente, le aconsejaron al Gobierno que no expidiera los decretos que hoy tienen escandalizado al país y en vilo el precario régimen de salud.
El muy respetado médico Roberto Esguerra Gutiérrez, director de la Fundación Santa Fe —de cuya competencia y rectitud he sido testigo de excepción por razones profesionales—, ha aclarado que lo que el ministro no les ha contado a los colombianos es que varios de los expertos consultados para expedir los desastrosos decretos de la emergencia social, lo asesoraron en el sentido de recomendarle que no los expidiera, porque eran claramente inconvenientes. Decir que el Gobierno oyó a ilustrados consejeros pero callar que no les hizo caso, es una forma de mentir y de engañar a la opinión.
Pero si los severos reparos de Vargas Lleras dejaron dudas que el ministro Palacio no ha despejado, es aún más inquietante la revelación del senador Rodrigo Lara, acerca del claro impedimento de Óscar Iván Zuluaga para estampar su firma en alguno de los decretos de emergencia social. En efecto, el Ministro de Hacienda suscribió un decreto que en materia de impuestos favoreció precisamente a un sector de la industria licorera, al que coincidenciamente pertenece un tío suyo, Fernando Escobar Aristizábal, exitoso importador de licores, hermano de Mario, el otro tío que casi sale premiado en Carimagua.
En vez de negar la grave sindicación de que el tío sí se benefició del decreto firmado por el sobrino, el ministro Zuluaga ha pretendido exculpar su ligereza ética alegando que no estaba impedido, porque expidió no una norma particular sino general, la que sin embargo debe de tener a su consanguíneo muerto pero de la risa.
Tal parece que este no es el Ministerio de la Protección Social, sino el de la “proyección” social, pero de los amigotes y consentidos del régimen.
Adenda. Demoledora la revelación que hizo el ex director del DAS, Jorge Noguera, en el juicio que se le sigue en la Corte, según la cual el nombramiento del ex subdirector del organismo de inteligencia, José Miguel Narváez, que tanto traumatismo trajo a esa institución, fue ordenado directamente por el propio Uribe. Por algo será que no se atrevieron a desmentirlo en la “Casa de Nari”.
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