Daños ambientales y control neoparamilitar sin acción del Estado.

El 28 de julio un grupo de integrantes del Consejo Comunitario y observadores de derechos humanos constataron el aumento de daños ambientales y el despojo en predios de comunidades  negras de La Esperanza km 23.

Ocupantes de mala fe con maquinaria tipo retroexcavadora abrieron vías y nivelaron terrenos para construír viviendas de manera ilegal. Del mismo modo se observó la tala de bosque primario con motosierras sin ninguna licencia.

De acuerdo con pobladorws en la última semaba de junio se constató el ingreso de estructuras paramilitares en vehículos de alta gama a celebrar fiestas en las que realizan disparos con armas cortas y largas,  en  uno de los predios invadidos.

Ayer 27 de julio ingresaron al menos 10 vehículos entre ellos 2 camiones tipo planchón, una grúa y carros de alta gama. Pobladores afirman que además del tráfico de droga, los paramilitares podrían estar utilizando el territorio colectivo como deshuesadero de vehículos hurtados, tal como ocurrió en los años 2002.

De manera un tanto paradójica, el líder Manuel Heriberto Becerra Rosero, quien tiene esquema de protección de la UNP, no ha podido ingresar al territorio colectivo desde mediados de junio. La coordinación de la UNP en Buenaventura no autoríza la entrada de los escoltas asignados a la protección del líder Comunitario hasta el predio del que ha sido despojado.

Ante esta irregular situación y todo lo que ocurre en el territorio colectivo, ninguna de las autoridades del nivel Distrital, Departamental y Nacional que han sido notificados de la vulneración de derechos en este territorio colectivo han tomado medidas para evitar más daños, así como reparar y restituir los derechos de este consejo comunitario.

Bogotá, 28 de julio de 2016
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz