Daños al territorio colectivo por empresas privadas y amenazas militares a la población
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de los daños causados por la empresa Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce (SPIA), subsidiaria de International Container Terminal Services Incorporated – ICTSI – sobre las comunidades negras del Crucero y de Las Brisas en el territorio Colectivo del bajo Calima y las operaciones armadas con abusos de autoridad sobre afrocolombianos e indígenas.
Bogotá, D.C., 19 de septiembre de 2012
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Ministro del Interior
RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
JUAN GABRIEL URIBE
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
SANDRA MORELLI
Contralora General de la Nación
Nuestra Constancia Histórica ante los daños generados por el ingreso inconsulto al territorio ancestral del consejo comunitario de la comunidad negra del Bajo Calima y de manera especial de las comunidades del crucero Km.9 y Las Brisas, operarios de la ICTSI, subsidiaria de la filipina International Container Terminal Services, que bajo el desarrollo de obras para el manejo y administración de contenedores, están afectando los derechos de comunidades ancestrales que ocupan más de 77 mil hectáreas desde 1550.
Nuestra Constancia Histórica ante la consolidación de proyectos de infraestructura que aseguran el control territorial como el Proyecto Agua Dulce, el aeropuerto internacional de carga, y el traslado del botadero de basura actual, mientras las familias de las 11 comunidades del Bajo Calima, entre ellas la de El Crucero y Las Brisas.
Nuestra Constancia ante el desarrollo de operaciones de tipo paramilitar dentro del Resguardo Santa Rosa de Guayacan de la comunidad indigena Nonamm, con hombres encapuchados en medio de la presencia del control territorial que ejercen las fuerzas regulares.
A continuación la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica.
* Viernes 29 de junio, hacia las 8:00 a.m. pobladores de la Comunidad El Crucero adelantaron un recorrido de verificación en su territorio ancestral, no titulado, observando la presencia de cuatro (4) trochas que alinderan parcelas presumiblemente del territorio ahora titulado a los Consejos comunitarios de Gamboa y La Caucana.
Los habitantes observaron la presencia de personas externas al proceso organizativo quienes adelantan siembras en los territorios, marcando cada lote con el nombre a quien pertenece y la construcción de dos casas con pisos de madera, techos de zinc, que se presume que son personas de los consejos de Gamboa y la Caucana.
Hasta el kilómetro 13 se observaron grandes extensiones deforestadas y significativas mejoras de yuca, banano y zapallo, la cuales se ubican en área destinada por la comunidad del Crucero para las siembras de sus cultivos de pan coger. En el lugar se evidenciaron los restos de los ranchos que fueron quemados y tumbados el 11 de febrero y el 5 de noviembre de 2010 y el 19 de enero de 2011.
Como se dejó Constancia en sus despachos estas actuaciones arbitrarias contaron con la participación, por unidades militares adscritas a la Segunda Brigada, batallón 80, según efectivos regulares, entre ellos el oficial CERDA, por órdenes superiores concertadas con la empresa Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce, SPIA y la de seguridad privada Gendarmes. “nosotros cumplimos órdenes de los superiores, y ustedes deben dirigirse al Batallón 80, ese día agregaron los militares que el coronel asumió acuerdos con el gerente de agua dulce para proteger la vía”, expresaron en ese entonces los militares
A la altura del Kilómetro 15.5 se observaron sembrados y áreas deforestadas con los nombres de los supuestos dueños en un espacio de por lo menos 8 Hectáreas.
* Martes 10 de julio, hacia las 10:00 a.m. en la comunidad de El Crucero dos funcionarios de la empresa Sociedad Portuaria Agua Dulce y un funcionario de la Fundación Agua Dulce convocaron a los habitantes del consejo comunitario a una reunión.
Los funcionarios pretendieron realizar una de verificación de los mojones para exigir a la comunidad no intervenir el área de la vía en construcción en un trazo de 50 metros a ambos lados de los territorios habitados por las comunidades. Tanto los mojones como el consentimiento para la construcción carreteable que conduce hasta el Puerto de Agua Dulce atravesando el territorio colectivo se realizó sin consulta alguna.
La comunidad manifestó a los funcionarios que no permitirá ningún nuevo daño en su territorio ancestral. Rechazaron la privatización de su territorio con vigilantes privados, con el uso de la fuerza pública para asegurar las obras empresariales y mecanismos fraudulentos de titulación a los Consejos de Gamboa y La Caucana, en los que podría estar implicada la señora ROSA EMILIA SOLIS, quien participa del Consejo Directivo del INCODER, en su condición de consultiva de alto nivel de las comunidades negras.
Los afrocolombianos que viven allí desde el año 1958 solicitaron de manera urgente reunión con el gerente del proyecto Agua Dulce para hacer claridad de sus abusos y desconocimiento de sus derechos.
* Lunes 23 de julio, a eso de las 11:00 a.m. en Buenaventura en la sede la Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce el Comité de la Comunidad El Crucero acudió para reunirse con el gerente, MIGUEL ABISAMBRA pero este nunca se presentó. Posteriormente se presentó un miembro de la Fundación Agua Dulce y un funcionario responsable de la vinculación del personal como mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto.
Estos funcionarios en contraprestación de las demandas de la comunidad propusieron que esta asumiera la vigilancia privada dentro del área de intervención del proyecto, beneficiándose de la obra y teniendo en cuenta las muchas necesidades de la comunidad.
La comunidad ratifica su exigencia de reparación de daños y de consulta previa como lo exige la Ley, una vez el gobierno nacional a través del INCODER resuelva la titulación sobre esta área.
* Martes 31 de julio, aproximadamente a las 7:00 p.m. pobladores de la comunidad de La Colonia, conocieron de la existencia de un panfleto sin firmar, en el que anunciaban que hasta nueva orden quedaba prohibido el tránsito de vehículos por el Río Calima y San Juan y la carretera que conduce hasta Buenaventura.
* Miércoles 1 de agosto, desde las 2:00 p.m. ningún vehículo de trasporte público se movilizó por la carretera que conduce a la Comunidad de La Colonia en el Km 18 y el Puerto de Buenaventura.
* Viernes 3 de agosto, a las 7:00 a.m. en la comunidad de El Crucero camiones de la empresa SPIA empezaron a transitar sobre predios colectivos en dirección al Estero.
En una acción no violenta de dignificación y defensa de su territorio los afrocolombianos decidieron cerrar la vía ancestral pare evitar daños irreparables que está produciendo la empresa dentro de su territorio y exigir la consulta y consentimiento de las comunidades.
Mientras el resto del municipio permanecía en absoluta parálisis, la camioneta de la empresa SPIA hizo su ingreso, mientras los vehículos de transporte público que tenían recorrido hacia el bajo Calima no podían movilizarse por presunta existencia de artefactos explosivos en la vía.
Hacia la 11:00 a.m. en respuesta a la acción comunitaria funcionarios de la Empresa SPIA y posteriormente unidades militares adscritas a la Infantería de Marina se hicieron presentes solicitando a la comunidad habilitar la vía y retirarse del lugar.
Aproximadamente a las 3:00 p.m. una delegación de 15 ciudadanos de los Estados Unidos de Witnes For Peace, después de un recorrido por la comunidad de El Crucero, constató la crisis alimentaria y el temor que vive la comunidad como consecuencia de las acciones de inconsultas y de despojo de su territorio por parte de la Empresa SPIA.
* Sábado 4 de agosto, a eso de las 6:00 a.m. se restablece el transporte de río y carretera en las cuencas del Bajo Calima y del San Juan.
* Sábado 4 de agosto, a las 8:30 a.m. las organizaciones internacionales defensoras de Derechos humanos Witness For Peace, Peace Brigades International; periodistas de la televisión alemana y la Comisión de Justicia y Paz, ingresaron al territorio colectivo del Bajo Calima en misión de verificación y observación constatando la fuerte militarización del territorio, especialmente entre los sectores El Gallinero hasta la comunidad de La Colonia.
A las 10:00 a.m. cinco minutos después de que la delegación de internacionales y la comisión de Justicia y Paz se embarcara en el puerto de la comunidad de La Colonia hacia el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán del pueblo Nonamm, las unidades militares adscritas a la Segunda Brigada del Batallón 80, lanzaron una serie de disparos y ráfagas al aire por espacio de 3 minutos, algunos de los militares corrieron y se instalaron detrás del vehículo particular que aguardaba la delegación de internacionales.
* Jueves 9 de agosto, aproximadamente a las 11:00 a.m. en el Club Sabaletas de Buenaventura la empresa SPIA se reunió el comité veredal de la comunidad del Crucero y la Junta Directiva del Consejo Comunitario del Calima, donde la comunidad sentó su posición frente a las acciones de abuso sobre sus predios por parte de la empresa Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce (SPIA) subsidiaria de International Container Terminal Services Incorporated (ICTSI), exigiendo el cesen de las acciones empresariales y hasta que se reconozca jurídicamente el titulo que en 2002 les fue negado.
El gerente de la empresa negó la responsabilidad sobre la quema de los ranchos y la prohibición de acceso al territorio, pero manifiesta su voluntad para negociar el tema de los daños.
* Jueves 9 de agosto, hacia las 2:00 p.m. dos hombres encapuchados con armas fueron observados en predios del Resguardo. Los hombres amenazaron de muerte a los niños y los adultos que los descubrieron.
Pasada una hora algunos adultos se acercaron para verificar y desde lejos pudieron observar a uno de los hombres encapuchados en el mismo lugar.
* Lunes 20 de agosto, hacia las 2:00 pm. en la Comunidad de El Crucero, militares adscritos al batallón 80 de la Segunda Brigada amenazaron de muerte a los jóvenes que transitan en motocicletas, cuando estos le reclamaron por solicitar la documentación con buenas formas, los militares expresaron: “o se callan o los callamos de un disparo”.
La comunidad en su conjunto al darse cuenta de la situación exigió a los militares respeto, en respuesta los efectivos regulares, tomaron fotografías a jóvenes y pobladores de la comunidad, insistiendo en que era mejor que se quedaran callados.
* Miércoles 29 de agosto, hacia las 8:00 a.m. el comité veredal de la comunidad de El Crucero o Km. 9, Bajo Calima, realizó una verificación sobre la vía ancestral que comunica desde el kilómetro 7.5 hasta el Estero agua dulce sobre el kilómetro 22.
Parte del área de aproximadamente 11.053 hectáreas del territorio ancestral del Bajo Calima no titulada al Consejo comunitario en la resolución del INCORA de 2002, fue adjudicada a los consejos de Gamboa y Caucana en una extensión de 3.282 hectáreas, al parecer consejos promovidos por ROSA SOLÍS, quien presuntamente a la fecha de la adjudicación era representante legal del consejo de Gamboa e integrante de la Directiva de Incoder como consultiva de alto nivel, del proceso de comunidades negras.
La acción fraudulenta es validada por la propia empresa que ha realizado acuerdos con esta presunta representante de comunidades negras que desconoce los derechos ancestrales de los habitantes de El Crucero, La Estrella y Las Brisas.
En la misma verificación se constató que el área a lado y lado de la vía ancestral en un recorrido de 15 kilómetro correspondiente al tramo ente el Kilómetro 7,5 a orillas del caserío El Crucero hasta el estero de Agua Dulce sobre la bahía de Buenaventura es parte del que desde el 2009 la seguridad privada de la empresa y la fuerza pública se tomaron prohibiendo el ingreso a los pobladores ancestrales.
En el recorrido se constató la tala indiscriminada de bosque por una trocha de 40 Mts de ancha por 7.000 Mts de larga, el corte con motosierra de 296 tablas, 70 cuartones, 18 vigas y la construcción de un campamento instalado en medio de la vía en un área de 13 mts de frente por 9 Mts de fondo.
La comisión observó un arriero contratado por la empresa SPIA moviendo la madera hasta el campamento encontraron un sembrado de 300 palmas de coco.
* Martes 4 de septiembre, a las 3:00 p.m. a la comunidad El Crucero en el Bajo Calima, ingresaron unidades de Infantería de Marina, adscritas al batallón 80. Los militares procedieron a levantar los palos que la comunidad instaló en este camino para evitar que particulares y especialmente la empresa Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce, causen nuevos daños al territorio. Cuando la comunidad negra reclamó por su acción los militares respondieron que la orden de despejar esta vía la dió su coronel porque es una vía pública.
Nuestra Censura Ética ante las operaciones empresariales contra derecho de la ICTSI, que cuenta con 6 puertos de Filipinas y otros 14 en el mundo, y que se proyecta como uno de los protagonistas de la movilización de productos de la región Asia-Pacífico, con presencia en Manzanillo (México), en Guayaquil (Ecuador), en Argentina y en Buenaventura (Colombia), desconociendo los derechos de las comunidades negras y generando daños irreparables, sin mitigación de fondo, de tipo ambiental.
Nuestra Censura Ética ante el INCODER por la ausencia de investigación ante las actuaciones fraudulentas y contra derecho promovidas por ROSA SOLÍS, actuaciones que afectan de manera directa a las comunidades de bajo Calima en sus derechos étnico territoriales.
Nuestra Censura Ética ante las actuaciones de las unidades militares adscritas a la Segunda Brigada, Batallón 80, contrarias a las normas mínimas de respeto al derecho humanitario; por sus actitud que favorece el uso territorial arbitrario de la empresa contra los derechos de las comunidades de El Crucero y Las Brisas y el incumplimiento del control perimetral exigido por el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, en el marco de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nuestra censura Ética ante la continuidad de estas operaciones empresariales que desde el 2009 restringen los derechos de las comunidades negras con la prohibición de ingreso a sus legítimos dueños a través de la fuerza pública y la empresa de seguridad privada Gendarmes; la quema y destrucción de los ranchos de uso ancestral, los daños derivados de la tala indiscriminada de bosque nativo, el corte de madera, la construcción de campamentos que garantizan el avance de este proyecto portuario sobre el estero de Agua Dulce frente al actual puerto internacional de Buenaventura.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y en conformidad con sus responsabilidades institucionales pedimos respetuosamente sus respuestas fácticas y por escrito acerca de:
1. ¿En qué estado se encuentran la revisión de los procesos de titulación colectiva del bajo Calima y en particular de los lugares que han habitado tradicionalmente los afrocolombianas de la comunidad El Crucero? En particular, por la revocatoria de los títulos otorgados a las comunidades de La Gamboa y La Caucana.
2. ¿Qué consulta previa se realizó, cuándo, cómo y con quiénes, por parte de que entidades y empresas para el uso, ocupación de los espacios tradicionales de habitación desde el kilómetro 7.5 hasta donde hoy se realizan operaciones de obras de infraestructura?
3. ¿Qué estudios de impacto social y ambiental realizó los ministerios y las entidades competentes y la empresa Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce, SPIA, subsidiaria de International Container Terminal Services Incorporated, ICTSI? ¿Cuáles fueron sus resultados? Si existió estudio de impacto ambiental y social se requiere copia de los mismos
4. ¿Qué pago de impuestos realiza la empresa Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce, SPIA, subsidiaria de International Container Terminal Services Incorporated, ICTSI? ¿Cuál es su destinación?
5. ¿La empresa realiza algún pago adicional, además de los impuestos, por sus operaciones? ¿A qué entidad y para que su uso?
6. ¿Qué medidas se van a adoptar frente a los daños ambientales y sociales que está causando la empresa arriba mencionada?
7. ¿Qué medidas expeditas de prevención frente a daños ambientales se van adoptar?
8. Frente a los abusos de autoridad contra los afrocolombianos que medidas internas dentro de las fuerzas militares, se van adoptar? ¿Qué medidas de sanción se tienen previstas respecto a amenazas y uso indiscriminado de armas de fuego en operaciones contra la población?
9. Respecto al presente ¿Qué medidas se van adoptar frente a los efectivos de las Fuerzas Militares que se encuentran en El Crucero para que no se repitan estas situaciones?
De toda consideración,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá, D.C Septiembre 19 de 2012