Cuestión de Dignidad
En medio de la dinámica de legitimación paraestatal, de su institucionalización signos de indignación, eso fue el Acto Simbólico de Indignación, de afirmación del Derecho a la Verdad, de la Justicia y de la Reparación.
Los medios, entre ellos El Tiempo, se refirió a la expresión de indignación, pero entre líneas nuevamente habló de lo que hace años no se reconocía, que los militares están comprometidas en el origen, en la estrategia militar del Estado, que los sectores de poder los alentaron. Así solamente sea dicho en breves líneas, esa verdad antes se disfrazaba, se tergiversaba, se ocultaba o se negaba, ahora no.
Entre letras poco a poco, máscaras y máscaras tienden a desaparecer en la legitimación del paramilitarismo. Lo que se oculta bajo el nombre de “Autodefensas” es además del recurso discursivo de nombrar la realidad de un modo que oculta lo paramilitar como estrategia encubierta militar del Estado, bajo el pretexto tergiversado del “derecho a la defensa”, la expresión política de control social en defensa y en la protección de intereses de sectores locales, regionales y nacionales de poder económico.
El Tiempo, lo expresa tangencialmente, importante, pues aunque sea en pocas líneas. La verdad es inocultable, genera vergüenza, mucho más cuando, el Herman Monster creado por el Estado hasta ahora está dejando caer sus primeras máscaras, está cambiando de piel, haciendo pública sus pretensiones políticas y sociales, impuestas y desarrolladas ya en muchas regiones del país, dejando entrever que si hay cárcel o si hay extradición, ellos hablarán, dirán, compartirán todo el apoyo, las relaciones con el Establecimiento.
La diabólica creación estatal habló ante algunos, del 35% del Congreso, que ellos mismos eligieron, ayudaron a elegir, según expresó Mancuso hace dos años. Esos mismos que expresaron que no pagarán ni un día de cárcel, ya lo habían dicho, en noviembre pasado. La expresión de perdón también se convirtió en recurso formalista para ocultar sus verdaderas pretensiones. Es la quinta ocasión en que piden perdón. Nada absoluto de fondo, pues no existe transformación, pues no se dice la totalidad de la Verdad, porque la expresión ritual formalista del perdón se usa como recurso mediático, como mecanismo de seducción que no corresponde a la realidad, porque la expresión de perdón se utiliza como sustituto de la justicia.
Adentro y afuera del Congreso, unas voces de indignación. Las familias de las víctimas, pocas sí, porque ellas nunca han contado con la posibilidad convocatoria de los medios, ni de ningún posibilidad en igualdad de condiciones para expresar su pensar, su sentir. Pocas sí, pero con la afirmación del Derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Pocos sí, como expresión ética ante el poder, indolente, ante los cuantiosos recursos para movilizar campesinas que habitan en zonas de presencia y control paramilitar. Pocos sí, en contra corriente, contra un país, que se niega a percibir la realidad de un país desangrado, desencuadernado donde el Derecho se ha ido convirtiendo en la defensa del poder ante los excluidos, ni siquiera los postulados liberales son posible de sostener.
Ellas y ellos, un puñado en la plaza de Bolívar a la que pudieron acceder luego de enfrentar a la Policía que argumentó que existía una resolución del Alcalde que impedía el acceso de las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y de organizaciones de Derechos Humanos, al lugar donde, desde tempranas horas, campesinos e indígenas de Cota, de Mosquera – Cundinamarca- , de Puerto Boyacá, de Córdoba, de Meta ingresaron para gritar por la “paz”, nacida por la paz sin verdad, sin justicia, sin reparación. Algunos de ellos se cubrieron la cara con camisetas, gritando: “guerrillos”, “apoyadores de la guerrilla”, “hijos de Marulanda”. A las mujeres, la mayoría de ellas de ASFADDES y de organizaciones de Derechos Humanos, los jóvenes, les gritaron: “vengan, chupe guerrillera” –refiriéndose a los genitales-. Sin más palabras, las expresiones lo dijeron todo.
Destruyeron algunas sombrillas en la que se leía la palabra justicia. Los ataúdes signo de los más de 3000 desparecidos y de los más de 40 mil víctimas se abrían paso. Sin embargo, lograron rodear a los pequeños manifestantes contra las mallas. La policía solo observaba. Minutos después llegó la Policía ESMAD, escuadrones antimotines, que por supuesto se dirigieron contra los familiares y las organizaciones de las víctimas y los organismos de Derechos Humanos. Desde El Palacio de Justicia, los letras SIN OLVIDO, al lado las fotos de Mario y de Elsa, de Eduardo. ,
El Acto Simbólico de Indignación fue una expresión ética, dice el editorial de El Tiempo, “Curiosa paradoja: los victimarios en el Congreso, mientras la memoria de miles de víctimas no logra reunir a más de medio centenar de personas”, olvida el editorialista, la imposibilidad de la memoria en la prensa, la falta de imparcialidad, la ausencia de contrastación de fuentes. Omite recordar que los medios no dejan hablar a los testigos o a las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, para estas víctimas no hay campañas ni jornadas de solidaridad. Olvida El Tiempo que los transeúntes que a esa hora circulaban por la plaza de Bolívar, al observar los ataúdes, se acercaron a ellos y luego de conocer por qué estaban allí, se unieron a las voces de indignación. Olvida El Tiempo, los efectos del terror, la desestructuración de millares de comunidades, de organizaciones sociales sometidas aún hoy a las más aberrantes expresiones de destrucción, al ejercicio de control parainstitucional … olvidan que millares de víctimas, a veces prefieren callar, guardar la memoria, mientras en Colombia se hace posible una democracia política, económica, social y comunicativa que posibilite hablar, decir, denunciar sin el temor de ser torturado, desaparecido, asesinado, desplazado o exiliado.
El Acto Simbólico fue eso, un expresión ética en medio de la desesperanza, de la desesperación ante el erosionado Estado Social de Derecho. El Editorial de El Tiempo, una lectura de lo que sucedió el pasado 29 de julio en el Congreso de la República.
Un gesto no correspondido
Quizá lo último que imaginaron los hombres que en los años 80 crearon los primeros grupos paramilitares; los militares, comerciantes y ganaderos que contribuyeron y los parientes de las miles de personas que han asesinado fue verlos algún día en el Congreso. Ese día fue ayer, cuando el país entero vio, en directo por televisión, desde ese recinto, a tres jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Generoso gesto el de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, que los invitó. Y más generoso aún el del Gobierno, que, al no oponerse, permitió la visita al Congreso de Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque (‘Ernesto Báez’) y Ramón Isaza. No solo, como dijimos ayer, por ser una insólita concesión, en un incipiente proceso sobre el cual pesan toda clase de incertidumbres, sino porque, en contraprestación, los paramilitares no se comprometieron a nada distinto de seguir dialogando.
Entre el tono solemne de Mancuso, la oratoria impostada y teatral de Duque y la carta que Ramón Isaza pidió a un parlamentario leer en su nombre, los jefes de las autodefensas no hicieron ninguna propuesta para avanzar sustancialmente en el proceso. Contaron cómo surgieron y justificaron lo que han hecho en estos casi 25 años. Vinieron, en suma, a hacer política y a dar un paso sustancial en lo que desde hace tanto tiempo están buscando: legitimarse.
Y, a juzgar por las ideas y proposiciones que presentaron, dejaron, ante todo, la constatación de cuán crudo está este insólito proceso.
Mancuso dijo que se consideran parte de las víctimas y piden ser incluidos en su reparación; se negó a recibir la cárcel como “recompensa por haber liberado de las guerrillas a media república”; insistió en la necesidad de varias zonas de ubicación regionales; exigió acuerdos políticos a nivel local, seguridad y presencia estatal en sus zonas como condición para desmovilizarse; propuso una “agenda de convergencia y concertación”, paralela a la negociación, y la conformación de una comisión de alto nivel que acompañe el proceso.
Nada nuevo. Como no lo fue su posición ante el narcotráfico: no dijo una palabra sobre los señalados narcotraficantes en su estado mayor, y se negó a contraer un compromiso unilateral para erradicar cultivos ilícitos mientras la comunidad nacional e internacional no asuma también sus responsabilidades.
El verbo grecoquimbaya de Duque fue un poco más lejos. Dijo, como el Informe Nacional de Desarrollo Humano, que esta es una “guerra de perdedores”, una “agresión deliberada de las organizaciones armadas contra la sociedad inocente” y proclamó la necesidad de la verdad. Aceptó que el narcotráfico ha permeado a fondo a los grupos armados y afirmó que las Auc ahora respaldan el acuerdo humanitario y retiran su amenaza contra los guerrilleros que salgan de las cárceles. Apoyó la propuesta del Eln de hacer una convención nacional y anunció su disposición de “ajustar” el cese de hostilidades y los mecanismos de verificación y a entregar a la OEA el listado de comandantes. Lo más importante, lo más simbólico, fue que, a nombre del estado mayor y todas las Auc, pidió formalmente perdón a la sociedad y a los familiares de las víctimas.
Uno de ellos estaba de pie en las graderías de la prensa. Iván Cepeda, sujetando sobre su pecho el cartel con la imagen de su padre, el senador comunista Manuel Cepeda, asesinado por los paramilitares en 1994, era la imagen solitaria de las víctimas dentro del recinto. La Policía le pidió explicaciones por su presencia, pero lo dejó seguir en el recinto. Afuera, entre varios miles de partidarios del proceso, traídos en buses de las regiones, llamaba la atención, por su escaso tamaño, una manifestación de familiares de las víctimas.
Curiosa paradoja: los victimarios en el Congreso, mientras la memoria de miles de víctimas no logra reunir a más de medio centenar de personas. Una medida, no tanto del sufrimiento que han causado, como de la insensibilidad de años de violencia homicida. Ojalá este proceso, que empieza tan lleno de retórica, logre conducir, pese a todos los escollos, a la desmovilización de los primeros y a la reparación a favor de los segundos. Rehuyeron el debate, y una vez dicho lo que venían a decir, se retiraron sin enfrentar a los congresistas. De su visita, solo queda claro lo difícil que va a ser este laberíntico proceso.
Bogotá, D.C Julio 30 de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz