Cuatro asesinados del pueblo WIWA
Y continúa el exterminio de pueblos y comunidades por agentes estatales de las Fuerzas Militares. No cesan las violaciones de derechos humanos porque tal vez en Colombia no hay Derechos Humanos sino Humanos sin Derechos. En el Norte y en el Sur. La seguridad es unos y no de todos, por supuesto es la seguridad que habla de democracia pero la pervierte, es una seguridad que priva de las libertades, las que poseen los pobres, libertad de pensamiento, libertad de asociación en búsqueda de la libertad.
Las palabras del pueblo Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT),
EN MENOS DE UN MES:
CUATRO MUERTOS POR LOS ACTORES ARMADOS Y DOS DETENCIONES, ENTRE ELLAS LA DE UNA LÍDER
La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), se permite informar a la opinión pública nacional e internacional los siguientes
HECHOS
1. Laudelino Montaño Loperena, gunama de la comunidad de Ulaka (Ulago), localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), fue muerto por tropas del batallón Rondón del Ejército Nacional, el 10 de diciembre de 2005 en horas de la madrugada, en un sitio localizado entre las comunidades de Ulaka y Abo Guaquina (Sabana de Joaquina), en un supuesto enfrentamiento con miembros de las FARC.
Sus familiares, miembros y autoridades de la comunidad sostienen que el 9 de diciembre de 2005 tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la comunidad para capturar a Laudelino Montaño Loperena por lo que no le dan crédito alguno a las versiones castrenses que señalan un supuesto combate y, contrariamente, manifiestan claramente que lo que se presentó en ese lugar fue una ejecución extrajudicial.
2. Ricardo Arias Solís, gunama de la comunidad de Abo Guaquina (Sabana Joaquina), localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira) y Celso Carrillo Perea, gunama de la comunidad de El Limón, localizada en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira) y quien se encontraba en situación de desplazamiento en la comunidad de Abo Guaquina (Sabana Joaquina), hacia las 8:00 AM del 3 de enero de 2006, estando juntos en esta comunidad, fueron abordados por hombres armados quienes se los llevaron.
El 4 de enero de 2006 en horas de la mañana miembros de esta comunidad escucharon disparos provenientes de un lugar cercano a la comunidades Kággaba (Kogui) de Mamarongo y Wiwa de Guamaka, localizadas en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira).
En el transcurso de ese mismo día diversos medios radiales locales, basados en fuentes oficiales militares, informaron sobre la ocurrencia de un combate y refirieron que tropas del Ejército Nacional habían dado de baja a dos miembros de las FARC identificados con los alias de “Agustín” y “Cesar”.
El 6 de enero de 2006 los familiares se enteran con sorpresa que los supuestos miembros de las FARC muertos no eran otros que Ricardo Arias Solís y Celso Carrillo Perea. Familiares, miembros y autoridades de la comunidad aseguran que en el grupo de hombres que se llevaron a los dos Wiwa, se encontraban dos desertores y reinsertados de las FARC quienes actualmente se encuentran vinculados como informantes y cooperantes al Ejército Nacional, por lo que rechazan tajantemente la versión militar que habla sobre los “dados de baja” en un supuesto combate.
3. Los hombres armados que se llevaron a Ricardo Arias Solís y Celso Carrillo Perea previamente habían estado en la comunidad de Seminke, localizada en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), buscando al Mamo Ambrosio Chimusquero y al Comisario Mayor Sebastián Mojica, quienes afortunadamente no se encontraban en su comunidad en ese momento. Dadas estas circunstancias Ambrosio Chimusquero y Sebastián Mojica temen por sus vidas y se encuentran bastante atemorizados.
Este temor es extensivo y generalizado a autoridades tradicionales y líderes de la organización, sobre todo de aquellos que han denunciado estos hechos.
4. Bernardo Montaño Armenta, gunama de la comunidad de La Peña de los Indios, localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), quien se había desplazado hacia el casco urbano de ese municipio para realizar una visita familiar, fue asesinado en plenas calles del municipio hacia las 11:20 AM del 9 de enero de 2006 por varios disparos que le propinaron dos hombres armados, pertenecientes a los grupos paramilitares, quienes después de cometer el crimen huyeron del lugar.
5. Carmen Cecilia Arias Cáceres, quien se desempeñaba como enfermera de la comunidad de Marokazo, localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), siendo aproximadamente las 6.30 PM del 7 de enero de 2006 fue capturada cuando llegaba a una vivienda ubicada en el barrio Divino Niño del municipio de Valledupar (Cesar) por miembros de la SIJIN de la Policía Nacional y llevada a la permanente central de esa ciudad donde actualmente se encuentra recluida y se le sigue un proceso por rebelión.
Por amenazas contra su vida propinadas por las FARC, Carmen Cecilia Arias Cáceres, a fines de noviembre de 2005, se había vista precisada a desplazarse hacia el municipio de Valledupar (Cesar) y estaba gestionando ante Dusakawi IPS, empresa a la cual está vinculada desde hace seis años, su traslado al hospital ubicado en el casco urbano de San Juan del Cesar (La Guajira).
6. José Eduardo Maestre Crespo, gunama de la comunidad de Sabana Joaquina, el 11 de diciembre de 2005, fue capturado por tropas del batallón Rondón del Ejército Nacional. Actualmente se encuentra recluido en un centro penitenciario de Valledupar (Cesar) en donde se le sigue un proceso por rebelión.
Miembros y autoridades de la comunidad, mediante un comunicado de prensa, rechazaron enfáticamente esta captura así como el señalamiento que se le imputa a José Eduardo Maestre Crespo de pertenecer a un grupo armado ilegal.
7. Juan de Jesús Mendoza Arias, si bien indígena Kankuamo pero considerado como gunama de Yorrua (El Cerro), comunidad localizada en jurisdicción del municipio de Valledupar (Cesar), fue maltratado y capturado en esta comunidad el 3 de agosto de 2005 por tropas del batallón La Popa del Ejército Nacional y desde esa fecha se encuentra recluido en la cárcel judicial de Valledupar (Cesar) donde se le sigue proceso supuestamente por rebelión.
Transcurridos seis meses desde su captura, a Juan de Jesús Mendoza Arias no se le ha resuelto aún su situación jurídica pese a que las pruebas que existen en su contra son muy frágiles y están fundadas en testimonios poco fiables. Los familiares, miembros y autoridades de Yorrua (El Cerro) y la organización misma, consideran que Juan de Jesús Mendoza Arias está detenido de manera injusta.
La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) expresa su honda preocupación por estos recientes hechos de violencia cometidas contra el pueblo Wiwa, manifiesta su temor ante la eventualidad de que se agrave la crítica situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario que se viene dando y hace un
LLAMAMIENTO
1. A los diferentes actores armados del conflicto para que cesen inmediatamente sus ataques y hostilidades contra los miembros y comunidades del pueblo Wiwa y respeten la decisión que desde tiempo atrás se ha tomado de no participar de ninguna manera en un conflicto armado que no entendemos y no nos pertenece.
2. A las instituciones gubernamentales a que se sienten perentoriamente a discutir con la OWYBT las medidas de protección que se requieren y necesitan para proteger los derechos humanos y colectivos del pueblo Wiwa.
3. A las instituciones del Estado colombiano a que adelante inmediatamente las investigaciones a que haya lugar para que se sancione disciplinaria y penalmente a los responsables y se evite la impunidad sobre estos hechos.
4. A las agencias del Sistema de Naciones Unidas que tienen competencia en el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para que brinden un acompañamiento más decidido al pueblo Wiwa en su esfuerzo por consolidar propuestas de resistencia civil contra la violencia política y los efectos del conflicto armado.
5. A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que frente al pueblo Wiwa exijan al Estado colombiano el cumplimiento de su mandato constitucional y legal de proteger y promover de manera pertinente y oportuna los derechos humanos y colectivos de nuestro pueblo.
Para comenzar a implementar medidas de protección urgentes la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT)
PROPONE
La conformación y desplazamiento de una misión humanitaria a las comunidades de Seminke, Ulago, Sabana Joaquina y Marokazo que brinde un acompañamiento a las autoridades, líderes y comunidades de esta región que permita definir medidas urgentes e inmediatas de protección.
Es necesario que la comunidad nacional e internacional rodee solidaria y fraternalmente al pueblo Wiwa para que no se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Valledupar, Cesar, 11 de enero de 2006
OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA