Crónica de otra muerte anunciada en Arauca

En la madrugada del jueves 5 de agosto de 2004, tropas del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro –perteneciente a la brigada XVIII del Ejército, con sede en Saravena (Arauca)- irrumpieron en el caserío de Caño Seco (municipio de Saravena), llegaron hasta la casa que el líder sindical Jorge Prieto compartía con su compañera y a pocos metros de esa vivienda –de donde los hicieron salir descalzos y sin camisa, tal como estaban durmiendo- ejecutaron de varios disparos al sr. Prieto, al también líder sindical Leonel Goyeneche y al histórico líder campesino Héctor Alirio Martínez.

Los tres fueron asesinados por los militares en circunstancias todavía no aclaradas: mientras el Ejército y el mismo Gobierno –en boca de su Vicepresidente Francisco Santos y del Ministro de Defensa – sostuvieron, desde el mismo día de los hechos, que los tres líderes fueron dados de baja al disparar, al tiempo que huían, contra el Ejército, varios testigos oculares de la masacre afirman que las tres víctimas mortales fueron sacadas de la casa con los brazos en alto, arrodillados a escasos metros de ésta y fusilados muy poco después.

Héctor Alirio Martínez, era el ex-presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos-ADUC, Jorge Eduardo Prieto Chamusero, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y de Clínicas-ANTHOC seccional Arauca, y Leonel Goyeneche Goyeneche, el tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores-CUT seccional Arauca.

En los mismos hechos fueron detenidos –y posteriormente encarcelados- otros dos líderes sindicales de Arauca: Samuel Morales Flores, presidente de la CUT Arauca, y Maria Raquel Castro Pérez, dirigente del sindicato Asociación de Ecucadores de Arauca-ASEDAR, que se hallaba también en la casa de Jorge Prieto en Caño Seco en el momento en que fueron ejecutados los tres líderes.

El sábado 7 de agosto de 2004, dos días después de este asesinato, una comisión integrada por representantes de ONGs de Derechos Humanos y de organizaciones sociales se desplazó a Arauca. La Comisión estaba integrada por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Proceso de Comunidades Negras, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia-RECORRE, la Red Europea de Hermandad con Colombia, Coordinador Nacional Agrario y el comité de DDHH de la Unión Sindical Obrera-USO y contó con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz.

2. TRABAJO DE LA COMISION

La Comisión se dividió en dos grupos: uno salió hacia la vereda El Botalón (municipio de Tame) para acompañar allí a los familiares de Alirio Martínez en el velorio de este líder campesino y el otro se quedó en Saravena. Allí trató de contactar, en la seccional de la Fiscalía en Saravena, con el fiscal que –gracias a la presión ejercida por las organizaciones de Derechos Humanos desde el mismo día del asesinato- la Unidad de Derechos Humanos de esta institución había enviado desde Bogotá para hacerse cargo del caso, junto a un patólogo de la misma sección. La Comisión se entrevistó con el director de la Estación de Policía de Saravena quien informó a la comisión que el fiscal, el mencionado patólogo y varios médicos de Medicina Legal de la zona estaban procediendo a exhumar, esa misma tarde, los cadáveres de Leonel Goyeneche y de Jorge Prieto, que ya habían sido enterrados en el cementerio de Saravena. La Fiscalía estaba llevando a cabo la exhumación sin haber tan siquiera avisado previamente ni a los familiares ni a los abogados de las familias de ambos sindicalistas. Rápidamente, varios familiares de Goyeneche y Prieto se presentaron en el cementerio e intentaron entrar para dialogar con el fiscal, pero fueron retenidos con violencia -y apuntándoles con sus armas- por los miembros de la Policía Nacional que desde el inicio de esa exhumación se hallaban custodiando fuertemente el acceso al camposanto. En ese instante, como es lógico, se vivieron escenas de gran dolor e impotencia por parte de las viudas, hijos, hermanos, padres y demás familiares de ambos líderes, que tuvieron que esperar, de pie y sin ninguna explicación, más de 6 horas en la puerta del cementerio hasta poder visitar las tumbas de sus familiares asesinados.

En la mañana del día siguiente, la parte de la Comisión que se había quedado en Saravena tuvo ocasión de entrevistarse con testigos de los hechos.

Por la tarde, una multitud de amigos y compañeros de Alirio Martínez, junto a la parte de la Comisión que estaba aún en Saravena, se dirigió hacia El Botalón. Fue una caravana de acompañamiento del féretro con los restos del líder campesino, que por la mañana había sido trasladado de El Botalón (adonde lo habían llevado para velarlo y enterrarlo el día anterior) hasta Saravena, con el fin de que la Fiscalía le practicase las mismas pruebas forenses que el día antes se les habían realizado a Leonel Goyeneche y a Jorge Prieto.

La tarde y noche del domingo 8 de agosto y la mañana siguiente fueron un acto de dolor colectivo pero, a la vez, de unión campesina y sindical contra la barbarie del terrorismo de Estado y a favor de continuar con la lucha que había marcado el horizonte de esas tres vidas; por la noche, los cientos de campesinos y sindicalistas que habían estado velando a Alirio desde el sábado en la tarde le rindieron un emotivo homenaje, contándole en voz alta y con velas en la mano, junto a su féretro, cuán importante había sido para cada uno de ellos y ellas el ejemplo de Alirio y su vida dedicada a tratar de sufragar la injusticia y la exclusión social, que tantos de ellos habían sufrido o estaban sufriendo en propia carne.

Un acto político a la mañana siguiente, también en El Botalón, precedió al multitudinario entierro de Alirio Martínez. Miles de campesinos llegados desde toda Arauca -y algunos desde otros departamentos- a quienes se unieron los integrantes de la Comisión, caminaron largamente hasta el pequeño cementerio de esa vereda, bajo un sol ardiente, llevando en brazos o acompañando el féretro con los restos del líder campesino.

Por la tarde se inició el regreso a Saravena. El miércoles 11 de agosto, la Comisión se dirigió al caserío Caño Seco, municipio de Saravena, lugar donde fueron asesinados los tres sindicalistas el 5 de agosto. El día se dedicó a entrevistarse con pobladores y testigos de esos hechos y también a realizar, junto a familiares de Alirio Martínez y de Jorge Prieto, una ofrenda floral y un acto de recuerdo en el lugar donde los tres sindicalistas cayeron fusilados. A pesar de la arena que los soldados echaron encima, todavía podían apreciarse en el suelo, a dos metros escasos de la puerta de la casa, las tres grandes manchas de sangre que dejó la ejecución de cada uno de los líderes.

Al día siguiente, jueves 12, la mayor parte de la Comisión regresó a Bogotá. En Saravena quedaron acompañando a los familiares y a la comunidad los acompañantes internacionales de Recorre y de la Red Europea que permanecieron allí hasta pasado el 18 de agosto, día en que se realizó en Saravena un cabildo abierto para esclarecer de forma colectiva los hechos en los que fueron asesinados Jorge Prieto, Alirio Martínez y Leonel Goyeneche.

3. LOS PERFILES. Tres líderes sociales ejecutados, responsables de soñar con una vida justa y de materializar esos sueños…
(Perfiles elaborados por las organizaciones sociales y sindicales del departamento del departamento de Arauca).

Los tres líderes asesinados se destacaron por su fuerte compromiso con Arauca, departamento del cual construyeron desde el principio su proceso campesino y sindical.

Alirio Martínez: Hace 49 años nació Héxtor Alirio Martínez, “DON ALIRIO” (así le decíamos por respeto y por cariño… así le seguiremos diciendo). El 9 de agosto de 1955, en Berbeo — Boyacá. Por las vueltas que da la vida, tuvimos la oportunidad de tenerlo en estas tierras desde sus dieciséis años. Loco emprendedor que el destino trajo por aquí, 33 años de su vida ofrendados todos ellos al beneficio de las comunidades.
Fue el primero de 8 hermanos, hijo de Doña Maria Lilia Martínez. Hace 22 años se casó con Doña Flor Marina Chavarro Saldaña, con quien conformó un hogar del cual tuvieron 4 hijos: Flor Aidé, Héctor Julio, Ana Milena e Hilda Natalia. Forjó de su familia al igual que de las penurias de los pobres su proyecto de vida. Tuvo dos razones para vivir: el amor hacia su pueblo y el amor hacia su familia. Hoy gracias a él podemos decir que conocemos el verbo amar en un solo pronombre… “YO LOS AMO”.
No fue un hombre más, no fue un hombre del montón: su espíritu de trabajador social, sus capacidades políticas y humanas, le permitieron ocupar el espacio que solo pueden encontrar los hombres especiales, el hombre de nuestro ideal… “el hombre nuevo”. Fueron esas condiciones las que lo llevaron a estar siempre al frente para indicarnos cual es el camino que debemos seguir, cual es el camino que podemos seguir.
Dispuesto en todo momento a cumplir con las tareas que el pueblo le encomendara, humildes o grandes: “hay que limpiar la carretera…” “hay que construir un puente…” “hay que hacer un bazar…” “hay que cocinar en el rancho…” “hay que resolver los problemas de las comunidades…” “hay que denunciar a los asesinos del pueblo, a los violadores de los Derechos Humanos…” “hay que dar la VIDA”. Y él, siempre estuvo dispuesto a trabajar en esos proyectos: nunca fue inferior a ellos.
Descubrió que solo cuando el pueblo se organiza puede realizar sus proyectos, puede ser gestor de su propia historia. Entonces, se articula a la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Arauca — ADUC. De esto hace más de 18 años: Y empieza a hacer escuela, guiado por los viejos dirigentes. Fue el mejor alumno, preparado siempre a aprender todo, dispuesto a asumir cualquier tarea que le encomendaran.
Ocupó todos los cargos que en nuestra organización campesina deben ocupar los verdaderos dirigentes, empezó su carrera siendo afiliado al comité veredal de El Botalón; allí asume la presidencia del comité, por su carácter y compromiso. El pueblo le pide que participe de la dirección municipal formando parte de la directiva de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Tame. Es desde este espacio que entra a formar parte de la dirección departamental de la ADUC, siendo primero fiscal para luego asumir las banderas y los destinos de nuestra asociación departamental como presidente, cargo que ocupó por más de 8 años y del cual se vio obligado a renunciar, en contra de su voluntad, debido a la persecución política y a los montajes que le hicieron los enemigos de la vida, los abanderados de la muerte. Ese sacrificio lo asumió para permitir que nuestra organización campesina pudiera mantener su carácter legal y a pesar de ello continuó siendo nuestro orientador político, nuestra guía ideológica, nuestro maestro en todo momento y guía permanente. Hoy, haciendo memoria, podemos decir que gracias a su experiencia y a su formación dada desde la base, tuvo siempre la razón y no dudo cual era la directriz correcta: no se equivocó.
Enamorado de su pueblo, enamorado de su familia, obstinado por la vida, no supo encontrar las palabras para decirnos cuánto nos amaba y encontró en el hacer, en el ejemplo, la mejor forma para decírnoslo.
Se definió por sus grandes empresas: su aporte fue fundamental en la materialización de importantes proyectos para el pueblo que buscan resolver los problemas de la salud, la educación, el comercio, la gestión: AGROSARARE, el Bachillerato Agrario, la Fundación Intercultural, ECOVIAPA, Salud Sarare, La ESE del Sarare, el Centro de Enfermedades Tropicales (CET) y muchos proyectos más. Los defendió como parte de su vida y estuvo donde debía estar para mantenerlos posibles, para hacerlos reales. Bogotá, Arauca, Cuba, Saravena, Venezuela… no importaba el sitio: allí estaría él, no importaba el método: allí estaría él en un Cabildo, un Foro, una Denuncia, una Movilización Social… siempre sería el primero, el hombre de mayor ejemplo.
El Ejército creyó que el miedo era superior a la denuncia. Asesinados él y dos compañeros más Leonel Goyeneche Goyeneche y Jorge Eduardo Prieto Chamucero. Sus únicos delitos, reunirse para evaluar y reprogramar los planes de trabajo para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades. Allí también, fueron detenidos injustamente el compañero Samuel Morales Flórez, dirigente sindical, presidente de la CUT, seccional Arauca; y Maria Raquel Castro, profesora e igualmente dirigente sindical y popular.
Hoy conmemoramos su vida, le decimos no a la muerte. Las balas asesinas del Estado colombiano que segaron su vida no fueron capaces de segar su ejemplo de lucha, su ejemplo de existencia. Nos negaron la oportunidad de seguir compartiendo su vida, su voz, pero ya el camino está trazado. DON ALIRIO, ya tu luz brilla en nosotros, en cada uno de nuestros corazones y no seremos inferiores a tu ejemplo. Hoy tu vida abona la tierra donde crecerá la nueva Colombia, por la que luchaste, por la que te ofrendaste. Ejemplo de hombre, ejemplo de campesino.
A su familia, a su esposa Doña Marina, a sus hijos Aidé, Julio, Milena y Natalia; a su señora madre Doña Maria Lilia Martínez, a sus hermanas y hermanos, queremos darle nuestro mas sentido de condolencia, y ofrecerles nuestras disculpas por quedarnos con parte de ese amor que les pertenecía a ustedes, pero que él quiso compartir con nosotros, que él robó de ustedes para dárnoslo. Y que llevamos en nuestros corazones.

Leonel Goyeneche: Nació el 9 de febrero de 1965 en la ciudad de Tame – Arauca, hijo de Luis Roberto Goyeneche (q.p.d.) y de Eufosina del Carmen Goyeneche. Cursó sus estudios de primaria en la institución educativa Inocencio Chincá, la secundaria en el colegio nocturno Froilan Farias, ambas instituciones del municipio de Tame, donde demostró su sensibilidad frente a los problemas estudiantiles e hizo parte de los diferentes comités institucionales.
Ingresó al Magisterio en 1988 en Saravena como maestro de primaria. En 1993 y 1994 consiguió el titulo de Bachiller Pedagógico y, por último, adquirió su título de licenciado en Educación Infantil (otorgado por la Universidad Cooperativa de Colombia seccional de Bucaramanga).

Se inició como líder sindical a través del CASE (Comité Araucano de soluciones educativas) en el periodo 1992-1994. Más tarde se vinculó a ASEDAR (Asociación de Educadores de Arauca) y asumió responsabilidades en su directiva de la Filial Saravena en el periodo 1994 – 1996. Finalmente perteneció a la directiva de la CUT Subdirectiva de Arauca como tesorero en los periodos 1997 – 2000 y 2002 hasta la fecha.

Desde 2001 hasta agosto del 2003 se desempeñó como coordinador académico del bachillerato en artes y oficios, un programa formal para adultos.

En su camino de lucha participó en numerosos encuentros cívicos, sociales y populares de orden municipal, departamental y nacional. En su convicción de hombre de ideales de libertad y justicia, su voz enérgica recitó miles de veces hasta en los últimos segundos de vida “por la defensa de la vida, los derechos humanos y la permanencia en el territorio”.

Se distinguió como un hombre franco y sincero que no estaba de acuerdo con la injusticia social que siempre han alimentado los gobiernos de turno, incluído el de Álvaro Uribe Vélez, que con el pretexto de la seguridad democrática, declaró una guerra frontal a todos los lideres sindicales de Arauca, como Leonel.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores pero hay unos que luchan toda la vida esos son los imprescindibles”

Jorge Prieto: Fecha de Nacimiento : 13 de Septiembre 1953 en Santafè de Bogota D.C. Hijo de JORGE EDUARDO PRIETO TRIANA Y MAXIMINA CHAMUCERO. Sus Hermanos: ROSA CECILIA, LUIS ANTONIO, CESAR ENRIQUE, LORELEY, LIDA, SAUL, LEYDA, DORIS y RAQUEL PRIETO CHAMUCERO Estudio la primaria en la concentración Isabel Segunda Barrio Kennedy, en Bogotá D.C; secundaria: estudio en el centro docente San Fernando Ferrini de Saravena; se gradúo en la Universidad Francisco de Paula Santander, como Administrador Financiero y Comercial en el año 200 Prestó su servicio Militar en el Batallón de Policía Militar No 1 en Santafè de Bogotá con sede en Puente Aranda en el año de 1969 Casado por la iglesia católica 29 Noviembre de 1975 en la Iglesia Cristo Rey, con ROSA MARIA RAMÍREZ Sus hijos del Matrimonio: NELSON, YUDITH Y MIREYA PRIETO RAMIREZ

Desde enero de 1974 ingreso a laborar en el Municipio de Saravena como ALMACENISTA en la Construcción del puente Banadia, con la Compañía DRUMON: Enero 1974 a 20 Noviembre de 1975 (Laboro 22 Meses) Salió Nuevamente a Bogota donde estuvo 3 años Regresó a Saravena Junto con su Esposa ROSA MARIA RAMÍREZ en junio de 1978. Ingresó a laborar en Malaria en junio de 1979 y hasta Diciembre 1990, durante este tiempo se desempeño como Fiscal del Sindicato ANDEMISAP. Se desempeño como secretario general de la CUT Departamental desde el 29 de abril de 1993 hasta diciembre de 1997.

Presidente del comité de ANTHOC MUNICIPAL Sub-directiva NORTE DE SANTANDER: durante este tiempo gestiona con ANTHOC Nacional la conformación de ANTHOC ARAUCA, en compañía de SINUSA (Sindicatos Unidos de Saravena), el cual fue otorgado mediante resolución No. 62 del 19 de abril de 1991 labor que se resalta por su gran espíritu de lucha sindical, tesorero de la Asociación de Padres de Familia de la Concentración de Desarrollo Rural de Saravena. Ingresó a laborar en el Hospital del Sarare por contrato como Administrador de la Unidad Móvil del 21 de Enero de 1991 y hasta el 22 de Junio de 1997. Desde el año de 1991 convive con la profesora BELCY YASMIN SOLANO y deja 3 hijos YASMIN ALEJANDRA, JHONATAN y RAFAEL PRIETO SOLANO Fue posesionado mediante resolución No. 010-077 del 23 de Junio de 1997 y hasta la fecha, en el cargo de Auxiliar Administrativo, tiempo durante el cual laboro en las Instalaciones del Hospital del Sarare San Ricardo Pampuri Sede A. Durante 3 períodos Presidente de ANTHOC DEPARTAMENTAL desde el 01 de Abril de 1998 a Agosto de 2003, después de esta fecha queda exiliado por la persecución y la presunta orden de captura emitida por la Fiscalia General, de agosto de 2003. Drante estos tres periodos negociaciones logró importantes en beneficio de los afiliados al sindicato entre otras se resaltan las siguientes: construcción de la sede sindical Saravena, compra de equipos y vehículo, convenciones colectivas, periodo de vacaciones, primas, pago de prestaciones sociales a los funcionarios que laboran por contrato y afiliados al sindicato ANTHOC

HUMANITARIO, SOLIDARIO, EXCELENTE COMPAÑERO

Se desempeño como Presidente del Barrio José Vicente 1 Etapa en el periodo del 28 de abril del 1996 según acta 012 hasta 31 de mayo de 1998, según acta 010 26 de abril 1998 y hasta Junio 2000, Nombrado como Vicepresidente para el periodo de Junio de 2000 a Junio de 2002, fue electo nuevamente como Presidente para el periodo de Junio de 2002 a Junio de 2004, antes de terminar su periodo en el año 2003 le toco refugiarse por la persecución a que fue objeto nuestro compañero, donde se resalta la gestión para la construcción de la casa comunal del mismo barrio, querido por la comunidad, por su espíritu de colaboración. Delegado: a la federación Comunal de Juntas de Acción Comunal 1998, delegado a la Federación Comunal de Juntas de Acción Comunal 2000 Integrante del Comité de Derechos Humanos Agosto 01 de 1996 a Julio 31 de 1998 de la Asociación de Juntas de Acción Comuna. Delegado a la EMPRESA COMUNITARIA ECAAS E.S.P Junio de 1996 a 2003, donde participa con sus ideas para el mejoramiento y grandeza de este gran esfuerzo comunitario.
En su camino de lucha participo en varios encuentros cívicos, sociales y populares de orden Municipal, Departamental y Nacional y en su convicción de hombre de ideas de libertad y justicia su voz enérgica recito miles de veces hasta los últimos instantes de su vida.

“POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO” Como resultado de su gran lucha la Comisión Interamericano de Derechos Humanos pide al Gobierno Nacional medidas cautelares a partir del 29 de junio de 2002 . Se distinguió como hombre franco y sincero, nunca estuvo de acuerdo con la justicia social que siempre ha alimentado a los gobiernos de turno, especialmente a la de ALVARO URIBE VELEZ, el con el cuento de la Seguridad Democrática, les declaro una guerra frontal a los lideres Sindicales del Departamento de Arauca y como evidencia concreta los hechos ocurridos el 05 de agosto de 2004, donde fue vilmente asesinado por los fusiles del estado.

4. CONTEXTO

Durante los últimos años, Arauca ha sido golpeada por una multiplicidad de violaciones a la integralidad de los Derechos Humanos que van desde la devastación de su medio ambiente (deforestación de bosque, deterioro y casi desaparición de la laguna de Lipa), pasando por la expulsión de sus territorios de la comunidad indígena guahíba (a causa de la explotación petrolera de la multinacional Occidental Petroleum Company -conocida como la OXY- y por Ecopetrol, la empresa nacional de petróleo de Colombia).

También se están produciendo en Arauca numerosas ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y masacres, en muchas de las cuales se ha establecido la directa participación de las fuerzas militaresMasacres de la Cachama y San Ignacio en las que se estableció la participación de militares;[[ la Fiscalía seccional de Arauca vinculó a miembros de la Policía y el DAS por su participación en los crímenes cometidos mediante una Cooperativa de Seguridad Convivir falsa, entre otros.]]. Destaca como una de las más graves el bombardeo contra la población del caserío de Santo Domingo en 1998, con la participación de la compañía estadounidense Air Scan -contratada por la OXY, supuestamente para la vigilancia del oleoducto Caño Limón- Coveñas- cuyos pilotos indicaron a los de la Fuerza Aérea Colombiana los lugares en que debían disparar las bombas que acabaron con la vida de 17 personas -7 de ellas niños y niñas- y que dejaron gravemente heridas a otras 25, 9 de ellas niños.

El Gobierno de los Estados Unidos juega un papel de primer orden en la situación de violación de derechos humanos en Arauca, principalmente porque promueve y financia la política de ”seguridad democrática” implantada por Uribe Vélez y porque entrega grandes cantidades de recursos a la Brigada XVIII del Ejército, con sede en Arauca. A pesar de la prohibición de entregar recursos a unidades militares involucradas en violaciones a derechos humanos, esta Brigada ha cometido muchas violaciones a los derechos humanos de la población de Arauca y tales recursos están siendo utilizados para continuar con ellas.

Es de capital importancia señalar que, justamente en las instalaciones del Batallón Revéiz Pizarro en Saravena -unidad militar responsable del triple crimen de Caño Seco-, se encuentran de manera permanente los efectivos militares estadounidenses que forman parte del apoyo militar a la Brigada XVIII, con lo que cabe llamar la atención de su papel en el adiestramiento técnico a los militares colombianos y, por tanto, sobre su nivel de responsabilidad, por lo menos indirecto, en el crimen de Caño Seco.

Desde el inicio del actual gobierno de Álvaro Uirbe Vélez Arauca fue declarada ”laboratorio” de su política central, la mencionada “seguridad democrática”, y due declarada también laboratorio de guerra. Todo esto ha llevado directamente al agravamiento de la situación de derechos humanos en ese departamento, igual que está sucediendo en el resto del país con la aplicación de esa política.

El fortalecimiento de las fuerzas militares en Arauca -expresado en el aumento del pie de fuerza, en la entrega de recursos, en el adiestramiento y en la presencia militar de los numerosos efectivos de los Estados Unidos- así como el otorgamiento de facultades de policía judicial al Ejército colombiano, a través de la figura que se conoció como las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, han permitido a los militares realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial, censos y registros de vehículos y de medios de comunicación así como interceptación de comunicaciones. A todo este agravamiento de la situación –que, obviamente, implicó múltiples violaciones a los derechos humanos- cabe sumar los gravísimos efectos del accionar paramilitar que actúa con toda impunidad.

Los efectos de la aplicación de la política de seguridad democrática en Arauca son, por un lado, el aumento de las violaciones a los derechos humanos en un 100%: las más notorias están siendo las detenciones arbitrarias y masivas, los allanamientos sin orden judicial, las torturas y las ejecuciones. Pero, por otro lado, se está produciendo también una consolidación del paramilitarismo -principalmente en el municipio de Tame-, tal como lo ha señalado recientemente Amnistía Internacional en un informe dedicado a esta zona del país. Tal consolidación se ha materializado en el terror ejercido sobre los pobladores urbanos de Tame, que sufren patrullajes permanentes de paramilitares por las calles sin ninguna reacción de la Policía o el Ejército. En noviembre de 2002 José Rusbel Lara, defensor de derechos humanos del Comité Regional de DDHH “Joel Sierra”, fue asesinado en esa ciudad a una calle de distancia de la estación de Policía sin que ésta reaccionara. Así mismo, cabe mencionar las reiteradas incursiones “paramilitares” contra la población civil, contra las cuales hay reiteradas denuncias de las víctimas que señalan haber reconocido a sujetos que portan tanto brazaletes que los identifican como miembros del Ejército como brazaletes que los identifican, según la ocasión, como paramilitares.

Durante el año pasado -pero especialmente en lo corrido del presente año- el accionar paramilitar ha arremetido contra el área rural de Tame en el tramo del proyecto vial conocido como la “Ruta de los libertadores”, contándose como el hecho más grave la masacre de los pasados 19 y 20 de mayo en 6 veredas. Esta masacre ocurrió en el marco de la operación “Borrasca I” del Ejército Nacional con la participación de centenares de efectivos de las brigadas XVIII y móvil N° 5 y dejó como saldo el asesinato de 11 personas y la desaparición de otra más. Organismos locales y nacionales participantes de una Comisión de Verificación, concluyeron que “para la Comisión, resulta muy indicativo de responsabilidad de la Fuerza Pública, sea por omisión o por previa programación de inactividad para favorecer a los criminales”.

La grave situación de Tame ha ocasionado un importante aumento del desplazamiento forzado, que por la forma silenciosa en que el terror se impone no es posible cuantificar. Sin embargo, algunos analistas estiman que en los últimos dos años, la población ha disminuído de 80.000 habitantes a unos 60-70.000. [[Eric Fichtl, op.cit en Araucan nightmare – Life and death in Tame, Colombia Report, OCHA, agosto 2003.]]

Así mismo, en el área urbana de Saravena se viene produciendo en los últimos dos años una incursión paramilitar, en el marco de la cual existen persistentes denuncias. Una de ellas se ha materializado en una investigación penal muy avanzada acerca de la protección de la Policía Nacional a sicarios que operan como paramilitares y que han cobrado la vida de algunos miembros de organizaciones sociales.

A pesar de que el sustento de la llamada seguridad democrática es presentado como la lucha contra los alzados en armas, estos grupos no parecen estar debilitados y, por el contrario, su accionar persiste, lo que ha dejado numerosas víctimas civiles. Las evidencias señalan que el principal objetivo no son estos grupos insurgentes sino el movimiento social de Arauca. Las víctimas han sido todas las organizaciones sociales, que en la actualidad tienen encarcelados a más de 100 de sus dirigentes. Muchos de ellos llevan más de 30 años denunciando de forma contundente y decidida las violaciones a los derechos humanos y trabajando en la autogestion de un modelo de desarrollo alternativo, ante la falta de políticas y acciones estatales para propiciar condiciones de vida digna para la región.

Otros sectores sociales como los periodistas -que son sistemáticamente censurados y algunos han sido asesinados- o la oposición política electoral -que ha sido perseguida judicialmente, como se señalará mas adelante- también han resultado víctimas de esta política estatal. Otras víctimas de esta persecución son las Juntas de Acción Comunal, cuyas actividades pretenden ser tomadas por las fuerzas militares -especialmente en Saravena- y cuyos líderes son permanentemente hostigados por el Ejército.

Dos organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos de Arauca, el Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra” y el Comité Permanente de Derechos Humanos, se han destacado por su comprometida labor para combatir la impunidad. Por ejemplo, el Comité “Joel Sierra” ha denunciado múltiples casos concretos de la participación de las fuerzas militares en la violación de derechos humanos. Por esta razón, los miembros de este Comité Regional han sido víctimas de una sistemática persecución que no puede entenderse sino como una retaliación a su compromiso con el combate a la impunidad. En noviembre de 2002 José Rusbel Lara, presidente de la seccional de Tame del Comité, fue asesinado, como ya se señaló anteriormente. Otros 4 de sus más destacados líderes han sido detenidos, enfrentados a un desertor de la guerrilla que los sindicó de ser guerrilleros y pretendió animarlos a “reinsertarse”. En el marco del operativo del 21 de agosto de 2003 José Murillo, presidente del Comité, fue víctima de allanamiento a su residencia, capturado y en la actualidad se encuentra procesado por el presunto delito de rebelión. Paradójicamente, los testigos que le acusan son enfáticos en señalar sus actividades de denuncia de las violaciones a derechos humanos como supuestas “actividades guerrilleras”. Ismael Pavón, tesorero de ese Comité de DDHH, está afectado con orden de captura en el mismo proceso.

Así mismo, la presidenta del Comité Permanente de DDHH seccional Arauca, Teresa Cedeño, fue detenida y judicializada a través de un montaje judicial el año pasado. Martín Sandoval, otro de los líderes de este comité, ha sido detenido en varias ocasiones.

La criminalizacion de los líderes sociales ha generado un grave deterioro en el tejido social araucano y un ambiente de zozobra entre los pobladores, que ahora se encuentran aún más desprotegidos. Esta situación se agravó más cuando el 30 de agosto de 2003 -a tan solo ocho días de efectuadas las mencionadas detenciones de líderes sociales- aparecieron en varios lugares de Arauca letreros con amenazas a estas personas y organizaciones escritas por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia-AUC.

5. ANTECEDENTES DEL CRIMEN PRIMEROS ANUNCIOS …

Las organizaciones sociales araucanas han sido objeto de un acuciante ataque contra sus legítimas actividades y contra la vida e integridad de sus asociados y líderes, quienes, a pesar de todo ello, pretender seguir con su efectiva denuncia de la situación de violación permanente de sus derechos humanos y evitar la continuidad de estos ataques. Estas organizaciones y sus miembros han recibido amenazas que han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH a decretar para ellos medidas cautelares de protección.

En la actualidad, más de cien líderes sociales han sido puestos en prisión luego de detenciones masivas, allanamientos llenos de irregularidades y maltratos y han sido procesados por el presunto delito de rebelión. Todas estas acusaciones se basan en investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación fundadas exclusivamente en testimonios falsos, ofrecidos a cambio de beneficios económicos y jurídicos, como la preclusión de la investigación en contra de esos informantes. La fuerte presión gubernamental a las fuerzas militares y a la Policía para que muestren resultados contra los grupos guerrilleros, hace que las primeras víctimas de violaciones a los DDHH sean la población civil y las organizaciones sociales.

Por otro lado, los procesos judiciales que se desencadenan con estas detenciones ponen en evidencia un abierto desconocimiento del principio de distinción, desconocimiento que caracteriza fuertemente a la “seguridad democrática”, pues sus víctimas -a pesar de su público reconocimiento como activistas sociales y políticos y a pesar de tener profesiones, domicilios laborales y residenciales conocidos- son señalados sistemáticamente como guerrilleros y sus actividades legales y legítimas son presentadas como actividades insurgentes. Estos procesos son iniciados y adelantados por la Fiscalía de Estructura de Apoyo de Arauca, la cual funciona permanentemente dentro de las instalaciones de la Brigada XVIII del Ejército, lo que pone en tela de juicio las teóricas condiciones de independencia e imparcialidad de la labor de investigación de ésta; lo más grave es que la Fiscalía de Estructura de Apoyo de Arauca fue creada exclusivamente para la investigación de los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que nace en Arauca.

El 12 de noviembre de 2002, se desarrolló la operación Heróica[[ El Informe sobre la Zona de rehabilitación de Arauca, realizado por la procuraduría menciona lo siguiente: “en desarrollo de la “Operación Heroica”, “se acordonó el municipio de (Saravena) y aproximadamente 2.000 personas fueron llevadas al coliseo municipal, allí fueron reseñadas, fotografiadas y marcadas con un sello de tinta indeleble. De estas, por parte de las autoridades se decidió dejar detenidas 91 personas, de las cuales 48 recuperaron a los pocos días su libertad, ante lo infundado de sus aprehensiones.” Página 24.]] en Saravena. La llevaron a cabo unidades del Ejército Nacional adscritas a la Brigada XVIII, la Policía Nacional, 12 fiscales y representantes de la Procuraduría General de la Nación. En el marco de esa operación se acordonaron varias calles, se realizaron aproximadamente 70 allanamientos y se detuvo a unas 2000 personas, que fueron mantenidas dentro de un coliseo deportivo por espacio de varias horas. Posteriormente fueron liberadas después de ser filmadas, de ser tomados sus datos personales y de haberles marcado con un sello de tinta indeleble sus brazos. Dos encapuchados iban señalando a algunas de las 2000 personas: posteriormente, 85 de ellas fueron capturadas y, de éstas, 51 fueron judicializadas. 43 de estas personas pertenecían a organizaciones sociales y sindicales.

El 21 de agosto de 2003, miembros del Ejército Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS y del Cuerpo Técnico de Investigaciones-CTI de la Fiscalía, detuvieron a 37 líderes sociales y sindicales del departamento de Arauca en múltiples allanamientos a sus residencias. Entre ellos fueron capturados el presidente del Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, José Murillo, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alonso Campiño, vicepresidente de la CUT, cinco trabajadores de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado, un periodista, un miembro del Sindicato de Empleados Públicos del Municipio, tres miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Reforma Agraria-INCORA, un directivo del Comité Regional de Ganaderos, la ex alcaldesa y directora de la Casa de la Cultura de Saravena, una miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios -ANTHOC, dos miembros del Sindicato de la Industria de la Construcción y el presidente de la Asociación Regional de Jóvenes y Estudiantes -ASOJER, entre otros líderes sociales.

En el marco de este proceso los tres líderes asesinados por el Ejército en Caño Seco, Héctor Alirio Martínez, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche y las dos personas deteniadas y encarceladas ese mismo día, Samuel Morales y Raquel Castro, fueron afectados con órdenes de captura por el supuesto delito de rebelión.

El 21 de octubre de 2003, cinco días antes de celebrarse elecciones municipales, fueron detenidas 31 personas entre las que se encontraban el sacerdote José Helmer Muñoz, candidato progresista del Movimiento Comunal y Comunitario y opositor de las políticas del gobierno de Alvaro Uribe, quien además era el favorito a ganar las elecciones a la Gobernación de Arauca. También fueron detenidos varios candidatos a las alcaldías municipales y al concejo, ex gobernadores, ex alcaldesas, dos diputados, la contralora departamental, el alcalde de Arauca y cuatro dirigentes políticos. Esta detención generó, como era de esperarse, un claro desfavorecimiento del ejercicio democrático de la participación en política y se constituye en un evidente y autoritario ataque a la oposición política.

El 18 de febrero de 2004, la sede de la Asociación Campesina de Arauca–ACA en Arauquita y la residencia de su secretaria fueron objeto de un allanamiento, a la vez que en Bogotá la presidenta de la ACA, Luz Perly Córdoba, era detenida cuando se encontraba en clases en la Universidad. El tesorero de la ACA, Juan Gutiérrez, fue también detenido ese día en Saravena. Ambos fueron judicializados por el presunto delito de rebelión junto a cuatro miembros de la junta directiva de esta asociación campesina, que se encuentran afectados con órdenes de captura en su contra.

El Ejército Nacional, a través de su emisora de radio Colombia Viva, de cobertura regional en Saravena, viene produciendo a diario desde octubre de 2003 el programa “La verdad del engaño”. Son protagonistas de él informantes que se han vinculado al Programa de Reinserción y que actúan como únicos testigos en los procesos judiciales ya señalados. Durante el programa, estos personajes acusan de ser miembros de la guerrilla a reconocidos líderes sociales y sindicales, campesinos y profesores. Así mismo, señalan proyectos comunitarios y cooperativos del departamento como creados y manejados por la guerrilla y a todos sus afiliados como guerrilleros.

Tomando en cuenta el nivel de agudización del conflicto, esta estigmatización dirigida por el Gobierno nacional contra las organizaciones sociales y las amenazas directas de los grupos paramilitares contra la vida de sus integrantes, es evidente que la vida de las personas señaladas en este arbitrario programa radial -realizado y dirigido por el Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro- corre un grave riesgo. Un ejemplo dramático del resultado de estos señalamientos ha sido el reciente asesinato de los tres líderes sociales y sindicales Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto. Así mismo, se constituye en un antecedente inmediato: los señalamientos de los que fueron objeto constituyen una parte de la explicación de su ejecución extrajudicial.

La Comisión tuvo ocasión de recibir denuncias de delegados de organizaciones comunales que señalan que miembros del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro –incluído su propio comandante- los convocan a reuniones de las Juntas de Acción Comunal en las instalaciones militares, tildando de guerrilleros a quienes no asisten. Estas reuniones no solo significan una clara intimidación sino, también, una intromisión ilegítima en espacios plenamente civiles y en la autonomía de las comunidades. Una situación similar se presenta en el hospital de Saravena donde los mismos militares convocan al personal a reuniones en las que los tildan de guerrilleros y los intimidan.

6. El LUGAR DE LOS HECHOS

Caño seco es una vereda de jurisdicción del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, ubicada a media hora por carretera de este municipio. Su casco urbano, en el que ocurrieron los hechos, está compuesto por alrededor de 50 viviendas -la mayoría de ellas de madera- cuyos humildes habitantes se dedican principalmente a la agricultura en fincas aledañas, hacia donde se desplazan desde las cinco de la mañana. Otra fuente de ingresos, aunque escasa, es la actividad comercial.

La casa de Jorge Prieto Chamucero y su compañera, el lugar en el que se cometió el crimen, está ubicada a una calle de distancia de la carretera sin pavimentar que llega hasta el caserío. Se trata de una casa de paredes de madera y techo de zinc que consta de un pequeño salón, dos habitaciones y la cocina; el baño y lavadero están en el exterior de la casa a una distancia de dos metros. Tiene dos puertas de entrada: una sobre la calle y otra en la cocina, que es la que conduce al baño y al lavadero ubicados en la parte posterior, al lado derecho de la casa.

Ubicándose en la puerta principal de la casa, se puede observar justo enfrente una fila de aproximadamente 10 casas habitadas, situadas a una distancia no mayor de 100 metros. Entre la casa y esta fila hay plena visibilidad.A la izquierda, la casa colinda con otra en construcción y a la derecha hay un lote de terreno cuyo piso tiene arena y pasto. Desde el baño y el lavadero se observa este lote de terreno contiguo.

7. HECHOS

El cuatro de agosto, en horas de la tarde, Jorge Prieto, conduciendo su motocicleta, llega a su casa en compañía de Raquel Castro. A su vez, llegan también de visita Héctor Alirio Martínez y Leonel Goyeneche. Luego de cenar, se recogen para dormir en el salón. Los dos últimos se acostaron en hamacas, Jorge Prieto y su compañera en el cuarto principal y en el segundo cuarto, lo hizo Raquel Castro.

El cinco de agosto, hacia las 5:30 AM, una patrulla militar conformada por alrededor de 35 hombres pertenecientes al Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro, con sede en Saravena, al mando del subteniente Juan Pablo Ordoñez y conducidos por el informante civil Daniel Caballero Rozo, alias “Patilla”, hicieron presencia en Caño Seco, dirigiéndose por lo menos cuatro de ellos a la casa de Jorge Prieto. Una vez allí, golpearon a la puerta. Al abrirla, los tres hombres fueron llamados por sus nombres por el informante civil, sacados de la casa y conducidos al lote contiguo, a escasos tres metros de ésta, donde fueron inmediatamente fusilados.

Luego de esto, los militares procedieron a entrar en la casa e, intimidando a las dos mujeres que se encontraban allí, requisaron por completo la vivienda. Les preguntaron dónde se encontraban las armas pero su búsqueda no tuvo resultados, pues no fueron halladas armas en la casa.

Los militares, usando bolsas plásticas para envolver los cuerpos de Jorge Prieto y Héctor Alirio Martínez, los trasladaron a varios metros de distancia dentro del mismo lote, luego de lavarlos con abundante agua. Después, taparon con arena los restos de sangre del lugar de la ejecución, lo cual pudo ser comprobado por la Comisión removiendo una arena que, según numerosos testigos, nunca antes había estado allí.

Los militares permanecieron en la casa manteniendo encerradas allí a las mujeres, a quienes se les impidió hablar entre ellas, y solo se les permitió salir al baño en algunas ocasiones.

Hacia las 10:00am las dos mujeres fueron sacadas de la vivienda y conducidas a un lugar desde el cual no podían observar la casa. Mientras las llevaban hacia allí, los militares hicieron disparos a un objetivo incierto sin recibir respuesta. En ese momento, una de las mujeres recibió amenazas muy graves si denunciaba lo que había visto.

Dos de los cuerpos de los tres líderes –el de Jorge Prieto y el de Alirio Martínez- fueron recogidos por los soldados en bolsas negras y llevados a la cancha de fútbol de la escuela. El cadáver de Leonel Goyeneche, según varios testigos, fue arrastrado por el piso-bocabajo, entre cuatro soldados que lo cogían de sus cuatro extremidades, sin ninguna bolsa o similar que lo protegiera- a lo largo de los aproximadamente 300 metros que hay entre la casa y la cabncha de fútvbol.

Alrededor de las 11:00 AM aterrizó en ese lugar un helicóptero de las fuerzas militares en el que las dos mujeres y Samuel Morales, quien fuera privado de la libertad en la escuela de Caño Seco esa misma mañana, fueron conducidas junto a los cuerpos sin vida de los líderes sociales, hacia las instalaciones del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro.

Samuel Morales denunció en un programa televisivo, posteriormente, que mientras estuvo en las instalaciones del Grupo Mecanizado Reveiz Pizarro y luego en las de la Brigada XVIII, algunos militares decían en su presencia a los que participaron en el operativo: “¿Por qué no los dieron de baja? ¿Por qué traen basura?”

8. LAS VERSIONES OFICIALES

Estas son algunas notas aparecidas en la Prensa sobre las ejecuciones extrajudiciales del 5 de agosto de 2004:

– Diario El Colombiano, 7 de agosto, declaraciones del Comandante de la II División del Ejército, general Luis Fabio García:
“Indudablemente murieron en un combate con los soldados, se les incautaron armas, municiones y explosivos que portaban.”

Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe:
“Los tres dirigentes eran “delincuentes”, que perdieron la vida en un combate.” Además, “portaban armas y tenían ordenes de captura por el delito de rebelión.”

Vicepresidente Francisco Santos:
“Eran dirigentes sindicales, pero también estaban metidos en cosas que no estaban relacionadas con su trabajo sindical.”

Ejército:
El hecho ocurrió cuando “un grupo de soldados se aproximaba a una casa donde estaban reunidos presuntos rebeldes del ELN y fueron repelidos a disparos.”

  Diario El Tiempo, 8 de agosto:

Ejército:
Perdieron la vida al atacar a tiros la tropa el pasado jueves en el sector de Caño Seco, en zona rural de Fortul.

General Jairo Duván Pineda:
“Los personajes muertos son muy importantes dentro de la política del ELN.”

  Diario El colombiano, 13 de agosto de 2004:

“El director de la Justicia Penal Militar, general Jairo Duván Pineda Niño,
confirmó que la investigación sobre las circunstancias en que murieron tres sindicalistas de Arauca, acusados por la Fiscalía General de la Nación de pertenecer al Eln, seguirá en manos de la Justicia Penal Militar. “Desde el punto de vista legal este caso no puede cambiar de instancia por que el fuero lo tiene la Justicia Penal Militar(…) Esta fue una actividad que se realizó con la guía de un reinsertado del ELN, obedeció a una orden de operaciones de mandato legal y a una orden de captura expedida por la Fiscalía que, de no cumplirse, estaríamos cometiendo un delito por omisión” aclaró Pineda”.

  Diario El Tiempo, 7 de septiembre de 2004:

“La Fiscalía estableció que, contrario a lo que dijeron los militares para justificar la muerte de tres sindicalistas, no se presentó ningún combate entre la Fuerza Pública y los líderes obreros en el caserío Caño Seco, municipio de Saravena (Arauca), el pasado 5 de agosto.
Por eso, la Unidad de DDHH ordenó ayer la captura del subteniente del Ejército Juan Pablo Ordóñez Cañón y de los soldados profesionales Óscar Saúl Cuta Hernández y John Alejandro Hernández Suárez quienes participaron en los hechos.”

  La WFM (radio), 7 de septiembre de 2004, declaraciones del Vicepresidente Francisco Santos en una entrevista concedida a esta emisora:

“Lo primero era que estas dos personas sí tenían orden de captura, no una orden de asesinato o de accionar como la Fiscalía acaba de decir que actuaron. Entonces, primero, sí tenían una orden de captura; segundo, el procedimiento en el cual fueron a capturarlos fue totalmente equivocado tal y como lo dice la Fiscalía y, tercero, sí, nos equivocamos.”

  Diario El Tiempo, en su editorial del 8 de septiembre de 2004:

“Organizaciones dindicales y de DDHH cuestionaron la versión oficial y denunciaron que dos de los sindicalistas tenían medidas cautelares de la CIDH. Se abrió investigación y ahora resulta que todo, al parecer, fue un montaje para justificar algo que, según la Fiscalía, habría sido una ejecución extrajudicial. (…) Las consecuencias son serias. Se hace un daño obvio a la imagen del Ejército y a su invocado compromiso con los derechos humanos. Se tiende una sombra sobre las promesas de que al amparo de la seguridad democrática no se cometerán abusos. Se levantan dudas sobre cómo estarán procediendo los militares en otros remotos lugares de Colombia donde adelantan operaciones, lejos de la mirada vigilante de los organismos de control y los medios de comunicación. Y se generan inquietantes preguntas.”

9. CONCLUSIONES DE LA COMISION

a) Héctor Alirio Martínez, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche, fueron víctimas de un crimen de Lesa Humanidad: ejecución sumaria perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia.

b) Las víctimas habían sido previamente señaladas como objetivo militar.

Como ya se ha señalado, las víctimas desarrollaban desde hace varios años legítimas actividades como líderes sociales, por lo que eran ampliamente conocidos incluso a nivel nacional e internacional. En numerosas ocasiones celebraron reuniones con delegados del Alto Gobierno denunciando la situación de derechos humanos de Arauca. Estas actividades significaron para ellos su estigmatización y acarrearon amenazas concretas contra sus vidas, lo que forzó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera al Gobierno otorgarles medidas cautelares para proteger sus vidas.

Pero, paradójicamente, los tres fueron víctimas de mayor persecución mediante procesos judiciales artificiosos y una amplia campaña de estigmatización y señalamientos contra los líderes sociales y sus organizaciones en diversos espacios. El más cuestionable fue el programa radial militar mencionado anteriormente, en el que informantes entre los que se encuentra Daniel Caballero alias “Patilla” -partícipe indudable del crimen- han proferido amenazas y señalamientos contra los líderes. En dicho programa se señalaron concretamente con sus nombres a algunas de las víctimas de Caño Seco.

Dentro del contexto araucano, tanto las amenazas contra sus vidas como estos señalamientos convirtieron a las víctimas en objetivos militares con mucha anterioridad a los hechos. Las declaraciones de algunos soldados, mencionadas anteriormente, hechas en presencia de Samuel Morales en las instalaciones del Revéiz Pizarro (“¿Por qué no los dieron de baja? ¿Por que traen basura?”) permiten confirmar que ya existía la intención de acabar con sus vidas.

• Ejecución, no enfrentamiento:

De acuerdo con las observaciones realizadas por la comisión, la casa de madera y con techo de zinc, vivienda de Jorge Prieto, en donde ocurrieron los hechos, no presenta impactos de bala ni en las paredes ni en el techo y de los testimonios recogidos entre los pobladores se desprende que hacia las 5:30 AM solo se escuchó una ráfaga de disparos de arma larga durante unos pocos minutos. De acuerdo con las mismas versiones, durante los días previos y el mismo día de los hechos no hubo presencia en este caserío de grupos armados diferentes al Ejército.

Las dos mujeres que se encontraban en la casa coinciden en afirmar que los hombres no portaban armas y que durante la requisa hecha por los militares no encontró ninguna. Así mismo, aseguran que luego de la llegada de los militares se escuchó un solo tipo de disparos de manera continua durante varios minutos, luego de los cuales no se volvieron a escuchar hasta las 10:00 AM, todo lo cual permite desvirtuar la versión de que las víctimas dispararon contra los militares.

De otro lado, a la Comisión le parece poco creíble que de haber habido disparos por parte de las víctimas, presuntamente a tan corta distancia, no resultara herido ningún militar.

• Los autores manipularon la escena del crimen para encubrir su responsabilidad:

De acuerdo con las versiones recogidas por la Comisión, los autores de este crimen de lesa humanidad desplegaron todos los mecanismos a su alcance tendientes a encubrir su responsabilidad e incriminar a las propias víctimas.

Adicional a las versiones de los testigos que claramente señalan estos actos de encubrimiento, se debe tomar en cuenta que los militares contaron con la oportunidad de cometer estos asesinatos pues estuvieron en la casa desde el momento del crimen, las 5:30 AM, hasta las 11:00 AM, es decir cinco horas y media, tiempo durante el cual estuvieron acompañados solo de las dos mujeres a las que mantuvieron encerradas dentro de la casa, impidiéndoles observar lo que hacían con los cuerpos. A pesar de esto, ellas sí pudieron observar como los militares trasladaban el agua para lavar el lugar del asesinato y como primero estaban en un lugar y luego en otro.

Además de manipular la escena del crimen, el Ejército pretendió dejar la impresión de que se había producido un combate. Lo quisieron simular haciendo disparos a un objetivo incierto sin recibir respuesta, pero esta maniobra fue infructuosa puesto que, de haber existido un enfrentamiento relacionado con el crimen, éste hubiera ocurrido hacia las 5:30 AM y no a las 10:00 AM, momento en que los militares hicieron los disparos engañosos.

• El Gobierno y altos mandos militares respaldaron el encubrimiento de la ejecución extrajudicial:

El mismo día de los hechos el propio Vicepresidente Francisco Santos, responsables de la política de derechos humanos en Colombia, así como Jorge Alberto Uribe, Ministro de Defensa, y Luis Fabio García, comandante de la 2a División -que opera en la zona-, aseguraron, sin esperar ningún resultado de la investigación, que los líderes eran miembros de la guerrilla del ELN y que cuando el Ejército llegó a la casa las víctimas dispararon contra éste tratando de huir, lo que habría justificado el triple homicidio.

Estas versiones solo han sido modificadas un mes después de los hechos. A ello se han visto forzados todos estos cargos gubernamentales debido a los avances de la investigación iniciada por la Fiscalía que se dictó órdenes de captura y e inició indagatoria contra tres de los militares que participaron en el operativo de Caño Seco y contra el informante civil que estuvo allí ese día.

Por tanto, la Comisión, después de haber verificado el sitio de los hechos, de haber escuchado testigos directos y pobladores de Caño Seco, puede afirmar que los sindicalistas de Arauca ALIRIO MARTÍNEZ, LEONEL GOYENECHE y JORGE PRIETO fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro del Ejército colombiano.

10. PREOCUPACIONES

La principal preocupación de la Comisión se refiere a la gravedad que tiene el crimen, debido al carácter de líderes sociales de las víctimas así como por la previa estigmatización contra todo el movimiento social en Arauca en general y contra estas tres víctimas en particular. Sobre todo nos preocupa la frialdad y premeditación que se percibe en el actuar de los militares (indicativa de un explícito apoyo del Gobierno de Uribe Vélez), lo cual hacer tener un legítimo temor por la vida de las y los demás líderes sociales de Arauca, teniendo además en cuenta el tenso ambiente de militarización e intimidación que persiste en el departamento, pese a la intensa labor de denuncia por parte de las organizaciones locales, nacionales e internacionales.

Nos preocupa también el persistente uso de informantes civiles por parte de las autoridades militares en sus operativos, porque, de un lado, es una infracción a la normativa del derecho internacional humanitario ya que pone a la población civil como objetivo militar, y, de otro lado, porque la motivación de este tipo de informantes es exclusivamente personal, movida por los incentivos económicos ampliamente difundidos por las fuerzas militares a cambio de información “eficaz”.

Así mismo nos preocupa el papel desarrollado por estos informantes dentro de tales operativos, que, como en el caso que nos ocupa, se tradujo en una participación directa en el asesinato de civiles, a juzgar por la orden de captura emitida por la Fiscalía contra los tres ejecutados.

Preocupan profundamente a esta Comisión las declaraciones oficiales realizadas por este Gobierno, encabezadas por el propio Vicepresidente de la República. Se supone que el Vicepresidente es, en Colombia, el encargado de la política nacional de derechos humanos. En este lamentable caso, y teniendo en cuenta la alta credibilidad que un cargo de esta envergadura otorga, las declaraciones del sr.Santos se convirtieron para la opinión pública colombiana e internacional en la justificación de un crimen de lesa humanidad, cuyo efecto práctico puede ser un claro aval para la continuidad de acciones como estas.

La investigación de este crimen de lesa humanidad viene siendo adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, lo cual saludamos. Sin embargo, hay otro dato preocupante: también la jurisdicción penal militar inició una investigación contra los militares implicados en el caso y, precisamente, los encargados de dicha investigación tienen ubicada su sede en las mismas instalaciones del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro. Esto significa que, siguiendo la línea de mando del Ejército, los responsables de ejecutar a los tres líderes tienen el mismo superior jerárquico que quien los investiga, lo cual mina ostensiblemente la independencia de esa investigación. A ello se suman otros factores como el espíritu corporativista que existe en todo Cuerpo militar, las declaraciones iniciales hechas por los superiores militares, etc.

Esta Comisión ha tenido conocimiento de que la jurisdicción penal militar ha reclamado para sí la competencia para investigar este crimen, a pesar de que la Fiscalía continúa con la investigación. Por ello, aún es posible que se propicie una colisión de competencias que debería resolver el Consejo Superior de la Judicatura, ente que, si bien es cierto que en algunos casos similares ha otorgado la competencia a la jurisdicción ordinaria, en otros la ha otorgado a la penal militar. De ocurrir esto último, la impunidad del crimen estaría garantizada.

Las fuerzas militares con sede en Arauca han recibido una millonaria inversión económica, que supera los cien mil dólares, del gobierno de los Estados Unidos. Así mismo, en el Grupo Mecanizado Reveiz Pizarro hacen presencia militares estadounidenses. Toda esta inversión y todo este apoyo militar, sumados a la política estatal aplicada en Arauca, se han traducido en un recrudecimiento de la ya degrada situación de derechos humanos en la región, por lo que este crimen, sumado a otros no menos graves ocurridos durante los dos últimos años, se constituye en una grave demostración de lo perjudical de tales medidas. En este sentido, nos preocupan (y cabe lugar a profundizar más sobre ellos) los efectos del papel de asesoramiento cumplido por las fuerzas militares estadounidenses en Arauca y, en particular, en el Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro.

11. EXIGENCIAS

  Al Estado colombiano:

Que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de quienes fueron testigos directos y en general de los habitantes de Caño Seco.

  Que se investigue penal y disciplinariamente y se esclarezcan los hechos ocurridos en Caño Seco el día 05 de agosto de 2004 y se sancione a los culpables.

  Que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física y se respete el debido proceso a Samuel Morales y Raquel Castro, detenidos en Caño Seco el 5 de agosto.

  Que suspenda el uso de informantes civiles en operativos militares

  Que frene la persecución contra las organizaciones sociales y sindicales en Arauca y que garantice el pleno ejercicio de su trabajo.

  Que la investigación por el asesinato de ALIRIO MARTÍNEZ, LEONEL GOYENECHE y JORGE PRIETO sea realizada por la Justicia Penal Ordinaria y en ningún caso por la Justicia Penal Militar.

  Que establezca el nivel de responsabilidad de las unidades militares estadounidenses que operan de manera permanente en las instalaciones del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro de Saravena, unidad militar responsable de esta ejecución extrajudicial.

12. SOLICITUDES

  A las Organizaciones sindicales, sociales y de derechos Humanos y al Gobierno de los Estados Unidos: que el Gobierno de los EEUU suspenda la inversión militar en Colombia y especialmente la que viene otorgando a la Brigada XVIII del Ejército, con sede en Arauca, por su persistente responsabilidad en violaciones a los derechos humanos de los pobladores de este departamento.

  A las organizaciones sociales nacionales e internacionales: que realicen un acompañamiento y un seguimiento exhaustivo a/de las organizaciones sociales, sindicales y de DDHH de Arauca, así como un apoyo a las exigencias del presente informe.

  A los medios de comunicación locales y nacionales: que se amparen en una forma ética de realizar su trabajo periodístico que les haga respetar la verdad, la dignidad de las personas y la promoción de los derechos humanos en Colombia para que, de esta manera, vinculen en sus informaciones la pluralidad de fuentes y, en ese sentido, den siempre cabida a la voz de las víctimas.

Firman: