Criminalidad, política, agronegocios
El caso de MULTIFRUITS y DEL MONTE de USA. Político Conservador JUAN MANUEL CAMPO ELJACH en el Cacarica, Bajo Atrato. La PARAPOLITICA en Necoclí, norte de Antioquia, Golfo de Urabá.
El Espectador y El Tiempo se han referido a la parapolítica en Antioquia en reciente artículos en los que vincula a Senadores con JHON FREDY RENDO, “El Aleman”. La criminalidad del poder político no se expresa solamente dentro del Senado o la Cámara o en el poder local. También a través de conformaciones de empresas que se favorecen del terror paramilitar, del desalojo de las tierras, y que logran niveles de protección con integrantes del Partido, en este caso, el Conservador y con la influencia en sectores claves de poder, entre ellos el INCODER.
La empresa MULTIFRUITS con agronegocios en Necoclí y Cacarica en el Bajo Atrato es una de esas empresas familiares, con vínculos algunos de sus accionistas con la influencia paramilitar GERMAN MONSALVE o ENRIQUE RENDON y la influencia en el Partido Conservador, JUAN MANUEL CAMPO ELJACH. Y con negocios internacionales con Del Monte.
En Cacarica el desalojo violento del Territorio Colectivo por parte de RITO ALEJO DEL RIO, CARLOS CASTAÑO, JHON FREDY RENDON, la instalación de una base paramilitar, lugar de crímenes de Lesa Humanidad, cementerio clandestino, lugar de torturas y de destrucción ambiental, y de repoblamiento es hoy Territorio de los agronegocios de empresas con vínculos familiares en la política y el paramilitarismo y el mercado internacional. Algunos se atreven asegurar que incluso para el lavado de activos- No se trata de una estigmatización sino de una extraña coincidencia, que hace todo lógico y claro. Los derechos de los afrocolombianos, de los mestizos e indígenas son negados, son hecho trizas para que puedan ser posibles los intereses del paramilitarismo, del para empresariado regional, del político que lo legítima y para el negocio con Del Monte de USA. Ante los negocios nadie actúa. Y eso a pesar de que todo se ha dicho.
Justicia y Paz CRIMEN AGRONEGOCIOS Y POLITICA Territorio de Cacarica.
Franz Bajak, ALIADO DE URIBE SE BENEFICIA DE PARAMILITARISMO. AP
Alfredo Molano, Ni qué niño muerto El Espectador. 31 de marzo 2007
4 REUNIONES DE PARAPOLITICA EN ANTIOQUIA. El Tiempo. Página 4. 13 de abril de 2007
ALIANZA PARA LAS ELECCIONES 2002. Senador RUBEN DARIO QUINTERO. El Espectador del 1 al 7 de abril de 2007
NOTIFICAN INVESTIGACION PREVIA A DARIO QUINTERO. El Espectador. Viernes 13 de abril de 2007-04-13
I. La Balsa epicentro PARA
Los afrodescendientes de los Consejos Comunitarios asociados en comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica- CAVIDA-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional , Green Peace , la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación , la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz , decenas de comisiones internacionales han registrado en sus informes el afianzamiento paramilitar en sus diferentes denominaciones en el Bajo Atrato desde 1.996 hasta hoy.
La estrategia paramilitar se ha desarrollado en esta región fronteriza con Panamá en sus diversas fases. Del arrasamiento a través de la operación “Génesis” a la eliminación selectiva, de la colonización territorial y sometimiento – control social- a la reconciliación forzosa y la redefinición territorial – agroindustria- acompasado con el dominio del poder político. La estrategia criminal ha sido posible gracias al terror generado con la comisión de más de 85 crímenes de Lesa Humanidad, entre asesinatos y desapariciones forzadas, la impunidad judicial, el silencio social legitimador.
La base paramilitar permanente de La Balsa es y ha sido epicentro de decisiones estratégicas en lo militar, lo político, lo social, lo económico en desarrollo de la consolidación del Estado Comunitario desde el año 1.997.
Entre el 24 y 27 de febrero de 1997 fecha en que se desarrolló por agua, por tierra, por aire la operación militar “Génesis” al mando del Brigadier General RITO ALEJO DEL RIO ROJAS, en el caserío La Balsa dentro del Territorio Colectivo de Cacarica se ubicó una base paramilitar ocupando predios de afrocolombianos. El desarraigo de más de 2500 afrocolombianos, mestizos y algunos indígenas hacia Turbo, Bocas del Atrato y Panamá, así como, de centenares de indígenas hacia otros resguardos facilitó la ocupación territorial. La Balsa se convirtió en lugar estratégico de operaciones militares, centro de apoyo logístico, lugar de fosas comunes y de implementación de una contrarreforma agraria y de explotación de recursos forestales y de agronegocios, entre ellos, se proyectan los de los mal llamado biocombustibles o agrocombustibles que comprende ya La Balsa, Varsovia, San José de Balsa y Bendito Bocachico.
Desde La Balsa se amparó desde 1.998 y hasta el 2001, la extracción mecanizada ilegal e indiscriminada de madera por parte de la empresa Maderas del Darién, filial de la empresa Pizano S.A. En la fase actual en medio del proceso de desmovilización dentro del Territorio Colectivo se implementa y desarrolla la siembra extensiva de banano tipo “baby” y en la proyección de la siembra en esa área de palma aceitera, caucho y cacao a través de la CI MULTIFRUITS LTDA, quién a su vez suscribió un convenio para la comercialización con la empresa transnacional DEL MONTE de San Francisco California, USA.
Hoy en lo militar después de la desmovilización del BEC, se desarrollan operaciones perimetrales sobre el río Atrato y Riosucio, y el entorno de la Zona Humanitaria “Nueva Vida” a través de las “Aguilas Negras” en medio de la presencia institucional de la Brigada 15 y Brigada 17 la consolidación de un modelo de desarrollo extractivo y de control social a través del Proyecto de Alternatividad Social, PASO.
La impunidad que cobija los crímenes cometidos de la estrategia paramilitar, la ausencia de actuación de parte de los organismos de seguridad del Estado, de los organismos de control ha posibilitado el paulatino enquistamiento de las estructuras paramilitares en lo Territorial con repoblamientos, con agronegocios y nuevas generaciones de políticos de proyección nacional. Los cimientos de los proyectos han sido la ilegalidad, el crimen, la destrucción ambiental, el engaño, la ocupación ilegal.
II Crímenes de Lesa Humanidad en La Balsa.
Desde el año 1996, las comunidades de Cacarica han sido víctimas de 85 asesinatos y desapariciones, torturas y dos desplazamientos forzados. En y desde el área en que se ejecuta el agronegocio, los paramilitares primero denominados como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, luego Autodefensas Unidas de Colombia, AUC y después Bloque “Elmer Cárdenas” con la anuencia, tolerancia, comisión por omisión de la Brigada 17 han cometido Crímenes de Lesa Humanidad. 6 asesinatos, 2 desapariciones 1 quema cosechas, saqueo de bienes de supervivencia, maltrato a una mujer embarazada provocando un aborto, golpizas a niños de 2 años, instalación de fosas comunes han sido los medios para desarrollar el control y la imposición de un modelo de desarrollo. En La Balsa han ocurrido 2 desembarques masivos de repobladores ajenos a las comunidades y desde allí se han movilizado para incursionar en 5 ocasiones a las Zonas Humanitarias.
Algunos de los Crímenes cometidos luego de la operación “Génesis” desde 1.997 muestran la inacción de la Brigada 17 para desestructurar la base criminal. Su responsabilidad omisiva, su tolerancia ha sido evidente, la que nunca fue descalificada ni enfrentada por los Gobiernos de Samper, de Pastrana y de Uribe. Pero diversos testigos, entre ellos víctimas han relatado como a este lugar asistían autoridades civiles locales e instancias militares.
Estos son algunos de los Crímenes que el Estado ha conocido.
Febrero de 1997 VICENTE FRANCO de San José de Balsa de 48 años fue sacado de su casa por paramilitares y asesinado fuera del caserío.
Febrero de 1.997 LIBORIO RODRÍGUEZ, campesino de San José de Balsa de 55 años de edad fue retenido y luego descuartizado por paramilitares de las ACCU.
Agosto de 1997 PEDRO CAUSIL hacia las 9 de la mañana fue asesinado por integrantes de las ACCU.
Agosto de 1997 CANDELARIO QUINTANA, 50 años de edad, en el camino que de Bocachica conduce a la Balsa fue retenido por paramilitares mientras trabajaba en el campo en su comunidad y conducido hasta su casa, donde fue torturado y después asesinado.
Abril de 1999 MANUEL MARQUEZ fue desaparecido del caserío de San José de La Balsa por un grupo de más 30 paramilitares con el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. De acuerdo con algunas versiones en la operación participaron más de 200 paramilitares, varios de ellos junto con MANUEL MARQUEZ se subieron a un helicóptero de la Brigada 17.
Julio de 2000 se constató el arrasamiento y la deforestación en el río La Balsa, por parte de la empresa MADERAS DEL DARIEN, filial de PIZANO S.A, mientras paramilitares adelantaban acciones de registro y control del área.
Diciembre de 2000 CARLOS ALBERTO RAMOS MARTINEZ, fue asesinado aproximadamente a las 3:00 p.m. en el punto conocido como La Tapa Clarita, caserío La Balsa por parte de paramilitares. Los restos del campesino fueron recogidos por su madre, a quién minutos después se lo arrebataron, sin poderlo enterrar. Hasta el momento se desconoce en donde se encuentra el cuerpo sin vida de CARLOS.
Junio de 2001 paramilitares del Bloque “Elmer Cárdenas”, al mando del llamado “MARIO” y de un uniformado con insignias de la Brigada 17 de apellido LOPEZ, y de VICENTE MUENTES anunciaron, en presencia de miembros de observadores internacionales, Defensoría del Pueblo, iglesia católica, que había llegado el progreso. “A sembrar palma y coca” (…) “estas tierras son nuestras, va haber mucho dinero”. Luego del anuncio se dirigieron a la base de Balsa en el mismo territorio colectivo.
Febrero de 2002 RAMIRO VASQUEZ fue asesinado a dos horas de la Zona Humanitaria de Nueva Vida por paramilitares que le dispararon a la distancia, cuando este observó su presencia en trabajaderos de un poblador del Cacarica.
Abril de 2002 EDWIN ORLANDO SALAZAR fue desaparecido en el retén de Tumaradó sobre el río Atrato y llevado hacia La Balsa. Allí fue torturado y posteriormente asesinado y su cuerpo arrojado en una fosa común. Hasta el momento no se ha logrado rescatar sus restos
Mayo de 2002 en el punto conocido como La Clarita en el canal de Zarabanda en San José La Balsa MARIA en estado de embarazo fue golpeada por tres paramilitares, quienes la acusaron de estar vinculada con la guerrilla. Por los golpes MARIA perdió su hijo. Su otro hijo, menor de dos años, fue también golpeado por los paramilitares cuando este trata de proteger a su madre . El niño sufrió daños irreparables en su integridad física y psicológica
Mayo de 2002 Ingresaron a la base armada paramilitar de La Balsa, más de 20 pangas con “civiles” armados de las estructuras paramilitares quienes se dirigieron a apoyar operaciones armadas contra las FARC en Bojayá.
Febrero de 2003 en el caserío de La Balsa se realizó una reunión convocada por los paramilitares del “Bloque Elmer Cárdenas” en la que informaron que la extracción de madera “debe continuar con la empresa Maderas del Darién”. Igualmente ordenaron la prohibición en la circulación de personas distintas a las censadas por ellos y su concentración en La Balsa. Anunciaron la instalación de una Tienda Cooperativa para que todos los pobladores se puedan abastecer de todos los productos necesarios. Igualmente quedaron restringidas las salidas .
Marzo de 2003 paramilitares de La Balsa llegaron a la comunidad de Cirilo donde golpearon, quemaron con ácido y amarraron a un campesino que persistía en mantenerse en el lugar, desobedeciendo la orden de concentrase en La Balsa.
Marzo de 2003 DOMINGO ISARAMA es retenido y amarrado por paramilitares, este líder indígena de La Raya.
Marzo de 2003 CARLOS QUINTO paramilitares ingresaron a la comunidad de Barranquilla, en Cacarica. Los paramilitares luego de golpearlo, lo amarraron y lo trasladaron hasta la base en La Balsa.
Marzo de 2003 más de 30 paramilitares incursionaron a la Zona Humanitaria de Nueva Vida en el Cacarica, violando la Malla de la Vida y anunciaron que estaban desarrollando proyectos productivos en la región .
Septiembre de 2004 en el eje bananero varios pobladores de La Balsa denunciaron la apropiación ilegalmente de sus tierras. Los paramilitares iniciaron un transplante poblacional con entrega de tierras a personas que forman parte de su estructura social y militar provenientes de Córdoba y el Urabá antioqueño.
Los nuevos moradores afirmaron a sus legítimos propietarios integrantes de los Consejos Comunitarios que “no las van a devolver, por que fueron entregadas para el progreso, por el Comando de la Autodefensa Unidas de Colombia. Si hay algún problema, entiéndase con el Mando”. A quiénes exigieron sus tierras, los paramilitares los amenazaron, a otros, les ofrecieron 200 mil pesos por hectárea ( U.S $ 87), a pesar de que se sabe que la venta es ilegal por que pertenecen al Territorio Colectivo del Cacarica.
Los paramilitares expresaron que: “esta tierra es de nosotros porque los demás salieron dándole espacio a la guerrilla. Nosotros merecemos esta tierra porque si sabemos como afrontar la guerra” (…) “no vamos a devolver las tierras, vamos a dar bonificaciones a quienes eran los dueños” (…) “nosotros hemos liberado estas tierras y son nuestras” (…) “el que no quiera vender, nosotros cuadramos con él” (…) Estamos más de 1.000 hombres, las tierras son del progreso, de la paz y las tierras van a ser sembradas con palma. Las empresas van a canalizar, la tierra queda apta para que no haya tanta humedad y queda lista para el mejor negocio, la mejor alternativa”
Diciembre de 2004 se conoció que en La Balsa se encuentran fosas comunes, en los antiguos campamentos de la empresa Maderas del Darién, otra en San José de Balsa y una tercera en el punto conocido como La Coquera. En uno de los tres lugares, se encuentran los restos de EDWIN SALAZAR.
Enero de 2005 a las 5:30 a.m. dos afrocolombianos del Cacarica que bajaban por el río Perancho con rastras de madera fueron obligados a detenerse por un grupo de paramilitares provenientes de la base de Balsa.
Al campesino ABELARDO PALACIOS lo amarraron, lo golpearon con la culata de un arma larga, y amarrado de las manos, delante de su hijo. Luego lo hicieron caminar durante 10 minutos. ABELARDO fue tirado al suelo, golpeado con culatazos, maltratado verbalmente “usted es un h.p miliciano” (…)”usted es un guerrillero”, golpeado en el estómago, abofeteado. Lo amenazaron de muerte, le pusieron el cañón del fusil en la cabeza, le dijeron: “tiene miedo”. Luego lo levantaron por la fuerza y lo hicieron caminar por espacio de dos horas en dirección hacia el poblado de La Raya. “Vamos a estar aquí, no nos vamos, venga quien venga”(…) “Usted se va, si algo se sabe es por usted. Cuidado con soltar la lengua”
Hacia las 10:30 a.m., luego de la golpiza permanente fue dejado en libertad siguiendo su recorrido aguas abajo del río Perancho.
Ese mismo día, los paramilitares golpearon a un indígena del resguardo de Perancho. Los paramilitares continuaron su camino hacia el poblado de La Raya, ubicado a menos de 1:45 horas a pie de la Zona Humanitaria “Nueva Vida”. Los armados anunciaron que irían hacia la base paramilitar de La Balsa .
Abril de 2005 a las 7.30 p.m. pobladores del río Cirilo, ubicado dentro del Territorio Colectivo del Cacarica, denunciaron la deforestación de cativales y de los recursos forestales desde El Cirilo y tres poblados más, entre ellos San José de Balsa, La Balsa –donde se encuentra la base paramilitar- y Varsovia.
Los afectados por la deforestación ilegal afirmaron, en la fecha, que se han ido constituyendo asociaciones de campesinos y cooperativas por parte de empresarios bananeros y paramilitares con personas que no son nativos de Cacarica. Las acciones de la agroindustria con transplante de población y destrucción del ecosistema, se desarrollan en los lugares donde existe un absoluto control de efectivos de la estrategia paramilitar .
Julio de 2005 a las 4:30 p.m. se escucharon testimonios acerca de la apropiación ilegal de mejoras familiares dentro del Territorio Colectivo a través de la estrategia paramilitar del Bloque “Elmer Cárdenas”, BEC, y el impulso a proyectos agroindustriales.
De acuerdo con los testigos, un nuevo transplante de población – repoblamiento – han realizado las estructuras paramilitares, que extiende la posesión ilegal iniciada el año pasado dentro del Territorio Colectivo del Cacarica. Habitantes de Sucre, Córdoba, Antioquia fueron trasladados por los paramilitares a los caseríos de La Balsa, San José La Balsa y Varsovia. Luego de la deforestación mecanizada –arrasamiento forestal- fueron entregadas parcelas a los foráneos.
Uno de los casos, es el de la mejora de la familia ANAYA que fue parcelada en varias hectáreas, los repobladores manifestaron que, no saldrían, porque sus jefes, sus mandos paramilitares allí los llevaron para trabajar en el banano y el primitivo.
Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar que se movilizan desde Sautatá, La Honda y estacionan en Puente América, puntos del Territorio Colectivo del Cacarica sobre el río Atrato, y entre Cirilo, Zarabanda, San José La Balsa, La Balsa, Varsovia a tres horas a pie de la Zona Humanitaria “Nueva Vida” y el casco urbano de Río Sucio, departamento del Chocó, expresaron en reuniones con los que allí habitan, que: “llamen a los dueños por sus tierras, si no vienen son torcidos, y a los torcidos hay que invadirles las fincas”. Igualmente, han llevado foráneos que ofrecen $ 800.000 (U.S. $ 350) por hectárea de tierra, mientras los paramilitares anuncian: “los que no están se vienen a vivir, o van a vender, o se habla con la viuda” (…)”aquí el proyecto que sirve es el del banano y el primitivo, ahí está el progreso”.
Los desarraigados y expropiados denunciaron que en el punto conocido como La Coquera cerca de San José La Balsa se instaló una Proveedora, donde todos los campesinos son obligados a entregar sus productos y a adquirir los bienes que requieran. Agregaron que luego de la deforestación desarrollada por Maderas del Darién, todos los pobladores deben participar en la siembra de primitivo, de banano y de plátano. Algunas propiedades fueron definidas para la siembra de palma de aceite.
De acuerdo con los testigos, a este sector del Territorio Colectivo de Cacarica, llegaron “civiles” armados de la estrategia paramilitar que se encontraban en Santafé de Ralito, departamento de Córdoba, y se adelantaron fiestas con reconocidos grupos musicales de Vallenato .
Septiembre de 2005 , medios de información reportaron que el llamado Comandante de la estrategia paramilitar JHON FREDDY RENDON, conocido como “El Alemán” del Bloque “Elmer Cárdenas”, que opera en el bajo Atrato, el Jiguamiandó y Curvaradó, Cacarica y Antioquia anunció el inició de una posible desmovilización articulado al Proyecto de Alternatividad Social, PASO.
De acuerdo con informaciones extraoficiales las zonas posibles desarrollo agroindustrial del PASO, serían límites entre el medio y bajo Atrato, el Curvaradó y el sitio conocido como San José La Balsa y La Balsita en el Cacarica en donde se encuentran operando vestidos de “civil” con armas cortas.
En este lugar de La Balsa en desarrollo de la nueva etapa de la estrategia paramilitar se adelantaron desde mediados del 2003, proyectos de control social con entrega de tierras a repobladores, semillas de plátano “baby”, deforestación y preparación de tierra con maquinaria pesada, ganado y tiendas de abastecimiento interconectadas con una abastecedora que se encuentra en Río Sucio enfrente de la personería municipal.
A la tienda de Río Sucio los campesinos llevan vales para la adquisición de licor y bienes de subsistencia, autorizados por “el patrón”, administradores de llamado “Alemán”, estos están obligados a entregar las rastras de madera y la producción de banano al único centro de acopio autorizado por los paramilitares.
Septiembre de 2005 en jurisdicción de San José La Balsa se observó maquinaria pesada vinculada a proyectos agroindustriales de plátano. A un poblador que habitó el lugar quien intentó regresar a su parcela de 150 hectáreas, “civiles” vinculados con la estrategia paramilitar, le informaron que por abandonar su parcela durante más de 8 años esta había sido distribuida a varias familias de Antioquia y Córdoba. “Esta tierra la entregaron los paras para nosotros, si la quiere debe hablar con el patrón, “el Alemán”, nosotros de aquí no nos vamos.”
Octubre de 2006 a las 4 00 p.m. se conoció que la empresa CI MULTIFRUIT SA continúa extendiendo la siembra de banano tipo primitivo para la exportación con la empresa Del Monte de los Estados Unidos, en tierras controladas o expropiadas por los grupos paramilitares, que ahora se encuentran en fase de desmovilización .
Febrero de 2007 en desarrollo de una Peregrinación en el marco de la Conmemoración de los 10 años de la Operación “Génesis” en La Balsa se constató por parte de más de 100 personas la siembra de “baby” de la empresa MULTIFRUIT S.A. Se observaron cajas de Del Monte de USA. Y se recibieron testimonios de víctimas de la apropiaciación de tierras por parte los paramilitares.
En el lugar se observó la presencia del mando paramilitar “MARIO”, al parecer desmovilizado y quién se encontraba con unidades de la Brigada 15.
III. C.I Multifruit S.A.
Su conformación, Partido Conservador, ASOCOMUN y nexos con paramilitares
La comercializadora inscrita en Cartagena encuentra en su desarrollo crecimientos de capital importantes, una estrategia económica de largo plazo en la que participa una joven figura del Partido Conservador JUAN MANUEL CAMPO ELJACH, cimentada sobre la apropiación ilegal de predios dentro del Territorio Colectivo de Cacarica realizada por las estructuras paramilitares del Bloque “Elmer Cárdenas”.
MULTIFRUIT conforme al certificado de existencia y representación legal, escritura pública No 1593 del 24 de julio de 2001 de la notaría 1ª de Cartagena, fue constituida bajo la denominación COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTIFRUIT y CIA. LTDA y registrada con el Nit: 806.010.047-2 siendo primer representante legal CARLOS NIKOLAI STRUSBERG GONZALEZ.
Tres años después, el 5 de mayo de 2004 fueron nombrados como miembros principales de la junta directiva a JUAN MANUEL CAMPO ELJACH,- Representante Legal- BERLY FERNANDEZ MATTOS y JHON JEREMIAS PINTO RODRIGUEZ y como suplentes JUAN CARLOS MARRUGO VELASQUEZ, CESAR CARDENAS RENDON y ANDRES TAMAYO AGUDELO. Y tomaron la decisión de convertir a MULTIFRUIT en sociedad anónima
El 10 de noviembre del mismo año se autorizó una capitalización de “un mil millones de pesos ($ 1.000.000.000) que se suman a los doscientos cincuenta millones ($ 250.000.000) existentes. Al tiempo se decidió dividir en cien mil acciones de diez mil pesos ($10.000) cada una, “capital que podría aumentarse en cualquier tiempo mediante correspondiente reforma estatutaria, aprobada por la asamblea de accionistas”
El acta de esta reforma muestra 6 socios entre los que se encuentran: JUAN MANUEL CAMPO ELJACH con 25.000 acciones; JUAN CARLOS MARRUGO VELASQUEZ, con 12.500 acciones; JOHN JEREMIAS PINTO RODRIGEZ, con 25.000 acciones; CESAR DE JESUS CARDENAS RENDON, con 50.000 acciones; ANDRES JULIAN TAMAYO AGUDELO, con 50.000 acciones; BERLY DEL CARMEN FERNANDEZ MATTOS con 87.500 acciones. .
Desde la constitución legal de esta muy joven compañía, de acuerdo con testimonio , figuran personajes que mueven las cuerdas de la empresa a través de la cual existen versiones en la región se realizan operaciones de posible lavado de activos.
Uno de los personajes encubiertos en la sociedad es GERMAN MONSALVE, quien al parecer es hermano de FREDDY RENDON HERRERA, alias “EL ALEMAN”. De acuerdo con versiones de prensa el alias de GERMAN MONSALVE corresponde al de ENRIQUE RENDON HERRERA, quién a su vez figura como representante legal de la Asociación Comunitaria del Urabá y Occidente Cordobés, ASOCOMUN. Esta Asociación se encuentra beneficiada del Programa de Familias Guardabosques de la Presidencia de la República de Colombia, recursos del Plan Colombia, en alianza con la Universidad Autónoma de Manizales, de acuerdo con la publicidad de esta entidad.
De acuerdo con un testigo aparte de las formalidades legales de las que dan cuenta los certificados de existencia, se encargó del manejo reservado de los recursos de la compañía durante los años 2004 y 2005 fue CARLOS MARIO GARCIA ingeniero de campo, este realizó los cronograma de ejecución de las obras y coordinó el proceso de interlocución con la instancias oficiales del ramo los créditos de fomento. Al parecer CARLOS MARIO se encuentra fuera del país.
Y EL “ATRAVESAO”
Dentro de los bienes adquiridos por a COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTIFRUITS Y COMPAÑÍA LTDA (CI, MULTIFRUITS Y CIA LTADA) se encuentra el predio “El Atravesao” de 297 hectáreas, ubicado en el caserío Caricia, municipio de Necoclí. En junio de 2004 la propiedad paso de un valor de 30 millones de pesos a 200 millones, en menos de dos meses, de manos de CESAR DE JESUS CARDENAS RENDON (socio) a la empresa.
En la tradición de esta propiedad se encuentra en su origen como propietario ELMER CARDENAS RENDON, reconocido mando paramilitar, que murió en un enfrentamiento con las FARC. Su deceso violento dio origen al nombre del Bloque que lleva su nombre y que opera indistintamente en el eje bananero, en el bajo y medio Atrato. En la actualidad CESAR DE JESUS CARDENAS, a quien ELMER CARDENAS transfirió el predio es socio de MULTIFRUITS pero quien al parecer se encuentra de la estrategia financiera y renglones de producción es el alias de GERMAN MONSALVE.
MULTIFRUITS Y LA FILIAL DEL MONTE
El 4 de agosto de 2004, dos meses después de adquirir la finca “El Atravesao”, CI. MULTIFRUITS y CIA LTDA representada por NICOLAI STRUSBERG GONZALEZ firmó un contrato de compraventa de plátano con fines de exportación con la CI CONSERBA S.A, en cabeza de GLADYS RESTREPO MOLINA representante en Colombia de la compañía, con casa matriz en San Francisco California USA, filial de DELMONTE S.A.
En el primer aspecto el contrato estipula que la productora (CI MULTIFRUITS & CIA S.A) “dispone de una finca ubicada en NECOCLI –ANTIOQUIA, en el cual está promoviendo el desarrollo de un proyecto de siembra de plátanos la cual deberá quedar sembrada durante el año 2004 y 2005, para así disponer a partir del mes de enero de 2006 de una producción de plátanos que estima en dos mil cajas por semana. Cualquiera que sea el volumen producido la venderá de forma exclusiva a LA COMPAÑÍA, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato” .
Este contrato, de acuerdo con el documento citado, aunque fue firmado el 1 de agosto de 2004, empezó a regir el 1 de enero de 2006 y abarca un período de 7 años, hasta el 31 de diciembre de 2013, el cual podrá ser prorrogado cada año automáticamente. Desde este momento, tres años después de constituirse MULTIFRUITS se conoce su expansión hacia los Estados Unidos.
MULTIFRUITS S.A Y LAS SINTONIAS CON POLITICOS
“Yo conozco estos proyectos desde su génesis, lo puedo asegurar que en ninguno se intuía tanto la influencia del paramilitarismo como en el de Cacarica de plátano. Allí se sabía que un señor ordenaba todos y cada uno de los movimientos de los dueños de la empresa y del gerente y este señor no tiene ninguna presencia nominal en la personería jurídica, ni legalmente hablando, pero era el que mandaba”. Se trata según el testigo de GERMAN MONSALVE, señalado en los medios como paramilitar-
Los vínculos de ELMER CARDENAS RENDON con CESAR DE JESUS CARDENAS RENDON, FREDDY RENDON HERRERA alias “El ALEMAN” con el alias GERMAN MONSALVE, en realidad ENRIQUE RENDON se encuentra asociados directa o indirectamente a la empresa C.I MULTIFRUITS LTDA. Parece tratarse de una empresa familiar, en la que los “civiles” armados de la estrategia paramilitar al mando del “ALEMAN” garantizaron las condiciones de adquisición de tierras en función de agronegocios del plátano para la exportación particularmente hacia los Estados Unidos.
Pero la empresa familiar además de extender su mercado al norte asegura en los núcleos políticos legitimidad. El actual representante legal y gerente de CI MULTIFRUITS Ltda, el joven de Valledupar, departamento del Cesar, JUAN MANUEL CAMPO ELJACH, es una figura destacada dentro de las juventudes del Partido Conservador, uno de los 11 miembros del Directorio Nacional de la organización azul, cuando su jefe único era CARLOS HOLGUIN SARDI . CAMPO ELJACH es miembro de una prestigiosa familia de palmicultores, ganaderos, fruticultores y políticos que ha sido líder de las juventudes del Partido Conservador.
La presencia de JUAN MANUEL CAMPO ELJACH posibilita que la compañía, que ocupa predios ilegalmente controlados por los paramilitares, acceder al alto gobierno de Colombia. Luego de la aparición del artículo del periodista de la agencia AP, FRANZ BAJAK, titular en varias páginas internacionales entre el 14 y el 16 de diciembre de 2006, CAMPO ELJACH realizó un fuerte cabildeo en organismo de control y del poder ejecutivo en particular de Acción Social, cuyo director, es también miembro del Partido Conservador.
Igualmente, la influencia puede llegar mucho más allá pues el actual gerente del Incoder RODOLFO CAMPO SOTO, nombrado en agosto de 2006 por URIBE VELEZ es su familiar. El Ingeniero RODOLFO CAMPO SOTO ha participado en agronegocios similares a los de de CI MULTRIFRUITS LTDA, tal como lo reseña la Presidencia de la República el día de su posesión: “Se ha desempeñado, desde 1999, como Gerente de la Fundación Animar (Corporación para el Desarrollo Económico del Caribe Colombiano) empresa palmífera y cacaotera del Cesar. Su experiencia laboral también registra su ocupación en cargos como Gerente de la Asociación de Algodoneros del Cesar, Asocesar, asesor del Ministerio de Agricultura, consultor del IICA y alcalde de Valledupar en dos oportunidades” .
Cuando el presidente URIBE se dirigió a los cafeteros de la costa Caribe,
el 26 abril de 2006 en Valledupar, elogió a CAMPO SOTO como un gran líder en el departamento del Cesar: “En cacao en este departamento ha crecido mucho en este Gobierno. Aquí hay un gran líder que es el doctor Rodolfo Campo Soto. ¿Cuántas hectáreas hemos crecido de cacao, Rodolfo?. Y este respondió :unas 3.500 hectáreas”” .
De acuerdo con un testigo de excepción, los vínculos de miembros del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, con los sectores paraempresariales que invierten en la Bajo Atrato Chocoano y en el Urabá Antioqueño son significativos. En la finca “El Atravesao” en una reunión un asesor financiero de la CI MULTIFRUITS LTDA, manifestó su preocupación por los posibles reveses que pudiera tener el proceso de legalización de las siembras del plátano en Cacarica, por tratarse de territorios titulados en el marco de la ley 70 por parte del Incoder. Allí, los socios de la compañía manifestaron al unísono, en particular MANUEL CAMPO ELJACH que no había de qué preocuparse porque el gerente de esa institución a julio de 2003, ARTURO ENRIQUE VEGA VARON, recibía un sueldo por parte de las Autodefensas. Agregó el testigo que este funcionario renunció a la gerencia y continuó ejerciendo como funcionario público en CORPOICA tiempo después.
Según el testigo un trabajador del área administrativa de la empresa Urapalma S.A, y asesor de CI MULTIFRUITS LTDA, fue asignado por esta empresa, en común acuerdo con quien en pocos días sería nombrado como gerente de Incoder, LUIS ORTIZ LOPEZ para participar junto con dos afrodescendientes vinculados con el Ministerio de Agricultura en la redacción de un decreto 1516 con la finalidad de buscar un mecanismo para salir al paso al problema del Curvaradó y evitar problemas en el Cacarica, se trataba de la redacción de las Alianzas Estrategias en los territorios colectivos de las comunidades negras .
Meses después, en abril de 2006 trascendió en Colombia el escándalo por la asignación de predios por parte del gerente del Incoder, LUIS ORTIZ LOPEZ a paramilitares e igualmente se destaparon las actuaciones ilegales del sub Gerente OMAR QUESSEP. QUESSEP había sido delegado por el Gobierno Nacional para dar seguimiento a la siembra ilegal de palma en el Curvaradó. Los beneficios de la gestión oficial del funcionario a favor de las pretensiones territoriales de la estrategia paramilitar, se extiende a distintas zonas del país .
El representante del Consejo Mayor del Cacarica, expulsado por un sector mayoritario de esa comunidad en 1999 por aceptar tiquetes aéreos de la empresa Maderas del Darién filial de Pizano S.A. y otorgar a cambio de este y otros beneficios, autorizaciones de aprovechamiento forestal a favor de dicha compañía, recibió de acuerdo con el testigo dinero de la CI MULTIFRUITS para agilizar los trámites de entrega del territorio del Cacarica a esta empresa con el Incoder. Parte de la entrega de dineros a este afrodescendiente se realizó en la ciudad de Bogotá en un Hotel ubicado en el barrio Teusaquillo a donde se desplazo CAMPO ELJACH,
A su vez, de acuerdo con el testigo, la abogada JOHANA CABEZAS, la misma que oficiaba como representante de Maderas del Darién y que en agosto de 2003 junto con el General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL acusó falsamente a los afrodescendientes del Cacarica asociados en CAVIDA de ser responsables de actos tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir, recibió recursos a través de CI MULTIFRUITS, para agilizar los trámites de la firma de la alianza estratégica .
LA LEGALIZACION DE LA ILEGALIDAD
El 15 de abril de 2005, en la cabecera municipal del municipio de Riosucio, el representante legal del Consejo Mayor de la Cuenca del Cacarica firmó un contrato de Alianza Estratégica con el representante legal de la Compañía C.I. Multifruits Ltda, del momento, el señor CARLOS NIKOLAI STRUSBERG para la siembra de hortalizas, frutas, palma, caucho, plátano en tierras del Título Colectivo del Cacarica.
A esa fecha no existía el decreto 1516 de las Alianzas Estratégicas, además, desconociendo la ley 70 nunca se realizo la Asamblea comunitaria plena para esta decisión. A pesar de que esto es un hecho y los pobladores de Cacarica han denunciado la situación el proyecto continúo en ejecución, con el silencio absoluto de la Procuraduría General de la Nación y la inacción del Incoder.
En el contrato de Alianza Estratégica, se concibe la inversión de la compañía de forma progresiva. El representante Legal de Cacarica cedió el uso y goce de la tierra hasta alcanzar una extensión previsible de más de 20.000 hectáreas, cerca del 25% del Territorio Colectivo. Dicha cesión se contrata a 8 años, prorrogables a 50 años, pudiéndose, tal y como lo estipula el contrato, ampliarse a períodos subsecuentes consecutivos, si las dos partes así lo acuerdan, o no revocan el contrato al vencimiento de este.
Se trata de las tierras situadas en las comunidades de Balsita, San José de Balsa, Varsovia y Bendito Bocachico, todas ellas pertenecientes al Consejo Comunitario de la Cuenca del río Cacarica y la posibilidad de su ampliación a otras de las 23 comunidades que comprende esta cuenca.
Cualquiera sean las implicaciones legales de las dos resoluciones, se descarta de la posibilidad de cobijar de manera retroactiva “Alianzas Estratégicas” o contratos firmados entre particulares y comunidades afrodescendientes beneficiarias de titulaciones colectivas en el marco de la ley 70 de 1993. Antes de la promulgación de las mismas lo que a las claras se evidencia, además de todas la irregularidades de la empresa CI MULTIFRUITS. CA en su intervención en Cacarica, es la ilegalidad del contrato suscrito.
Las familias afrocolombianas de Cacarica asociadas en CAVIDA en diversas reuniones, en el marco del seguimiento a las medidas cautaleres concedidas a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado la apropiación de sus territorios, el repoblamiento del Territorio promovida por las estructuras paramilitares, el desarrollo de proyectos agroindustriales auspiciados por las estructuras paramilitares que intervinieron junto con la Brigada 17, en su desplazamiento y en las violaciones de derechos humanos sin haber sido escuchados.
Los afrocolombianos han denunciado el proyecto emprendido por C.I MULTIFRUITS S.A ante las instancias competentes sin que haya existido respuesta eficaz, pronta y oportuna del gobierno. Por el contrario varios de sus líderes han sido perseguidos militarmente a través de la Brigada 17, tanto como los habitantes de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza en Dios”.
CI MULTIFRUITS y DEL MONTE S.A.
No se trata de legalizar la ilegalidad sino de darle legitimidad en el escenario del poder ejecutivo y el plano internacional.
En comunicación de abril 28 del 2005, el supuesto representante legal del Cacarica se dirigió al presidente de la República ÁLVARO URIBE VELEZ, con copia a los Ministros de Interior y Justicia, SABAS PRETELT; de Agricultura y Desarrollo Rural, ANDRES FELIPE ARIAS y de Medio Ambiente y Vivienda, SANDRA SUAREZ para poner en su conocimiento la firma del contrato MULTIFRUITS-
Dice el texto: “(…) tomó la sabia determinación, con el aval de todos los miembros de la comunidad, de firmar un contrato de alianza estratégica con la empresa privada denominada en este caso C.I. MULTIFRUITS COMPAÑÍA S.A., el cual anexa para su análisis…”.
“(…) esperamos vincular al proceso productivo una extensión de 22.000 hectáreas representadas en plátano, cacao, palma, entre otros(…) El proyecto ya arrancó, dice también, con 500 hectáreas de plátano en las comunidades de Balsitas, Varsovia, San José de Balsa y Bendito Bocachico”.
Señala luego, que bajo la modalidad de Agricultura por contrato se ha firmado un documento para la venta del producto de este proyecto, entre CI MULTIFRUITS S.A. como compañía productora y la empresa multinacional con casa matriz en Estados Unidos, DEL MONTE, con sede en la ciudad de San Francisco, California, que compraría la producción para su distribución en el mercado de Estados Unidos, que es básicamente a donde dirige su actividad dicha empresa. El contrato de compraventa entre ambas empresas es inicialmente por 8 años.
Si los escándalos por vínculos de empresas multinacionales con el paramilitarismo como La Chiquita Brands, la Drummond está no parece ser la excepción para Del Monte por sus vínculos con la empresa Multifruits en la que las coincidencias con operaciones paramilitares son muchas y en que la estrecha relación con un dirigente del Partido Conservador como JUAN MANUEL CAMPO ELJACH es evidente.
Son claras las ilegalidades y la criminalidad. La coincidencia entre las estructuras paramilitares y el desarrollo del agronegocio no deja ninguna duda. Los campesinos mestizos y afrocolombianos habían sido desalojados, la mayoría de los habitantes de La Balsa y los caseríos de los alrededores habían sido repoblado, la tierra distribuida por “El Alemán” a otros campesinos por sus estructuras militares traídos del Antioquia y Córdoba. Es el mismo territorio que el Gobierno tituló a los afrocolombianos en 1.999 pero que ha sido despojado por la violencia paramilitar y el agronegocio del plátano. Allí el Estado de hecho es realidad en el bajo Atrato. Todo el mundo guarda silencio, nadie se pronuncia. Todos hacen oídos sordos a la realidad.
Por qué ASOCOMUN no ha sido investigada? Cómo puede recibir recursos del Plan Colombia para el Programa Guardabosques? Quién se está beneficiando?
JUAN MANUEL CAMPO ELJACH, puede desconocer la situación del paramilitarismo en el Cacarica, en particular en La Balsa? Puede desconocer que los predios fueron desalojados por los paramilitares ¿Puede desconocer que los que allí habitan son repobladores? Puede negar, si ha ido a la región, que allí se encuentra el Comandante MARIO con efectivos de la Brigada 15, de quièn no se sabe si se desmovilizo, pero que está al frente de la inversiones del “Alemán” allí y en el Salaquí, y el Truandó y Domingodó? O puede negar que se ha reunido con GERMAN MONSALVE ? Y será que Del Monte es solo un inocente más?
Exclusivo de AP: aliado de Uribe se benefició con paramilitares
14/12/2006 – 20:13 (GMT)
Frank Bajak, AP
Un alto dirigente del Partido Conservador, integrante de la coalición que apoya al presidente Alvaro Uribe, es el gerente de una empresa agrícola que se ha beneficiado de la intimidación violenta de grupos paramilitares contra comunidades afro-colombianas para arrebatarles tierras y utilizarlas para cultivos de plátanos que son vendidos a una multinacional estadounidense, según informaciones obtenidas por la AP.
Se trata de Juan Manuel Campo, miembro del directorio nacional del Partido Conservador, uno de los aliados del gobierno del presidente Alvaro Uribe, quien es investigado por la Fiscalía por sus actividades al frente de la compañía Multifruits, desde el 2004.
Según denuncias de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), esa empresa utilizó artimañas jurídicas y la ayuda de presiones de grupos paramilitares para dividir a la comunidad afro-colombiana, dueña de las tierras, y firmar una alianza estratégica que le permitió producir los plátanos.
Ana Carmen Martínez, una de las desplazadas por grupos paramilitares de ese territorio, que la Constitución establece pertenece a su comunidad, manifestó que los “paras” decían que en esa zona operaban guerrillas de izquierda, pero que eso simplemente era “un pretexto por quitarnos las tierras. Porque saben que son tierras productivas y que las necesitan para sus megaproyectos”.
Multifruits firmó un contrato con la multinacional estadounidense Del Monte Fresh Produce para exportar cada semana 52 toneladas de plátanos a los mercados de Estados Unidos y Europa desde terrenos disputados por comunidades afro-colombianas en el departamento del Chocó, en el noroeste del país.
La investigación por parte de la Fiscalía supone un nuevo eslabón en el escándalo que acecha al gobierno de Uribe desde que sus aliados políticos fueron acusados por la Corte Suprema de Justicia de participar en la creación y financiamiento de grupos paramilitares, culpables de masacres contra la población civil y de apoderarse de enormes cantidades de terrenos en la década pasada.
Las averiguaciones indican que los grupos paramilitares, que se han desmovilizado como parte de un proceso de paz con el gobierno, disfrutaron durante sus años alzados en armas de una relación simbiótica con dirigentes políticos y empresariales. Tres congresistas han sido encarcelados recientemente por esos vínculos.
Juan Manuel Campo, sin embargo, sería el primer caso en el cual un político con un alto cargo ha sido acusado de sacar provecho económico de sus vínculos con los grupos paramilitares.
Su tío, Rodolfo Campo, se ha desempañado como un exitoso empresario en el sector agrícola y es desde agosto de este año director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la agencia estatal que ha sido acusada en repetidas ocasiones de corrupción y que tiene como una de sus funciones la redistribución de tierras en el campo.
Ambos provienen del departamento del Cesar, en el norte del país, donde los grupos paramilitares dominaron amplios territorios con mano de hierro.
La elite política de esa región se benefició de la intervención de los grupos paramilitares en las campañas electorales y permitieron que sus comandantes desfalcaran las arcas públicas, aseguraron fiscales, senadores de partidos de oposición y víctimas entrevistadas por la AP.
La Comisión Colombiana de Juristas y otro grupo defensor de derechos humanos, Justicia y Paz, presentaron la denuncia contra Multifruits y Juan Manuel Campo ante una mesa conformada por varias organizaciones del estado y ONG para examinar casos de tierras que fueron apropiadas ilegalmente.
La multinacional Del Monte Fresh Produce no negó que tiene un contrato con Multifruits, aunque manifestó en un correo electrónico que “no opera plantaciones o posee tierras en Colombia” y que “compra de varios cultivadores” en el puerto de Turbo, la puerta de salida para las exportaciones de Multifruits, en el departamento de Chocó.
La creación de Multifruits ocurrió en el 2001, el mismo año que los grupos paramilitares declararon públicamente su intención de controlar la cuenca fluvial de Cacarica, donde se encuentra su plantación. En 1997 comenzaron con su campaña para tomar el control de la zona: expulsaron a cientos de campesinos de sus tierras y asesinaron y desaparecieron a sus opositores.
En abril del 2005, Multifruits hizo una alianza estratégica con un grupo que decía representar la comunidad de Cacarica, a pesar de que la Corte Constitucional dictaminó el año anterior que ese grupo no era el representante legal de la comunidad. Ese caso surgió por las protestas de la comunidad por la deforestación ilegal en el territorio a manos de empresas madereras.
Campo manifestó durante una entrevista telefónica que él es uno de los inversores que fundó Mutifruits, pero negó tener algún vínculo comercial con los grupos paramilitares y dijo que no sabía sobre el dictamen de la Corte Constitucional.
“Mi labor en esa zona es producir plata (dinero), no es ninguna otra distinta a producir plata”, aseguró. “Sé de las noticias que se conocen de la incursión paramilitar en esa zona pero no conozco ningún detalle sobre el asunto”, añadió.
La AP tiene una copia del contrato entre Multifruits y la filial de Fresh Del Monte en Colombia, que establece una producción eventual en 20.000 hectáreas, aunque Campo aseguró que los cultivos de la empresa solo abarcan 120 hectáreas. Campo dijo que Multifruits exporta actualmente unos 1.500 cajas de plátanos.
Según una estimación del gobierno, la población civil ha sido forzada a abandonar unas 6,8 millones de hectáreas desde 1980 por la presencia de grupos paramilitares y la guerrilla de izquierda.
En muchos casos, los grupos ilegales armados despojaron a gente para sembrar la coca, pero en la zona del Caribe los desplazados fueron forzados a vender sus terrenos a precios muy bajos a personas con vínculos a los grupos paramilitares
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Darcy Crowe, periodista de la AP, contribuyó con este despacho
Ni qué niño muerto
por Alfredo Molano Bravo Saturday, Mar. 31, 2007 at 8:01 AM
Ha causado especial escozor en el Gobierno la muerte por hambre de los niños en el Chocó. Alega que no son 49, ni 12 “porque” sólo son 4. ¡Prepotencia!
No tardan en echarle la culpa a Piedad Córdoba por no ser blanca. El Gobierno enreda: que lo que pasa es que los indios de por allá les dan a sus hijos unas yerbas raras que los deshidratan. ¡Insolencia! El Gobierno sólo reconoce las estadísticas que fabrica a su gusto y a su amaño. El Ministro de Protección Social declara que no ha conocido una especie de alarma temprana que dio Bienestar Familiar hace un año: de 250 niños hospitalizados, 50 estaban en inminente peligro de muerte.
Uribe viaja a Carmen del Darién, hace el show: interroga a sus empleados, los ridiculiza, y toma medidas trascendentales:
1) nombra gerente del Chocó a Juan Guillermo Ángel, el virrey de San Andrés y Providencia. ¿Será que el doctor Ángel también tiene propiedades en la región, como las tiene en el archipiélago? ¡Espectacular!
2) monta un “hospital militar” de campaña en las instalaciones del liquidado Instituto de Seguros Sociales. ¡Una metáfora!
3) El Tiempo informa que “el Ejército colombiano lleva caldo con huevos a varias familias de comunidades indígenas en Chocó”. ¡Una proeza!
Mientras tanto, el general Montoya manda a sus soldados a poner pasacalles en la Comuna Trece de Medellín para ser recibido como héroe por una manifestación de invitados llevados al sitio en vehículos de ‘Don Berna’, uno de los jefes paramilitares sospechosos, según la denuncia recibida por The Angeles Times, de haber pactado con el general la Operación Orión que dejó a la Comuna sembrada de cadáveres. Porque, para utilizar el conjuntivo oficial, el primer gran problema que hay que mirar en el país es el trágico desbalance del presupuesto nacional a favor de la guerra en detrimento de la salud y la educación de los colombianos.
En el Chocó es más grave porque además de que el departamento tiene los índices más bajos del país en educación y salud, padece la guerra en toda su crueldad. Allí la Fuerza Pública se ensaña con la población nativa para defender a los bananeros de Chiquita y Banadex y demás empresas que financian a los paras; el general Rito Alejo del Río –uno de los homenajeados por el presidente Uribe porque “no se rinde”– desplegó la Operación Génesis en los ríos Salaquí y Cacarica, que obligó a huir a miles de familias de campesinos afro hacia Turbo. Hoy en esta región grandes capitales preparan tierras con reinsertados del Bloque Elmer Cárdenas para ser sembradas de palma africana, como ya se hizo en Jiguamiandó y Curvaradó, sacando a bala a las comunidades que por Ley 70 les pertenece ese territorio. Mandados por El Alemán, antiguo oficial del Ejército, los paras han sido asociados en una empresa para sembrar Baby Bananas o Apple Banana con destino a la multinacional Del Monte, que fondea sus barcos en el mismo puerto donde se descargaron los 3.500 fusiles para Carlos Castaño. No trabajan los paracos rasos como peones sólo en las grandes plantaciones de fruta y palma de sus jefes, sus antiguos comandantes. También –¡y de qué manera!– sacando madera, en particular Cativo, para vendérsela a Madarién, filial de Pizano S. A. Hoy se ven largos trenes de troncos arrastrados hacia las bocas del río León, donde la multinacional tiene el aserrío mayor. En las tierras arrasadas por las empresas madereras entran, a renglón seguido, los ganaderos –sombrero aguadeño y poncho de moda– a fundar grandes haciendas. Para servir todas estas iniciativas y valorizar las propiedades de los nuevos terratenientes, el señor Ángel –lo dejó firmado– se empeñará en construir el tramo final de la carretera Panamericana, que atravesará la región cortando en dos el Parque Katíos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por Unesco, y acabando de desplazar a las comunidades del Cacarica.
Mirado desde lejos, el Chocó es una colonia paisa; Medellín, la metrópoli, por el norte, y Pereira, por el sur. Ha sido expoliada y manejada por sus capitales. El andamiaje institucional complementa el saqueo: la burocracia, los políticos y los contratistas –que unas veces son burócratas y otras, políticos– se roban la plata. Sucede en toda la Costa Pacífica, donde viven comunidades negras e indígenas. Sucede lo mismo en todas las regiones donde predominan indígenas o afros, como La Guajira, Arauca, Cauca, Vaupés, Guainía, Amazonas. Lo que está detrás de todos los niños muertos y desnutridos, de los millones de desplazados y de los millones de los explotados por los blancos, es el mismo modelito económico, racista y ladrón, emblema del orden y niño consentido de la Seguridad Democrática.
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El Tiempo
Abril 13 de 2007
4 reuniones de parapolítica en Antioquia
Aunque la Corte Suprema de Justicia solo ha recibido información sobre tres congresistas del departamento, hay testimonios sobre reuniones que comprometen a otros políticos. Por lo menos cuatro grandes jefes paramilitares impusieron su línea en zonas como Urabá y el Bajo Cauca
Antonio Valencia escuchaba atento en la primera fila del auditorio, junto a por lo menos siete alcaldes de Urabá, mientras que el barbado vocero de la ONG Asocomún explicaba los programas de su organización.
Este encuentro en la casa de la Cultura de Mutatá (Antioquia) el 30 de agosto del 2004 no sería raro si Valencia no fuera el heredero de Álvaro Araújo en el Senado -preso por su relación con ‘paras’- y si el expositor no fuera el paramilitar Enrique Rendón ó ‘Germán Monsalve’, hermano de Freddy Rendón, el jefe del ‘Bloque Élmer Cárdenas’, que para esa fecha seguía en armas.
Estaba prohibido tomar fotos, pero el periódico El Heraldo de Urabá hizo el registro gráfico.
Más tarde, Valencia tomó la palabra y argumentó las bondades de la integración regional, cosa apenas explicable porque el objetivo era reactivar Municipios Asociados de Urabá (Madú) para canalizar contratos. Hoy niega haber conocido al hermano de ‘El Alemán’, aunque ambos tienen un parecido sorprendente.
Valencia no aparece hoy como uno de los congresistas investigados por el escándalo de la parapolítica, pero su nombre fue mencionado por fuentes que conocen cómo se movieron los ‘paras’ en la política antioqueña.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia ya ha recibido información que comprometería a al menos tres congresistas del departamento: Rubén Darío Quintero, Óscar Suárez Mira y Mauricio Parodi Díaz.
En este momento evalúa si les abre investigación formal.
A Quintero lo enreda un supuesto arreglo para las elecciones del 2002.
Testigos aseguran que el ‘Alemán’, en una reunión de principios de agosto del 2001, les hizo jurar a Manuel Darío Ávila, Jesús Doval, César Andrade y Estanislao Ortiz, con las manos en las mismas biblias que él les regaló, que se turnarían los cuatro años en la Cámara y gestionarían el progreso de Urabá.
Efectivamente, la lista, avalada por Cambio Radical, triunfó con 25.973 votos en el 2002.
Del mismo grupo es Quintero, quien está en líos porque un testigo
que escucha la Corte fue más allá y dijo que el hoy congresista se comprometió también a rotar la curul del Senado con Elbo E.
Escobar, presunta ficha de ‘El Alemán’, y no cumplió. Desde la Cárcel de Itagüí, Rendón dijo que nunca impuso candidatos, pero se sabe que en La Virgen del Cobre, a la entrada de Necoclí, y propiedad del narco José ‘Pelusa’ Ocampo, éste alineaba a los políticos.
Reuniones en todas las regiones
En Antioquia hubo otros encuentros que comprometen a políticos con autodefensas.
Tal vez la zona donde fue más evidente la relación es el Bajo Cauca, donde alcaldes y concejales permitieron que Ramiro ‘Cuco’ Vanoy se convirtiera en una especie de alcalde paralelo por casi una década. Más recientemente Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’ también manejó una profunda influencia.
De hecho, según varios testimonios, en abril del 2001 el ‘Bloque Central Bolívar’ citó a los alcaldes y concejales para dar instrucción sobre la candidata a apoyar: Rocío Arias.
Habitantes de la zona cuentan que varios colectivos los recogieron a las 10 de la mañana y los llevaron al corregimiento Manizales, de Cáceres. Arias llegó por su cuenta y Roberto Duque, ‘Ernesto Báez’, aterrizó en un helicóptero. “Pidió que levantaran la mano los que apoyaban a Arias. No les dijo nada a los que no la levantaron, pero era evidente la presión”, dijo un testigo.
Arias no tenía trayectoria política y aún así en el 2002 obtuvo 23.877 votos, de los cuales 12 mil fueron en el Bajo Cauca y el Magdalena Medio, dos zonas de indiscutible dominio ‘para’. A su fórmula al Senado por el movimiento Convergencia Popular Cívica, Carlos Arturo Clavijo, lo lo mencionan como uno de los apoyados por ‘Macaco’ y ‘Cuco’. Siendo su primera aspiración logró 55.774 votos.
En diciembre pasado, en el Bajo Cauca, unas 9 mil personas marcharon para admitir públicamente que apoyaron a los ‘paras’.
Entre los marchantes estaban un ex alcalde de Cáceres y un precandidato a esa Alcaldía.
En el vecino nordeste, la mayoría de los mandatarios le marchó a ‘Doble Cero’, asesinado jefe del ‘Bloque Metro’, y al ‘Central Bolívar’.
La primera reunión con los jefes políticos de ‘Doble Cero’ -‘J’, ‘Fredy’ y ‘Esteban’- fue en el 2003 en la base paramilitar de Cristales ( San Roque), y por lo menos hubo otra en la sede de Corpoica en San José del Nus, relató Óscar Mira, ex alcalde de Yalí, quien se desmovilizó con el ‘Héroes de Granada’, de ‘Don Berna’.
Entre el Magdalena Medio y el oriente antioqueño algunos políticos fueron más cercanos a ‘Don Berna’. La Fiscalía deberá aclarar qué hay detrás de los correos en los que las actuales administraciones de San Carlos y Heliconia le agradecen a este su apoyo.
En Medellín ha sido cuestionado Diego Arango, quien llegó al Concejo en el 2004 con votos de barrios de influencia de ‘Don Berna’. Tuvo la vocería en el paro de transportadores por la captura del ex ‘para’.
Valencia y Quintero niegan a ‘El Alemán’
“Yo no conocía a ‘El Alemán’. Lo vine a conocer en la desmovilización, cuando dio la cara”.
Antonio Valencia, sucesor de A. Araújo.
“Nunca celebré alianza para las elecciones del 2002 con ningún grupo al margen de la ley, ni con ‘El Alemán’. El testigo no existe porque los hechos nunca existieron”.
Rubén D. Quintero, senador antioqueño.
Las explicaciones
“Yo nunca he tenido relación con ‘Don Berna’. Si tuve alta votación es por mi trabajo social en 25 años de carrera política en Bello”.
Óscar Suárez Mira, senador.
“Nunca he tenido relación con ‘paras’, aunque en Bello como en todo el Valle de Aburrá hay influencia de ‘Don Berna.’
Mauricio Parodi, representante.
Las sombras sobre Suárez y Parodi en Bello
Parte de la maquinaria para la elección de Óscar Suárez Mira -el mayor elector por Antioquia para el Senado y a quien la Corte Suprema indaga por presuntos vínculos con ‘paras’ – y sus socios en el 2006, la habrían movido combos delincuenciales de Bello.
Lo habrían hecho a través de sus jefes, que tomaron el nombre de promotores sociales en un programa de resocialización de la Alcaldía.
“En las comunas se manejaba un computador y se orientaba a la gente a dónde le tocaba votar. El transporte que ponen los políticos para trasladar a los votantes, ellos mismos lo organizaron en los barrios”, dijo Carlos Builes, ex asesor de paz de Bello.
Por la participación de estos muchachos, que han trabajado para los paramilitares y el narcotráfico, este municipio sería el ejemplo perfecto de las sinergias entre las armas y los votos. Suárez puso 18.270 de los 22.349 sufragios que Alas-Equipo Colombia sacó en esa localidad para el Senado.
Suárez ha dicho que su éxito no se debe a presiones ni a una relación con grupos paramilitares, sino a su trabajo social de 25 años y a su alianza con políticos de Itagüí.
La llave permitió que el actual representante a la Cámara itagüiseño Orlando Montoya Toro consiguiera 5.872 adeptos en Bello y Suárez a su vez pasara en Itagüí de los 558 votos del 2002, cuando aspiró a la Cámara, a 9.007 en el 2006.
Hasta la Personería de Medellín llegaron denuncias de desplazados que afirmaron haber sido presionados por hombres armados para votar por Suárez y por el actual congresista liberal Mauricio Parodi, a quien también indaga la Corte. La Personería, sin embargo, descartó una investigación por este caso.
Parodi es cercano a Rodrigo Arango, ex alcalde de Bello condenado a ‘muerte’ política por la compra de un lote con 3.000 millones de pesos de sobrecosto.
Plata para los ‘combos’
La hermana de Suárez, Olga, es la actual alcaldesa de Bello.
Algunos interpretan el Acuerdo 012 de 2006, expedido por ella, como el pago a favores de las bandas.
Consiste en destinar el 0,5 por ciento del impuesto de industria y comercio, o sea de 600 a 700 millones de pesos anuales, para proyectos de las 12 corporaciones que lideran los representantes de los antiguos grupos delincuenciales que forman la Mesa de Paz y Convivencia.
El problema es que no hay respaldo legal para este proceso. Y lo peor es que algunos de estos grupos siguen con sus armas y delinquiendo, según denuncias de la gente.
“Vivimos de los proyectos y del cobro que se hace a las casas por vigilancia pero la idea es que la ‘vacuna’ se vaya desmontando”, acepta uno de los jefes locales.
Los movió Bellanita
Otro elemento que se presume jugó a favor de Suárez y Parodi fue contar con la flotilla de buses y el helicóptero de Hugo Albeiro Quintero, gerente de Bellanita de Transportes y quien según un informe de inteligencia estaría ligado a la ‘oficina de Bello’, grupo delincuencial emparentado con los ‘paras’ de ‘Don Berna’.
EL TIEMPO tuvo acceso a ese documento. Tras el asesinato el pasado 16 de noviembre de Jorge Evelio Restrepo, reinsertado del ‘Bloque Centauros’ y líder de la banda Pachelli de Bello, autoridades hablaron de ajustes de cuentas por droga.
Según el reporte, Restrepo “hacía parte de una poderosa organización criminal conformada por las estructuras de Bellanita, liderada por Hugo Albeiro Quintero, y La Unión de Itagüí, por Mauricio Alberto González Sepúlveda, alias ‘El Ronco'”.
Quintero Restrepo heredó Bellanita de su papá, Hugo Quintero Céspedes, un conductor que formó de la nada un emporio con activos por 2.839 millones de pesos y que, junto con Taxis y Colectivos SCA, emplea a más de mil personas.
La familia tiene que ver además con el negocio del azar, que igualmente ha tenido sospechas de infiltración ‘para’.
Martha Norela Zea, casada hace tres meses con Quintero Céspedes, es de la junta directiva del Grupo Antioqueño de Apuestas (Gana), único conglomerado que puede explotar el chance en Antioquia, con un potencial de ventas de 38 mil a 40 mil millones de pesos.
‘Las respuestas de Holguín parecen un anónimo’: Petro
Las respuestas del Ministro del Interior, Carlos Holguín, al debate sobre el paramilitarismo en Antioquia que hará Gustavo Petro el próximo martes, no dejaron satisfecho a su promotor.
Petro dijo que las respuestas más parecen un “anónimo”, pues no aparece firmando el Ministro, aunque sí están escritas en papelería de esa cartera.
Dijo que “son inconstitucionales, porque no las firma el ministro, son como un anónimo. Son soberbias, no admiten la autocrítica, suponen que la política de las Convivir fue transparente y un aporte a la seguridad ciudadana”.
En el cuestionario de cinco puntos, Petro indaga sobre si el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe adelantó las acciones necesarias para desmantelar los grupos paramilitares que nacieron en ese departamento.
La respuesta del Ministerio es que “el señor presidente (…) cuando era gobernador de Antioquia, sí realizó todas las acciones que estaban a su alcance, para combatir y desmantelar no solo a las autodefensas, sino a todos los grupos delincuenciales que hacían presencia en dicho departamento”, y que estas se cumplieron “dentro de los parámetros constitucionales y legales con la colaboración de las instituciones del Estado”.
Petro también pregunta cuál fue el criterio que tuvo Uribe para apoyar y crear las Convivir en Antioquia, si considera que se equivocó al darles ese apoyo.
Al respecto, la respuesta es que “no hay evidencia de hechos delincuenciales atribuibles a las Convivir en el departamento de Antioquia, para indicar que su establecimiento dentro del marco de una política nacional, legal e institucionalmente constituida hubiese sido una equivocación”.
Petro dijo ayer que esperaba una posición más autocrítica del Gobierno.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2007-04-13/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3512815.html