Crímenes que se investigan del gobierno anterior no pueden quedar impunes
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red de 230 organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia, expresa su preocupación porque, transcurridos casi dos años desde el inicio del proceso por el uso de la Inteligencia estatal con fines criminales, todavía no se han emitido decisiones contra ninguna persona aforada. Decisiones que contribuirían a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de esos delitos.
En este sentido, la CCEEU considera que existen abrumadoras evidencias de la responsabilidad en distintos crímenes contra, al menos, cinco personas del círculo más cercano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Por ello, solicitamos a la Fiscalía una decisión acorde con los daños que perpetraron tanto a sus víctimas como a la institucionalidad democrática en Colombia. A la vez, exhortamos a la Justicia en Colombia a avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre quiénes dieron órdenes y se beneficiaron de estas actividades criminales de sus subordinados.
De igual modo, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos solicita que se lleve a cabo con total exhaustividad e imparcialidad la investigación iniciada por las actividades que presuntamente llevó a cabo el ex ministro Sabas Pretelt con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge 40, con el objetivo de propiciar la reelección de Álvaro Uribe Vélez en 2006.
Por otro lado, expresamos nuestra satisfacción por la decisión de la Fiscalía de aceptar el recurso de petición presentado para incluir nuevas evidencias probatorias en el proceso contra el ex vicepresidente Francisco Santos, por su presunta promoción en la conformación del Bloque Capital de las AUC, aunque subrayamos la necesidad de que ese proceso avance con la máxima celeridad.
En cuanto a las investigaciones iniciadas por las desmovilizaciones fraudulentas en que estarían vinculados el ex Consejero de Paz Luis Carlos Restrepo y dos altos mandos del Ejército la CCEEU reconoce las gestiones iniciadas por la Fiscalía en estos hechos y pide también que se investigue la responsabilidad que en los mismos tuvo el General Mario Montoya, quien avaló y promovió estas desmovilizaciones. En este sentido, la CCEEU condena las presiones del Ejército contra campesinos de la región de Nuquí (Chocó), que denunciaron que miembros de este Cuerpo los obligaron a hacerse pasar por delincuentes.
Finalmente, la CCEEU alerta a las autoridades judiciales sobre la impunidad que rodea los montajes denunciados por la Prensa en estos días, montajes que buscarían dejar sin piso varias investigaciones por la parapolítica. Nos preocupa expecialmente la libertad por vencimiento de términos concedida al integrante del GAULA Osvaldo Villamil, señalado como autor de las interceptaciones ilegales contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien coordina las investigaciones en este proceso.
La confianza de la ciudadanía en el Estado Social de Derecho no puede recomponerse sin acciones oportunas, coherentes y decididas de la Fiscalía y las autoridades judiciales para sancionar a los implicados en actividades criminales, aún en los casos en que se hallen implicados altos funcionarios públicos y autoridades del Estado.
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA EE.UU. Mesa Ejecutiva: Claudia Erazo (311 848 47 11), Marta Burbano (315 525 04 60)