Crece movilización en las calles de Honduras por la salida del presidente Juan Orlando Hernández
Una insurgencia popular contra la corrupción del gobierno federal, liderada por la juventud y convocada a través de las redes sociales virtuales, ha crecido en los últimos días en Honduras, hasta convertirse en una de las mayores marchas de la historia reciente del país, diseminada por las principales ciudades hondureñas. La movilización nacional tomó forma después de la deflagración del caso de desfalco millonario de los cofres del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHS), el año 2014. La población exige la salida del presidente Juan Orlando Hernández del cargo.
“El caso del Seguro Social es la coyuntura que ha hartado al pueblo hondureño y que se hayan utilizado fondos salidos del seguro social para financiar campañas políticas es el detonante de este movimiento”, afirmó a la prensa Gabriela Blen, una de las líderes de la convocatoria de las marchas, bajo el lema #OposiciónIndignada. Según ella, aunque no haya vínculo directo, la reciente ola de protestas en las calles de Guatemala motivó la movilización hondureña.
El primer acto de protesta en Honduras ocurrió a fines de mayo, en la capital Tegucigalpa, donde un grupo de jóvenes recordó, con una vigilia, las 3 mil personas que intentaron ser atendidos en los órganos públicos de Salud y terminaron perdiendo sus vidas, supuestamente, por falta de fondos del Seguro Social para medicamentos y asistencia a los pacientes. Desde entonces, la movilización de la población viene creciendo, hasta convocar a miles de personas en varios actos públicos realizados a lo largo de los últimos días en ciudades como San Pedro Sula, Siguatepeque, Choluteca y Comayagua.
En este contexto, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) presentó al Ministerio Público la lista con los nombres de las personas que murieron en los últimos cinco años como consecuencia de la falta de estructura de atención del Seguro Social. La organización exige una amplia investigación del caso.
“El pueblo está cansado. Por un lado crecen los niveles de pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades y, por el otro, el gobierno sigue concentrando poder, profundizando el autoritarismo y la militarización, y ejerciendo una férrea política de control”, lamentó a la prensa Ana Ortega, presidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). “Si a eso le agregamos niveles altísimos de corrupción e impunidad, la creciente descomposición de la clase política y el colapso de la institucionalidad del Estado, resulta evidente el porqué de esta reacción popular”, agregó la activista.
Entienda el caso
El caso fue denunciado por el periodista David Romero Ellner, director de Radio Globo y Globo TV, vinculando al Partido Nacional, del presidente Juan Orlando Hernández, por un fraude de grandes proporciones involucrando a empresas fantasmas y al IHS. Según Ellner, de la cantidad equivalente a más de 330 millones de dólares desviada del Instituto por altos funcionarios de la institución, cerca de 90 millones de dólares tuvieron como destino final el Partido Nacional y financiaron la campaña electoral de Hernández, en 2013, entonces candidato presidencial.
De acuerdo con la denuncia, para efectuar el desfalco millonario, parientes de ex-funcionarios del IHS crearon 10 empresas fantasmas, con las cuales se firmaban contratos multimillonarios para, supuestamente, proveer medicamentos, servicios y equipos médicos a los órganos públicos de salud. Esas mismas empresas transferían el dinero de la transacción a las cuentas del Partido Nacional.
Ellner afirmó que toda la cumbre del Partido conocía el fraude, incluyendo al ex-presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y el actual mandatario hondureño. Para agravar todavía más el caso, señaló que autoridades del Ministerio Público habían ocultado pruebas y cajoneado procesos relacionados con el desfalco, asegurando la impunidad de los involucrados.
Todo esto ocurre pocas semanas después que la Justicia de Honduras declaró la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohibía la reelección presidencial. Para amplios sectores de la oposición política del país, así como organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, la medida sería una maniobra para reforzar el proyecto del actual gobierno de permanecer en el poder, abriendo camino a una posible reelección de Hernández en la Presidencia.