Creado grupo de impulso de Latinoamericanas (os) por la Paz en Colombia.

Colombia continúa sufriendo, además de condiciones de inequidad y exclusión que afectan a cerca un 60% de la población, una tragedia humanitaria debido a la grave y sistemática violación de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario en medio de un largo conflicto armado interno. Cálculos oficiales indican que hay más de 60 mil desaparecidos forzados, más de 70 mil personas muertas en el marco del conflicto armado, así como entre 4 y 5 millones de desplazados internos, en los últimos 15 años.

De acuerdo con fuentes académicas, más de 5 millones de hectáreas de tierra han sido usurpadas violentamente a comunidades negras, indígenas y mestizas, luego de las operaciones de arrasamiento paramilitar.

Durante el período de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se produjeron más de 2000 ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como combatientes, con el único fin de que sus ejecutores recibieran ascensos, días de descanso o recompensas. A pesar de la implementación de planes militares en los 8 años del gobierno de Uribe, para acabar por la vía militar con las guerrillas de las FARC y del ELN, el conflicto lejos de desaparecer adquiere nuevas formas y se profundiza.

Aún permanecen en poder de las guerrillas personas cautivas, entre ellos cerca de 19 integrantes de la Fuerza Pública. Más de 7500 presos políticos, entre combatientes y presos de conciencia, se encuentran en condiciones infrahumanas en las cárceles colombianas sin poder acceder muchos a atención médica, a pesar de padecer en algunos casos enfermedades terminales y graves secuelas de tortura. Las acciones de tutela acordadas por los tribunales amparado los derechos fundamentales de estos presos, no han sido cumplidas por las autoridades carcelarias.

Hemos seguido de cerca la iniciativa de Colombianas y Colombianos por la Paz, que durante sus dos años de existencia ha construido, a través del intercambio epistolar, posibilidades para la humanización del conflicto armado. 13 personas han sido dejadas en libertad por la insurgencia gracias a estas gestiones, encabezadas por la Senadora Piedad Córdoba, a partir de las cuales se ha sostenido una iniciativa que ha planteado a las guerrillas la discusión en torno a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario respecto a las personas privadas o retenidas en razón del conflicto armado, el reclutamiento y la participación de menores en sus filas, el uso de armas no convencionales, entre otros.

A través del intercambio epistolar se ha ido avanzando en la necesidad de abrir un diálogo político con el gobierno sobre dos campos: el humanitario y la resolución política del conflicto.

En este proceso las víctimas deben ser protegidas y reconocidas en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

Vemos con el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos la posibilidad de avanzar en un escenario de diálogo político. Valoramos positivamente las comunicaciones recientes de las FARC EP y del ELN que abogan por la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo y la humanización del conflicto armado con participación de organismos multilaterales.

Reunidas y reunidos hoy, 29 de agosto en Buenos Aires, hemos decido impulsar y constituir el Grupo Promotor de Latinomericanas y latinoamericanos por la paz para apoyar las gestiones que realiza Colombianas y Colombianos por la Paz. Hacemos un llamamiento a todas las personas con conciencia de paz, demócratas y humanistas para integrarse y aportar a esta iniciativa. Estamos convencidos que la Paz de Colombia es la Paz de la región, pues el conflicto armado colombiano no solamente ha traspasado las fronteras, este se ha utilizado como pretexto para la injerencia sobre las construcciones democráticas en el centro y el sur. Creemos que América se encuentra en una oportunidad para ejemplificar las posibilidades de la razón y de la sensibilidad para la paz en el hemisferio y en el mundo.

Primeras firmas:

Adolfo Pérez Esquivel

Mirta Acuña de Baravalle