Costa del Pacífico: Narcotraficantes, paramilitares, ELN y disidencias de las FARC, contra la población civil y la destrucción de la biodiversidad |14 Obispos se reúnen para analizar situación de la región
Las semanas pasadas fueron semanas de mayor tragedia y dolor para la población de la extensa Costa Pacífica del país, que se extiende desde los límites con Panamá, al norte, hasta el Ecuador, al sur. La guerra entre narcotraficantes, paramilitares, ELN y las disidencias de las FARC, por el control, la circulación y la exportación de la droga por la muy larga costa de unos mil quinientos kilómetros, victimiza y esclaviza, una vez más, a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de esa extensa región, que cubre Urabá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Foto tomada de Google
Esas comunidades llevan siglos de esclavización permanente y estructural. Sobre todo, la población afrocolombiana, que es la mayoritaria. Primero por los españoles, y luego por los criollos o hijos de los españoles nacidos en estas tierras, para extraer oro y otros minerales, y la siembra, cultivo y procesamiento de la caña azúcar, sobre todo en el Valle del Cauca, para la exportación. En el fondo llevan cinco siglos de la más inhumana esclavización.
Los actores armados, que en algunas ocasiones operan en connivencia con la Fuerza Pública, llegan a las rústicas viviendas con prepotencia y vandalismo, imponen sus reglas de la guerra, incluyendo éxodos, torturas y asesinatos si no son obedecidos. Ante tan extrema humillación, cientos de familias salen con lo mínimo de sus pertenecías, en un largo caminar, con niños y ancianos de todas las edades.
Esos actores armados han cometido y siguen cometiendo un sinnúmero de atropellos contra la población civil, impotente, a tal punto que provocó una reunión especial de los 14 obispos de esa inmensa región, para analizar la situación. Además, se solidarizaron con el Obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, amenazado de muerte por los actores armados ilegales. Hace dos años, también hubo una asamblea de nueve obispos.
“Obispos del Pacífico dijeron no al glifosato y asesinato de líderes”
El Tiempo, 27 de junio 2019
Así tituló El Tiempo, el 3 de marzo: “Obispos del Pacífico se reúnen para analizar situación de la región.
Monseñor Rubén Darío Jaramillo denunció amenazas contra su vida por parte de ‘poderosos’
Monseñor Rubén Darío Jaramillo, Obispo de Buenaventura
Foto: Toma de video Entre Redes
Obispos alzan la voz contra la violencia en el Pacífico y el suroccidente colombiano. El Tiempo, 4 marzo 2021
Catedral de Buenaventura, ciudad sede de la asamblea episcopal. Foto El Siglo
Según El Tiempo, el pasado 10 de febrero miles de personas se unieron en una cadena humana para clamar por la paz en esta parte del país azotada por la violencia.
“La mayoría de manifestantes salieron a las calles de esa ciudad, situada en el departamento del Valle del Cauca, vestidos con camisetas blancas y llevando carteles con mensajes como “SOS Buenaventura” o “Los niños y las niñas plasmamos nuestras huellas para decir no más violencia”.
“A través de un WhatsApp se ha amenazado con colocar una bomba al obispo…
Buenaventura fue una zona afectada por el conflicto armado interno, y en los últimos años, la lucha entre grupos ilegales y paramilitares por hacerse con el control de este núcleo comercial (y de salida de droga) ha aumentado, y con ella las matanzas y los asesinatos de líderes sociales”….
Monseñor Jaramillo agregó que “desde el año 2020 tuve una primera situación de amenazas. Una persona se acercó a un sacerdote en una zona difícil de violencia para manifestarle que había unos poderosos que querían atentar contra la vida del obispo porque les resultaba incómodo por las declaraciones que estaba dando”.
“El alto prelado llegó a la Diócesis de Buenaventura en 2017, en reemplazo de monseñor Héctor Epalza, quien falleció el 1 de febrero de ese año y que denunció en 2013 la existencia de “casas de pique”, lugares en los que eran encontrados cuerpos desmembrados de personas que habían sido torturadas y asesinadas”…
“El obispo de Buenaventura ha estado al lado de la población acompañando las movilizaciones en las que la gente reclama al Gobierno central que tome medidas para frenar la violencia y que cumpla los compromisos en seguridad, educación, empleo, sanidad, entre otros asuntos pactados desde 2017”.
Asamblea de obispos de la región del Pacífico, en 2019, bajo la coordinación el Arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, en traje negro
Chocó, otro departamento victimizado por los actores de la guerra
Monseñor Rubén Darío Jaramillo remplazó al obispo Héctor Epalza, quien se retiró, después de 13 años al frente de la Diócesis (Foto: Fabio Augusto Gallo).
“Desplazamiento masivo en Chocó: 298 indígenas salen hacia Pueblo Rico, Risaralda”
EL ESPECTADOR, 5 de marzo 2021.
“La Defensoría del Pueblo explicó que los miembros de la comunidad de Cevedé del resguardo Indígena Tahamí, en Bagadó (Chocó) han sido amenazados en su territorio. El 17 de febrero asesinaron al líder Alejandro Manúgama. La Defensoría explicó que este crimen agudizó la inseguridad en la zona”.
La Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Pueblo Rico coordinaron el albergue de las 73 familias en la Institución Educativa Simón Bolívar. Foto Defensoría del Pueblo
“Desde el 3 de marzo 298 miembros de la comunidad indígena embera katío, habitantes de la comunidad de Cevedé, se desplazaron de su territorio hasta Pueblo Rico, Risaralda. El 17 de febrero, miembros del Eln incursionaron en la zona del Alto Andágueda, en Bagadó, Chocó, donde está ubicada esa comunidad. Ese día, como lo confirmó Modestho Serna, asesor de paz de la gobernación de Chocó, el Eln asesinó a Alejandro Manúgama, médico tradicional y guardia embera.
La Defensoría del Pueblo explicó que el asesinato de Manúgama y amenazas a otros miembros de la comunidad son las causas principales del desplazamiento de las 73 familias a Pueblo Rico, a 86 kilómetros de Bagadó, Chocó.
Los pueblos originarios han quedado en medio de los enfrentamientos entre los distintos grupos armados. La Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció el 28 de febrero que un niño de 13 años de la comunidad Embera Eyábida, del resguardo Murindó, en Antioquia, perdió la pierna derecha por pisar una mina antipersonal. Según la organización esta mina fue instalada por integrantes del Eln, quienes operan en la zona.
En contexto: Minas antipersonales, el drama de las comunidades indígenas en Antioquia
En Murindó, enfrentamientos entre el Eln y El Clan del Golfo han causado que 168 personas de 48 familias emberá eyábida huyan de su territorio. La OIA alertó que “estarían también en riesgo de desplazamiento, hacia la comunidad Isla, las comunidades indígenas Gorrojo (105 personas), Bachidubi (193 personas) y Coredó (172 personas). Esto pone en alto riesgo a las familias indígenas, ya que las mismas están sometidas a movilizarse en medio de campos minados, instalados por el Eln, desde enero de este año”.
El Espectador en vídeo: Enfrentamiento armado en Murindó (Antioquia) produjo el desplazamiento de 168 indígenas
Segundo desplazamiento masivo en menos de una semana en Peque, Antioquia
“En Antioquia, el 4 de marzo, 93 personas fueron desplazadas forzosamente de Peque por la presencia de grupos armados. El personero municipal informó que el Clan del Golfo y disidencias de las Farc se enfrentan en el territorio poniendo en riesgo a los habitantes de Peque. El 25 de febrero Elisabeth Ortega, quien tenía nueve meses de embarazo, murió tras recibir el impacto de una bala perdida producto de un enfrentamiento de dichos grupos. Ese día, 114 personas de las veredas Nueva Llanadas, Candelaria y Renegado Valle abandonaron sus casas”.
“También le puede interesar: Segundo desplazamiento masivo en menos de una semana en Peque, Antioquia”
El Obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, también ha levantado su voz, en diferentes fechas, por los atropellos a la población indígena, afrochocoana y campesina. Chocó también ha sido invadido por narcotraficantes, paramilitares, ELN, disidencias de las FARC y traficantes de metales, como el oro, que han dejado destruidos kilómetros y kilómetros de selva.
Precisamente en el mes de enero salió a la luz pública, el libro “El precio del oro”. “Minería mecanizada en el Chocó”, de la autoría de los periodistas e investigadores de USA, Steve Cagan y Mary Kelsey, que, a través de muchas fotos, a lo largo de sus 157 páginas, dan testimonio de la destrucción no sólo de la selva sino de la vida y costumbres de un gran sector de los-las habitantes, que abandonaron su vida de producción agrícola y pastoril, para buscar oro con sus métodos tradicionales o como trabajadores de los dueños de las enormes retroexcavadoras. Con sus salarios compraban su comida y suplían otras necesidades. Pero acabada la “cosecha” del oro, ahora no tienen de qué vivir, porque no quieren volver a las faenas de la tierra y del campo.
Abandono crónico de gobiernos e instituciones del Estado
La crónica y estructural situación de miseria de los-las habitantes de la Costa del Pacífico, el abandono sistemático del Estado y de los gobiernos, que han incumplido de manera permanente los pactos firmados por la presión de las grandes movilizaciones, son las razones de la postración en que encuentra la ciudadanía.
Germán Vargas Lleras, en columna de opinión en El Tiempo, el domingo 7 de marzo, califica a Buenaventura, de “ciudad fallida”.
¡Qué ironía! Él ha ocupado altos cargos en el Estado y en el Gobierno. Cabe una pregunta: ¿Qué hizo por esa ciudad? Se centra en el incumplimiento de los megaproyectos pero no en la situación de pobreza y miseria de la población
Los habitantes de la Costa del Pacífico, son pacíficos, pero han sabido reclamar sus derechos, ante la miseria y la extrema pobreza en que se encuentran. Han sido constantes sus movilizaciones y sus pliegos de reivindicaciones, pero también han sido múltiples las promesas incumplidas de parte de todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Sin olvidar a la clase política de la región, cuya mayor parte, negros o blancos, se han sumido en la corrupción.
La palabra de los pastores
“Los Obispos de la Región del Pacífico y del Suroccidente de Colombia que acompañamos los pueblos de Apartadó, Quibdó, Itsmina – Tadó, Buenaventura, Tumaco, Guapi, Popayán, Tierradentro, Pasto, Ipiales, Cartago, Buga, Palmira y Cali nos reunimos en la emblemática ciudad de Buenaventura, del 2‘ al 4 de marzo para expresar la solidaridad, cercanía, afecto y apoye a nuestro hermano Obispo de esta Diócesis, Monseñor Rubén Da río Jaramillo Montoya, por las amenazas que desde hace un tiempo ha venido recibiendo contra su integridad y vida, él y otros servidores de la comunidad. Es la solidaridad que extendemos a las diferentes comunidades del territorio que acompaña con dolor. ¡Todos tenemos derecho a que la vida sea respetada!
Los Obispos, que compartimos los gozos y esperanzas, las dificultades y luchas de nuestros pueblos, tuvimos la oportunidad de hacer una aproximación a las realidades de incertidumbre, pobreza, dolor, muerte y desesperanza. generadas por la confluencia de situaciones de distinto orden que, lastimosamente, percibimos y denunciamos como cada vez más crecientes, tales como el narcotráfico, el incremento de grupos armados, la corrupción, la extorsión, la pérdida de fe y valores, la ineficiencia de amplios sectores públicos y privados y el maltrato a la clase común. En nombre de los que no son escuchados, suplicamos su respeto y valoración como personas!”
Con la fuerza de Dios que sigue actuando en la historia de nuestros pueblos, como Pastores no nos resignamos a aceptar estas situaciones. Por el contrario, nos comprometemos y exhortamos a los gobernantes y todas nuestras gentes a trabajar decididamente en la búsqueda de soluciones integrales a corto y mediano plazo que hagan posible la transformación real de esta triste y angustiante realidad. Seguiremos siendo facilitadores del diálogo y la búsqueda de la Paz!…
COMUNICADO CONFERENCIA EPISCOPAL
Los Obispos de Colombia nos unimos a las poblaciones de la región Pacífico que están viviendo una crisis humanitaria profunda por las amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y todo tipo de atrocidades que condenamos enérgicamente e invitamos a toda la sociedad colombiana a expresar el rechazo total a esta escalada de abusos contra la vida y los derechos de los pobladores. Sin duda el territorio ha sido convertido en un escenario de terror por parte de actores violentos…
Los Obispos… se encuentran reunidos en Buenaventura para acompañar de cerca el drama que vive esa ciudad con el aumento de las presiones a las comunidades, asesinatos de jóvenes, líderes y defensores de la vida y la paz.
En ese contexto hemos conocido nuevas amenazas contra pobladores y contra el Señor Obispo. Exigimos respeto por sus vidas y por su integridad…
Los alarmantes niveles de pobreza extrema de la región Pacífico, la falta de alternativas para vivir con dignidad, la inequidad, la ausencia en muchas partes de este territorio de servicios del Estado claman por soluciones duraderas.
(Del original firmado)
+ Óscar Urbina Ortega Arzobispo de Villavicencio
Presidente
+ Ricardo Tobón Restrepo Arzobispo de Medellín
Vicepresidente
+ Elkin Fernando Álvarez Botero Obispo de Santa Rosa de Osos
Secretario General
Bogotá, D.C., 3 de marzo de 2021
Comunicado a la opinión pública Quibdó, marzo 1 de 2021
Misión humanitaria en el Alto Baudó
Del 22 al 25 de febrero se llevó a cabo una misión humanitaria conjunta en el municipio del Alto Baudó, departamento del Chocó, en la que participaron las diócesis de Istmina – Tadó, Quibdó y Apartadó, El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa Departamental Indígena, la Asociación de Consejos Comunitarios del Alto Baudó (ACABA), la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la Coordinación Regional del Pacífico, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, el Consejo Noruego para Refugiados, Swefor y delegados de las embajadas de Suecia y Noruega.
La misión humanitaria se realizó con el propósito de acompañar las comunidades étnicas del territorio y corroborar su difícil situación en el contexto del conflicto armado, de tal manera que se pueda hacer una visibilización e incidencia en distintos niveles.
Se documentaron las siguientes vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario:
- Control social y territorial por parte de los actores
- Reclutamiento forzado de niños, niñas y
- Instalación de minas
- Amenazas y señalamientos a líderes y
- Asesinatos selectivos y el homicidio de Luz Ayda Conchave Lana en el contexto de enfrentamientos entre actores armados al interior de la comunidad indígena de Miácora.
- Violación a los reglamentos internos y a la autonomía de las
- Limitación de la movilidad y la
Estos hechos violatorios por parte de los actores armados han generado confinamiento, desplazamiento, hacinamiento, hambre, debilitamiento a los procesos organizativos, miedo, zozobra y sentimiento de abandono.
Además, es evidente la precaria presencia del Estado colombiano, el cual no garantiza derechos básicos en materia de salud, educación, vivienda digna, productividad y mercadeo, recreación y deporte, seguridad alimentaria y servicios públicos. Las comunidades se sienten abandonadas por el gobierno nacional, departamental y municipal. Igualmente, sienten la falta de compromiso de otras instituciones del Estado.
Ante la grave crisis humanitaria que experimentan las comunidades del Alto Baudó, hacemos los siguientes llamados:
Al Gobierno Nacional: garantizar los derechos humanos a los habitantes del Alto Baudó y no seguir ofreciendo como respuesta privilegiada a la realidad del conflicto armado, la militarización del territorio. Es urgente que se implemente en debida forma el Acuerdo de Paz con enfoque territorial étnico y se acoja el Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó. Apostar por la solución pacífica al conflicto armado. Garantizar la misión de protección que debe ofrecer la Fuerza Pública, evitando las situaciones de connivencia que se dan entre integrantes de la Fuerza Pública y actores ilegales en el Alto Baudó y otros municipios del Chocó.
A la Gobernación del Chocó: Atender en la debida forma a las víctimas del conflicto armado. Garantizar el servicio de educación con calidad mediante la permanencia y asignación suficiente de los docentes, dotación de materiales didácticos y mejoramiento de la infraestructura educativa. Que la Secretaría de Salud departamental ejerza la vigilancia y control sobre las EPS, para que éstas brinden con oportunidad la atención que les corresponde a través de personal médico e insumos necesarios. Junto al Ministerio de Salud Nacional, realizar el mejoramiento y construcción de la infraestructura requerida.
Al Municipio del Alto Baudó: tener mayor presencia y acompañamiento al interior de las comunidades. Gestionar proyectos productivos con mayor cobertura y pertinencia. Garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en comunidades que durante largos períodos han estado privadas de este servicio.
A los líderes políticos y a la clase dirigente del Alto Baudó y el departamento del Chocó: establecer políticas de continuidad con planes de largo y mediano alcance que permitan superar el rezago histórico en el desarrollo regional. Es absolutamente necesario evitar la egoísta competencia de la política partidista que conlleva enormes gastos en las campañas electorales y dilapidación de recursos en el ejercicio del poder.
A la Procuraduría y a la Contraloría: ejercer en debida forma el control disciplinario a los funcionarios públicos que no cumplen con sus responsabilidades y realizar el control fiscal adecuado sobre los recursos públicos de este municipio.
A la Fiscalía: ofrecer resultados sobre las investigaciones en materia de delitos en los ámbitos del orden público y la corrupción administrativa.
A la Corte Constitucional: hacer un seguimiento más riguroso al cumplimiento de las Sentencias y los Autos emitidos en temas de violación a los derechos humanos y la crisis humanitaria en el Chocó, y particularmente en favor del Alto Baudó.
A la Comunidad Internacional: continuar visibilizando la crisis humanitaria, económica, social y ambiental en el Alto Baudó y todo el departamento del Chocó. Para que realmente pueda disminuir la guerra en Colombia, se requiere que los países consumidores de droga hagan esfuerzos serios para que el auge del narcotráfico pueda desaparecer.
A los grupos armados ilegales: respetar la vida de las personas, abandonar todas las acciones violatorias al derecho internacional humanitario, renunciar a sus acciones ilegales y violentas, y responder positivamente al llamado de la sociedad civil a asumir con sinceridad y decisión procesos de dialogo y sometimiento a la justicia para lograr la superación del conflicto armado. Pedimos nueva mente al ELN la liberación inmediata del señor Tulio Mosquera Asprilla.
La iglesia católica y organizaciones etnicoterritoriales lamentamos profundamente el dolor que experimentan las comunidades del Alto Baudó. Más allá de las estadísticas y los titulares de prensa, hemos palpado el sufrimiento y la angustia del pueblo Baudoseño. Seguiremos acompañando la esperanza de los pueblos indígenas y afrodescendientes que claman por un futuro en paz y con calidad de vida. La lucha por un territorio de abundantes riquezas contrasta con el empobrecimiento y abandono de su gente. Imploramos al Dios de la vida la resiliencia necesaria para resistir y la luz del Espíritu para encontrar los caminos anhelados de inclusión social y fraternidad.
Firmado en el original,
Javier Arrieta Gonzales
Mesa Indígena del Chocó
Abid Manuel Romaña Mena
Foro Interétnico Solidaridad Chocó
Pbro. Jesús Albeiro Parra Solís
Coordinación Regional del Pacífico
+ Mario de Jesús Álvarez Gómez
Obispo de Istmina – Tadó
+ Hugo Alberto Torres Marín
Obispo de Apartadó
+ Juan Carlos Barreto
Obispo de Quibdó
Hector Torres