Corte IDH condena a Colombia por desaparecidos del Palacio de Justicia
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condena a Colombia por la desaparición forzada de 11 personas en 1985 durante un operativo del Ejército para recuperar control del Palacio de Justicia, tomado por la extinta guerrilla del M-19. Según el fallo “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19″.
El fallo de la Corte IDH establece que el Estado colombiano es responsable de las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, dos visitantes al lugar y una de las guerrilleras, así como de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar y la detención arbitraria y tortura a otras cuatro personas sospechosas de tener vínculos con el movimiento guerrillero.
Tras 29 años de la toma del Palacio de Justicia por el entonces grupo guerrillero y la posterior retoma a manos del Ejército, el tribunal hemisférico demostró que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19″.
El tribunal con sede en Costa Rica también determinó, en un durísimo pronunciamiento, la responsabilidad del Estado colombiano en cuanto a la falta de esclarecimiento judicial de los hechos y la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, y el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia y que era conocido por el Estado.
El fallo de la Corte IDH emplaza al Estado colombiano a que efectúe a la mayor brevedad “una búsqueda rigurosa en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las 11 víctimas aún desaparecidas ” .El gobierno colombiano anunció que acataría la determinación del tribunal y que frente a las víctimas señaladas procederá a aplicar y cumplir el fallo.
“Este fallo era esperado por el Estado, sin lugar a dudas, pero es un fallo que reconoce los esfuerzos del gobierno colombiano en el esclarecimiento de los hechos”, afirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en rueda de prensa.
René Guarín, hermano de una de las empleadas de la cafetería y desparecidas tras la toma del Palacio de Justicia, dijo a Radio Francia Internacional que él y su familia esperan que el Estado colombiano cumpla lo que ordena la sentencia de la Corte IDH en materia de verdad, justicia y reparación y, muy particularmente, con la devolución de los restos de las once personas desparecidas en el Palacio de Justicia hace 29 años.
El abogado de los familiares de las víctimas de Palacio, Daniel Prado, quien sucede en esta defensa a su colega Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1998, se muestra escéptico frente a la voluntad real del Estado colombiano para dar con el paradero de los desparecidos. Prado denuncia que la clase dirigente ha amparado a los militares que dirigieron y participaron en ese brutal operativo militar y que, hasta el momento, solo se ha condenado a dos de los miembros de las Fuerzas Armadas implicados y quienes se encuentran recluidos, dice el abogado, en dos “clubes Militares”.
La “toma y la retoma” del Palacio
El 6 de noviembre de 1985 un comando del extinto Movimiento 19 de Abril, M-19, tomó por asalto el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia y situado a apenas a unos metros de la sede del Ejecutivo ” Casa de Nariño”. Los rebeldes exigían que fuera leída públicamente una proclama en la que se denunciaba el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos de paz y reclamaban la presencia del entonces presidente Belisario Betancur para hacerle un juicio político.
Para retomar el control del edificio y apoyadas por tanques, las fuerzas armadas llevaron a cabo una violenta operación que implicó el bombardeo de la edificación, su incendio y la muerte de unas 100 personas (incluidos once magistrados) y desaparecieron otras 11.
Durante las audiencias ante la Corte IDH, familiares de las víctimas denunciaron falta de apoyo gubernamental e incluso amenazas por su empeño en obtener información sobre los desaparecidos.
La Corte IDH ordenó a Colombia esclarecer la verdad sobre lo acontecido y, eventualmente, condenar a los responsables de los abusos, buscar a los 11 desaparecidos y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en el caso.