Control socioterritorial paramilitar, despojo, judicialización de líderes de restitución de tierras y connivencia entre militares y AGC en el Bajo Atrato y Antioquia. 

Bogotá D.C., 24 de diciembre de 2019 

Al contestar favor citar E-COO – 262 – 2019

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el control social territorial de las AGC en los Territorios Colectivos de Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla y La Larga Tumaradó, en medio de la presencia de efectivos regulares del Ejército Nacional y la Policía Nacional. 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República de Colombia  

MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO

Vicepresidenta de la República de Colombia  

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

Ministra del Interior 

CLAUDIA BLUM DE BARBERI

Ministro de Relaciones Exteriores  

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO

Ministra de Justicia 

RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN

Ministro de Ambiente 

MYRIAM MARTÍNEZ CÁRDENAS

Directora Agencia Nacional de Tierras

EMILIO ARCHILA

Alto Consejero para la estabilización  

FRANCISCO BARBOSA

Alto Consejero para los Asuntos Internacionales y Derechos Humanos 

MIGUEL ANTONIO CEBALLOS

Alto Comisionado para la Paz 

FABIO ESPITIA GARZÓN

Fiscal General de la Nación (E)

CARLOS FELIPE CÓRDOBA

Contralor General de la República

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ 

Procurador General de la Nación 

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA 

Defensor Nacional del Pueblo 

Ref.: Control socioterritorial paramilitar, despojo, judicialización de líderes de restitución de tierras y connivencia entre militares y AGC en el Bajo Atrato. 

“La violencia es un animal incontrolable, que suele terminar atacando a su propio amo”. Renny Yagosesky

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el control social territorial de las AGC en los Territorios Colectivos de Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla y La Larga Tumaradó, en medio de la presencia de efectivos regulares del Ejército Nacional y la Policía Nacional. 

Nuestra Constancia Histórica ante los nuevos y viejos mecanismos para impedir la restitución de tierras en la región del Bajo Atrato y en el territorio nacional, ante diferentes estrategias que han prolongado el despojo desde actores externos, miembros de los Consejos Comunitarios Mayores, ocupantes de mala fe, empresarios e instituciones del Estado, habiendo un problema estructural e histórico que evidencia intereses desde las diferentes esferas sociales, lo que al mismo tiempo, produce daños ambientales irreparables e irreversibles en el territorio por la implementación de proyectos productivos en contra vía no solo de las comunidades, sino también de la naturaleza, que se vienen gestando desde 1996 hasta el 2016 y reactivados en el año 2018, sin algún tipo de avance investigativo o de medida preventiva. 

Nuestra Constancia Histórica ante las reiteradas amenazas de muerte contra líderes y lideresas afrocolombianas, mestizas e indígenas en el Bajo Atrato y el abandono completo del Estado sobre este grupo poblacional, extendiéndose hasta el momento una grave crisis para quienes defienden la vida y el territorio, exaltándose que desde las diferentes maneras de gobernar el país se ejerce la violencia física y simbólica hacia la población civil, como se ha hecho históricamente sobre líderes políticos, de restitución, ambientales, de género, entre otros, que no han tenido garantías sobre su labor, ni su integridad. 

Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica y Censura Ética

PEDEGUITA Y MANCILLA

* Miércoles 25 de septiembre en horas de la mañana se conoció que paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, iniciaron la construcción de  una casa en el punto conocido como El Cable, en dirección a Cuatro Bocas en el Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, Riosucio, Chocó. 

El predio fue ocupado por las AGC luego de ser despojado en el año 2017 a un legítimo propietario e integrante del Consejo Comunitario.

En el lugar, la presencia de las AGC es permanente durante las 24 horas del día, hasta noviembre. Los paramilitares permanecen vestidos de civil, con armas cortas, y radios de comunicación, realizan labores de trabajo rural en el lugar como fachada de ser trabajadores campesinos. Hostigan a los transeúntes y advierten de forma amenazante que no quieren ver gente extraña caminando en el territorio.

Durante el día, las AGC ejercen control reteniendo a personas sobre el Camellón del Cable en la comunidad de Bijao. 

Las AGC manifestaron a los integrantes del Consejo Comunitario que no responden por la vida de “gente ajena”, ni por acompañantes de derechos humanos en el territorio.

* Sábado 2 de noviembre a eso de las 3:00 p.m. ELIODORO POLO, integrante y líder de restitución de la Zona de Biodiversidad La Esperanza, fue informado de que sólo le devolverían 50 hectáreas de tierra, de 160 hectáreas que ha ocupado legal y legítimamente durante cuatro décadas. 

BALDOYNO MOSQUERA representante legal del Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla le manifestó a la familia POLO que debería delimitar 50 hectáreas de tierra, que serían las únicas que le serían devueltas. 

ELIODOR POLO fue abordado por MOSQUERA cuando éste realizaba una inspección sobre su proyecto platanero, implementado inconsultamente con el apoyo de la ANT, destruyendo y ocupando de mala fe 40 hectáreas, hasta la fecha, de la Zona de Biodiversidad de la Familia POLO.  

El cuestionado representante legal afirmó que contaba con la autorización de un Juez de Restitución de Tierras para hacer la entrega formal del predio. La familia POLO desconoce la existencia de esa autorización judicial para el trámite administrativo. 

La familia POLO retorno el 5 de agosto de 2007 a su predio de 160 hectáreas.

* Martes 26 de noviembre a las 7:00 a.m. el cuestionado representante legal, BALDOYNO MOSQUERA, junto con 30 personas más que ingresaron a la comunidad Nueva Unión, Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, Riosucio, Chocó, intimidaron a la familia VELÁSQUEZ y MERCADO, legítimos y legales habitantes y propietarios tradicionales del territorio.

Los ocupantes de mala fe que llegaron al territorio eran procedentes de Chigorodó, Riosucio, y las comunidades de San Andrés, Playa Roja, El Siete, Santa María y algunos repobladores provienen del ETCR de Caracoli, La Florida, Curbaradó.  

Las personas ajenas al territorio junto a MOSQUERA, cuestionado representante legal del Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, midieron y ocuparon parcelas de forma inconsulta en áreas de deforestación de la Ciénaga El Bajo de Los Patos, en predios de la familia VELÁSQUEZ y de la familia MERCADO. 

La ciénaga consta de 350 hectáreas, medidas con bosque primario y secundario. Técnicos evidenciaron la alteración del curso natural de la quebrada Bijao, para la implementación de un proyecto platanero apoyado por la Agencia Nacional de Tierras. Este proyecto inconsulto y que carece de consentimiento de la población que habita en el territorio. Por este proyecto impulsado con repobladores y financiado por la ANT ha destruido bosque de Roble, Arroz con coco, Guino y Caracol. Así como la afectación de especies animales en vía de extinción como el mono Titi de cabeza blanca y la tortuga.

* Sábado 30 de noviembre hacia las 10:00 a.m. en Playa Roja, Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla, el cuestionado representante legal, BALDOYNO MOSQUERA, reunió a 200 personas para ocupar de mala fe predios de la comunidad de Nueva Unión en ese Territorio Colectivo. 

Las 200 personas se dirigieron a los predios de la familia VELÁSQUEZ, SÁNCHEZ MURILLO y el predio de la familia MERCADO en la Zona de Biodiversidad El Retorno. 

* Miércoles 4 de diciembre a las 4:00 p.m. un hombre desconocido abordó a BETTY VELÁSQUEZ en Belén de Bajirá, advirtiendo que debía comparecer el domingo 8 de diciembre a las 10:00 a.m. en la Escuela de Nueva Unión, Pedeguita y Mancilla, Riosucio, Chocó. 

El hombre le indicó que era un mensaje enviado por BALDOYNO MOSQUERA, representante del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla. Agregó que la reunión era urgente para declararla como ocupante no grata y darle tiempo para desalojar. 

La familia VELÁSQUEZ se negó a dejar el territorio. BETTY es heredera de un predio ocupado por JUAN VELÁSQUEZ, quien desde la década de los 60´s es habitante de 170 hectáreas de tierra en Nueva Unión. 

La propiedad de la familia fue afectada con el secamiento de la Ciénaga del Bajo de Los Patos y de la deforestación de 134 hectáreas. 

CURBARADÓ: 

* Domingo 29 de septiembre a la 1:00 a.m. dos paramilitares de las AGC intimidaron a la comunidad de la Zona Humanitaria Las Camelias, Territorio Colectivo de Curbaradó, cuando la población se encontraba en medio de una celebración comunitaria.

Los hombres vestidos de civil con armas cortas, irrumpieron el lugar humanitario con el desbloqueó de la cerca.  Uno de los paramilitares fue reconocido por ser un “Punto” (Imagen 1) que vigila el tránsito de personas en la entrada y salida del cruce del río Curbaradó y entre Camelias y Brisas, ubicado a 600 metros de la Zona Humanitaria. 

A esa hora la comunidad sostenía una reunión con organismos internacionales. Posteriormente, líderes comunitarios y observadores de derechos humanos y de paz afrontaron a los dos AGC hasta que los sacaron del lugar humanitario. 

* Lunes 7 de octubre en horas de la mañana las familias del Consejo Comunitario Menor de Quebrada Montería, Territorio Colectivo de Curbaradó, cuestionaron el accionar de la junta del Consejo Mayor y del presidente HEBER RENTERÍA, quiénes presionaron para despojar y ocupar de forma ilegal la tierra de la familia HOYOS para la implementación de agronegocio de plátano. El comunicado expreso que: 

Octubre 7 del 2019

Familias que habitamos en el consejo Comunitario Menor de Quebrada Montería del Territorio Colectivo del Curvaradó queremos hacer público los siguientes hechos:

El 16 de junio 2019 miembros de la junta del consejo mayor de la cuenca del curvaradó ingresaron al predio de la familia Hoyos Rivas ofreciéndoles dinero para que abandonaran la propiedad, ante la negación presionaron el desplazamiento de un integrante de la familia.

El 22 de junio 2019 se verifica la construcción de trochas y la habilitación de terrenos para la siembra de plátano con el aval de Eber Rentería presidente del Consejo Mayor de la cuenca que ha venido ejerciendo acciones.

El 25 de junio 2019 la familia Hoyos Rivas recibe amenazas de integrantes del Consejo Mayor donde se les advierte la entrada de personal externo para ocupar tierra de la familia y se les advierte que no responde por lo que les pueda pasar.

26 de junio 2019 miembros de la familia hoyos se dirigen al municipio de Riosucio a instaurar la denuncia a la inspección de policía, la cual no es tomada por la funcionaria, argumentando que no se encontraba la inspectora encargada, por lo tanto, solo se radicó ante la personería municipal.

Hasta el momento en la propiedad se ha construido 1 vivienda y se han comprometido 18 hectáreas de tierra que están sembradas de plátano autorizadas por Eber Rentería a familias externas que viven en Belén de Bajirá.

Con los hechos expuestos consideramos que:

– Se ha desconocido el derecho que tienen las familias ancestrales de hacer efectivo el uso y goce del territorio.

– Existe una vulneración y violación de los derechos de las familias por las acciones violentas del consejo Mayor de la cuenca del Curvaradó que ha pasado por encima de las comunidades y ha tomado decisiones sobre los territorios desconociendo su papel y las funciones que se le otorgan por medio de la ley 70 donde se plantea que las decisiones deben ser tomadas respetando la autonomía de las comunidades.

Además, es importante decir que las autoridades locales deben velar por el bienestar de las comunidades y no ocasionar acciones que atente contra la vida de estas.

Desconocemos bajo que parámetros y que permisos ambientales tienen por parte de la entidad Codechocó para hacer las intervenciones de los proyectos plataneros en esta zona dado que ha habido afectaciones muy graves a humedales, ciénagas, bosque y fauna.

–  El estado no ha dado respuestas al cumplimiento de la sentencia 0073 del 5 de octubre 2009, los autos 045 del 7 de marzo del 2012, el auto 112 del 18 de mayo del 2012 que   ordenan la restitución jurídica y material del territorio colectivo del Curvaradó y que al contrario ha sido permisivo con acciones violentas que se han desarrollado por el consejo Mayor  que se relacionan con amenazas, usurpación ilegal de predios, Afectaciones ambientales a importantes ecosistemas y el desconocimiento de los derechos de las comunidades, beneficiando intereses de personas externas que nada tienen que ver con el territorio.

Ante estas situaciones que nos colocan en riesgo de ser desplazados nuevamente del territorio las familias del consejo Comunitario menor de Quebrada Montería hemos tomado la decisión de desarrollar acciones de dignificación que nos posibilitarán autonomía y permanencia en el territorio.

Queremos decir que todo lo que pase a partir de estas acciones será responsabilidad del estado y sus instituciones que han sido incapaces e ineficientes para responder con acciones concretas de saneamiento del territorio que permita que las familias podamos hacer el uso y goce efectivo de lo que nos pertenece por derecho.

Atentamente

Familias del Consejo Comunitario Menor Quebrada Montería

* Martes 8 de octubre a las 4:00 p.m. un grupo de efectivos regulares del Ejército Nacional se instalaron a 100 metros de la vivienda de la familia CARMONA LUNA, en la Zona de Biodiversidad Los Robles, Territorio Colectivo de Curbaradó, Carmen del Darién, Chocó. 

Simultáneamente se instalaron “Puntos” de las AGC en la Zona de Biodiversidad, quiénes desconocieron el principio de autoprotección de la población, del agua y bosque de la Zona de Biodiversidad. 

La presencia de las AGC y las Fuerzas Militares en el territorio colocó a la población en riesgo ante un eventual enfrentamiento, sin embargo, no hubo un actuar eficaz por parte de los uniformados. Los efectivos militares se retiraron al día siguiente en horas de la mañana y las AGC en horas de la tarde. 

* Jueves 10 de octubre a las 3:15 p.m. se presentó un hombre desconocido en la comunidad del El Guamo, Territorio Colectivo de Curbaradó, buscando a ROQUE CARDENAS. 

El hombre que se identificó como ARMANDO TORRES, le indicó a CARDENAS que era el legítimo propietario de su tierra, que había adquirido en 1993 a ALFONSO MONTIEL.

Según el sujeto afectado mostró unos documentos de compra falsificados, sin firma y con una huella escaneada. ROQUE CARDENAS afirmo qué compró 40 hectáreas de tierra a ALFONSO MONTIEL en 1996 (Imagen 2, 3, 4, 5, 6). 

En lo corrido de este año, ROQUE CARDENÁS sufrió una enfermedad cerebral, esto lo dejó con problemas para comunicarse. En coincidencia, HEBER RETENTERÍA y la junta del Consejo Mayor, presionaron a ROQUE para que abandone la tierra. 

* Martes 29 de octubre en horas de la mañana la familia DURANGO recibió una nota en una servilleta, en su predio en la Zona de Biodiversidad La Esmeralda, Consejo Menor del Guamo, Territorio Colectivo de Curbaradó. 

El escrito fue supuestamente remitido por el Juzgado del Carmen del Darién, el cual indicó: “Señora, Lidia Luz Durango Cruz haga el favor de llamar a este número 312 809 1308 que el juzgado de Carmen del Darién necesita comunicarse con usted. Atentamente, Juzgado.” (Imagen 7). 

La nota fue recibida luego de que repobladores se instalaran y ocuparan seis hectáreas en su propiedad y cortaran arboles de catíos y bosque primario del lugar de protección ambiental. Una semana antes, se instaló un “Punto” de las AGC en la Zona de Biodiversidad, el hombre es conocido como alias “Medellín”, que permanece a la fecha en el lugar.  

JIGUAMIANDÓ:

* Miércoles 9 de octubre a las 3:00 p.m., un grupo de paramilitares de las AGC retuvo al indígena JAIRO MAJORÉ BAILARÍN y a su hija AREINSA MAJORÉ BAILARÍN, cerca al río Ancadía, municipio de Carmen del Darién, Chocó. 

Horas antes de que llegarán JAIRO con su esposa y sus dos hijos, un grupo de paramilitares de las AGC se tomó su vivienda. Al interior de la misma, se encontraban miembros de esta estructura paramilitar, uno de ellos ex miembro del ELN que se vinculó a las AGC hace unos meses. 

JAIRO y AREINSA fueron retenidos cuando regresaron de trabajar, luego, llevados por la fuerza hacia rumbo desconocido en dirección a las montañas. 

La familia MAJORE BAILARÍN es integrante de la comunidad Bidoquera-Ancadía, Resguardo indígena embera, CAMERUJ. 

* Jueves 10 de octubre hacia las 4:00 a.m., paramilitares de las AGC llegaron a la casa del líder indígena MILCIADES BAILARÍN en la comunidad Bidoquera-Ancadía, con JAIRO MAJORE BAILARÍN y AREINSA MAJORÉ BAILARÍN. AREINSA Y JAIRO fueron sometidos a presiones y tratos crueles en la madrugada y luego trasladados a la vivienda de MILCIADES. 

Los hombres uniformados y con armas largas se instalaron alrededor de la vivienda y luego irrumpieron en la casa de la familia de MILCIADES BAILARÍN, hostigaron a su esposa y dos hijos.

El grupo de los paramilitares de las AGC liberó a AREINSA MAJORE y se llevó por la fuerza a JAIRO MAJORÉ BAILARÍN y MILCIADES BAILARÍN. Ambos indígenas Embera fueron llevados en dirección de la quebrada Compañía que se ubica pasando el río Ancadía.

A las 12:00 p.m. la guardia indígena llegó al lugar de los hechos para afrontar al grupo de las AGC sin contactarlos. 

* Viernes 11 de octubre hacia las 4:00 p.m. los líderes indígenas JAIRO MAJORÉ y MILCIADES BAILARÍN llegaron al caserío donde habitan, cerca al río Ancadía, municipio de Carmen del Darién, Chocó. 

Los indígenas fueron maltratados por las AGC y los acusaron de ser miembros de la guerrilla del ELN.

* Jueves 17 de octubre a las 7:15 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció que AREINSA MAJORE BAILARÍN luego de ser retenida el miércoles 9 de octubre con su padre JAIRO MAJORE por paramilitares de las AGC, cerca al río Ancadía, municipio de Carmen del Darién, Chocó. 

Afirmó que hacia las 2:00 p.m. cuando arribó a su casa, cerca al río Ancadía, había dos hombres en el tambo y uno en el patio. Los hombres fueron identificados como miembros de las AGC. AREINSA agregó que fue golpeada con cachetadas, patadas y puños en el cuerpo y que luego los hombres intentaron abusar sexualmente de ella. 

* Jueves 31 de octubre sobre las 9:00 p.m., nuestra Comisión conoció que en la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, Territorio Colectivo de Jiguamiandó, una tropa de aproximadamente 40 soldados hacia presencia desde el día miércoles 30 de octubre, violentando la figura de la Zona Humanitaria. 

Los armados se encontraban muy cerca de la vivienda del líder MANUEL DENIS BLANDÓN. La comunidad les exigió que se retiraran, pero la petición no se cumplió. 

Los miembros del Ejército, que según informe oficial, se encontraban haciendo abastecimiento, sólo se retiraron hasta el sábado 2 de noviembre.

* Sábado 7 de diciembre a las 8:00 p.m., paramilitares de las AGC, vestidos de camuflado y armas largas hicieron presencia río abajo de Pueblo Nuevo, Territorio Colectivo de Jiguamiandó. 

* Domingo 8 de diciembre a las 8:00 a.m. 20 paramilitares de las AGC se instalaron frente a la Zona Humanitario de Pueblo Nuevo, Territorio Colectivo de Jiguamiandó, Carmen del Darién, Chocó. Efectivos militares se instalaron el sábado 7 de diciembre a las 4:00 p.m. en el camellón, entre La Bonga y La Zona Humanitaria Nueva Esperanza, a 20 minutos del lugar. 

LA LARGA TUMARADÓ: 

* Viernes 8 de noviembre a las 2:00 p.m. dos paramilitares de las AGC, uno de ellos, conocido como  “El Político” (Imagen 10) acompañaron a CRISTIAN CASTAÑO en su ingreso a la Zona de Biodiversidad La Madre Unión, Territorio Colectivo de la Larga Tumaradó, Riosucio, Chocó. 

CRISTIAN, hijo del ocupante de mala fe FRANCISCO CASTAÑO irrumpió la actividad educativa que realizaba la comunidad. Agregó que quería llegar a un acuerdo en el que la comunidad entregará el 50% de lo que se produce en el territorio e ir por mitades. 

Amenazó que sí no accedían a aceptar esta propuesta, iba a demandar a la comunidad para inhabilitar las actividades productivas y de subsistencia. Agregó que iba a afectar los utensilios de trabajo que usa la comunidad y a garantizar su actuación con  la orden de un juez. 

* Lunes 2 de diciembre el Juez Promiscuo Municipal de Apartadó, Antioquia, EIFER AUGUSTO ZULUAGA, ordenó privar de la libertad a las lideresas y líderes SANDRA MEDRANO, ROSEMBER IBAÑEZ, FREDDY CORREA, SAULO DAVID, TITO DAVID GÓMEZ, OMAR QUINTANA, VICTOR MANUEL CORREA, JULIO CORREA y EDILBERTO USÚGA, quienes junto con sus familias y actuando en derecho han reclamado sus tierras a través de la Ley 1448 de 2011 y Ley 975 de 2005.

Los despojados de sus tierras habitantes y propietarios tradicionales de la Vereda Guacamayas, Corregimiento de Macondo, del Territorio Colectivo de La Larga y Tumaradó –COCOLATU-, fueron judicializados por el Fiscal Pascual ARGIRO VILLA PERÉZ, Fiscal 30 Especializado EDA de Antioquia, bajo las falsas imputaciones del delito de desplazamiento forzado y concierto para delinquir, indicó que invadieron predios como miembros cabecillas de una supuesta banda.

La actuación del Fiscal y el Juez desconocieron la Sentencia SU- 648 de 2017 emitida por la Corte Constitucional y la providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo el número de radicado 43707 del 11 de diciembre de 2018, que reconoció a esta comunidad como víctimas y ordenó la restitución de los predios.

* Martes 3 de diciembre en horas de la tarde el Instituto Popular de Capacitación, Corporación Jurídica Libertad, Fundación Forjando Futuros, la Asociación de Reclamantes de Tierras y Paz y nuestra Comisión de Justicia y Paz denunciaron la judicialización arbitraria de nueve líderes de La Larga Tumaradó (Imagen 11).

CACARICA 

* Viernes 18 de octubre sobre la 1:30 p.m., en el lugar llamado La Tapa, cuenca del río Cacarica, donde se abren los caminos hacia la Zona Humanitaria Nueva vida y Nueva Esperanza en Dios, seis hombres de las AGC tomaron varias fotos a delegados y delegadas de diferentes comunidades y organizaciones que participaron en una reunión con instituciones del Estado. 

* Martes 22 de octubre  en horas de la tarde paramilitares de las AGC destruyeron el letrero de la Eco Aldea de Paz de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, Territorio Colectivo de Cacarica.

* Miércoles 18 de diciembre  en horas de la mañana pobladores del Territorio Colectivo de Cacarica denunciaron el fortalecimiento de operaciones paramilitares de las AGC en la Zona Humanitaria Nueva Vida. 

Según pobladores en las últimas semanas se instalaron cuatro “Puntos” de las AGC al interior de la Zona Humanitaria. Permanecen vestidos de civil, con armas cortas y radios de comunicación. 

Adicionalmente, desde inicio del mes de diciembre paramilitares elaboraron una lista en la que identificación a niños, niñas y jóvenes supuestamente para entregarles regalos en fechas festivas. Esta operación la comunidad relacionó con el reclutamiento forzado sobre niños y jóvenes. 

La comunidad agregó que este día identificó un grupo entre 50 y 70 hombres de las AGC operando en los caseríos de Barranquilla y Santa Lucía vestidos de camuflado, con armas largas. 

DABEIBA 

* Sábado 7 de septiembre a las 9:30 a.m. organismos internacionales y nacionales de derechos humanos observaron como en La Balsita, Antiquia, se desarrolló una operación de control por parte de las AGC, que imposibilitó la libre expresión de los ciudadanos, esto generó tensión e intimidación sobre los pobladores. 

* Viernes 29 de noviembre  a las 8:00 a.m. fueron seguidos miembros de la Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita, integrates de J&P, periodistas y excombatientes, por hombres de las autodenominadas AGC, motorizados en el puente del río Urama, Antioquia.  

Los paramilitares en motos de alto cilindraje, vestidos de civil y con armadas cortas pasaron y observaron detenidamente a los delegados, mientras se realizó un recorrido ecológico y un acto de memoria.

Posteriormente, a las 11:30 a.m. en La Balsita, los AGC pasaron nuevamente en dos motos de alto cilindraje con prendas militares, y armas largas haciendo patrullaje sobre la vía de La Balsita.  

Los hostigamientos obligaron a la suspensión de la actividad de memoria que se tenía prevista para realizar en La Balsita, en conmemoración de los 22 años del desplazamiento de más de 500 personas de diversas veredas que habitaban en el Nudo del Paramillo, como La Balsita, Antasales y Chamuscado.  

* Sábado 14 de diciembre  a las 8:40 p.m. revista semana publicó el artículo titulado “Cementerio del horror: el lugar donde estarían ocultos los falsos positivos que el país no conoce” en el que informa sobre la primera fosa común masiva con más de 50 cuerpos con víctimas de ejecución extrajudicial, que fueron enterradas en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia. 

El artículo registra un caso puesto en conocimiento y denunciado por nuestra Comisión de Justicia y Paz en noviembre de 2007, el artículo indica: 

Cuando corría el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz puso en conocimiento de la Presidencia que aquel batallón estaba violando las convenciones humanitarias. Y que tenía como blanco de sus operaciones macabras a mujeres, menores de edad y personas reincorporadas a la vida civil tras haber desertado de la guerrilla.  

El informe detalla varios hechos de horror. Entre ellos, la ejecución extrajudicial, nunca investigada, de un hombre discapacitado. El soldado Buitrago, parado en la mitad del cementerio, dio esta semana pistas de ese caso por primera vez en 12 años.

(…) Esto coincide con un caso que encontró SEMANA, registrado por la Comisión Intereclesial en su momento. Según la denuncia, que cayó en saco roto, el domingo 11 de noviembre de 2007 hombres del batallón al que pertenecía Buitrago llegaron al caserío Cuchillón, del corregimiento La Balsita, de Dabeiba. Preguntaron por Gabriel Everto Pérez, un hombre de 50 años que vivía de la caridad de sus vecinos porque no podía valerse por sí mismo. Tenía paralizado el costado izquierdo de su cuerpo y sufría ataques de epilepsia.  

Según testimonios recibidos durante aquel año, los militares sacaron a Gabriel a la fuerza de su casa, lo montaron en una mula y se lo llevaron para una cancha de fútbol ubicada en la parte alta del caserío, a unos cinco minutos. A eso de las doce del mediodía, sonaron dos tiros y a los pocos minutos varios disparos de fusil como si hubiesen simulado un enfrentamiento. En horas de la tarde, los militares le informaron a la comunidad de Cuchillón que Gabriel había muerto en un combate con el Ejército. Una semana antes, unidades de contraguerrilla habían llegado a la vereda a ocupar viviendas habitadas por familias campesinas, entre ellos mujeres y menores de edad.

Nuestra Censura Ética ante el control socioterritorial ejercido por operaciones paramilitares de las AGC, quienes se han instalado por medio de “Puntos” en los Consejos Menores de los Territorios Colectivos, la presión a los líderes y habitantes al interior de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad, para someterles al ordenamiento y disciplinamiento social de las AGC consolidado por la tolerancia, comisión, omisión y complicidad de la Fuerza Pública, y ante la ausencia de respuesta eficaz y materialmente probada del poder ejecutivo en cabeza del señor presidente.  

Nuestra Censura Ética ante los reiterados abusos por parte de HEBER RENTERÍA, BALDOYNO MOSQUERA y las juntas del Consejo Mayor de Curbaradó y Pedeguita y Mancilla, quienes despojan de facto por medio del repoblamiento y la deforestación de ecosistemas de especial importancia como ciénagas, quebradas, bosque primario y secundario, para la implementación de agronegocios de plátano, por medio de presiones y amenazas, por el uso de “jueces” que exigen el desplazamiento, a las familias VELÁSQUEZ, MERCADO, SUÁREZ MURILLO, POLO, DURANGO y HOYOS. El Ministerio de Ambiente, Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras conocen la situación de despojo y detrimento del territorio sobre condiciones de vida, así como la extinción de cuerpos vivos de agua, fauna y flora. Hasta el momento siguen sin adelantarse acciones para evitar crímenes por parte de terceros, sino que incluso, perpetuándose el desojo contra estas familias desde las instituciones estatales, profundizándose el problema de tenencia y concentración de la tierra.

Nuestra Censura Ética ante la militarización de los Territorios Colectivos, especialmente los persistentes sobrevuelos en Coredocito, lugar en el que unidades militares se iban a instalar en el mes de agosto al parecer para dar entraba a una empresa de explotación minera en el Cerro Cara de Perro, del tránsito e instalación cerca a las comunidades y Zonas Humanitarias, sin evitar la operación de las AGC. 

Nuestra Censura Ética ante el montaje judicial y actuaciones contra derecho de operaciones judiciales sobre SANDRA MEDRANO, ROSEMBER IBAÑEZ, FREDDY CORREA, SAULO DAVID, TITO DAVID GÓMEZ, OMAR QUINTANA, VICTOR MANUEL CORREA, JULIO CORREA y EDILBERTO USÚGA, nueve líderes y lideresas de la vereda Guacamayas, del Territorio Colectivo de La Larga Tumaradó. Pese a las pocas evidencias presentadas se ordenó medidas de aseguramiento arbitrariamente contra los líderes que son adultos mayores y contra quienes han sufrido por años agresiones por opositores a la restitución, como FRANCISCO Y CRISTIAN CASTAÑO y por paramilitares de las AGC. Este montaje beneficia a despojadores y empresarios que tienen intereses en el territorio, que durante más de dos décadas han definido el uso de la tierra. 

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de eficacia judicial para investigar a los responsables, en este caso a la inmobiliaria e Inversiones ASA S.A gerenciada por HUMBERTO DUQUE, dando respaldo a la impunidad y la criminalidad.  

Nuestra Censura Ética ante lo que es evidente y resulta escandaloso, sin que ninguna autoridad tome medidas frente al sometimiento al que se encuentran pobladores de procesos organizativos que desde hace 23 años han exigido la presencia del Estado, han exigido verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

Nuestra Censura Ética ante la constitución de un Estado de hecho debido a la incapacidad, a la complicidad, a la tolerancia, a la comisión por omisión de la institucionalidad en su conjunto, que imposibilita que quienes desde hace 23 años están siendo afectados en sus derechos, tengan la esperanza de ser reconocidos en algún momento como ciudadanos de este país llamado Colombia. Es absolutamente repudiable y vergonzoso que las comunidades negras, indígenas, campesinas y mestizas sigan en estas condiciones de total indefensión e inseguridad, padeciendo el rigor de una estructura armada ilegal que no tiene consideración alguna con sus derechos, que imposibilita la libertad de expresión, la libertad de culto,  la libertad de movimiento, el disfrute uso y goce de los bienes que el universo, la vida les había dado y entregado, todo esto en medio del conocimiento de altas esferas del Estado y del gobierno de esta situación y de las autoridades locales y civiles de la región. 

Nuestra Censura Ética ante el control permanente de las AGC en la Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita, y en la totalidad del municipio de Dabeiba, en donde, aún se ejerce control territorial como una zona estratégica sobre el tránsito al Nudo del Paramillo y la conexión con el departamento de Córdoba, control que significa un silenciamiento y revictimización contra la población, y pese a las denuncias presentadas por nuestra Comisión de Justicia y Paz el Estado no ha adelantado ninguna acción sobre el despliegue paramilitar y la complicidad de las Fuerzas Militares en el municipio.  

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional elevamos Derecho de Petición para que se brinde una respuesta formal y concreta dentro de los términos legales correspondientes y conforme a sus responsabilidades constitucionales:

Sobre la construcción de una casa  como punto de vigilancia por las AGC en el lugar conocido como El Cable, en dirección a Cuatro Bocas, en el Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, sírvase indicar: 

• Ministerio del Interior: 

• ¿Cómo se garantizará el libre tránsito de la población por el territorio? 

• Fiscalía General de la Nación: 
• Sírvase identificar el predio
• Sírvase investigar la tradición de registro y la identificación de la forma en que fue adquirido el predio por las AGC
• Sírvase investigar e identificar el propietario despojado del predio en 2017
• A Ministerio del Interior, sírvase indicar sobre las acciones de despojo contra habitantes de los Territorios Colectivos, lo siguiente: 

• ¿Cuáles son las medidas a tomar para proteger a ELIODORO POLO ante las presiones?
• ¿Cómo se evitará el despojo contra la familia POLO? 
• ¿Cómo se asegurará la permanencia de la familia POLO en el territorio?
• ¿Qué medidas de carácter específico se adoptaran para las familias  MERCADO, VELÁSQUEZ y SANCHEZ MURILLO en el territorio? ¿En qué tiempo? 
• ¿Cómo se garantizará el derecho al territorio y a una restitución integral a las familias MERCADO, VELÁSQUEZ y SÁNCHEZ MURILLO?
• ¿Qué medidas se implementará para evitar el despojo de las familias? 
•  ¿Cómo se asegurará la permanencia de la familia HOYOS RIVAS en el territorio? 
• ¿Cómo se garantizará el derecho de permanencia en el territorio de la familia HOYOS RIVAS

Sobre las acciones de despojo contra la familia POLO, el agronegocio desarrollado en su territorio y las presiones contra ELIODORO POLO, sírvase indicar: 

• Procuraduría General de la Nación: Sírvase investigar el agronegocio de plátano apoyado por la Agencia Nacional de Tierras en el predio de la familia POLO. 
• Contraloría General de la Nación: Sírvase investigar y remitir copia sobre la ejecución del proyecto de plátano en el predio de la familia POLO, remitir resultados, contratación, rubros y recursos destinados para el mismo. 
• Ministerio de Justicia: Sírvase remitir la orden del Juez de Restitución que autoriza a BALDOYNO MOSQUERA restituir y determinar la cantidad de hectáreas entregadas a la familia POLO

Sobre los repobladores provenientes de Ríosucio de las comunidades de San Andrés, Playa Roja, El Siete, Santa María del ETCR de Caracoli, La Florida, sírvase indicar:

• • Fiscalía General de la Nación: Sírvase investigar e identificar estas comunidades y a los integrantes de las mismas que pretenden repoblar territorio en Pedeguita y Mancilla con base en los abusos de BALDOYNO MOSQUERA

• Alto Comisionado para la Paz: 
• ¿Qué proyectos tienen asegurados y asignados los excombatientes de este ETCR de Caracoli?

Sobre el proyecto productivo implementado por la ANT en la Ciénaga del Bajo de los Patos, la deforestación y las afectaciones socioambientales, Sírvase indicar: 

• Contraloría General de la República: Sírvase investigar la ejecución del proyecto en la Ciénaga del Bajo de Los Patos, remitir resultados, contratación, rubros y recursos destinados para el mismo. 
• Dependencia Inspectora de Tierras (E): Sírvase informar los resultados de veeduría sobre el proyecto implementado en la Ciénaga del Bajo de Los Patos basados en las estrategias e indicadores del Plan Anticorrupción de la ANT. 
• Ministerio de Ambiente: 

• ¿Se tienen caracterizados los daños? 
• Sírvase informar el seguimiento y monitoreo que se ha realizado al proyecto implementado en la Ciénaga.
• ¿Qué mecanismos se implementarán para mitigar los daños ambientales?
• ¿Qué estrategias de protección y conservación se tomarán en el territorio y sobre las especies vegetales y animales existentes? 
• ¿Qué sanciones se implementarán ante los daños ambientales causados? 

Sobre los abusos por parte del representante legal del Consejo Comunitario  Pedeguita y Mancilla BALDOYNO MOSQUERA, Sírvase indicar: 

• Ministerio del Interior: 

• Sírvase investigar al representante legal BALDOYNO MOSQUERA
• ¿Cuáles serán las medidas para garantizar que el representante actúe conforme al cumplimiento de la ley 70?
• ¿Cómo se ha hecho control y veeduría sobre abusos y despojo en la cuenca de Pedeguita y Mancilla? 

De toda consideración

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Documento completo aquí: 

E-coo – 262 – 2019 Bajo Atr… by Anonymous UeGxFwA on Scribd

Imagen: Archivo.