Control parainstitucional A Comunidad Civil de Vida y Paz y a acompañantes nacionales e internacionales.
“Se han hecho poderosos, los que me destruyen sin tener por qué”. Salmo 69, 4b
RESUMEN
La Comunidad Civil de Vida y Paz conformada por familias desplazadas del Meta en desarrollo de las actividades preparatorias para su retorno a una Zona Humanitaria fue sometida la semana pasada, a exhaustivas acciones de control en operaciones mimetizadas de militares y de paramilitares. Mientras unos armados se presentaron y se identificaron como militares, otros se presentaron como Autodefensas y en el casco urbano de Medellín del Ariari en medio de la presencia institucional militares y policías fueron permisivos ante los hostigamientos a que fue sometida esta comunidad
Entre tanto, los campesinos del caserío Malavar, ubicado a pocos minutos del corregimiento de Medellín del Ariari han sido presionados y amenazados por paramilitares para que abandonen la región. Las amenazas de muerte aumentaron después del asesinato del líder DIEGO GITIERREZ.
A pesar de la presencia de autoridades de la iglesia católica, de acompañantes de organismos nacionales e internacionales de observación de derechos humanos, los pobladores civiles que han construido un Proyecto de Vida para afirmar integralmente sus derechos en medio de la confrontación armada entre el Estado y la guerrilla, fueron seguidos e intimidados por acciones paramilitares en dirección a la Zona rural y dentro del caso urbano de Medellín del Ariari.
Adjunto Hechos en Detalle y Lineas de Interpretación.
Bogotá, D.C. Noviembre 02 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
HECHOS EN DETALLE
* Domingo 23 de octubre, hacia la 1:30 p.m. hombres con armas largas y cortas, y vestidos de camuflado a la altura del sitio conocido como la “Y” de Puerto Unión, ubicado a cinco minutos de Medellín del Ariari detuvieron la marcha de un bus de servicio público en el que se movilizaban 39 adultos mayores, niños, jóvenes, mujeres y hombres de la Comunidad Civil de Vida y Paz, quienes se encontraban acompañados por miembros de la iglesia católica colombiana y de Estados Unidos, observadores internacionales de derechos humanos del norte de América y de Europa y de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Los armados exigieron a uno de los pasajeros bajarse del bus y entregar la cámara de video, alegando que, “esa cámara debía ser revisada por un técnico”.
A pesar de la solicitud respetuosa por parte de los integrantes de la comitiva de respetar su libre movilización y de entregar la cámara, uno de los uniformados la retuvo e inició una comunicación por radio.
Los acompañantes solicitaron conocer la identidad de los armados y uniformados. Unos de ellos expresaron que eran “ejército de Colombia”, otro que llega segundos después manifestó: “nosotros somos autodefensas” Mientras que otro grupo requisaba las maletas y los bienes de los restantes pasajeros
15 minutos después, aproximadamente, uno de los uniformados regresó la cámara de video, manifestando: “tomen y sigan su camino. Por acá nos vamos a estar mirando? Ustedes van a seguir viniendo. Los acompañantes expresaron que se iba a estar en la zona en el proceso de preparación del retorno. Uno de los armados dio posteriormente la orden de seguir.
A eso de las 2:30 p.m. el vehículo de servicio público fue obligado por estos mismos armados y uniformados luego de dejar a los pasajeros en Puerto Esperanza. Su conductor fue sometido a un intenso interrogado. “Usted va a ser el conductor que siempre va a venir con esta gente? Cuándo vuelve?.” Quíenes pagan el viaje? Por qué tanta gente? Quiénes son esos desplazados? Por qué vienen ahora? Cuándo se regresan?
Durante el día, efectivos del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7, acamparon a la entrada de la vía que conduce al caserío Playa Rica, distante a 5 minutos aproximadamente en carro de la “Y” de Puerto Unión.
* Lunes 24 de octubre, hacia el medio día los armados y uniformados ubicados en la “Y” de Puerto Unión, levantaron el retén allí instalado y se dirigieron hacia el sitio conocido como “La Meseta” en el municipio de El Dorado.
* Martes 25 de octubre, unidades adscritas al Batallón 21 Vargas, de la Brigada 7 hicieron presencia en el casco urbano de Medellín del Ariari, al tiempo que se mantenía la presencia de “civiles” armados de la estrategia paramilitar en el casco urbano, ejerciendo acciones de control poblacional.
En desarrollo de la estrategia encubierta se volvió a instalar el retén en el sitio conocido como la “Y” de Puerto Unión.
* Miércoles 26 de octubre, nuestra Comisión de Justicia y Paz en horas de la mañana conoció que luego del asesinato de DIEGO GUTIERREZ GONZALEZ ¿FECHA?, tres pobladores del caserío Malavar fueron amenazados y obligados a abandonar la región. En desarrollo de la estrategia de terror a una comunidad que no ha logrado ser desplazada desde el 2002, los paramilitares han expresado que poseen una lista de sus objetivos militares y han presionado a algunos campesinos a vender sus fincas.
* Sábado 29 de octubre, hacia las 11:00 a.m. el bus de servicio público que se dirigía hacia Puerto Esperanza con el objetivo de recoger a los integrantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz y sus acompañantes internacionales y nacionales fue obligado a detenerse por “civiles” armados de la estrategia paramilitar.
Los paramilitares requisaron de manera exhaustiva el vehículo durante 30 minutos, mientras el conductor del vehículo era interrogado acerca de la Comunidad Civil de Vida y Paz, de las actividades que realizan, de la razón de la presencia de tantos externos, de quien costeaba la movilización, de la labor de la iglesia local y de los acompañantes con los desplazados. A pesar que el conductor manifestó que de la situación tenía conocimiento el ejército nacional desde el pasado domingo 23, pues ya lo habían interrogado en la “Y” de Puerto Unión, uno de los civiles” se molestó y expresó: “Ah, ya” Segundos después agregó: “nosotros no conversamos con ellos, nosotros somos autodefensas, no somos los mismos”.
Treinta minutos después dejaron continuar el recorrido del bus.
Hacia las 2:00 p.m. de regreso los integrantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz con los acompañantes regresaron a Medellín del Ariari, donde descansaron por unos minutos en la iglesia parroquial.
Mientras descargaban algunos enseres, una mujer de la Comunidad Civil de Vida y Paz fue abordada por dos “civiles” armados de la estrategia paramilitar quienes la interrogaron “Ustedes quienes son y por qué vienen juntos ?. Qué es lo que se mueve en ese carro?”, Luego de dar respuesta, le manifestaron: “díganle a toda esa gente que hoy no se van temprano de Medellín.Ese bus no se puede ir temprano, hoy vamos a realizar una investigación a fondo de todos”.
A las 2:30 horas el bus partió hacia la ciudad de Villavicencio al salir de Medellín del Ariari los “civiles” armados de la estrategia paramilitar se ubicaron a la salida del pueblo observando al paso del bus a sus ocupantes, sin realizar ninguna acción más.
Treinta minutos más tarde el bus fue detenido sobre el puente “La Amistad” por unidades militares del Batallón Albán, quienes realizaron una requisa al vehículo y solicitaron la identificación de todos los ocupantes del bus. Luego de 10 minutos aproximadamente el vehículo pudo continuar su recorrido hacia Villavicencio.
LINEAS DE INTERPRETACION
Desde enero de 2002 se desató una operación contrainsurgente en el Ariari con una estrategia regular del ejército nacional que coincidió con operaciones de tipo paramilitar, la que ha dejado como resultado más de 700 familias desplazadas, más de 200 crímenes de Lesa Humanidad, la apropiación y compra de tierras, y la consolidación de la parainstitucionalidad en los cascos y perímetros urbanos de esta región.
Hoy continúa siendo evidente que las presencia institucional se encuentra en connivencia con los “civiles” armados de la estrategia paramilitar, dejando en tela de duda la legalidad y la legimitidad de las Fuerzas Militares que operan en la zona bajo la dirección de la Brigada 7 y con financiación de recursos del Plan Colombia.
La experiencia de la Comunidad Civil de Vida y Paz construida en la casi absoluta marginalidad empieza a encontrar los primeros tropiezos para la consolidación de su propuesta de Retorno a una Zona Humanitaria. Al retorno las autoridades se han opuesto fomentando retornos de familias de modo individual. A pesar de los explicito de las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que define entre otros referentes los Principios Rectores Deng estas han sido desconocidas por el Gobierno Nacional, respecto a la protección y al derecho a la Justicia.
La legitimidad de las actuaciones estatales se lograría si hubiese justicia y las Fuerzas Militares enfrentaran las estructuras criminales paramilitares que se encuentra enquistadas en la región. Si por una única vez, la Fiscalía General de la Nación asumiera de fondo y en serio una actitud de esclarecer, de sancionar a los victimarios que hoy se pasean a la vista de todo el mundo, disfrutando de la libertad incondicional que le propicia el crimen perfecto amparado en el Estado
Bogotá, D.C Noviembre 3 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ