Contornos de la muerte en el Bajo Atrato y Urabá
El 18 de diciembre de 2009 fueron asesinados, a pocos minutos del área urbana de Carmen del Darién, Chocó, los líderes afrodescendientes Manuel Moya Lara y Graciao Blandon, junto con un hijo de éste último, de 22 años. Pocas horas después, varias redes de Internet y un reconocido círculo de columnistas, empresarios, agentes y ex agentes del Gobierno muy cercanos al Presidente Uribe, miembros de las fuerzas armadas retirados, algunos funcionarios del Estado y un amplio entramado paramilitar, se concertaron en una campaña de difamación y de horrendas calumnias contra los suscritos. El eje de su campaña apuntaba a atribuirnos la responsabilidad directa o mediada en el crimen y a impulsar un movimiento de opinión con miras a deslegitimar nuestro acompañamiento a las comunidades del bajo Atrato y de Urabá y a unificar estrategias mediáticas, judiciales y militares para impedir en adelante cualquier presencia o apoyo nuestro en la región.
La circunstancia de que múltiples veces habíamos censurado los comportamientos de los dos líderes sacrificados y de otros que actuaron junto con ellos y ahora recogen sus banderas, la toman como argumento ciego para deducir de allí nuestra participación o complicidad en el crimen y a la vez para legitimar veladamente sus intereses económicos, políticos y militares en la región o para deslegitimar las de las comunidades que hemos apoyado y acompañado.
Si bien cualquier persona sensata percibe la irracionalidad y perversidad de tal procedimiento, el manejo emotivo y la manipulación mediática que se le ha dado al crimen, llevan a crear un pantano emocional que resulta defendiendo lo indefendible con medios inconfesables. Uno de los llamados líderes , Adan Qinto, afirmaba en una entrevista manipulada por el ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, en Radio Super, el pasado 21 de diciembre: “si el gobierno no le para bolas al asunto y no sacan a esas ONG de allá, nosotros las vamos a sacar así sea a tiros”. Pocas semanas antes, los paramilitares que controlan el bajo Atrato desde San Pedro de Urabá, nos habían declarado “objetivo militar”.
El lenguaje de quienes se han expresado al respecto por los medios masivos, como José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño Hoyos, Rafael Nieto Navia, Raúl E. Tamayo, Fernando Vargas y los editorialistas de El Mundo, entre otros, está saturado de falsedades y manipulaciones, y el de aquellos que se expresan por páginas web o redes de facebook recurre a la injuria moral en sus más bajas, sucias e infames expresiones y estrategias. No ignoran ellos que lo que ha motivado nuestro acompañamiento a esas comunidades de víctimas del bajo Atrato y de Urabá ha sido nuestra identificación con los valores de la humanidad en los derechos humanos, y, los principios cristianos de defensa de la vida, de la verdad, de la justicia y de la solidaridad, y por ello buscan ofendernos en lo más íntimo y sagrado de nuestra identidad moral, al insinuar que pudimos ser cómplices de un asesinato; que pudimos tener la capacidad de “amenazar de muerte” a alguien; o que nuestra presencia en la zona ha buscado “robarle las tierras a las comunidades negras” o someter a esas poblaciones a regímenes de opresión y dominación, o manipular o tergiversar la verdad de lo que ha ocurrido allí, o recaudar fondos en medios internacionales para beneficio propio, o apoyar grupos o estrategias armadas en la región. No hay palabras para calificar tanta bajeza e ignominia.
Aunque ellos saben bien que todas estas acusaciones riñen radicalmente con nuestros principios; que ninguno de nosotros sería capaz moralmente de actuar en complicidad con cualquiera de esas conductas y que jamás encontrarán prueba alguna para sustentar tales ignominias, buscan justamente ofender nuestra dignidad más sagrada, empañar nuestra imagen más auténtica y pisotear nuestros valores más cultivados y defendidos. Lo hacen con cruel y perversa audacia, apoyándose en el respaldo que han encontrado en ciertos poderes económicos, estatales y mediáticos, con el evidente propósito de hacernos renunciar al acompañamiento a las víctimas, a la denuncia de las atrocidades que con ellas se cometen e incluso a las medidas cautelares o provisionales que hemos logrado para ellas en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero si quieren separarnos de las víctimas y desprestigiarnos ante ellas, es para suprimir los obstáculos que su estrategia ha encontrado para implantarse en la región.
Ante todo condenamos radicalmente el asesinato de estos líderes y una vez más afirmamos que nuestro acompañamiento y nuestro respaldo a las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, se centra en la defensa de la vida y jamás consiente con ninguna forma de muerte. Por ello hemos censurado y denunciado siempre las acciones de la insurgencia que buscan solucionar conflictos o castigar delitos mediante la eliminación de personas o amenazas de atentar contra su vida o integridad. Pero tampoco la muerte de estos líderes puede convertirse en un chantaje para llevarnos a aprobar sus comportamientos o sus estrategias perversas en la región.
Si bien estos asesinatos se han atribuido a la guerrilla de las FARC, no deja de generar preguntas, el que hayan sido asesinados en un espacio completamente controlado por el paramilitarismo y la fuerza pública. Algunas informaciones que poseen funcionarios públicos incluso indican, que estas 3 personas avanzaban hacia una cita con las FARC en el momento en que fueron asesinados. Nos preguntamos si su búsqueda de diálogo con las FARC podría estar relacionada con sus recientes críticas a órganos del Estado que no los apoyaban incondicionalmente, críticas que salen a la luz en las mismas entrevistas manejadas por el ex Ministro Londoño Hoyos.
Quienes, de entre los firmantes, hemos mantenido un acompañamiento más permanente a las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad del Cacarica, el Jiguamiandó y el Curvaradó, desde la estructura de la Comisión de Justicia y Paz, no llegamos allí por propia iniciativa sino por petición apremiante de las víctimas. Nuestro primer contacto con ellas se dio en el contexto del desplazamiento brutal producido por la “Operación Génesis” en febrero y marzo de 1997. Entre los muchos miles de desplazados que llegaron a Turbo, decidimos acompañar prioritariamente a quienes querían a toda costa retornar a sus tierras, pues varios millares cedieron al terror y decidieron no volver jamás a esas tierras. La opción del retorno la consideramos más justa y nuestro apoyo a esa franja de desplazados respondía también a la gran limitación de nuestros recursos.
Sólo varios años después, cuando se iniciaron tímidamente los retornos, pudimos comenzar a comprender qué motivaciones había detrás de la Operación Génesis y otras operaciones militares, tan saturadas de crímenes de lesa humanidad. Al encontrar las aldeas destruidas y los campos todos sembrados de palma aceitera o inundados de motosierras para extracción de maderas o con infraestructura para el banano, por parte, de empresas que contaban con pleno respaldo del Gobierno, de los militares y de los paramilitares, comprendimos la motivación de tan horrendo genocidio. Hoy día, cuando en el mar de impunidades se juzga al General Rito Alejo Del Río por uno de los crímenes más impresionantes de la Operación Génesis, como fue cortarle la cabeza a Marino López y jugar fútbol con ella, los abogados del General insisten en solicitar declaraciones del Presidente Uribe y del ex Presidente Samper, pues afirman que el General actuó en constante coordinación y comunicación con el entonces Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y de la misma tuvo conocimiento el mandatario liberal.
La estrategia del retorno, que quisimos acompañar y lo hemos hecho dentro de nuestras enormes limitaciones y riesgos, nos fue revelando unas estrategias contrarias que se apoyaban en altos poderes. Empresarios madereros y palmeros decidieron cooptar, mediante el soborno, a los verdaderos dueños de las tierras, sobre todo luego de lograr el reconocimiento de los consejos comunitarios del Cacarica, el Jiguamiandó y el Curvaradó, de acuerdo con la Ley 70 de 1993, mediante títulos colectivos otorgados en el año 1999 y 2000.
Ya desde los refugios de desplazados de Turbo, la Comunidad del Cacarica comenzó a descubrir que su primer representante legal, ADÁN QUINTO,aceptaba donaciones de la empresa Maderas del Darién y usaba para beneficio propio los escasos recursos de la comunidad, lo que produjo su sanción y destitución y su fuga a trabajar por los intereses de dicha empresa. Algo similar hicieron los palmeros en el Curvaradó al cooptar a Manuel Moya, quien usurpó el cargo de representante legal de su Comunidad cuando ya se lo habían retirado, para firmar actas de compromiso con Urapalma y otras empresas palmeras, entregándoles en usufructo los territorios que eran del Consejo Comunitario, conducta que le acarreó incluso una orden de captura y semanas de prisión. También en el Jiguamiandó los empresarios cooptaron a Graciano Blandon, quien comenzó a convocar a desplazados no retornados para disputarle la legitimidad al Consejo Comunitario del Jiguamiandó, en estrecha unidad de intereses con empresariales y militares.
La Comisión de Justicia y Paz consideró como injustas y perversas las estrategias de los empresarios para apoderarse del territorio recién recuperado y titulado de las comunidades afrodescendientes, estrategia que además era violatoria de la Constitución y las leyes y desconocía los derechos, tradiciones y cosmovisiones étnicas de esas poblaciones.
Con apoyo de abogados, se acudió a la justicia para defender los derechos de las víctimas y se logró demostrar, con verificación de organismos del mismo Estado como el INCODER, que el 93% de las tierras ocupadas por los empresarios pertenecían a territorios comunitarios que no eran susceptibles de enajenación mercantil. A pesar de la corrupción de los poderes judiciales locales, la Corte Constitucional logró, a base de revisión de tutelas, ordenar la devolución de los territorios a los consejos comunitarios, por fallo del tribunal del Chocó, lo cual aún no se ha producido. Esto explica que el círculo de líderes sobornados por los empresarios, junto con los núcleos poblacionales que ellos han logrado vincular a su política, hayan emprendido una campaña tan enconada, infame y sucia contra organizaciones como la Comisión de Justicia, Brigadas Internacionales de Paz, la organización canadiense PASC, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y las comunidades religiosas que han acompañado intermitentemente los procesos de retorno. Su lenguaje emocional y sucio no tiene ningún sustento legal ni ético; cualquiera que examine sin prejuicios la justeza de su estrategia y la de las comunidades originarias que han retornado y defienden la autonomía de sus territorios, para lo cual nos han solicitado nuestro acompañamiento, no dudará en censurar la estrategia de los empresarios y de sus sobornados líderes, como algo radicalmente antiético, ilegítimo e ilegal.
Los ataques a las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad y a sus acompañantes, han llegado al extremo de considerar las vallas o cercos, confeccionados con humildes cuerdas de plástico o alambre que delimitan los espacios de protección , como “campos de concentración”. ¿Pretenden, entonces, que se deje libre acceso a los espacios a todas las bandas armadas que los han masacrado y perpetrado contra ellos todo tipo de crímenes? La sabia respuesta de un afrodescendiente a un funcionario del Gobierno que cuestionaba los “encerramientos”, hacía ver que eso lo habían aprendido del mismo Gobierno, pues cuando venían a reuniones en sus oficinas en Bogotá, encontraban todo tipo de puertas y obstáculos que era imposible atravesar sin numerosos permisos, tarjetas magnéticas, tomas de fotografías y de huellas etc., y eso que el Gobierno cuenta con los medios más poderosos de protección. De allí que cuestionar una humilde alambrada que al menos le haga caer en cuenta a quien la viola que está pisoteando unos derechos colectivos, no tiene justificación alguna y más bien constituye un apoyo a los perpetradores de crímenes y una apología de la indefensión de las poblaciones más vulnerables.
Pero nos llama la atención que todo el lenguaje de infamias y calumnias de quienes han aprovechado el asesinato de MOYA y BLANDÓN para atacar a las comunidades retornadas y a sus acompañantes, aparece envuelto en protestas que trascienden la problemática del bajo Atrato y de Urabá y se articula a movimientos, ideologías políticas y causas que hacen apología del autoritarismo, del militarismo, de formas de represión extrema y de impunidad para sus autores; de estrategias económico políticas que favorecen a las capas más poderosas. En efecto, en sus comunicados y protestas rechazan los procesos judiciales contra los generales Rito Alejo Del Rio y Jaime Humberto Uscategui, acusados de graves crímenes de lesa humanidad; el del Coronel Plazas Vega, acusado de desapariciones, torturas y ejecuciones en la retoma del Palacio de Justicia; se dice que “al Ejército lo tienen amarrado” y se reivindican como “anticomunistas” que luchan contra un “terrorismo humanitario” o contra “ONGs esclavistas” o contra “verdugos de los negros”.
Algo aún más preocupante es que el Senador Victor Velázquez Reyes, presidente de la Comisión de derechos Humanos del Senado, haya acogido sin discernimiento ni investigación alguna las calumnias presentadas por los sobornados líderes, en un foro organizado por él el pasado 2 de diciembre en el recinto del Congreso, calumnias que le sirvieron de base a su pronunciamiento frente al asesinato de los líderes el 19 de diciembre. Tan falseada es la información que ha asimilado el parlamentario, que le atribuye el desplazamiento masivo de esas comunidades en 1997, no a la Operación Génesis, sino a las FARC y a las ONG que entraron en relación con ellas después del desplazamiento.
Los comunicados también revelan con gran nitidez que quienes se apuntalan en el oscuro asesinato de estos afrocolombianos para atacar a las comunidades autónomas y a sus acompañantes, se inscriben dentro de una estrategia que identifica a todas luces a este Gobierno: deslegitimar y estigmatizar a las comunidades de paz, zonas humanitarias y a sus acompañantes, haciéndolos aparecer ante la opinión pública en estrecha relación con la guerrilla, como única vía seudo legal para atacarlas, sirviéndose de “testigos” y pruebas falsas.
Tal ha sido su estrategia contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, similar a lo que ha sucedido con las Zonas Humanitarias de Cacarica desde el 2001, y que ahora se enfoca contra las Zonas Humanitarias del Curvaradó, del Jiguamiandó, haciendo referencia al falso testimonio del desertor de las FARC alias “Samir”, cuyas calumnias, confeccionadas en la Brigada 17, han sido difundidas por personajes muy cercanos al alto Gobierno, como el ex Ministro Fernando Llondoño, el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, los periódicos antioqueños El Mundo y El Colombiano con varios de sus columnistas y editorialistas, proyectando también las infamias a la revista holandesa Vrij Nederland y al periódico estadounidense Wall Street Journal a través de la periodista que desconoce la ética periodística, Mary O’Grady y la descontextualización de la información presentada por el diario El Tiempo.
El rastreo de los usuarios de facebook y de páginas web que sustentan los más ofensivos y perversos ataques a nuestra dignidad y a nuestros valores, nos han permitido percibir que a tal estrategia gubernamental, que protege a grandes empresarios palmeros y madereros, articulados a los lógicas de operación multinacional, están integrados reconocidos líderes paramilitares, como uno de los fundadores del movimiento MORENA que se atribuyó el genocidio del Magdalena medio en los años 80.
No podemos ocultar nuestro dolor al ver pisoteada nuestra dignidad y nuestros valores de manera tan vil y con el apoyo simultáneo de fuerzas tan poderosas, algunas de las cuales salen a la luz con algunas máscaras y otras actúan coordinadamente desde las tinieblas. Sabemos, sin embargo, que optar por las víctimas y por las poblaciones más vulnerables dentro de un sistema corrupto y violento, acarrea ese tipo de sufrimientos. Continuamos afirmando, enfáticamente, que las estrategias de empresarios, políticos, militares y paramilitares, tendientes a dividir y sobornar a las comunidades que han retornado al bajo Atrato con la ilusión de recuperar sus territorios colectivos y administrarlos de una manera autónoma, ecológica y dentro de sus cosmovisiones ancestrales, con el fin de implantar allí formas de explotación anti-ecológica y anti-social al servicio de grandes capitales, constituye una injusticia flagrante. Si lo logran por la fuerza bruta y la perversidad inconfesable de sus estrategias, lo hacen en contravía de los principios éticos más universales, y en nuestro contexto, en contravía de la Constitución y de las leyes vigentes.
Llamamos una vez más a las autoridades judiciales y administrativas a que acaten las sentencias que obligan a devolver dichos territorios a sus auténticos dueños, respetando los títulos colectivos sancionados en el año 2000 acordes con la Ley 70 de 1993; a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las de la Defensoría del Pueblo, y a que se abstengan de apoyar las estrategias de usurpación de los territorios, de división de las comunidades mediante la constitución de consejos paralelos manipulados; de soborno de sus líderes; de control paramilitar de la región; de desconocimiento de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de las campañas de difamación y estigmatización de las organizaciones acompañantes, adelantadas por círculos de periodistas y ex funcionarios de evidente y estrecha relación con el alto Gobierno.
Con profundo dolor,
Javier Giraldo M., S. J., fundador y representante legal de la Comisión Intercon-gregacional de Justicia y Paz entre 1988 y 1998; Director del Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP, y miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de 2003 en adelante.
Alberto Franco G., CSsR, Secretario Ejecutivo, representante legal de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Danilo Rueda R., defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Abilio Peña B, defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Iván Cepeda Castro, Defensor de Derechos Humanos, integrante de la Fundación Manuel Cepeda Vargas y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Gloria Cuartas, Ex alcaldesa de Apartadó y defensora de derechos humanos.
Personas jurídicas o colectivas señaladas o acusadas
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar.
Projet Accompagnement Solidarité Colombie, PASC, Canadá.