Continúa presencia de grupos armados y amenazas a habitantes de la ZRCPA.
El pasado martes 1 de mayo, a la 1:00 p.m., los habitantes de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, fueron intimidados por llamadas telefónicas por un hombre que se identificó como Manuel Vásquez y supuestamente integrante de la disidencia de las FARC.
El sujeto realizó llamadas desde el número móvil 3106306918 exigiendo a los habitantes un aporte económico para comprar tres cajas de tiros.
Ante la negativa de los habitantes les amenazó con nuevas llamadas expresando que se les daba un plazo de 24 horas o les mataría.
Días antes, el sábado 28 de abril en la mañana, cerca de la Comunidad de la Chilpa, corregimiento de Piñuña Blanco, se produjo un enfrentamiento entre el frente 1 disidencias de las FARC, y otro grupo armado criminal vinculado con el tráfico de drogas.
Pobladores sostienen que, por la confrontación armada, murieron tres personas de las que se desconoce identidad o procedencia. Esta situación se hubiera podido evitar si desde nuestro último informe se hubieran adoptado medidas de eficaces de intervención institucional.
La presencia de estructuras armadas sin identificar ha ido tomando control de varias comunidades de la ZRCPA como Camios, Angosturas, Agualongo, Bocana del Cuembí, Bajo Cuembí, Piña, Chufiyá, Belén, La Frontera y La Española. La delicada situación ha generado una situación de incertidumbre y zozobra, mucho más cuando tres lideres de la ZRCPA como Jani Silva, Hugo Miramar y Saúl Luna se encuentran desplazados por amenazas de muerte.
La ausencia de respuesta Estatal eficaz es evidente. Las fuerzas regulares han sido incapaces de despliegues operacionales eficaces para desestructurar la nueva criminalidad que se ha ido consolidando en el casco urbano de Puerto Asís.
Los incumplimientos del gobierno en materia de los acuerdos voluntarios de sustitución y de la implementación de los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial, más la tardía respuesta en los procesos de reincorporación son las causantes de esta grave situación.
Bogotá D.C., 02 de mayo de 2018
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
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