Continua ofensiva armada: asesinado niño 11 años y herido un adulto por acción de tipo paramilitar
A pesar de las medidas cauteleres de la CIDH; de la presencia en las comunidades refugidas en Puerto Lleras, Nueva Esperanza, Caño Seco y Pueblo de la iglesia católica, de delegados internacionales de observación humanitaria de España y de Canadá, de organismos de derechos humanos nacionales, el operativo armado contra las comunidades afrodecendientes y mestizas persiste.
1. A las 12 del día de ayer aproximadamente, martes 4 de febrero, en desarrollo de la ofensiva militar
encubierta que pretende desalojar a las comunidades de la cuenca del Jiguamiandó
o imponerles su participación en el proyecto agroindustrial de Palma Aceitera,
un grupo de “civiles” armados, vestidos de camuflado, la mayoría de ellos
con armas cortas y largas, mientras se distribuían en varios grupos para
rodear el caserío de Puerto Lleras, dispararon a 3 pobladores de esta comunidad,
que se encontraban a la orilla del río Jiguamiandó a la altura del punto conocido
como Bocas de Jarapetó, a 600 metros del sitio de refugio.
Cuando los armados fueron divisados por uno de los menores de edad, este avisó al adulto, inmediatamente los armados que atravesaban el río iniciaron a disparar indiscriminadamente. Hirieron entonces al campesino VICTOR GARCES, hiriéndolo en la pierna derecha, y contra su hijo HERMIN GARCES, de 11 años de edad, quien murió inmediatamente por efecto de los disparos que impactaron su cuerpo. El otro menor de edad logró salir ileso y se ocultó entre la selva
Los armados se acercaron al afrodescendiente VICTOR, lo intimidaron, lo insultaron verbalmente y le expresaron: “ustedes son guerrilleros” (…) “H.P guerrilleros”.
Los armados metieron en la champa –embarcación pequeña de madera- el cuerpo sin vida de HERMIN y obligaron a su padre a subirse en ella y a navegar río abajo en dirección a Puerto Lleras
2. Minutos más tarde se escucharon nuevamente disparos de fusil hacia
un lugar sobre el río Jiguamiandó más arriba del punto conocido como Bocas de Jarapetó, en donde se encontraban otros habitantes de Puerto LLeras pescando, entre ellos PABLO GAMBOA, RAMIRO SANCHEZ, CELINA SANCHEZ.
3. Posteriormente los armados ingresaron al caserío de Puerto LLeras en
donde las familias se encuentran refugiadas desde el año 2001, allí permanecieron
por espacio de una hora.
En su ingreso al lugar de refugio, preguntaron por la promotora de salud, quién el 5 de enero pasado, fue detenida por varias horas en desarrollo de esta ofensiva, auscultaron por los líderes de la comunidad, a lo que la comunidad respondió: “todas las decisiones son colectivas, aquí no hay líderes, que manden”.
Los armados entre los que se encontraban con armas cortas y vestidos de camuflado, algunos con brazaletes de las AUCC e insignias de la bandera colombiana, similares a los de la policía, y unidades armadas que en el operativo del 5 y 6 de enero pasado portaban insignias y distintivos de la Brigada XVII, afirmaron: ”Nosotros vamos a volver” (…) “No nos vamos a ir de la región”
Luego de una hora de estar allí presentes se retiraron del lugar.
El lugar de refugio fue tomado por los paramilitares
desconociendo la condición de refugiados de la población afrodescendiente y la presencia humanitaria internacional.
De acuerdo con la versión inicialmente reunida,
al momento de la salida de VICTOR GARCES y de los demás miembros de la comunidad a Murindó, se desconocía el paradero del menor ileso y de los pescadores
que se encontraban arriba de Bocas de Jarapetó.
4. martes 4 de febrero, aproximadamente a las 22 horas de hoy al Hospital del Municipio de Murindó, arribó un grupo de personas de la comunidad de Puerto Lleras,
acompañando al herido VICTOR GARCES.
en una pierna.
Desde el domingo 4 de enero, cuando se concretaron las amenazas de incursión
a los lugares de refugio de las Comunidades del río Jiguamiandó, anunciadas desde el segundo semestre del 2002, con desapariciones, asesinados y retenes, en una acción de tipo paramilitar en la que participaron “civiles” armados con insignias de los AUCC y con unidades distinguidas como miembros de la Brigada XVII se evidenció nuevamente que el Estado Colombiano
no adoptó las medidas políticas, administrativas y humanitarias para prevenir
daños irreparables. Los daños causados hasta hoy siguen reflejando que la estrategia militar encubierta se mantiene, se extiende, se fortalece contra la población civil quién es blanco militar bajo el pretexto de confrontación a la guerrilla.
A pesar de la adopción de las medidas cautelares por parte de la CIDH desde
noviembre pasado, hasta el día de hoy, el gobierno no ha dado ninguna respuesta
institucional a las mismas. A pesar de las sesiones de la Comisión Mixta de Seguimiento, de los compromisos de respuesta humanitaria y de respuesta a la propuesta humanitaria de las comunidades, basada en la ley 70 de comunidades afrocolombianas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Humanitario y los Derechos de los Pueblos en relación con la impunidad en que se encuentra el desplazamiento, los crímenes y violaciones de derechos humanos que compromete por ACCION, OMISION y COMISION POR OMISION la responsabilidad del Estado; el cese al desarrollo del proyecto agroindustrial de Palma Aceitera en el territorio colectivo; el respeto a sus lugares de refugio y zonas de cultivo de productos de pan coger mientras persista el conflicto armado interno.
La situación de las comunidades afrodescendientes y mestizas del Jiguamiandó
y las 9 comunidades desplazadas del Curbaradó que se encuentran refugiadas
afirmando sus derechos a la vida y al territorio, es cada vez más grave.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional y a los grupos de
solidaridad para que inicien una observación permanente de carácter humanitario
en las Comunidades de modo que se conozca de primera mano la información,
se verifique la voluntad política del Estado en relación con los Derechos
Humanos, se apoyen las propuestas de defensa de la vida y el territorio
de los 2300 afrodescendientes y mestizos que hoy están siendo abocados,
por la persecución sistemática, a defender el territorio entregando sus
vidas, porque se siguen negando a ser parte de los proyectos agroindustriales
que quieren implementar en su territorio.
Bogotá, Febrero 5 del 2003
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ