Continúa el espectáculo paramilitar, el espejismo de un proceso de “Paz”

Continúa el espectáculo paramilitar, el espejismo de un proceso de “Paz”, la institucionalización de lo paramilitar. El unanimismo de una falsa “Paz” comprendida desde el marco jurídico de la legalización de lo ilegal, de una “reconciliación” cimentada en el Estado de Hecho, en la imposición social de lo paramilitar, su legitimación. El unanimismo de una falsa “justicia”, basada en la negación de la responsabilidad del Estado colombiano en la génesis de la inequidad, en la conformación y desarrollo del proyecto paramilitar. La impunidad, cimiento de la “transición democrática” con la reelección presidencial, el transito del Estado de Derecho al Estado de Hecho.

Reproducimos tres artículos del semanario El Espectador. El primero de ellos, “La ‘reconciliación’ de Jaramillo Panesso”, escrito por Iván Cepeda Castro, quien responde a la columna de opinión del periódico El Mundo, donde Jaime Jaramillo Panesso, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, afirma que “los fines de algunas organizaciones de víctimas que critican el proceso que se adelanta con los grupos paramilitares “no son la reparación y reconciliación, sino la filiación partidaria y la agitación vindicativa y sectaria”. Descalificando a las víctimas de los crímenes del Estado al tiempo que aplaude la “buena actitud” de los victimarios.

El segundo artículo, “El reo Mayor”, escrito por Ramiro Bejarano Guzmán, expresa una reflexión entorno al último de los espectáculos paramilitares, la “presentación voluntaria de jefes paramilitares a estaciones de policía para acogerse al mandato del presidente Uribe”, mientras que “en unos pocos días saldrán de nuevo a la calle, reclamando sus derechos como mártires de esta democracia… Claro, pero ya se consiguió el efecto publicitario de hacer creer al país que con la dulce y tierna “captura” de unos connotados paramilitares, quedó reducido todo ese aparato de guerra que sigue intacto… El presidente no fue elegido, ni reelegido, para amargarles las vidas a sus amigos, sino para solucionarles problemitas, hasta los graves”.

El último artículo, “Sedición, el meollo del asunto”, de la redacción política del semanario El Espectador, se expresa cómo una de las preocupaciones centrales del Gobierno y los paramilitares, es la de mantener el status de “presos políticos”, con lo cual hallarán prebendas jurídicas que consoliden el proceso de reingeniería paramilitar, de su institucionalización. “¿Pero qué implica exactamente tener el carácter de sedicioso? El artículo 179 de la Constitución establece que “no podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”. Conociendo las intenciones de algunos jefes ‘paras’ de querer hacer política, ello truncaría sus planes. Además, la Constitución establece también, en su artículo 35, que ningún colombiano podrá ser extraditado por delitos políticos, y para nadie es un secreto que ese fantasma es el que más mortifica a las Auc”.

Por ello, la insistencia del presidente y su bancada en el Congreso de “arreglar lo poco que desarregló” el fallo de la Corte sobre la Ley 975, como lo afirma la ex ministra de Defensa y ahora senadora del Partido de la U, Marta Lucía Ramírez, dijo que “Por lo pronto hay que mirar si después de los dos decretos que está preparando el Gobierno hay un espacio suficiente para arreglar el proceso. El reto es que los dos logren conciliar el texto de la Corte y lo que esperan las autodefensas”.

Los tres artículos van adjuntos

El Espectador, 19 de agosto de 2006

La ‘reconciliación’ de Jaramillo Panesso
Iván Cepeda Castro

En su más reciente columna de opinión en el periódico El Mundo, Jaime Jaramillo Panesso, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, afirma que los fines de algunas organizaciones de víctimas que critican el proceso que se adelanta con los grupos paramilitares “no son la reparación y reconciliación, sino la filiación partidaria y la agitación vindicativa y sectaria”. En contraste con esas acusaciones hacia las asociaciones de víctimas, en el mismo artículo asevera que la CNRR solicitó un encuentro con la dirección del “Movimiento Nacional de Autodefensas Desmovilizadas” con el fin de “avanzar en la construcción de relaciones positivas”. Según el comisionado Jaramillo Panesso, en la reunión “el respeto mutuo alcanzó los niveles de civilidad y de esperanza” y los jefes paramilitares les explicaron a él y a los demás asistentes cuáles serán los topes de la “reparación factible”.

Un sector altamente representativo de las comunidades más afectadas por la violencia se ha unido al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y ha expresado sus reservas ante la ley de “justicia y paz”. Lo ha hecho como parte del debate democrático y utilizando argumentos. Buena parte de ellos conciernen a la necesidad de que se reconozca, en términos jurídicos y políticos, la existencia de víctimas de crímenes de lesa humanidad y de genocidio perpetrados por los agentes estatales a través de operaciones encubiertas, o de la estrategia paramilitar. También conciernen a la necesidad de crear medidas eficaces de no repetición —en particular, las correspondientes al desmonte definitivo de las estructuras paraestatales—, y de adoptar políticas para devolver los millones de hectáreas de tierras despojadas por la fuerza. No se trata de ninguna clase de maximalismo punitivo, sino de proteger los cimientos del Estado social de derecho fijando limitaciones elementales al inmenso poder que han acumulado los paramilitares y sus jefes políticos.

En este mismo orden de ideas, las organizaciones de víctimas han criticado la composición y el mandato de la CNRR, entre otras razones por la falta de independencia de varios de sus miembros. En el caso del señor Jaramillo Panesso estas críticas provienen de sus estrechos nexos con el Presidente de la República, y de su abierta simpatía con el modelo de seguridad que éste ha defendido desde mediados de la década de 1990. Como se sabe, Jaramillo Panesso fue miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, precisamente en la época en que el entonces gobernador Uribe Vélez creó e impulsó las Convivir. A pesar de conocer denuncias de las ONG acerca del papel que estas asociaciones estaban cumpliendo en el fortalecimiento del paramilitarismo en su región, Jaramillo Panesso tomó una posición hostil hacia los críticos de este plan de seguridad, e incluso lanzó acusaciones similares a las que escribe en su última columna en El Mundo contra los defensores de derechos humanos que rechazaban la estrategia de armar civiles.

En el estado de plena inversión de sentido que vive hoy la sociedad colombiana, se ha hecho normal la argumentación de lo absurdo en el discurso oficial. Como si se tratara de desagraviar a los ofendidos, algunos buscan a toda costa entablar “relaciones positivas” con los agresores, mientras calumnian a las víctimas por ejercer su legítimo derecho al disenso. En realidad, tal actitud no es ningún aporte a la reconciliación nacional. Su resultado práctico es debilitar la capacidad moral de la sociedad para definir límites a los privilegios de quienes han utilizado la violencia.

fm_cepeda@yahoo.fr

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Notas de Buhardilla
El reo mayor

Ramiro Bejarano Guzmán
No es cierto que los paramilitares hubiesen sido capturados, pues se presentaron voluntariamente, como lo anunció con arrogancia Ernesto Báez, lo que, por supuesto, implica que todo fue parte de una negociación, que aún no conocemos en qué términos y por qué causas se produjo. Eso explica el porqué aún hoy siguen campantes otros jefes paracos, que no le jalaron a rendirse y que el Gobierno no podrá detener fácilmente.
La concertada detención, no se ha traducido en retener a estos hombres en cárceles de máxima seguridad, sino inicialmente en estaciones de Policía y en los próximos días en confortables sitios, porque a presos tan consentidos hay que darles un sitio que les guste. Y en unos pocos días saldrán de nuevo a la calle, reclamando sus derechos como mártires de esta democracia, y pavoneándose debidamente custodiados en los centros comerciales o paseándose en las caravanas de multimillonarias camionetas, como las que vimos en estos días en los noticieros que transmitieron las entregas de los paracos.

Lo que no se entiende fácilmente es el hecho de que si el ultimátum presidencial estaba dirigido a todos los paramilitares, solamente se hayan entregado algunos jefes y no sus tropas, que jurídicamente han de estar en la misma situación que acosa a sus voceros. Los líderes no son sólo peligrosos individualmente considerados, sino principalmente como dueños de poderosos escuadrones de desmovilizados que siguen armados hasta los dientes y dispuestos a todo. ¿Podrá el Gobierno dejar tras las rejas a los batallones paramilitares que dejaron en libertad varios de los jefes que sí se dejaron conducir ? Amanecerá y veremos.

La cosa es clara, mientras Báez, Giraldo, Isaza, etc. están retenidos con toda consideración y cuidado, afuera sus reclutas esperan amenazantes el desarrollo de los acontecimientos, no propiamente para hacerse los de la vista gorda, sino para actuar con furia en favor de la causa que los une a todos ellos. Claro, pero ya se consiguió el efecto publicitario de hacer creer al país que con la dulce y tierna “captura” de unos connotados paramilitares, quedó reducido todo ese aparato de guerra que sigue intacto.

Obviamente, lo que no nos contarán jamás, es la verdadera razón por la cual unos ruidosos paramilitares que hace unos meses desafiaban a todo el mundo diciendo que no pagarían un solo día de cárcel, de la noche a la mañana sucumbieron y como mansas palomitas se pusieron a disposición de la Policía, pronunciando frases amables y hasta cariñosas con el jefe de Estado, como en el caso de Mancuso.

Esa es la verdad que queremos conocer. Tal parece que el gobierno americano expresó algo más que su molestia con la intención de expedir un decreto reglamentario, con el que se aspira a torcerle el cuello a la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, de manera que todos queden a salvo de una vez por todas, no sólo de nuestros cómodos centros de reclusión, sino de las rígidas presiones americanas.

Lo que el país quiere y por ende la comunidad internacional, más que el show publicitario de retener con mano suave a unos pocos paramilitares, es que el Gobierno dé cabal cumplimiento a la decisión de la Corte Constitucional, sin contemplaciones, ni claudicaciones, sin ceder a la amenaza de convocar una constituyente o la de impulsar de nuevo otra ley tejida a la medida de sus imposibles aspiraciones de sacarle el cuerpo a la verdad, a la justicia, a la reparación, y sobre todo a la extradición.

El presidente no fue elegido, ni reelegido, para amargarles las vidas a sus amigos, sino para solucionarles problemitas, hasta los graves. Ya lo verán. Por eso, ¡oh paradoja!, hoy está más preso Uribe que los propios paramilitares, pues mientras él anda amarrado a un proceso de paz mentiroso que no le gusta a nadie, la cúpula paraca muy pronto descansará en una casa veraniega en La Ceja.

notasdebuhardilla@hotmail.com

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Autodefensas insisten en carácter de ‘presos políticos’
Sedición, el meollo del asunto
Redacción Política

Mientras el Gobierno habla de darle “credibilidad” al proceso con los grupos de autodefensa y se anuncia la sede vacacional de Prosocial en La Ceja, Antioquia, como el centro de reclusión de sus recién retenidos comandantes, en el ámbito político comenzó a abrirse camino la posibilidad de que la Ley de Justicia y Paz regrese al Congreso para ser ‘retocada’.

Y es que a la clara señal del presidente Uribe, cuando anunció que “se expedirá el decreto reglamentario y en caso necesario se acudirá de nuevo al Congreso”, habría que agregar las palabras de los mismos jefes paramilitares, cuando en un comunicado exhortando a sus compañeros que todavía no se han entregado a hacerlo, insisten en calificarse como “presos políticos”, lo que en esencia es hoy el centro del debate.

Para la ex representante Rocío Arias, no cabe duda de que con el fallo de la Corte Constitucional, la ley se convirtió en “una colcha de retazos” y que en estos momentos el tema de fondo tiene que ver con la sedición. En efecto, el fallo del Alto Tribunal declaró inexequible, por errores de forma, el artículo 70 de la ley, paraguas para que las Auc fueran homologadas en su conducta con los grupos guerrilleros, siendo tipificados como sediciosos. Sin embargo, al tratarse de la forma y no del fondo, se dejó abierta la posibilidad de revisar la ley o estructurar un nuevo proyecto.

¿Pero qué implica exactamente tener el carácter de sedicioso? El artículo 179 de la Constitución establece que “no podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”. Conociendo las intenciones de algunos jefes ‘paras’ de querer hacer política, ello truncaría sus planes. Además, la Constitución establece también, en su artículo 35, que ningún colombiano podrá ser extraditado por delitos políticos, y para nadie es un secreto que ese fantasma es el que más mortifica a las Auc.

Otro ingrediente que daría pie a pensar en un nuevo proyecto es el vencimiento, en diciembre próximo, de la Ley 418 de 1997, bajo la cual se han llevado a cabo todos los últimos diálogos y acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley. Y la actual Ley de Justicia y Paz no es más que un apéndice de la 418.

Así las cosas, tarde o temprano el Congreso tendrá el balón en su campo, aunque el Gobierno tendrá que responder muchos de los interrogantes que hoy se hacen, como los del ex presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, quien señaló que “no hemos oído suficientes explicaciones, a este proceso siempre le ha faltado transparencia y no entendemos bien qué está pasando y cuáles son los problemas que están tratando de corregir”.
El senador Alexander López, del Polo, cree que todo lo que está pasando ha sido parte del desorden por el afán de querer resolver la cuestión personal de cada uno de los cabecillas de las autodefensas. “Los paras no pueden salir a buscar una nueva alternativa que los favorezca, porque entonces cada vez que algo no les funcione van a hacer lo mismo”, indicó.
Dos decretos

Por los lados de los movimientos afines a la Casa de Nariño, la ex ministra de Defensa y ahora senadora del Partido de la U, Marta Lucía Ramírez, dijo que “lo más importante es iniciar cuanto antes un proceso ante la Fiscalía, que todo el país está esperando”. Y reveló algo desconocido hasta el momento: que el Gobierno prepara dos y no un decreto para subsanar las ‘fallas’ de la ley y las consecuencias del fallo de la Corte. “Por lo pronto hay que mirar si después de los dos decretos que está preparando el Gobierno hay un espacio suficiente para arreglar el proceso. El reto es que los dos logren conciliar el texto de la Corte y lo que esperan las autodefensas”.

Para el senador Armando Benedetti, también de la U, “si una nueva ley, presentada por el Gobierno, es la salida a la crisis, hay que hacerla”. Sin embargo, reconoció que su trámite y aprobación sería complicado, aun con las mayorías que, se supone, tiene el uribismo en el Legislativo.
Dieb Maloof, de Colombia Viva, consideró que las actuales condiciones “inestables” dan pie para pensar en un nuevo proyecto que blinde el proceso con las Auc. “El proceso de paz tiene que dar hoy la pelea para llegar a un acuerdo conjunto”.

Ayer viernes, el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo; el ministro del Interior saliente, Sabas Pretelt, y el entrante, Carlos Holguín, hablaron con los jefes de las Auc, quienes, según se supo, tienen dos exigencias básicas por el momento: la garantía de no ser extraditados y que se les garantice su seguridad en el nuevo sitio de reclusión. Mientras tanto, el Congreso y el país siguen a la expectativa.