Contienda electoral al Congreso en Colombia : Un comicio histórico bajo tensión

Contienda electoral al Congreso en Colombia : un comicio histórico bajo tensión

Este domingo 13 de marzo de 2022 tendrán lugar las elecciones legislativas en Colombia, en un contexto alarmante de aumento de la violencia política que dificulta el proceso electoral. Durante el año 2021 fueron asesinados 171 líderes y lideresas sociales y 48 firmantes del Acuerdo de Paz y se perpetraron 96 masacres en Colombia. Sólo entre enero de 2022 y el 10 de marzo de 2022 fueron asesinados 37 líderes y lideresas sociales. Estas cifras reflejan un aumento de los conflictos entre múltiples actores armados ilegales que buscan tomar el control de los distintos territorios abandonados por las antiguas FARC-EP y en los que el gobierno colombiano no ha logrado afirmar su presencia, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz hace más de cinco años. La situación es especialmente preocupante porque se trata de unas elecciones históricas. Por primera vez, los colombianos tendrán la oportunidad de elegir las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Estas “curules de paz”, creadas por el Acuerdo Final de Paz en 2016 y muy cuestionadas por el actual gobierno, son lugares reservados para las víctimas del conflicto armado en el Congreso. Los habitantes de 167 municipios rurales, identificados como especialmente afectados por el conflicto armado, podrán así hacer oír su voz en un país cuyo sistema electoral ha ignorado durante mucho tiempo la ruralidad, según la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), la doctora Alejandra Barrios.

Para la MOE, los dos principales factores de vulnerabilidad que pesan actualmente sobre las elecciones legislativas y las de las 16 curules de paz son los riesgos de fraude electoral y onados con actos de violencia. 131 de los 1122 municipios de Colombia están afectados, 66 de los cuales se encuentran en las CITREP. Además, los requisitos de elegibilidad para las curules de paz inherentes a la normatividad electoral, así como las demoras en el pago de los fondos de campaña por parte de la entidad responsable, ponen en duda la implementación efectiva de una medida que ha despertado tantas esperanzas en las víctimas del conflicto armado. Más allá de los riesgos electorales, la directora de la MOE señaló la falta de transparencia en la organización de la votación, en particular en la compra de los programas informáticos de votación. En efecto, estos sistemas de información no pertenecen ni han pertenecido nunca al Estado colombiano, pero el tema sólo ha sido motivo de debate desde hace cuatro años, cuando el mundo político descubrió que el software pertenecía a empresas privadas. Aunque la MOE no identifica actualmente ningún riesgo de fraude en su uso, lamenta la falta de transparencia por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, responsable de la compra del software. Esta falta de información ya está teniendo el efecto perverso de aumentar las sospechas de los ciudadanos y socavar la confianza en las elecciones.
La situación en los territorios del programa Vamos por la Paz.

La situación en el Cauca y el Chocó es un buen ejemplo de las tensiones existentes en Colombia. En el Chocó, la elección de las curules de paz se da en el contexto de una creciente crisis humanitaria. La lucha armada de numerosos grupos ilegales por el control territorial ha llevado al departamento a una situación de violencia comparable a los momentos más agudos del conflicto armado, según el mapa de riesgo elaborado por la MOE y las declaraciones de los obispos de Chocó y Apartadó. Esta reconfiguración y resurgimiento del conflicto ligado al control territorial se observa también en la Costa Pacífica del Cauca, donde comunidades enteras han sufrido desplazamientos forzados y confinamientos, como el que tuvo lugar a finales de febrero de 2022 en el marco del paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero aún activo en el país. Un ejemplo es Soledad de Napi, una comunidad rural del municipio de Guapi, cuyos 700 habitantes tuvieron que abandonar su territorio, una CITREP, y trasladarse a una zona urbana. De hecho, este desplazamiento forzado les impide ejercer su derecho al voto en las elecciones de las CITREP, ya que no podrán acudir al centro de votación habilitado para ello. En el norte del Cauca, las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales también denuncian esta exacerbación del conflicto relacionado con las elecciones. Quienes aspiran a representar sus territorios, y en particular los candidatos de las CITREP, se enfrentan a amenazas a su integridad física, a la imposibilidad de desplazarse y por tanto de hacer campaña, así como a obstáculos administrativos. Según el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, el Estado colombiano debe ser el principal financiador de las campañas de los candidatos de las CITREP, pero como se mencionó anteriormente, la MOE ha observado numerosos retrasos en el desembolso de los fondos de campaña por parte del Fondo Nacional de Partidos. Como resultado, quienes desean representar a las víctimas del conflicto se encuentran ahora sin recursos para la campaña y son presa de las solicitaciones de las élites políticas y económicas tradicionales, así como de los grupos armados que en ocasiones ofrecen financiación. En el Chocó, los 22 candidatos de las CITREP aspiran a representar a 32 municipios, pero a pocos días de las elecciones se presentaron varias denuncias ante el Consejo Nacional Electoral por la supuesta inelegibilidad de dos candidatos y tres candidatas que son apoyados por los Consejos Comunitarios de Pedeguita Mancilla, Revivir Sipi, Los Ríos La Larga y Tumarado y Mayor de Novita.
El dominio de los poderes tradicionales es preocupante, ya que la escasa aplicación del Acuerdo Final de Paz ha provocado un aumento del número de grupos armados, de los
Este documento cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo. No obstante, las ideas y opiniones presentadas no representan necesariamente las de la AFD.

cultivos ilícitos y de las disputas territoriales por el control de las economías ilegales. Todo ello pone en peligro a quienes defienden el Estado de derecho y reclaman el pleno ejercicio de la democracia y la erradicación de la corrupción y todas sus prácticas.
Peticiones a la comunidad internacional :
Instar a la aplicación integral del acuerdo de paz, Hacer declaraciones públicas de apoyo al trabajo de las organizaciones y defensores de los derechos humanos, Insistir en la aplicación efectiva del programa integral para las defensoras, Pedir que se adopte una política de prevención y protección a través de la consulta con las organizaciones de derechos humanos que no se base en la acción militar, y que se obtengan resultados concretos en la investigación de los autores materiales e intelectuales de las estructuras criminales que están detrás de todos los ataques contra los defensores.
Solicitudes a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea :
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Tener en cuenta la relación intrínseca entre la violencia contra los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y las comunidades agrícolas a pequeña escala, y la violencia electoral, integrando así un enfoque basado en los derechos humanos en su labor de observación electoral, Instar al gobierno colombiano a que garantice la investigación de los ataques a los candidatos electorales.

Este documento cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo. No obstante, las ideas y opiniones presentadas no representan necesariamente las de la AFD.