Consejo de Estado suspende provisionalmente extradición de alias “Otoniel” y admite tutela por los derechos a la Verdad y la Justicia
Varias comunidades Étnico territoriales de varias regiones del país, presentaron acción de tutela ante el Consejo de Estado, invocando sus derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y Garantías de No Repetición que se verían vulnerados ante la inminente extradición del máximo líder de las AGC, conocido como “Otoniel”.
El Consejo de Estado admitió hoy 29 de abril, la acción de tutela y suspendió provisionalmente la extradición mientras se toma una decisión de fondo.
La acción de tutela, busca que el máximo líder de las AGC, responda en primera instancia por sus delitos cometidos en Colombia en razón de su participación como combatiente y comandante, de esclarecer hechos que él conoce ampliamente, al igual que podría contribuir a desescalar violencias, sin negar las responsabilidades que posteriormente debería de asumir en los Estados Unidos. Por lo que el Consejo de Estado tiene la importante decisión de definir si prevalecen los derechos de las víctimas en Colombia o los delitos por narcotráfico en un tercer país.
Las víctimas no quieren que se repita lo mismo que sucedió en 2008, cuando los principales jefes paramilitares fueron extraditados a los EE.UU. llevándose consigo la verdad de los delitos de lesa humanidad y delitos de guerra que se cometieron en el país.
En los Estados Unidos pagaría delitos por narcotráfico, sin tener en cuenta los delitos por asesinatos, desplazamiento, amenazas y otros que ha cometido en su rol como miembro de las Farc, EPL, posteriormente de las AUC y actualmente del Clan del Golfo. La sistematicidad de muchas de las conductas de Dairo Antonio Úsuga podrían ser tipificadas como crimenes contra la humanidad.
Otoniel ha comparecido ante la JEP dónde ha hablado de responsables de la fuerza pública, políticos y empresarios que han tenido relación con paramilitares en la región del Urabá y los llanos orientales. Las verdades y responsabilidades enunciadas por Otoniel no han sido conocidas por las víctimas que representamos ni sus apoderados. Se ha propuesto a la JEP que está verdades sean constrastadas y luego sean compartidas a las víctimas para su controversia en los casos 03,04,06, entre otros.
Se desconoce hasta hoy los avances sustanciales y la respuesta a esta propuesta de las víctimas en la justicia transicional.
Es de anotar que desde octubre del año pasado las víctimas ante todas las instancias ordinarias y transicionales han planteado claramente que la suspensión de la extradición de ninguna forma impide a las autoridades de Estados Unidos recibir la información que requieren en sus investigaciones por narcotráfico.
La madurez del apoyo financiero y técnico de los EU con los aparatos de justicia en Colombia tienen una oportunidad de mostrar su capacidad para lograr sanciones debidas en nuestro país.
Seguimos convencidos con las víctimas que representamos, que la verdad más completa es garantía para una no repetición de todas las violencias en Colombia. La centralidad de la verdad y la restauración territorial son sustanciales para la paz global.
Bogotá D.C. 29 abril de 2022
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz