Conocemos y respaldamos el trabajo que realiza la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia

Conocemos y respaldamos el trabajo que realiza la Comisión de Justicia y Paz desde hace ya hace casi 35 años y de manera particular su presencia en comunidades rurales y urbanas en Colombia, un trabajo permanente y poco reconocido, con altos riesgos para sus integrantes porque se desarrolla en comunidades negras indígenas, afrocolombianas y campesinas que siguen padeciendo la violencia armada y la exclusión, riesgo al que se suman los perfilamientos y operaciones ilegales de sectores del Estado y empresariales contra su trabajo.

El propósito de afrontar la impunidad los ha llevado a intervenciones en centros en los que se encuentran personas privadas de la libertad, por invitación que les allegan conocidos y abogados de los detenidos, así como el diálogo respetuoso y honesto con exmilitares, ex paramilitares, exguerrilleros, agentes de Estado, empresarios. J&P construye puentes y acompaña a las víctimas ante los responsables de sus victimizaciones en este proceso desde la verdad, el reconocimiento de responsabilidad, la justicia transformante (sanciones sociales) y la intervención de víctimas y victimarios en garantías de no repetición.

La fogosa explotación mediática en un escenario electoral de una de sus actividades ha colocado en la mira a su director Danilo Rueda, su presencia en un centro de detención es una más de sus labores, a las que se suma su presencia y la de sus equipos de trabajo en lugares inhóspitos, donde se vive la cruda realidad que el país desconoce, y que hemos tenido la fortuna de conocer a través de la Comisión de Justicia y Paz.

Los ataques de una columnista, de una senadora, la manipulación de una revista y de un medio regional contra Danilo Rueda, sólo, quizás, sin que muchos de ellos lo sepan, o quizás porque tienen una afinidad evidente, ocultan la actuación legítima y en derecho de un defensor integral, que ha prestado sus servicios a las comunidades víctimas de la violencia estatal en medio de violencias guerrilleras, buscando por medios éticos que la verdad sea conocida, que haya sanción social y una restauración desde lo destruido a las víctimas. Los señalamientos de Álvaro Uribe Vélez y el nefasto tratamiento de algunos medios de información colocan en riesgo la integridad y la vida en particular de Danilo Rueda y todo el equipo de la organización, pues sigue viva una criminalidad encubierta y en operación en Colombia.

Damos fe que en ningún caso de protección de testigos o pruebas en casos relacionados con la familia Uribe ha usado medios espurios, montajes o pagos de testigos. Falsedad de falsedades.

Se ha colocado en riesgo a millares de víctimas que creen en J&P, y todo un proceso de reconstrucción de verdad, en medio de una impunidad reinante, en que su trabajo ha logrado confianzas poco vistas de responsables en crímenes de sistema.

Esos medios tienen una responsabilidad en la profundización de la impunidad jurídica con la impunidad social.

Somos testigos y hemos participado en diversas misiones a Colombia, la más reciente en febrero, confirmando los contenidos de sus denuncias ante poderes reales y la manera como, al lado de las comunidades, construyen propuestas inéditas ante la violencia, la impunidad y la destrucción empresarial. Algunos de nosotros en desarrollo de nuestra misión hemos ingresado a centros carcelarios.

Somos testigos de cómo los integrantes de J&P, son una expresión de solidaridad interna, que comparten sus ingresos en equidad, muy por debajo de lo que hoy cualquiera pueda concebir, siendo profesionales idóneos y de gran calidad humana.

Sus posiciones son públicas, nada ocultan, quieren enlodarlos en lo que nunca han sido. Esa es solamente una bajeza más de aquellos que viven de la mentira, que temen la verdad y la paz con justicia socio ambiental que ellos afirman.

No es la primera vez que son sometidos al escarnio. Han sido tildados de torturadores en campos de concentración, de terroristas, de traficantes de drogas, sólo falta llamarlos compradores de votos, cuando logran desarrollar su trabajo con ayudas de iglesias y cooperación internacional, priorizando más que sus pagos por servicios, las actividades territoriales.

Dejamos esta comunicación pública como una Constancia y responsabilizamos al Estado colombiano por lo que pueda suceder a Danilo Rueda y el conjunto de los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con montajes judiciales o eliminación de alguno de sus integrantes.

Suscriben:

• Comisión Ética de la Verdad
• Comunidad cristiana Santo Tomás de Aquino. Madrid. España. Andrés Redondo, Pilar Sánchez
• Mirta Acuña de Baravalle, Secretaria y María Adela Antokoletz, Delegada de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora ante FEDEFAM. Buenos Aires, República Argentina
• Gimena Sánchez – Directora de los Andes, Oficina en Washington sobre asuntos latinoamericanos WOLA
• Eduardo Nachman – Movimiento H.I.J.O.S Mar del Plata Argentina
• Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
• Juana Aguilera Jaramillo – Secretaria General Comisión Ética contra la Tortura – Chile
• Tania Ale – Projet Accompagment Solidarite Colombie
• Asociación Solidaridad con Colombia Katio