Congreso EE.UU.: Colombia no cumple con Plan de Acción Laboral
El martes, los congresistas George Miller (Demócrata de California) y James P. McGovern (Demócrata de Massachussets) publicaron un informe que resalta las continuas violaciones y abusos laborales en Colombia. El informe llega un año después de la entrada en vigor del TLC entre EE.UU. y Colombia, y dos años después de la aprobación del Plan de Acción Laboral (PAL) entre ambos países. El PAL, que pretende abordar las violaciones de derechos laborales con anticipación al acuerdo bilateral de libre comercio, aún no se ha implementado con éxito, concluye el informe.
“A pesar de la retórica y los amplios planes de reforma de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, este informe ilustra cómo Colombia ha fracasado en implementar los compromisos contraídos en PAL”, señaló la Coordinadora Principal de WOLA Gimena Sánchez. “Protecciones laborales básicas, como el derecho de asociación y la negociación colectiva, siguen siendo violadas a escala nacional”.
Según el nuevo informe, la gran mayoría de las violaciones de derechos laborales y la violencia antisindical quedan en impunidad. De acuerdo con datos de la Escuela Nacional Sindical de Colombia (ENS), el informe señala que más del 93 por ciento de los casos de violencia contra los sindicalistas queda sin una condena judicial. Igualmente preocupante es que incluso cuando las multas se imponen con éxito por violaciones en el lugar de trabajo, rara vez se cobran.
“Si bien es positivo que la violencia contra sindicalistas ha disminuido, este cambio no se ha traducido en mayores derechos para los trabajadores”, agregó Sánchez. “Progreso real en Colombia será imposible mientras los despidos ilegales, la tercerización e incluso los asesinatos permanezcan en la impunidad”.
En 2011, el Plan de Acción Laboral identificó cinco sectores económicos prioritarios -la industria del aceite de palma, azúcar, minería, puertos y flores- como las áreas donde se necesita avanzar. Ahora, dos años más tarde, la contratación indirecta que permite a los empleadores evitar las obligaciones legales con sus empleados, ha persistido en estos sectores. Según el informe, el 80 por ciento de los trabajadores portuarios no tienen un contrato directo con su empleador, privándoles de la posibilidad de negociar colectivamente por un salario justo, la protección laboral y el seguro médico básico; situaciones similares se evidencian en los otros sectores prioritarios.
El informe señaló que los beneficios del TLC aún no han beneficiado a muchas de las comunidades por las que pasa el comercio. Se analiza el caso del puerto de Buenaventura, donde el acuerdo comercial ha generado un crecimiento en exportaciones y el comercio internacional; sin embargo, la población afrocolombiana del puerto continúa sufriendo de pobreza y discriminación. También se menciona la violencia brutal que se ha aumentado en el área, dado que grupos paramilitares se disputan el control de este puerto clave del pacífico colombiano. En 2012, por ejemplo, la violencia desplazó a alrededor de 9.000 personas de sus hogares en Buenaventura. La gran mayoría de ellos fueron afrodescendientes.
Para Gimena Sánchez de WOLA, experta en estos temas, resulta preocupante que en medio de este clima de violencia paramilitar en Buenaventura, la ayuda militar del Gobierno de Estados Unidos continúe apoyando a las brigadas del Ejército colombiano; en virtud, que varios grupos habrían denunciado su participación y vínculo con grupos paramilitares.
“La violencia espantosa se ha apoderado de Buenaventura, y permanece poco claro cuál es el papel de las unidades militares colombianas que operan con el apoyo del gobierno de EE.UU. en la región y el conflicto”, explicó Sánchez. “Ya que en el pasado se han identificado vínculos entre militares y paramilitares en Colombia, el gobierno de EE.UU. debe investigar de cerca adonde se dirige la ayuda financiera e identificar cualquier conexión con grupos armados ilegales.”
Según el informe, el gobierno de Colombia necesita tomar medidas más agresivas para implementar el Plan de Acción Laboral e insistir que los empleadores respeten los derechos de libre asociación y la negociación colectiva. Tanto el gobierno de EE.UU. como el de Colombia necesitan analizar las consecuencias no intencionales del TLC, incluyendo el impacto de éste sobre las comunidades como Buenaventura.
Para leer el informe en inglés, haga clic aquí.
Contacto:
Gimena Sánchez
Coordinadora Principal, WOLA
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