Conflicto armado agrava salud mental en Caquetá
Informe de Médicos Sin Fronteras revela cómo, por la guerra en ese departamento, crece número de personas con problemas mentales.
Los afectados por el conflicto armado que se vive en Colombia son tres veces víctimas: de la violencia directa y sus factores de riesgo que generan múltiples secuelas sociales y personales; de la violencia cultural que se manifiesta a través del silencio y la estigmatización que vuelve invisible su sufrimiento; y de la violencia estructural porque a su vez son víctimas del abandono estatal y de la inoperancia institucional para atender su situación.
Las conclusiones son de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que entre 2005 y 2009 hizo un estudio de caso sobre el impacto de la guerra en el departamento del Caquetá, en el cual constató que es tal la crisis social que genera el conflicto armado en esta región del país, que el perfil de su salud mental es crítico. Y este diagnóstico bien puede aplicarse a otras zonas de Colombia donde la incidencia de la violencia es normal y cotidiana.
Según fuentes gubernamentales, Caquetá es el departamento con mayor número de desplazados en los últimos meses. Más de 7.600 personas en 2009. Además la tasa anual de homicidios casi dobla la tasa nacional. En el último año fueron asesinas 265 personas. Más de 130 incidentes con minas antipersona o municiones sin explotar, además de otros episodios de amenazas, confinamiento, cultivos ilícitos y presencia de grupos armados, incrementa el difícil panorama.
Médicos Sin Fronteras trabaja en el departamento del Caquetá desde 1999 y cumple actividades específicas de salud mental desde 2005. Con base en su experiencia y el muestreo de 5.064 pacientes atendidos en los últimos cuatro años, hoy llega a la conclusión de que el perfil epidemiológico de las personas tratadas por la organización en Caquetá es típico del de aquellos países que son sometidos a las secuelas de un conflicto armado.
Entre los diagnósticos más frecuentes detectados por MSF están el trastorno adaptativo, expresado en el deterioro significativo de la actividad social o laboral, producto de un clima estresante; problemas de relación o relacionados con el abuso; la depresión, que se manifiesta en dificultades para conciliar el sueño, sentimientos de culpa o pensamientos recurrentes de ideas suicidas; los trastornos del estado de ánimo y el duelo, que llega asociado a la tristeza, la irritabilidad o el recuerdo que agobia.
El informe abunda en desgarradores testimonios. “Cuando quisieron llevarse a mi hija de 13 años, no podía permitirlo y la saqué del pueblo (…) Me amarraron de pies y manos a un árbol (…) Al tercer día, mi mujer pudo ir por mí y me encontró todo picado por las hormigas”. “Sabe doctor, hace varias noches que no duermo, tengo sueños en donde veo las cabezas de mis vecinos. Veo que lloran, que suplican, que piden misericordia”. “Uno trata de explicarles que cuál auxiliador si nadie pide permiso (…) pero nada les vale y dicen que deje todo como está y que hay que irse”.
Un cuadro dramático donde a la violencia directa se suman las presiones ideológicas, como la satanización del contrario o la descalificación lingüística con utilización de términos racistas. Es como si el recuerdo de la zona de distensión creada en los tiempos del proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc siguiera manteniendo un estigma sobre un departamento que, paradójicamente sólo cuenta con un servicio estatal de psiquiatría habilitado en un hospital de segundo nivel y pocas camas.
La recomendación del informe de MSF apunta a sugerir que ante la elevada demanda de servicios de salud mental en este departamento, que no es muy distinto a la situación de otras regiones del país donde el conflicto armado es cosa diaria, se necesita implementar servicios especializados de atención y un esfuerzo de la sociedad y el Estado para romper los vínculos entre la violencia directa y aquella que no se ve, pero cultural y estructuralmente está dejando muchas más víctimas.
Redacción Judicial | EL ESPECTADOR